More stories

  • in

    Lo que hay que saber sobre la huelga contra tres fabricantes de automóviles en EE. UU.

    El sindicato y General Motors, Ford Motor y Stellantis siguen teniendo grandes diferencias en materia de salarios.[Lee aquí, en inglés, el minuto a minuto de la huelga automotriz en EE. UU.]El sindicato United Auto Workers (UAW), que representa a alrededor de 150.000 trabajadores de plantas automotrices estadounidenses, decretó una huelga ‘limitada y dirigida’ contra tres de las mayores fabricantes de automóviles del país la madrugada del viernes cuando el sindicato y las empresas no llegaron a un acuerdo para suscribir nuevos contratos.Las tres fabricantes —General Motors, Ford Motor y Stellantis, propietaria de Chrysler, Jeep y Ram— habían dicho que podrían verse obligadas a suspender o ralentizar la producción si no era posible llegar a un acuerdo para la medianoche del jueves. El presidente del UAW, Shawn Fain, enfatizó que el jueves es la “fecha límite, no un punto de referencia”.El sindicato buscaba negociar un contrato independiente a cuatro años con cada fabricante de automóviles. El UAW nunca se ha ido a huelga en las tres empresas al mismo tiempo, sino que ha preferido hacerlo una por una. Pero Fain había dicho que, en esta ocasión, tanto él como sus colegas están dispuestos a irse a huelga en las tres empresas.¿Cuál es el punto de desacuerdo en el conflicto laboral?La remuneración es el tema principal de las negociaciones.El UAW exige un aumento salarial del 40 por ciento en un periodo de cuatro años, lo cual, según Fain, no dista del aumento en el sueldo de los directores ejecutivos de dichas empresas en los últimos cuatro años.Hasta el pasado 8 de septiembre, la postura de ambas partes era muy distinta: las empresas ofrecían un incremento en los sueldos de entre un 14 y un 16 por ciento en cuatro años. Fain calificó la oferta de “ofensiva” y señaló que el sindicato está firme en su objetivo de un aumento del 40 por ciento.¿Qué papel desempeña el cambio a los autos eléctricos en las negociaciones?La industria automotriz se encuentra en plena transición masiva a los vehículos operados con batería, por lo que GM, Ford y Stellantis están invirtiendo miles de millones de dólares en el desarrollo de nuevos modelos y la construcción de fábricas. Las empresas han dicho que esas inversiones les dificultan pagarles salarios más altos a los trabajadores. Afirman que ya de por sí se encuentran en gran desventaja competitiva con respecto a fabricantes de automóviles no sindicalizadas como Tesla, que domina el mercado de los vehículos eléctricos.Al UAW le preocupa que las empresas aprovechen la transición a los automóviles eléctricos para recortar empleos o contratar más trabajadores no sindicalizados. El sindicato busca que las fabricantes de automóviles cubran a los trabajadores de las fábricas de baterías en sus contratos nacionales con el UAW. En este momento, esos trabajadores no tienen representación sindical o bien se encuentran en negociaciones de contratos independientes. Pero las empresas argumentan que legalmente no pueden aceptar esa solicitud porque esas plantas son proyectos de coinversión.¿Qué ocurrió en la última huelga del UAW?La huelga más reciente del UAW ocurrió en 2019, y fue contra General Motors. Casi 50.000 empleados de General Motors dejaron de trabajar durante 40 días. La empresa informó que la huelga le había costado 3600 millones de dólares.La huelga concluyó después de que ambas partes llegaron a un acuerdo que le puso fin a una estructura salarial de dos niveles conforme a la cual a los empleados más nuevos se les pagaba mucho menos que a los veteranos. GM también convino en pagarles más a los trabajadores.¿Cómo afectaría a la economía una huelga contra las tres fabricantes de automóviles?Una pausa prolongada en la producción de automóviles podría producir una reacción en cadena en muchas partes de la economía estadounidense.Una huelga de 10 días podría costarle a la economía 5000 millones de dólares, según cálculos de Anderson Economic Group. Una huelga más prolongada podría comenzar a afectar los inventarios de automóviles en las distribuidoras, lo que elevaría el precio de los vehículos.La industria automotriz se encuentra en una situación más vulnerable que en 2019, la última vez que el UAW se fue a huelga. Al principio de la pandemia, la producción de automóviles se detuvo y produjo una reducción marcada en la oferta de vehículos. Los inventarios de autos nacionales se mantienen en aproximadamente una cuarta parte del nivel que tenían a finales de 2019.¿Una huelga tendrá ramificaciones políticas?Definitivamente podría tenerlas.El presidente Joe Biden se ha descrito como “el presidente más partidario de los sindicatos laborales” e intentó cimentar sus relaciones con los sindicatos laborales antes de arrancar su campaña de reelección. Pero el UAW, que por lo regular apoya a los candidatos demócratas, como lo hizo con Biden en su contienda en 2020, no ha declarado que vaya a apoyarlo en la campaña de 2024.El sindicato teme que la decisión de Biden de promover los vehículos eléctricos pueda erosionar más la cantidad de miembros de los sindicatos en la industria automotriz. Fain ha criticado al gobierno por otorgar grandes incentivos federales y préstamos para nuevas fábricas sin exigir que esas plantas empleen a trabajadores sindicalizados.El expresidente Donald Trump, que muy probablemente conseguirá la candidatura republicana, ha intentado ganarse a los miembros del UAW. Ha criticado las políticas de Biden para la industria automotriz y el clima por considerarlas negativas para los trabajadores y los consumidores.J. Edward Moreno es el becario David Carr 2023 en el Times. Más de J. Edward Moreno More

