Voting Rights, Registration and Requirements

Subterms

    More stories

    • 50 Shares149 Views

      in Elections

      Steve Bannon sabe algo

      by

      En Politics Is for Power, el libro de 2020 de Eitan Hersh, politólogo de Tufts, retrató con gran nitidez (e intensidad) un día en la vida de muchos sujetos obsesionados con la política.Actualizo las historias de Twitter para mantenerme al tanto de la crisis política del momento, luego reviso Facebook para leer noticias ciberanzuelo y en YouTube veo un collage de clips impactantes de la audiencia más reciente ante el Congreso. A continuación, me quejo con mi familia de todo lo que no me gustó de eso que vi.En opinión de Hersh, eso no es política. Podría decirse que es una “afición por la política”. Lo cierto es que casi se trata del pasatiempo nacional en Estados Unidos. “Una tercera parte de los estadounidenses dicen que le dedican por lo menos dos horas al día a la política”, escribe. “De estas personas, cuatro de cada cinco afirman que ni un solo minuto de ese tiempo invertido se relaciona con algún tipo de trabajo político real. Solo son noticias televisadas, algunos pódcast, programas de radio, redes sociales y elogios, críticas y quejas compartidas con los amigos y la familia”.Hersh considera que es posible definir el trabajo político real como la acumulación intencional y estratégica de poder al servicio de un fin determinado. Es acción al servicio del cambio, no información al servicio de la indignación. Tengo esta distinción en la cabeza porque, al igual que muchas otras personas, toda la semana pasada le di muchas vueltas al golpe frustrado del 6 de enero, sumido en furia contra los republicanos que pusieron la lealtad a Donald Trump por encima de la lealtad al país y los pocos pero cruciales demócratas del Senado que demuestran a diario su convicción de que el filibusterismo —una táctica obstructiva en el Congreso— es más importante que el derecho al voto. Debo confesar que los tuits y columnas que redacté en mi mente eran muy mordaces.Por desgracia, la furia solo sirve como combustible. Necesitamos un plan B para la democracia. El plan A era aprobar los proyectos de ley H.R. 1 y de Promoción del Derecho al Voto John Lewis. En este momento, parece que ninguno de esos proyectos llegará al escritorio del presidente Biden. He constatado que si adviertes de esto provocas un enojo peculiar, como si admitir el problema fuera su causa. Temo que la negación ha dejado a muchos demócratas estancados en una estrategia nacional con pocas esperanzas de éxito a corto plazo. Si quieren proteger la democracia, los demócratas deben ganar más elecciones. Para lograrlo, necesitan asegurarse de que la derecha trumpista no corrompa la maquinaria electoral local del país.“Quienes piensan estratégicamente cómo ganar las elecciones de 2022 son quienes más están haciendo por la democracia”, dijo Daniel Ziblatt, politólogo de Harvard y uno de los autores de Cómo mueren las democracias. “He oído a algunas personas decir que los puentes no salvan a la democracia, pero el derecho al voto sí. El problema es que, para que los demócratas se encuentren en posición de proteger la democracia, necesitan mayorías más numerosas”.Algunas personas ya trabajan en el Plan B. Esta semana, casi de broma le pregunté a Ben Wikler, presidente del Partido Demócrata en Wisconsin, qué se sentía estar en las primeras líneas de defensa de la democracia estadounidense. Me respondió, con toda seriedad, cómo se sentía. Cada día lo consume una tremenda obsesión por las contiendas a las alcaldías de poblados de 20.000 habitantes, porque esos alcaldes se encargan de designar a los secretarios municipales que toman la decisión de retirar los buzones para las boletas enviadas por correo, y pequeños cambios en la administración electoral podrían ser la diferencia entre ganar el escaño del senador Ron Johnson en 2022 (y tener la posibilidad de reformar la democracia) y perder esa contienda y el Senado. Wikler está organizando a voluntarios que se encarguen de centros telefónicos para convencer a personas con fe en la democracia de convertirse en funcionarios municipales de casilla, pues la misión de Steve Bannon ha sido reclutar a personas que no creen en la democracia para que trabajen en casillas municipales.Tengo que reconocerle esto a la derecha: se fijan muy bien dónde radica el poder dentro del sistema estadounidense, algo que la izquierda a veces no hace. Esta táctica, que Bannon designa “estrategia de distrito electoral”, le está funcionando. “De la nada, personas que nunca antes habían mostrado interés alguno en la política partidista comenzaron a comunicarse a las oficinas generales del Partido Republicano local o a asistir en grandes números a las convenciones de condado, dispuestas a servir en un distrito electoral”, según informa ProPublica. “Aparecieron por igual en estados que ganó Trump y en estados que perdió, en áreas rurales profundamente republicanas, en suburbios de voto pendular y en ciudades populosas”.La diferencia entre quienes se organizan a nivel local para moldear la democracia y aquellos que hacen rabietas nada productivas en vista del retroceso democrático (entre los cuales me incluyo) me recuerdan aquel antiguo adagio sobre la guerra: los aficionados debaten sobre estrategia; los profesionales, sobre logística. En este momento, los trumpistas hablan de logística.“No tenemos elecciones federales”, dijo Amanda Litman, cofundadora de Run for Something, organización dedicada a ayudar a candidatos primerizos a identificar los cargos por los que pueden competir y que colabora con ellos para montar su campaña. “Tenemos 50 elecciones estatales y miles de elecciones de condado. Cada una de ellas cuenta para darnos resultados. Si bien el Congreso puede fijar, hasta cierto punto, reglas o límites en torno a la administración de las elecciones, las legislaturas estatales deciden quién puede votar y quién no puede hacerlo. Condados y pueblos toman decisiones como la cantidad de dinero asignada a su gasto, la tecnología que utilizan o las normas para determinar qué candidatos pueden participar”.Un análisis de NPR reveló que 15 republicanos que compiten en la elección de secretario de estado en 2022 dudan de la legitimidad de la victoria de Biden. En Georgia, el republicano Brad Raffensperger, secretario de estado en funciones, quien se mantuvo firme ante las presiones de Trump, enfrentará en las primarias a dos competidores que afirman que Trump fue el verdadero ganador en 2020. Trump expresó su respaldo a uno de ellos, el representante Jody Hice . También ha respaldado a candidatos a secretario de estado en Arizona y Michigan que lo apoyaron en 2020 y están listos para hacer lo propio en 2024. Como hizo notar NPR en tono prosaico: “Las responsabilidades de un secretario de estado varían, pero en la mayoría de los casos es el funcionario electoral de mayor rango en el estado y se encarga del cumplimiento de las leyes electorales”.Tampoco todo se reduce a los secretarios de estado. “Existe la supresión del voto en todos los niveles de gobierno en Georgia”, me dijo la representante Nikema Williams, presidenta del Partido Demócrata en Georgia. “Tenemos 159 condados y, por lo tanto, 159 maneras distintas de elegir a los consejos electorales y celebrar elecciones. Así que hay 159 líderes diferentes que controlan la administración electoral en el estado. Hemos visto a esos consejos restringir el acceso mediante cambios en el número de buzones para boletas. En general, en estos consejos hacen a un lado a nuestros miembros negros”.La frustrante estructura política de Estados Unidos crea dos disparidades que fastidian a los posibles defensores de la democracia. La primera de estas disparidades es de índole geográfica. El país ataca elecciones celebradas en Georgia y Wisconsin, y si vives en California o Nueva York, te quedas con una sensación de impotencia.Pero eso suena a ilusión y también evasión. Una queja constante entre quienes trabajan para ganar estos cargos es que los progresistas donan cientos de millones a campañas presidenciales y apuestas improbables contra los republicanos mejor posicionados, mientras que los candidatos locales de todo el país no reciben financiamiento.“A los principales donadores demócratas les gusta hacer aportaciones para las cosas ostentosas”, me explicó Litman. “Contiendas presidenciales y para el Senado, super PAC o anuncios de televisión. Amy McGrath puede recaudar 90 millones de dólares para competir contra Mitch McConnell en una contienda perdida, pero el número de candidatos al concejo municipal y el comité escolar en Kentucky que pueden recaudar lo necesario es…”. Frustrada, se detuvo.La segunda disparidad es de carácter emocional. Si temes que Estados Unidos se esté inclinando hacia el autoritarismo, deberías apoyar a candidatos, organizar campañas y hacer donaciones a causas que directamente se centren en la crisis de la democracia. Por desgracia, pocas elecciones locales se organizan como referendos sobre la gran mentira de Trump. Se concentran en la recolección de basura y regulaciones sobre la emisión de bonos para recaudar dinero, en el control del tráfico, el presupuesto y la respuesta en caso de desastre.Lina Hidalgo se postuló para el cargo de juez de condado en el condado de Harris, Texas, tras las elecciones de 2016. La campaña de Trump la dejó consternada, así que quería hacer algo. “Me enteré de este cargo al que nadie le había prestado atención en mucho tiempo”, me dijo. “Era el tipo de escaño que solo cambiaba de ocupante cuando la persona en funciones moría o era encarcelada por haber cometido un delito. No obstante, tenía control sobre el presupuesto para el condado. El Condado de Harris casi es del mismo tamaño que Colorado en términos de población, y es más grande que 28 estados. Se ocupa del presupuesto para el sistema hospitalario, los caminos, puentes, bibliotecas, la prisión. Y también incluye el financiamiento para el sistema electoral”.Hidalgo no desarrolló su campaña como una progresista instigadora deseosa de defender a Texas de Trump. Me explicó que ganó gracias a que se concentró en los problemas que más les importaban a sus vecinos: las constantes inundaciones que sufría el condado, pues una serie de tormentas violentas arrolló la infraestructura deteriorada. “Pregunté: ‘¿Quieren una comunidad que se inunde cada año?’”. Ganó y, después de su victoria, decidió con sus colegas invertir 13 millones de dólares más en la administración electoral y permitirles a los residentes votar en cualquier casilla que les resultara conveniente el día de las elecciones, aunque no fuera la que les habían asignado.La idea de proteger a la democracia respaldando a funcionarios de condado o alcaldes de pueblos pequeños, en particular aquellos que se ajustan a la política de comunidades más conservadoras, puede sonar a que nos diagnosticaron insuficiencia cardiaca y nos recomendaron que lo mejor era revisar nuestras declaraciones fiscales y las de todos nuestros vecinos.“Si alguien quiere luchar por el futuro de la democracia estadounidense, no debería pasarse todo el día hablando sobre el futuro de la democracia estadounidense”, dijo Wikler. “Estas contiendas locales que determinan los mecanismos de la democracia estadounidense son el conducto de ventilación de la estrella de la muerte republicana. Estas contiendas no reciben ninguna atención nacional. Apenas reciben atención local. En general, la participación es de menos del 20 por ciento. Eso quiere decir que las personas involucradas en realidad tienen un superpoder. Un solo voluntario dedicado podría hacer llamadas y visitar a suficientes electores para conseguir la victoria en unas elecciones locales”.O cualquiera puede simplemente ganarlas. Eso es lo que hizo Gabriella Cázares-Kelly. Cázares-Kelly, quien pertenece a la nación Tohono O’odham, aceptó encargarse de una caseta de registro de electores en el colegio universitario en el que trabajaba, en el condado de Pima, Arizona. Le asombró escuchar las historias que relataban sus estudiantes. “Culpamos una y otra vez a los estudiantes de no participar, pero en realidad es muy complicado registrarse para votar si no tienen licencia para conducir, la oficina más cercana de trámite de licencias está a una hora y media de distancia y no tienen auto”, me explicó.Cázares-Kelly se enteró de que gran parte del control sobre el registro de electores estaba en manos de una oficina de la que ni ella ni sus conocidos sabían nada: la Oficina de Registro del condado, con facultades sobre varios tipos de registros, desde escrituras hasta registros electorales. Tenía facultades que nunca había considerado siquiera. Podía colaborar con la administración de correos para colocar formularios de registro en las oficinas de correos de las tribus, o no hacerlo. Si llamaba a un votante para verificar una boleta y escuchaba un mensaje de contestadora en español, podía darle seguimiento en español, o no.“Empecé a contactar a la oficina de registros para hacerles sugerencias y preguntas”, dijo Cázares-Kelly. “Eso lo hice durante mucho tiempo, y no tenía muy contento al funcionario de registros. Hablaba con tanta frecuencia que el personal comenzó a identificarme. No tenía ningún interés en postularme, pero entonces escuché que el funcionario anterior planeaba retirarse, y lo primero que pensé fue: ‘¿Qué va a pasar si se postula un supremacista blanco?’”.Así que, en 2020, Cázares-Kelly participó en la contienda y ganó. Ahora es la funcionaria encargada de los registros en una jurisdicción con casi un millón de personas y más de 600.000 votantes registrados, en un estado bisagra. “Algo que de verdad me sorprendió cuando empecé a involucrarme en la política es cuánto poder tenemos a la mano si solo asistimos a los eventos que hay”, dijo. “Si te encantan las bibliotecas, estas tienen juntas de consejo. Asiste a la junta pública. Observa en qué gastan el dinero. Se supone que debemos participar. Si quieres involucrarte, siempre hay una manera de hacerlo”.Ezra Klein se unió a Opinión en 2021. Fue el fundador, editor jefe y luego editor general de Vox; el presentador del pódcast, The Ezra Klein Show; y el autor de Why We’re Polarized. Antes de eso, fue columnista y editor de The Washington Post, donde fundó y dirigió la vertical Wonkblog. @ezraklein More