  • in

    What to Know About the Potential Autoworkers Strike

    The union and the carmakers remain far apart on wages.The United Auto Workers union, which represents about 150,000 workers at U.S. car plants, could strike against three of the country’s largest automakers on Friday if the union and the companies are unable to reach new contracts.The three automakers — General Motors, Ford Motor and Stellantis, which owns Chrysler, Jeep and Ram — could be forced to stop or slow production if an agreement isn’t reached by midnight on Thursday. The president of the U.A.W., Shawn Fain, said that Thursday was the “deadline, not a reference point.”The union is negotiating a separate four-year contract with each automaker. The U.A.W. has never struck against all three companies at once, preferring to target one at a time. But Mr. Fain has said he and his members are willing to strike against all three this time.What’s at issue in the labor dispute?Compensation is at the forefront of negotiations.The U.A.W. is demanding 40 percent wage increases over four years, which Mr. Fain says is in line with how much the salaries of the companies’ chief executives have increased in the past four years.As of last Friday, the two parties remained far apart, with the companies offering to raise pay by 14 to 16 percent over four years. Mr. Fain called that offer “insulting” and has said that the union is still seeking a 40 percent pay increase.What role is the switch to electric cars playing in the negotiations?The auto industry is in the middle of a sweeping transition to battery-powered vehicles, and G.M., Ford and Stellantis are spending billions of dollars to develop new models and build factories. The companies have said those investments make it harder for them to pay workers substantially higher wages. Automakers say they are already at a big competitive disadvantage compared with nonunion automakers like Tesla, which dominates the sale of electric vehicles.The U.A.W. is worried that the companies will use the switch to electric cars to cut jobs or hire more nonunion workers. The union wants the automakers to cover workers at the battery factories in their national contracts with the U.A.W. Right now those workers are either not represented by unions or are negotiating separate contracts. But the automakers say they cannot legally agree to that request because those plants are set up as joint ventures.What happened in the last U.A.W. strike?The U.A.W. most recently went on strike in 2019 against General Motors. Nearly 50,000 General Motors workers walked out for 40 days. The carmaker said that strike cost it $3.6 billion.The strike ended after the two sides reached a contract that ended a two-tier wage structure under which newer employees were paid a lot less than veteran workers. G.M. also agreed to pay workers more.How would a strike against the three automakers affect the economy?A long pause in car production could have ripple effects across many parts of the U.S. economy.A 10-day strike could cost the economy $5 billion, according to an estimate from Anderson Economic Group. A longer strike could start affecting inventories of cars at dealerships, pushing up the price of vehicles.The auto industry is in a more vulnerable place than it was in 2019, the last time the U.A.W. staged a strike. In the earlier part of the pandemic, car production came to a halt, sharply reducing the supply of vehicles. Domestic car inventories remain at about a quarter of where they were at the end of 2019.Will a strike have political ramifications?It definitely could.President Biden has called himself “the most pro-labor union president” and sought to solidify his ties with labor unions ahead of his re-election campaign. But the U.A.W., which usually endorses Democratic candidates including Mr. Biden in his 2020 run, has held off endorsing him for the 2024 race.The union fears that Mr. Biden’s decision to promote electric vehicles could further erode union membership in the auto industry. Mr. Fain has criticized the administration for awarding large federal incentives and loans for new factories without requiring those plants to employ union workers.Former President Donald J. Trump, who is most likely to secure the Republican nomination, has been seeking to win over U.A.W. members. He has criticized Mr. Biden’s auto and climate policies as bad for workers and consumers. More

  • in

    UAW Standoff Poses Risk for Biden’s Electric Vehicle Commitment

    A looming auto industry strike could test the president’s commitment to making electric vehicles a source of well-paying union jobs.President Biden has been highly attuned to the politics of electric vehicles, helping to enact billions in subsidies to create new manufacturing jobs and going out of his way to court the United Automobile Workers union.But as the union and the big U.S. automakers — General Motors, Ford Motor and Stellantis, which owns Chrysler, Jeep and Ram — hurtle toward a strike deadline set for Thursday night, the political challenge posed by the industry’s transition to electric cars may be only beginning.The union, under its new president, Shawn Fain, wants workers who make electric vehicle components like batteries to benefit from the better pay and labor standards that the roughly 150,000 U.A.W. members enjoy at the three automakers. Most battery plants are not unionized.The Detroit automakers counter that these workers are typically employed in joint ventures with foreign manufacturers that the U.S. automakers don’t wholly control. The companies say that even if they could raise wages for battery workers to the rate set under their national U.A.W. contract, doing so could make them uncompetitive with nonunion rivals, like Tesla.And then there is former President Donald J. Trump, who is running to unseat Mr. Biden and has said the president’s clean energy policies are costing American jobs and raising prices for consumers.White House officials say Mr. Biden will still be able to deliver on his promise of high-quality jobs and a strong domestic electric vehicle industry.The head of the United Automobile Workers, Shawn Fain, center, wants his union’s wages and labor standards to apply to nonunion workers who make electric vehicle components.Brittany Greeson for The New York Times“The president’s policies have always been geared toward ensuring not only that our electric vehicle future was made in America with American jobs,” said Gene Sperling, Mr. Biden’s liaison to the U.A.W. and the auto industry, “but that it would promote good union jobs and a just transition” for current autoworkers whose jobs are threatened.But in public at least, the president has so far spoken only in vague terms about wages. Last month, he said that the transition to electric vehicles should enable workers to “make good wages and benefits to support their families” and that when union jobs were replaced with new jobs, they should go to union members and pay a “commensurate” wage. He is encouraging the companies and the union to keep bargaining and reach an agreement, one of Mr. Biden’s economic advisers, Jared Bernstein, told reporters on Wednesday.A strike could force Mr. Biden to be more explicit and choose between his commitment to workers and the need to broker a compromise that averts a costly long-term shutdown.“Battery workers need to be paid the same amount as U.A.W. workers at the current Big Three,” said Representative Ro Khanna, a Democrat from California who has promoted government investments in new technologies.Mr. Khanna added, “It’s how we contrast with Trump: We’re for creating good-paying manufacturing jobs across the Midwest.”At the heart of the debate is whether the shift to electric vehicles, which have fewer parts and generally require less labor to assemble than gas-powered cars, will accelerate the decline of unionized work in the industry.Foreign and domestic automakers have announced tens of thousands of new U.S.-based electric vehicle and battery jobs in response to the subsidies that Mr. Biden helped enact. But most of those jobs are not unionized, and many are in the South or West, where the U.A.W. has struggled to win over autoworkers. The union has tried and failed to organize workers at Tesla’s factory in Fremont, Calif., and Southern plants owned by Volkswagen and Nissan.A Ford Lightning plant in Dearborn, Mich. The U.A.W. worries that letting battery makers pay lower wages will allow G.M., Ford and Stellantis to replace much of their current U.S. work force with cheaper labor.Brittany Greeson for The New York TimesAs a result, the union has focused its efforts on battery workers employed directly or indirectly by G.M., Ford and Stellantis. The going wage for this work tends to be far below the roughly $32 an hour that veteran U.A.W. members make under their existing contracts with three companies.Legally, employees of the three manufacturers can’t strike over the pay of battery workers employed by joint ventures. But many U.A.W. members worry that letting battery manufacturers pay far lower wages will allow G.M., Ford and Stellantis to replace much of their current U.S. work force with cheaper labor, so they are seeking a large wage increase for those workers.