    • 125 Shares99 Views

      in Elections

      Fury Alone Won’t Destroy Trumpism. We Need a Plan B.

      by

      In his 2020 book “Politics Is for Power,” Eitan Hersh, a political scientist at Tufts, sketched a day in the life of many political obsessives in sharp, if cruel, terms.I refresh my Twitter feed to keep up on the latest political crisis, then toggle over to Facebook to read clickbait news stories, then over to YouTube to see a montage of juicy clips from the latest congressional hearing. I then complain to my family about all the things I don’t like that I have seen.To Hersh, that’s not politics. It’s what he calls “political hobbyism.” And it’s close to a national pastime. “A third of Americans say they spend two hours or more each day on politics,” he writes. “Of these people, four out of five say that not one minute of that time is spent on any kind of real political work. It’s all TV news and podcasts and radio shows and social media and cheering and booing and complaining to friends and family.”Real political work, for Hersh, is the intentional, strategic accumulation of power in service of a defined end. It is action in service of change, not information in service of outrage. This distinction is on my mind because, like so many others, I’ve spent the week revisiting the attempted coup of Jan. 6, marinating in my fury toward the Republicans who put fealty toward Donald Trump above loyalty toward country and the few but pivotal Senate Democrats who are proving, day after day, that they think the filibuster more important than the franchise. Let me tell you, the tweets and columns I drafted in my head were searing.But fury is useful only as fuel. We need a Plan B for democracy. Plan A was to pass H.R. 1 and the John Lewis Voting Rights Act. Neither bill, as of now, has a path to President Biden’s desk. I’ve found that you provoke a peculiar anger if you state this, as if admitting the problem were the cause of the problem. I fear denial has left many Democrats stuck on a national strategy with little hope of near-term success. In order to protect democracy, Democrats have to win more elections. And to do that, they need to make sure the country’s local electoral machinery isn’t corrupted by the Trumpist right.“The people thinking strategically about how to win the 2022 election are the ones doing the most for democracy,” said Daniel Ziblatt, a political scientist at Harvard and one of the authors of “How Democracies Die.” “I’ve heard people saying bridges don’t save democracy — voting rights do. But for Democrats to be in a position to protect democracy, they need bigger majorities.”There are people working on a Plan B. This week, I half-jokingly asked Ben Wikler, the chairman of the Wisconsin Democratic Party, what it felt like to be on the front lines of protecting American democracy. He replied, dead serious, by telling me what it was like. He spends his days obsessing over mayoral races in 20,000-person towns, because those mayors appoint the city clerks who decide whether to pull the drop boxes for mail-in ballots and small changes to electoral administration could be the difference between winning Senator Ron Johnson’s seat in 2022 (and having a chance at democracy reform) and losing the race and the Senate. Wikler is organizing volunteers to staff phone banks to recruit people who believe in democracy to serve as municipal poll workers, because Steve Bannon has made it his mission to recruit people who don’t believe in democracy to serve as municipal poll workers.I’ll say this for the right: They pay attention to where the power lies in the American system, in ways the left sometimes doesn’t. Bannon calls this “the precinct strategy,” and it’s working. “Suddenly, people who had never before showed interest in party politics started calling the local G.O.P. headquarters or crowding into county conventions, eager to enlist as precinct officers,” ProPublica reports. “They showed up in states Trump won and in states he lost, in deep-red rural areas, in swing-voting suburbs and in populous cities.”The difference between those organizing at the local level to shape democracy and those raging ineffectually about democratic backsliding — myself included — remind me of the old line about war: Amateurs talk strategy; professionals talk logistics. Right now, Trumpists are talking logistics.“We do not have one federal election,” said Amanda Litman, a co-founder of Run for Something, which helps first-time candidates learn about the offices they can contest and helps them mount their campaigns. “We have 50 state elections and then thousands of county elections. And each of those ladder up to give us results. While Congress can write, in some ways, rules or boundaries for how elections are administered, state legislatures are making decisions about who can and can’t vote. Counties and towns are making decisions about how much money they’re spending, what technology they’re using, the rules around which candidates can participate.”An NPR analysis found 15 Republicans running for secretary of state in 2022 who doubt the legitimacy of Biden’s win. In Georgia, Brad Raffensperger, the incumbent Republican secretary of state who stood fast against Trump’s pressure, faces two primary challengers who hold that Trump was 2020’s rightful winner. Trump has endorsed one of them, Representative Jody Hice. He’s also endorsed candidates for secretary of state in Arizona and Michigan who backed him in 2020 and stand ready to do so in 2024. As NPR dryly noted, “The duties of a state secretary of state vary, but in most cases, they are the state’s top voting official and have a role in carrying out election laws.”Nor is it just secretaries of state. “Voter suppression is happening at every level of government here in Georgia,” Representative Nikema Williams, who chairs the Georgia Democratic Party, told me. “We have 159 counties, and so 159 different ways boards of elections are elected and elections are carried out. So we have 159 different leaders who control election administration in the state. We’ve seen those boards restrict access by changing the number of ballot boxes. Often, our Black members on these boards are being pushed out.”America’s confounding political structure creates two mismatches that bedevil democracy’ would-be defenders. The first mismatch is geographic. Your country turns on elections held in Georgia and Wisconsin, and if you live in California or New York, you’re left feeling powerless.But that’s somewhere between an illusion and a cop-out. A constant complaint among those working to win these offices is that progressives donate hundreds of millions to presidential campaigns and long-shot bids against top Republicans, even as local candidates across the country are starved for funds.“Democratic major donors like to fund the flashy things,” Litman told me. “Presidential races, Senate races, super PACs, TV ads. Amy McGrath can raise $90 million to run against Mitch McConnell in a doomed race, but the number of City Council and school board candidates in Kentucky who can raise what they need is …” She trailed off in frustration.The second mismatch is emotional. If you’re frightened that America is sliding into authoritarianism, you want to support candidates, run campaigns and donate to causes that directly focus on the crisis of democracy. But few local elections are run as referendums on Trump’s big lie. They’re about trash pickup and bond ordinances and traffic management and budgeting and disaster response.Lina Hidalgo ran for county judge in Harris County, Texas, after the 2016 election. Trump’s campaign had appalled her, and she wanted to do something. “I learned about this position that had flown under the radar for a very long time,” she told me. “It was the type of seat that only ever changed who held it when the incumbent died or was convicted of a crime. But it controls the budget for the county. Harris County is nearly the size of Colorado in population, larger than 28 states. It’s the budget for the hospital system, roads, bridges, libraries, the jail. And part of that includes funding the electoral system.”Hidalgo didn’t campaign as a firebrand progressive looking to defend Texas from Trump. She won it, she told me, by focusing on what mattered most to her neighbors: the constant flooding of the county, as violent storms kept overwhelming dilapidated infrastructure. “I said, ‘Do you want a community that floods year after year?’” She won, and after she won, she joined with her colleagues to spend $13 million more on election administration and to allow residents to vote at whichever polling place was convenient for them on Election Day, even if it wasn’t the location they’d been assigned.Protecting democracy by supporting county supervisors or small-town mayors — particularly ones who fit the politics of more conservative communities — can feel like being diagnosed with heart failure and being told the best thing to do is to double-check your tax returns and those of all your neighbors.“If you want to fight for the future of American democracy, you shouldn’t spend all day talking about the future of American democracy,” Wikler said. “These local races that determine the mechanics of American democracy are the ventilation shaft in the Republican death star. These races get zero national attention. They hardly get local attention. Turnout is often lower than 20 percent. That means people who actually engage have a superpower. You, as a single dedicated volunteer, might be able to call and knock on the doors of enough voters to win a local election.”Or you can simply win one yourself. That’s what Gabriella Cázares-Kelly did. Cázares-Kelly, a member of the Tohono O’odham Nation, agreed to staff a voter registration booth at the community college where she worked, in Pima County, Ariz. She was stunned to hear the stories of her students. “We keep blaming students for not participating, but it’s really complicated to get registered to vote if you don’t have a license, the nearest D.M.V. is an hour and a half away and you don’t own a car,” she told me.Cázares-Kelly learned that much of the authority over voter registration fell to an office neither she nor anyone around her knew much about: the County Recorder’s Office, which has authority over records ranging from deeds to voter registrations. It had powers she’d never considered. It could work with the postmaster’s office to put registration forms in tribal postal offices — or not. When it called a voter to verify a ballot and heard an answering machine message in Spanish, it could follow up in Spanish — or not.“I started contacting the records office and making suggestions and asking questions,” Cázares-Kelly said. “I did that for a long time, and the previous recorder was not very happy about it. I called so often, the staff began to know me. I didn’t have an interest in running till I heard the previous recorder was going to retire, and then my immediate thought was, ‘What if a white supremacist runs?’”So in 2020, Cázares-Kelly ran, and she won. Now she’s the county recorder for a jurisdiction with nearly a million people, and more than 600,000 registered voters, in a swing state. “One thing I was really struck by when I first started getting involved in politics is how much power there is in just showing up to things,” she said. “If you love libraries, libraries have board meetings. Go to the public meeting. See where they’re spending their money. We’re supposed to be participating. If you want to get involved, there’s always a way.”The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: [email protected] The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