“What we want is for the E.V. jobs to be U.A.W. jobs under our master agreements,” said Scott Houldieson, chairperson of Unite All Workers for Democracy, a group within the union that helped propel Mr. Fain to the presidency.The union’s officials have pressed the auto companies to address their concerns about battery workers before its members vote on a new contract. They say the companies can afford to pay more because they collectively earned about $250 billion in North America over the past decade, according to union estimates.But the auto companies, while acknowledging that they have been profitable in recent years, point out that the transition to electric vehicles is very expensive. Industry executives have suggested that it is hard to know how quickly consumers will embrace electric vehicles and that companies needed flexibility to adjust.Even if labor costs were not an issue, said Corey Cantor, an electric vehicle analyst at the energy research firm BloombergNEF, it could take the Big Three several years to catch up to Tesla, which makes about 60 percent of fully electric vehicles sold in the United States.A strike could force Mr. Biden to choose between his commitment to workers and the need to avert a costly shutdown of the U.S. auto industry.Bill Pugliano/Getty ImagesData from BloombergNEF show that G.M., Ford and Stellantis together sold fewer than 100,000 battery electric vehicles in the United States last year; in 2017, Tesla alone sold 50,000. It took Tesla another five years to top half a million U.S. sales. (The Big Three also sold nearly 80,000 plug-in hybrids last year.)The three established automakers had hoped to use the transition to electric cars to bring their costs more in line with their competitors, said Sam Fiorani, vice president of global vehicle forecasting at AutoForecast Solutions, a research firm. If they can’t, he added, they will have to look for savings elsewhere.In a statement, Stellantis said its battery joint venture “intends to offer very competitive wages and benefits while making the health and safety of its work force a top priority.”Estimates shared by Ford put hourly labor costs, including benefits, for the three automakers in the mid-$60s, versus the mid-$50s for foreign automakers in the United States and the mid-$40s for Tesla.Ford’s chief executive, Jim Farley, said in a statement last month that the company’s offer to raise pay in the next contract was “significantly better” than what Tesla and foreign automakers paid U.S. workers. He added that Ford “will not make a deal that endangers our ability to invest, grow and share profits with our employees.”Mr. Biden and Democratic lawmakers had sought to offset this labor-cost disadvantage by providing an additional $4,500 subsidy for each electric vehicle assembled at a unionized U.S. plant, above other incentives available to electric cars. But the Senate removed that provision from the Inflation Reduction Act.Such setbacks have frustrated the U.A.W., an early backer of Mr. Biden’s clean energy plans. In May, the union, which normally supports Democratic presidential candidates, withheld its endorsement of Mr. Biden’s re-election.“The E.V. transition is at serious risk of becoming a race to the bottom,” Mr. Fain said in an internal memo. “We want to see national leadership have our back on this before we make any commitments.”The next month, Mr. Fain chided the Biden administration for awarding Ford a $9.2 billion loan to build three battery factories in Tennessee and Kentucky with no inducement for the jobs to be unionized.A BMW battery plant in South Carolina. The U.A.W. has struggled to unionize autoworkers in the South.Juan Diego Reyes for The New York TimesMr. Biden tapped Mr. Sperling, a Michigan native, to serve as the White House point person on issues related to the union and the auto industry around the same time. By late August, the Energy Department announced that it was making $12 billion in grants and loans available for investments in electric vehicles, with a priority on automakers that create or maintain good jobs in areas with a union presence.Mr. Sperling speaks regularly with both sides in the labor dispute, seeking to defuse misunderstandings before they escalate, and said the recent Energy Department funding reflected Mr. Biden’s commitment to jump-start the industry while creating good jobs.Complicating the picture for Mr. Biden is the growing chorus of Democratic politicians and liberal groups that have backed the autoworkers’ demands, even as they hail the president’s success in improving pay and labor standards in other green industries, like wind and solar.Nearly 30 Democratic senators signed a letter to auto executives this summer urging them to bring battery workers into the union’s national contract. Dozens of labor and environmental groups have signed a letter echoing the demand.The groups argue that the change would have only a modest impact on automakers’ profits because labor accounts for a relatively small portion of overall costs, a claim that some independent experts back.Yen Chen, principal economist of the Center for Automotive Research, a nonprofit group in Ann Arbor, Mich., said labor accounted for only about 5 percent of the cost of final assembly for a midsize domestic sedan based on an analysis the group ran 10 years ago. Mr. Chen said that figure was likely to be lower today, and lower still for battery assembly, which is highly automated.Beyond the economic case, however, Mr. Biden’s allies say allowing electric vehicles to drive down auto wages would be a catastrophic political mistake. Workers at the three companies are concentrated in Midwestern states that could decide the next presidential election — and, as a result, the fate of the transition to clean energy, said Jason Walsh, the executive director of the BlueGreen Alliance, a coalition of unions and environmental groups.“The economic effects of doing that are enormously harmful,” he said. “The political consequences would be disastrous.” More