    • 100 Shares119 Views

      in Elections

      5 Big Questions for the Political Year Ahead

      by

      Inflation and the pandemic are hurting President Biden’s popularity, but the midterms are still months away.Hi. Welcome to On Politics, your guide to political news. We’re your hosts, Leah and Blake.We know it feels early, but it really isn’t, politically speaking. It’s 2022, and the midterm elections have started, whether we’re emotionally prepared or not. With control of Congress and key states at stake, we’re watching about a dozen competitive Senate races, 30 or so governor’s races and a few dozen competitive House races, along with a host of primaries and lower-tier contests.Here are five questions that could shape the outcome.1. Does inflation cool off?The reasons behind the surge in inflation are complex. But for months, Republicans have banged home a simple attack: It’s President Biden’s fault. And that’s been devastatingly effective.The Consumer Price Index had risen 6.8 percent last year through November — the fastest in four decades. Most troubling for the White House: Gasoline and groceries have led the way. Research shows that public approval ratings of presidents track closely with gas prices.Taming inflation by November won’t be easy, economists say.“There’s little that can be done to affect the overall inflation rate over the next six to nine months,” Larry Summers, a former Treasury secretary, told us.Summers is urging the Biden administration to show a “united front” against inflation through rhetoric and key Federal Reserve Board appointments, and to resist populist calls to attack corporations for raising prices. “I think they flirt with the idea that it’s greedy meatpackers causing inflation,” he said, “which is modestly counterproductive.”Inflation isn’t the only reason Biden is one of the most unpopular presidents in 70 years, with an average approval rating of just under 43 percent. He is also struggling on crime, government spending, immigration and taxes in recent polls.Although Biden isn’t on the ballot in 2022, he’s the leader of the Democratic Party. In midterm elections, presidents with job approval ratings below 50 percent have seen their parties lose an average of 37 House seats.The only president who rebounded significantly in his second year? Donald J. Trump.2. Does the Covid-19 pandemic finally recede?Biden got elected in part by promising to “beat the virus.” More than 62 percent of Americans are now fully vaccinated, according to C.D.C data. There are no more follies in the White House briefing room. New medicines are coming.But two years on, the coronavirus is still with us. More than 1,000 Americans on average are dying of Covid-19 each day. Public health officials keep issuing confusing messages. The new Omicron variant is exposing flaws in the U.S. testing regimen. Life is not back to normal.The murky results make us wonder whether Biden can reap a political windfall if and when conditions improve.Redistricting at a GlanceEvery 10 years, each state in the U.S is required to redraw the boundaries of their congressional and state legislative districts in a process known as redistricting.Redistricting, Explained: Answers to your most pressing questions about redistricting and gerrymandering.Breaking Down Texas’s Map: How redistricting efforts in Texas are working to make Republican districts even more red.G.O.P.’s Heavy Edge: Republicans are poised to capture enough seats to take the House in 2022, thanks to gerrymandering alone.Legal Options Dwindle: Persuading judges to undo skewed political maps was never easy. A shifting judicial landscape is making it harder.“We just have to continue to keep our heads down, focus on solving the problems, focus on what we can do to deal with Covid, continuing to try to get vaccination rates up, continuing to try to work through this challenge,” said Representative Dan Kildee, a Michigan Democrat running for re-election.And though many Republicans have resisted vaccines, masks and other measures to combat the pandemic, there are no signs that voters intend to punish them for it.“If you’re Biden, I don’t think you want to go into the midterms having the discussion we’re having with Covid,” said Lee M. Miringoff, director of the Marist College Institute for Public Opinion. “That discussion has gotten very stale with people.”3. How does redistricting shake out?About 30 states have finalized new congressional maps based on 2020 census data. For some incumbents, new maps mean facing primaries against other sitting members of Congress. For others, new maps might offer a convenient excuse to retire rather than taking on a colleague in a primary or testing their political strength in newly competitive seats.So far, it’s safe to say the House battleground has shrunk. A handful of districts that were competitive in 2018 and 2020 won’t be in 2022. In Texas, for example, Democrats and Republicans will be fighting for control of just a few districts, down from about 10 in 2020.But even after every state passes its final lines, courts can intervene. Kelly Burton, president of the National Democratic Redistricting Committee, called the maps passed in North Carolina and Ohio the “worst-case scenario for Democrats,” but expects those to change as a result of lawsuits.“I think there will be a sufficient number of competitive seats for Democrats to hold the House in 2022 even in a tough cycle,” Burton said. “I feel cautiously optimistic.”Even if things could have gone worse for Democrats in the redistricting process, they’re still at a disadvantage in the race for the House. Democrats oversee redistricting in about half as many House districts as Republicans, and history is working against the president’s party, which has lost House seats in all but two midterm elections since the 1940s.4. Can Democrats pass their agenda in Congress?Senator Joe Manchin III seemed to answer that question with a knife-twisting “no” in a Fox News interview before the holidays, announcing he could not support the Democrats’ $1.75 trillion social policy bill, the Build Back Better Act.But there’s too much at stake for Democrats to just give up. So Senate leaders are quietly trying to revive Build Back Better, along with federal voting rights legislation that would need to somehow overcome a Republican filibuster. Even Oprah is getting involved.Some Democrats argue for breaking Build Back Better into chunks: “For example, if we can move on prescription drug pricing, if we can move forward on child care, things that literally end up being part of that kitchen table conversation,” Kildee, the Michigan Democrat, told us.It could be months before those efforts succeed, if ever, and, in the meantime, Democrats in vulnerable seats are venting their frustration over the impasse. The longer the bickering in Washington drags on, the longer they’ll be stuck in limbo.Understand How U.S. Redistricting WorksCard 1 of 8What is redistricting? More

    • 75 Shares149 Views

      in Elections

      Democrats Are Failing to Defend Democracy

      by

      When it comes to elections, the Republican Party operates within a carapace of lies. So we rely on the Democrats to preserve our system of government.The problem is that Democrats live within their own insular echo chamber. Within that bubble convenient falsehoods spread, go unchallenged and make it harder to focus on the real crisis. So let’s clear away some of these myths that are distorting Democratic behavior:The whole electoral system is in crisis. Elections have three phases: registering and casting votes, counting votes and certifying results. When it comes to the first two phases, the American system has its flaws but is not in crisis. As Yuval Levin noted in The Times a few days ago, it’s become much easier in most places to register and vote than it was years ago. We just had a 2020 election with remarkably high turnout. The votes were counted with essentially zero fraud.The emergency is in the third phase — Republican efforts to overturn votes that have been counted. But Democratic voting bills — the For the People Act and its update, the Freedom to Vote Act — were not overhauled to address the threats that have been blindingly obvious since Jan. 6 last year. They are sprawling measures covering everything from mail-in ballots to campaign finance. They basically include every idea that’s been on activist agendas for years.These bills are hard to explain and hard to pass. By catering to D.C. interest groups, Democrats have spent a year distracting themselves from the emergency right in front of us.Voter suppression efforts are a major threat to democracy. Given the racial history of this country, efforts to limit voting, as some states have been implementing, are heinous. I get why Democrats want to repel them. But this, too, is not the major crisis facing us. That’s because tighter voting laws often don’t actually restrict voting all that much. Academics have studied this extensively. A recent well-researched study suggested that voter ID laws do not reduce turnout. States tighten or loosen their voting laws, often seemingly without a big effect on turnout. The general rule is that people who want to vote end up voting.Just as many efforts to limit the electorate don’t have much of an effect, the Democratic bills to make it easier to vote might not have much impact on turnout or on which party wins. As my Times colleague Nate Cohn wrote last April, “Expanding voting options to make it more convenient hasn’t seemed to have a huge effect on turnout or electoral outcomes. That’s the finding of decades of political science research on advance, early and absentee voting.”Higher turnout helps Democrats. This popular assumption is also false. Political scientists Daron R. Shaw and John R. Petrocik, authors of “The Turnout Myth,” looked at 70 years of election data and found “no evidence that turnout is correlated with partisan vote choice.”The best way to address the crisis is top down. Democrats have focused their energies in Washington, trying to pass these big bills. The bills would override state laws and dictate a lot of election procedures from the national level.Given how local Republicans are behaving, I understand why Democrats want to centralize things. But it’s a little weird to be arguing that in order to save democracy we have to take power away from local elected officials. Plus, if you tell local people they’re not fit to govern themselves, you’re going to further inflame the populist backlash.But the real problem is that Democrats are not focusing on crucial state and local arenas. The Times’s Charles Homans had a fascinating report from Pennsylvania, where Trump backers were running for local office, including judge of elections, while Democrats struggled to even find candidates. “I’m not sure what the Democratic Party was worried about, but it didn’t feel like they were worried about school board and judge of elections races — all of these little positions,” a failed Democratic candidate said.Democrats do not seem to be fighting hard in key local races. They do not seem to be rallying the masses so that state legislators pay a price if they support democracy-weakening legislation.Maybe some of the energy that has been spent over the past year analyzing and berating Joe Manchin could have been better spent grooming and supporting good state and local candidates. Maybe the best way to repulse a populist uprising is not by firing up all your allies in the Northwest quadrant of Washington, D.C.The crisis of democracy is right in front of us. We have a massive populist mob that thinks the country is now controlled by a coastal progressive oligarchy that looks down on them. We’re caught in cycles of polarization that threaten to turn America into Northern Ireland during the Troubles. We have Republican hacks taking power away from the brave state officials who stood up to Trumpian bullying after the 2020 election.Democrats have spent too much time on measures that they mistakenly think would give them an advantage. The right response would be: Do the unsexy work at the local level, where things are in flux. Pass the parts of the Freedom to Vote Act that are germane, like the protections for elections officials against partisan removal, and measures to limit purging voter rolls. Reform the Electoral Count Act to prevent Congress from derailing election certifications.When your house is on fire, drop what you were doing, and put it out. Maybe finally Democrats will do that.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: [email protected] The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

    • 113 Shares149 Views

      in Elections

      ¿Qué significa el 6 de enero para Estados Unidos?

      by

      Un año después del humo y los vidrios rotos, de la horca simulada y la violencia demasiado real de ese día atroz, es tentador hacer una retrospectiva e imaginar que, de hecho, podemos simplemente hacer una retrospectiva. Es tentador imaginar que lo que sucedió el 6 de enero de 2021 —un asalto mortal en la sede del gobierno de Estados Unidos incitado por un presidente derrotado en medio de una campaña desesperada por frustrar la transferencia de poder a su sucesor— fue terrible pero que ahora está en el pasado y que nosotros, como nación, hemos podido avanzar.Es un impulso comprensible. Después de cuatro años de caos, crueldad e incompetencia, que culminaron en una pandemia y con el trauma antes impensable del 6 de enero, la mayoría de los estadounidenses estaban impacientes por tener algo de paz y tranquilidad.Hemos conseguido eso, en la superficie. Nuestra vida política parece más o menos normal en estos días: el presidente perdona pavos y el Congreso se pelea por la legislación de presupuesto. Pero si escarbamos un poco, las cosas están lejos de ser normales. El 6 de enero no está en el pasado: está presente todos los días.Está en los ciudadanos de a pie que amenazan a funcionarios electorales y otros servidores públicos, está en quienes preguntan “¿Cuándo podemos usar las armas?” y prometen asesinar a los políticos que se atrevan a votar con conciencia. Son los legisladores republicanos que luchan por hacer que el voto sea más difícil para las personas y, si votan, que sea más fácil subvertir su voluntad. Está en Donald Trump, quien continúa avivando las llamas del conflicto con sus mentiras desenfrenadas y resentimientos ilimitados y cuya versión distorsionada de la realidad todavía domina a uno de los dos principales partidos políticos de la nación.En pocas palabras, la república enfrenta una amenaza existencial por parte de un movimiento que desdeña de manera abierta la democracia y que ha demostrado su disposición a usar la violencia para conseguir sus propósitos. Ninguna sociedad autónoma puede sobrevivir a una amenaza así negando que esta existe. Más bien, la supervivencia depende de mirar al pasado y hacia el futuro al mismo tiempo.Encarar de verdad la amenaza que se avecina significa entender plenamente el terror de ese día hace un año. Gracias en gran medida a la labor tenaz de un comité bipartidista en la Cámara de Representantes, una toma de conciencia está en proceso. Ahora sabemos que la violencia y el caos transmitidos en vivo a todo el mundo fue solo la parte más visible y visceral de un esfuerzo por revertir las elecciones. Ese esfuerzo llegaba hasta el Despacho Oval, donde Trump y sus aliados planearon un autogolpe constitucional.Ahora sabemos que los principales legisladores republicanos y figuras de los medios de comunicación de derecha entendieron en privado lo peligroso que era el asalto y le pidieron a Trump que lo detuviera, incluso cuando públicamente decían lo contrario. Ahora sabemos que quienes pueden tener información crítica sobre la planificación y ejecución del ataque se niegan a cooperar con el Congreso, incluso si eso significa ser acusado de desacato criminal.Por ahora, el trabajo del comité continúa. Ha programado una serie de audiencias públicas para exponer estos y otros detalles, y planea publicar un informe completo de sus hallazgos antes de las elecciones intermedias de este año. Después de los comicios, si los republicanos recuperan el control de la Cámara, como se espera, indudablemente el comité será disuelto.Aquí es donde entra la mirada hacia el futuro. A lo largo del año pasado, legisladores republicanos en 41 estados han intentado promover los objetivos de los alborotadores del 6 de enero, y lo han hecho no rompiendo leyes, sino promulgándolas. Se han propuesto cientos de proyectos de ley y se han aprobado casi tres decenas de leyes que facultan a las legislaturas estatales para sabotear sus propios comicios y anular la voluntad de sus votantes, según el recuento activo de un consorcio no partidista de organizaciones a favor de la democracia.Algunos proyectos de ley cambiarían las reglas para hacer más fácil que los legisladores rechacen los votos de sus ciudadanos si no les gusta el resultado. Otros proyectos legislativos reemplazan a los funcionarios electorales profesionales con figuras partidistas que podrían tener un interés claro en que gane su candidato predilecto. Y, otros más intentan criminalizar los errores humanos de funcionarios electorales, en algunos casos incluso con amenaza de cárcel.Muchas de estas leyes se están proponiendo y aprobando en estados que suele ser cruciales en las elecciones, como Arizona, Wisconsin, Georgia y Pensilvania. A raíz de la votación de 2020, la campaña de Trump se enfocó en los resultados electorales en estos estados: demandó para reclamar un recuento o trataba de intimidar a los funcionarios para que encontraran votos “faltantes”. El esfuerzo fracasó, en buena medida debido al profesionalismo y la integridad de los funcionarios electorales. Desde entonces, muchos de esos funcionarios han sido despojados de su poder o expulsados de sus cargos y reemplazados por personas que dicen abiertamente que las últimas elecciones fueron fraudulentas.De este modo, los disturbios del Capitolio continúan presentes en los congresos estatales de todo Estados Unidos, en una forma legalizada y sin derramamiento de sangre y que ningún oficial de policía puede detener y que ningún fiscal puede juzgar en un tribunal.Esta no es la primera vez que las legislaturas estatales intentan arrebatarle el control de los votos electorales a sus ciudadanos, ni es la primera vez que se advierte de los peligros que entraña esa estrategia. En 1891, el presidente Benjamin Harrison advirtió al Congreso del riesgo de que ese “truco” pudiera determinar el resultado de una elección presidencial.La Constitución garantiza a todos los estadounidenses una forma republicana de gobierno, dijo Harrison. “Las características esenciales de tal gobierno son el derecho del pueblo a elegir a sus propios funcionarios” y que sus votos se cuenten por igual al tomar esa decisión. “Nuestro principal peligro nacional”, agregó, es “el derrocamiento del control de la mayoría mediante la supresión o distorsión del sufragio popular”. Si una legislatura estatal lograra sustituir la voluntad de sus votantes por la suya, “no es exagerado decir que la paz pública podría estar en peligro serio y generalizado”.Key Figures in the Jan. 6 InquiryCard 1 of 10The House investigation. More

    • 113 Shares99 Views

      in Elections

      Left and Center-Left Both Claim Stacey Abrams. Who’s Right?

      by

      Ms. Abrams, the Georgia Democrat running for governor, has admirers in both wings of her party — and Republicans eager to defeat her. Her carefully calibrated strategy faces a test in 2022.To left-leaning Democrats, Stacey Abrams, who is making her second run for Georgia governor, is a superstar: a nationally recognized voting-rights champion, a symbol of her state’s changing demographics, and a political visionary who registered and mobilized tens of thousands of new voters — the kind of grass-roots organizing that progressives have long preached.“I don’t think anyone could call Stacey Abrams a moderate,” said Aimee Allison, the founder of She the People, a progressive advocacy group for women of color.Moderates would beg to differ. They see Ms. Abrams as an ally for rejecting left-wing policies that center-left Democrats have spurned, like “Medicare for all,” the Green New Deal to combat climate change and the defunding of law enforcement in response to police violence.“I don’t know that anybody in the party can say, ‘She’s one of us,’” said Matt Bennett, a founder of Third Way, the center-left group. “We can’t pretend she’s a moderate,” he added. “But the progressives can’t say she’s a progressive and not a moderate. We’re both kind of right.”The question of how to define Ms. Abrams, 48, the presumptive Democratic standard-bearer in one of the most high-profile races of 2022, takes on new urgency amid the current landscape of the party.Moderates and progressives sparred in Washington throughout 2021, frustrating a White House struggling to achieve consensus on its priorities and continuing an ideological debate that has raged in the party for years. There is also thirst for new blood across the party, considering the advanced ages of President Biden, congressional leaders, and leading progressives like Senator Bernie Sanders of Vermont and Senator Elizabeth Warren of Massachusetts.On a local level, whether Ms. Abrams maintains credibility with both Democratic wings may determine how well she can withstand Republican attacks. Those close to her campaign say they expect an extremely close race, and that the key is holding the suburban moderates who supported her in 2018 while exciting enough of the new Georgia voters who have registered since that election.Republicans in Georgia — who await Ms. Abrams in the general election — are eager to denounce her as a left-wing radical out of place in a state that was a G.O.P. stronghold until it narrowly tipped into the Democratic column in 2020. Gov. Brian Kemp, who faces a fierce primary challenge in May from former Senator David Perdue, who has the support of former President Donald J. Trump, has released five digital advertisements attacking Ms. Abrams since she announced her campaign on Dec. 1.“Stacey Abrams’ far left agenda has no place in Georgia,” one warns ominously.But a review of Ms. Abrams’s policy statements and television advertisements, and interviews with political figures who have known her for years, reveal a leader who has carefully calibrated her positions, making a point to avoid drifting into one Democratic lane or another.Her allies say the fluidity is an asset, and highlights how policy is only one way that voters choose which candidate to rally behind. Racial representation and the unique political context of the American South are also factors in whether a candidate can credibly claim progressive bona fides, they argue..css-1xzcza9{list-style-type:disc;padding-inline-start:1em;}.css-3btd0c{font-family:nyt-franklin,helvetica,arial,sans-serif;font-size:1rem;line-height:1.375rem;color:#333;margin-bottom:0.78125rem;}@media (min-width:740px){.css-3btd0c{font-size:1.0625rem;line-height:1.5rem;margin-bottom:0.9375rem;}}.css-3btd0c strong{font-weight:600;}.css-3btd0c em{font-style:italic;}.css-1kpebx{margin:0 auto;font-family:nyt-franklin,helvetica,arial,sans-serif;font-weight:700;font-size:1.125rem;line-height:1.3125rem;color:#121212;}#NYT_BELOW_MAIN_CONTENT_REGION .css-1kpebx{font-family:nyt-cheltenham,georgia,’times new roman’,times,serif;font-weight:700;font-size:1.375rem;line-height:1.625rem;}@media (min-width:740px){#NYT_BELOW_MAIN_CONTENT_REGION .css-1kpebx{font-size:1.6875rem;line-height:1.875rem;}}@media (min-width:740px){.css-1kpebx{font-size:1.25rem;line-height:1.4375rem;}}.css-1gtxqqv{margin-bottom:0;}.css-1g3vlj0{font-family:nyt-franklin,helvetica,arial,sans-serif;font-size:1rem;line-height:1.375rem;color:#333;margin-bottom:0.78125rem;}@media (min-width:740px){.css-1g3vlj0{font-size:1.0625rem;line-height:1.5rem;margin-bottom:0.9375rem;}}.css-1g3vlj0 strong{font-weight:600;}.css-1g3vlj0 em{font-style:italic;}.css-1g3vlj0{margin-bottom:0;margin-top:0.25rem;}.css-19zsuqr{display:block;margin-bottom:0.9375rem;}.css-12vbvwq{background-color:white;border:1px solid #e2e2e2;width:calc(100% – 40px);max-width:600px;margin:1.5rem auto 1.9rem;padding:15px;box-sizing:border-box;}@media (min-width:740px){.css-12vbvwq{padding:20px;width:100%;}}.css-12vbvwq:focus{outline:1px solid #e2e2e2;}#NYT_BELOW_MAIN_CONTENT_REGION .css-12vbvwq{border:none;padding:10px 0 0;border-top:2px solid #121212;}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-rdoyk0{-webkit-transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg);}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-eb027h{max-height:300px;overflow:hidden;-webkit-transition:none;transition:none;}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-5gimkt:after{content:’See more’;}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-6mllg9{opacity:1;}.css-qjk116{margin:0 auto;overflow:hidden;}.css-qjk116 strong{font-weight:700;}.css-qjk116 em{font-style:italic;}.css-qjk116 a{color:#326891;-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;text-underline-offset:1px;-webkit-text-decoration-thickness:1px;text-decoration-thickness:1px;-webkit-text-decoration-color:#326891;text-decoration-color:#326891;}.css-qjk116 a:visited{color:#326891;-webkit-text-decoration-color:#326891;text-decoration-color:#326891;}.css-qjk116 a:hover{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}Steve Phillips, an early supporter and prominent progressive Democratic donor, said Ms. Abrams’s political strategy was progressive, even if her policy positions were more moderate.“It’s hard for white progressives to be too critical of someone who is so strongly and fiercely unapologetically Black and female,” he said. “Her authenticity comes from the sectors that are the core parts of the progressive base.”Ms. Abrams’s approach does carry risks. In the 2020 Democratic presidential primary race, several candidates who sought to straddle the line between moderate and progressive policies lost the trust of significant numbers of voters in both camps, as activists pushed for firm commitments on issues like health care, climate change, expanding the Supreme Court and reparations for descendants of enslaved people.At times, Ms. Abrams has used her perch to speak out against progressive causes and defend the Democratic establishment. She said attempts to defund police departments after the murder of George Floyd were creating a “false choice” and said departments should be reformed instead.On health care, she has focused on expanding Medicaid rather than supporting a single-payer system. And in 2020, a think tank founded by Ms. Abrams released a climate plan focused on the South that embraced efforts to incentivize renewable energy but stopped short of the ambitious goals pushed by progressive activists and lawmakers like Representative Alexandria Ocasio-Cortez of New York.But Ben Jealous, a former Democratic candidate for governor of Maryland who leads the progressive group People for the American Way, said progressives should trust Ms. Abrams just the same. “The Green New Deal is designed for the industrialized unionized North,” he said. “And you’ve got to translate that into Southern.” He added, “She does that.”Several of Ms. Abrams’s allies welcomed an examination of her policy record, arguing that characterizing her as a progressive only fueled Republican attacks.Ms. Abrams declined to be interviewed for this article. Asked how she defined herself ideologically, a spokesman, Seth Bringman, said she “defines herself by her values and her ability to deliver results for the common good by navigating disparate groups and ideologies.”“She’s unwavering in her support for unions, and she worked with anti-union corporations to stop discrimination against the L.G.B.T.Q. community,” he added. “She’s unapologetically pro-choice, and she coordinated with anti-choice legislators to pass criminal justice reform. She’s a capitalist who supports regulation and believes we can fight poverty while praising success.”Such pragmatism has encouraged some moderates — including Georgians who served with Ms. Abrams in the State Capitol — to compare her to other center-left national figures who had credibility among the grass-roots base, like Presidents Barack Obama and Bill Clinton. Mr. Bennett, a co-founder of Third Way, said Ms. Abrams had demonstrated that she “wasn’t going to be pushed around by anybody in the party, from the center or from the left.”Some moderates see Ms. Abrams as a center-left leader in the mold of former Presidents Barack Obama, right, and Bill Clinton.Ruth Fremson/The New York TimesHe added, “That independence has made her a very viable candidate.”Carolyn Hugley, a Georgia state representative who has known Ms. Abrams since 2011, said she had always sought to be seen as a “doer” and an organizer. As minority leader, Ms. Abrams, a budget wonk, aligned with Tea Party members and some religious groups to oppose a Republican tax reform bill.“If you had asked me 10 years ago if voting rights was what she was going to be known for, I would probably say no,” Ms. Hugley said. In Georgia, Ms. Abrams became known for her willingness to work with anyone, even if it led to a backlash. In 2011, she lent bipartisan credibility to an effort by Gov. Nathan Deal, a Republican, to restructure the state’s scholarship program for low-income students. Several Democrats criticized her decision to stand with him at a news conference, saying it gave a gift to an incumbent who had sought to shrink the program and was an example of Ms. Abrams’s putting her own ambitions above the party’s long-term interests.“It got misinterpreted,” said DuBose Porter, a former chairman of the Georgia Democratic Party. “But the real Stacey Abrams will always come through. And that real Stacey Abrams is somebody that cares about the issues.”Mr. Jealous, of People for the American Way, said he recalled Ms. Abrams encouraging him to reach out to Newt Gingrich, the Georgia Republican and former House speaker, to build cross-aisle support for reforming the state’s prisons.This campaign cycle, even Ms. Abrams’s supporters concede that the intensifying spotlight could test her political talent anew. The prospect that she could become the first Black woman in the country to be elected governor has already renewed whispers about her possible presidential ambitions.Unlike in 2018, when Ms. Abrams was not yet a national figure, or during Mr. Biden’s vice-presidential search, in which she was considered a long shot, she enters the 2022 race as a marquee name on the Democratic roster — and a prime target for Republicans.The Virginia governor’s race offered a preview of what Ms. Abrams could face, with Democrats on the defensive and Republicans pummeling them over Mr. Biden’s vaccine mandates, how schools teach about racism and the removal of Confederate statues.Ms. Abrams rallied Virginia Democrats behind the Democratic candidate, former Gov. Terry McAuliffe, in the days before the election — a testament to her standing in the party. By contrast, Ms. Ocasio-Cortez said she and other progressives were told to stay away.When announcing her candidacy in December, Ms. Abrams stuck to local themes, highlighting her work during the pandemic and her efforts to expand Medicaid access in Georgia. In the 2018 governor’s race, she did not run an ad about race or voting rights, according to a list her aides provided.Last month, during an online campaign event with more than 350 supporters on the theme of “One Georgia,” Ms. Abrams steered clear of policy specifics and hot-button cultural conversations, focusing instead on issues like the coronavirus and education — and on her Republican opponents.“When people ask what’s the biggest difference between me and the current governor, it’s that I like Georgians,” Ms. Abrams said. “I like all of them. The ones who agree with me and the ones who do not.”As much as Democrats may want to label her, Mr. Jealous advised against it, citing two lessons he learned about Ms. Abrams when they first met as 19-year-old college activists. The first: She would not be pushed to go anywhere she was not comfortable. The second: “Never speak after her,” he said.Mr. Phillips, the Democratic donor, said he was confident that the war between moderates and progressives would not affect Ms. Abrams in 2022.When, then, would it matter?“If and when she runs for president,” he said. More

    • 138 Shares179 Views

      in Elections

      Voting Rights Tracker: What to Know About the U.S. Elections Fight

      by

      Since the 2020 election, Republicans have pursued a host of new voting restrictions across the country. Here’s where things stand.The current battle over voting rights — who gets to vote, how votes are cast and counted, who oversees the process — has turned what was once the humdrum machine room of United States democracy into a central partisan battlefield with enormous stakes for the future of American democracy.Since the 2020 election, and spurred in large part by former President Donald J. Trump’s oft-repeated lie that a second term was stolen from him, the Republican Party has made a concerted new effort to restrict voting and give itself more power over the mechanics of casting and counting ballots.In 2021, Republican-led legislatures in dozens of states enacted wide-ranging laws overhauling their election systems, and G.O.P. lawmakers are planning a new wave of such laws in 2022.Here is a quick rundown of those efforts, Democratic pushback and why it all matters.Why are voting rights an issue now?The 2020 election saw a sea change in voting habits. Driven largely by the pandemic, millions of Americans embraced voting early in person and voting by mail.Forty-three percent of voters cast ballots by mail in 2020, making it the most popular method, and 26 percent voted early in person, according to the Census Bureau. Just 21 percent voted on Election Day.Democrats in particular flocked to the two forms of early voting, far outpacing Republicans in some states — a trend that raised alarms among Republicans.Mr. Trump denounced voting by mail for months during the campaign. Once defeated, he attacked mailed-in ballots in hopes of overturning the election’s result.Since then, Republican-led legislatures have justified new restrictions on voting by citing a lack of public confidence in elections.What are Republicans trying to do?Broadly, the party is taking a two-pronged approach: Imposing additional restrictions on voting (especially mail voting), and giving Republican-controlled state legislatures greater control over the administration of elections.Republicans have often sought to limit absentee-ballot drop boxes by claiming without evidence that they are susceptible to fraud. Other new laws tighten identification requirements for voting by mail, bar election officials from proactively sending out ballot applications or shorten the time frame during which absentee ballots can be requested.Some legislatures have also taken aim at how elections are overseen, stripping election officials like secretaries of state of some of their powers, exerting more authority over county and local election officials or pursuing partisan reviews of election results.In the 2020 presidential election, Georgia was decided by fewer than 13,000 votes.Elijah Nouvelage/Agence France-Presse — Getty ImagesWhy are these legislative efforts important?They have fueled widespread doubts about the integrity of American elections and brought intense partisan gamesmanship to parts of the democratic process that once relied largely on orderly routine and good faith.Some are also likely to affect voters of color disproportionately, echoing the country’s long history of racial discrimination at the polls, where Black citizens once faced barriers to voting including poll taxes, literacy tests, intimidation and impossible hurdles, like guessing the number of butter beans in a jar.The newest restrictions are not so draconian, but could have outsize effects in racially diverse, densely populated areas. In Georgia, the four big counties at the core of metropolitan Atlanta — Fulton, Cobb, DeKalb and Gwinnett — will have no more than 23 drop boxes in future elections, down from the 94 available in 2020.The stakes are enormous: In battleground states like Georgia and Arizona, where the 2020 presidential margins were less than 13,000 votes, even a slight curtailment of turnout could tilt the outcome.Are there more extreme efforts?Yes. In Arkansas, Republicans enacted new legislation that allows a state board of election commissioners — composed of six Republicans and one Democrat — to investigate and “institute corrective action” when issues arise at any stage of the voting process, from registration to the casting and counting of ballots to the certification of elections.In Texas, Republicans tried to make it easier for the Legislature to overturn an election, but were held up when Democratic lawmakers staged a last-second walkout, and later dropped the effort.Many of the most extreme bills have not made it past state legislatures, with Republicans often choosing to dial back their farthest-reaching proposals.How are Democrats pushing back?Through Congress and the courts, but with limited success.In Congress, Democrats have focused their efforts on two sweeping bills, the Freedom to Vote Act and the John Lewis Voting Rights Advancement Act. But Republicans in the 50-50 Senate have blocked both. That leaves many Democrats pressing for a change to the Senate’s filibuster rules, but some moderates, including Senator Joe Manchin III of West Virginia, are opposed.The Justice Department has filed lawsuits challenging Republican voting laws in Georgia and Texas, and has also doubled the size of its civil rights division, which oversees voting litigation.Still, any major judicial ruling on a recently enacted voting law is unlikely to arrive before the 2022 elections.Can the courts do anything about voting laws?Yes — but far less than they once could.The Supreme Court has greatly weakened the Voting Rights Act over the last decade, deeply cutting into the Justice Department’s authority over voting and giving states new latitude to impose restrictions. Voting-rights advocates can still challenge voting laws in federal court on other grounds, including under the 14th and 15th Amendments. They can also cite state constitutional protections in state courts.Democrats, civil-rights groups and voting-rights organizations have filed more than 30 lawsuits opposing new voting laws. But the legal process can sometimes take years.Democrats in Congress have proposed the Freedom to Vote Act and the John Lewis Voting Rights Advancement Act to defend voting rights.Stefani Reynolds for The New York TimesWait, back up. What is the Voting Rights Act?Passed in 1965, it was one of the most important legacies of the civil rights movement. It contained several provisions protecting the right to vote; required states with a history of discrimination at the polls to obtain clearance from the Justice Department before changing their voting laws, and banned racial gerrymandering and any voting measures that would target minority groups.The Voting Rights Act set off a wave of enfranchisement of Black citizens, with more than 250,000 registering to vote before the end of 1965.But the law was hollowed out by a 2013 Supreme Court decision that lifted the requirement for preclearance, paving the way for many of the restrictions enacted in 2021.Where does President Biden stand?He did not mince words, warning in July that “there is an unfolding assault taking place in America today — an attempt to suppress and subvert the right to vote in fair and free elections.” He called it “the most significant test of our democracy since the Civil War.”But in his first year, he did not make voting rights a top priority. As his administration battled to pass infrastructure and economic-relief programs, voting rights groups have grown frustrated, calling for a more aggressive White House push on federal voting legislation.Which states have changed their voting laws?Nineteen states passed 34 laws restricting voting in 2021, according to the Brennan Center for Justice. Some of the most significant legislation was enacted in battleground states.Texas forbade balloting methods introduced in 2020 to make voting easier during the pandemic, including drive-through polling places and 24-hour voting. It also barred election officials from sending voters unsolicited absentee-ballot applications and from promoting the use of vote by mail; greatly empowered partisan poll watchers; created new criminal and civil penalties for poll workers, and erected new barriers for those looking to help voters who need assistance.Georgia limited drop boxes, stripped the secretary of state of some of his authority, imposed new oversight of county election boards, restricted who can vote with provisional ballots and made it a crime to offer food or water to voters waiting in lines. It also required runoff elections to be held four weeks after the original vote, down from nine weeks.Florida limited the use of drop boxes; added to the identification requirements for people requesting absentee ballots; required voters to request an absentee ballot for each election, rather than receive them automatically through an absentee-voter list; limited who can collect and drop off ballots; and bolstered the powers of partisan observers in the ballot-counting process.Some states, however, have expanded voting access. New Jersey and Kentucky added more early-voting days and an online registration portal. Virginia created a state-level preclearance requirement and made Election Day a holiday, and New York restored voting rights for some felons.So, will these new voting laws swing elections?Maybe. Maybe not. Some laws will make voting more difficult for certain groups, cause confusion or create longer wait times at polling places, any of which could deter voters from casting ballots.In some places, the new restrictions could backfire: Many Republicans, especially in far-flung rural areas, once preferred to vote by mail, and making it more difficult to do so could inconvenience them more than people in cities and suburbs.The laws have met an impassioned response from voting rights groups, which are working to inform voters about the new restrictions while also hiring lawyers to challenge them.Democrats hope that their voters will be impassioned enough in response to the new restrictions that they turn out in large numbers to defeat Republicans in November. More

    • 125 Shares99 Views

      in Elections

      Map by Map, G.O.P. Chips Away at Black Democrats’ Power

      by

      Black elected officials in several states, from Congress down to the counties, have been drawn out of their districts this year or face headwinds to hold onto their seats.More than 30 years ago, Robert Reives Sr. marched into a meeting of his county government in Sanford, N.C., with a demand: Create a predominantly Black district in the county, which was 23 percent Black at the time but had no Black representation, or face a lawsuit under the Voting Rights Act.The county commission refused, and Mr. Reives prepared to sue. But after the county settled and redrew its districts, he was elected in 1990 as Lee County’s first Black commissioner, a post he has held comfortably ever since.Until this year.Republicans, newly in power and in control of the redrawing of county maps, extended the district to the northeast, adding more rural and suburban white voters to the mostly rural district southwest of Raleigh and effectively diluting the influence of its Black voters. Mr. Reives, who is still the county’s only Black commissioner, fears he will now lose his seat.“They all have the same objective,” he said in an interview, referring to local Republican officials. “To get me out of the seat.”Mr. Reives is one of a growing number of Black elected officials across the country — ranging from members of Congress to county commissioners — who have been drawn out of their districts, placed in newly competitive districts or bundled into new districts where they must vie against incumbents from their own party.Almost all of the affected lawmakers are Democrats, and most of the mapmakers are white Republicans. The G.O.P. is currently seeking to widen its advantage in states including North Carolina, Ohio, Georgia and Texas, and because partisan gerrymandering has long been difficult to disentangle from racial gerrymandering, proving the motive can be troublesome.But the effect remains the same: less political power for communities of color.The pattern has grown more pronounced during this year’s redistricting cycle, the first since the Supreme Court struck down the heart of the Voting Rights Act in 2013 and allowed jurisdictions with a history of voting discrimination to pass election laws and draw political maps without approval from the Justice Department.How Maps Reshape American PoliticsWe answer your most pressing questions about redistricting and gerrymandering.“Let’s call it a five-alarm fire,” G.K. Butterfield, a Black congressman from North Carolina, said of the current round of congressional redistricting. He is retiring next year after Republicans removed Pitt County, which is about 35 percent Black, from his district.“I just didn’t see it coming,” he said in an interview. “I did not believe that they would go to that extreme.”Redistricting at a GlanceEvery 10 years, each state in the U.S is required to redraw the boundaries of their congressional and state legislative districts in a process known as redistricting.Redistricting, Explained: Answers to your most pressing questions about redistricting and gerrymandering.Breaking Down Texas’s Map: How redistricting efforts in Texas are working to make Republican districts even more red.G.O.P.’s Heavy Edge: Republicans are poised to capture enough seats to take the House in 2022, thanks to gerrymandering alone.Legal Options Dwindle: Persuading judges to undo skewed political maps was never easy. A shifting judicial landscape is making it harder.A former chairman of the Congressional Black Caucus, Mr. Butterfield said fellow Black members of Congress were increasingly worried about the new Republican-drawn maps. “We are all rattled,” he said.In addition to Mr. Butterfield, four Black state senators in North Carolina, five Black members of the state House of Representatives and several Black county officials have had their districts altered in ways that could cost them their seats. Nearly 24 hours after the maps were passed, civil rights groups sued the state.Representative G.K. Butterfield of North Carolina said he was retiring next year after Republicans removed Pitt County, which is 35 percent Black, from his district.Stefani Reynolds for The New York TimesAcross the country, the precise number of elected officials of color who have had their districts changed in such ways is difficult to pinpoint. The New York Times identified more than two dozen of these officials, but there are probably significantly more in county and municipal districts. And whose seats are vulnerable or safe depends on a variety of factors, including the political environment at the time of elections.But the number of Black legislators being drawn out of their districts outpaces that of recent redistricting cycles, when voting rights groups frequently found themselves in court trying to preserve existing majority-minority districts as often as they sought to create new ones.“Without a doubt it’s worse than it was in any recent decade,” said Leah Aden, a deputy director of litigation at the NAACP Legal Defense and Educational Fund Inc. “We have so much to contend with and it’s all happening very quickly.”Republicans, who have vastly more control over redistricting nationally than Democrats do, defend their maps as legal and fair, giving a range of reasons.Kirk Smith, the Republican chairman of Lee County’s board of commissioners, said that “to say only a person of a certain racial or ethnic group can represent only a person of the same racial or ethnic group has all the trappings of ethnocentric racism.”In North Carolina and elsewhere, Republicans say that their new maps are race-blind, meaning officials used no racial data in designing the maps and therefore could not have drawn racially discriminatory districts because they had no idea where communities of color were.“During the 2011 redistricting process, legislators considered race when drawing districts,” Ralph Hise, a Republican state senator in North Carolina, said in a statement. Through a spokesperson, he declined to answer specific questions, citing pending litigation.His statement continued: “We were then sued for considering race and ordered to draw new districts. So during this process, legislators did not use any racial data when drawing districts, and we’re now being sued for not considering race.”In other states, mapmakers have declined to add new districts with majorities of people of color even though the populations of minority residents have boomed. In Texas, where the population has increased by four million since the 2010 redistricting cycle, people of color account for more than 95 percent of the growth, but the State Legislature drew two new congressional seats with majority-white populations.And in states like Alabama and South Carolina, Republican map drawers are continuing a decades-long tradition of packing nearly all of the Black voting-age population into a single congressional district, despite arguments from voters to create two separate districts. In Louisiana, Gov. John Bel Edwards, a Democrat, said on Thursday that the Republican-controlled State Legislature should draw a second majority-Black House district.Allison Riggs, a co-executive director of the Southern Coalition for Social Justice, a civil rights group, said that the gerrymandering was “really an attack on Black voters, and the Black representatives are the visible outcome of that.”Efforts to curb racial gerrymandering have been hampered by a 2019 Supreme Court decision, which ruled that partisan gerrymandering could not be challenged in federal court.Though the court did leave intact Section 2 of the Voting Rights Act, which prohibits racial gerrymandering, it offered no concrete guidance on how to distinguish between a partisan gerrymander and a racial gerrymander when the result was both, such as in heavily Democratic Black communities.Understand How U.S. Redistricting WorksCard 1 of 8What is redistricting? More