  • in

    Restaurants and Unions Agree to Raise Pay to $20 an Hour in California

    The deal will avoid a ballot fight over a law passed last year that could have resulted in higher pay and other changes opposed by restaurant companies and franchisees.Labor groups and fast-food companies in California reached an agreement over the weekend that will pave the way for workers in the industry to receive a minimum wage of $20 per hour.The deal, which will result in changes to Assembly Bill 1228, was announced by the Service Employees International Union on Monday, and will mean an increase to the minimum wage for California fast-food workers by April. In exchange, labor groups and their allies in the Legislature will agree to the fast-food industry’s demands to remove a provision from the bill that could have made restaurant companies liable for workplace violations committed by their franchisees.The agreement is contingent on the withdrawal of a referendum proposal by restaurant companies in California that would have challenged the proposed legislation in the 2024 ballot. Businesses, labor groups and others have often used ballot measures in California to block legislation or advance their causes. The proposed legislation would also create a council for overseeing future increases to the minimum wage and enact workplace regulations.“With these important changes, A.B. 1228 clears the path for us to start making much-needed improvements to the policies that affect our workplaces and the lives of more than half a million fast-food workers in our state,” Ingrid Vilorio, a fast-food worker and union member, said in a statement released by the S.E.I.U.Sean Kennedy, executive vice president of public affairs at the National Restaurant Association, said the deal also benefited restaurants. “This agreement protects local restaurant owners from significant threats that would have made it difficult to continue to operate in California,” he said. “It provides a more predictable and stable future for restaurants, workers and consumers.”Last year, the California Legislature passed Assembly Bill 257, which would have created a council with the authority to raise the minimum wage to $22 per hour for restaurant workers. Gov. Gavin Newsom signed it on Labor Day last year.But the bill met fierce opposition from business interests and restaurant companies, and a petition received enough signatures to put a measure on the November 2024 ballot to stop the law from going into effect.Other business groups in California have successfully used that tactic to change or reverse legislation they opposed.In 2020, ride-sharing and delivery companies like Uber and Instacart campaigned for and received an exemption from a key provision of Assembly Bill 5, which was signed by Mr. Newsom and would have made it much harder for the companies to classify drivers as independent contractors rather than employees.Those companies collected enough signatures to get the issue on the ballot as Proposition 22, which passed in November 2020. More than $200 million was spent on that measure, making it the costliest ballot initiative in the state at the time.And in February, oil companies received enough signatures for a measure that aims to block legislation banning new drilling projects near homes and schools. That initiative will be on the 2024 ballot.In response to calls from advocacy groups who have said the referendum process unfairly benefits wealthy special-interest groups, and in an effort to demystify a system that many Californians say is confusing, Mr. Newsom signed legislation on Sept. 8 that aims to simplify the referendum process. More

  • in

    ‘I’m OK, but Things Are Terrible’

    If President Biden loses his bid for re-election, a key factor will be the widespread perception that the economy is doing badly on his watch. Poll after poll shows Americans rating economic conditions as very bad and giving Biden very low approval for his economic management.The strange thing is that these bad ratings are persisting even as the economy, by any normal measure, has been doing extremely well. Indeed, we’ve just experienced what Goldman Sachs is calling the “soft landing summer.” Inflation is down by almost two-thirds since its peak in June 2022, and this has happened without the recession and huge job losses many economists insisted would be necessary. Real wages, especially for nonsupervisory workers, are significantly higher than they were before the pandemic.Oh, and to correct a widespread misconception: No, these figures don’t exclude food and energy prices. The government does calculate measures of “core” inflation excluding those prices, but those are only for analytical and policy purposes.So why are people so negative about an economy that by all standard measures is doing very well?When I first began writing about the disconnect between public economic perceptions and what appeared to be economic reality, I got a lot of pushback, of two distinct kinds.First, there was the argument that there were real economic problems that justified public negativity. People really hate inflation, even if their incomes are keeping up, and a year ago real wages were still somewhat depressed. But at this point inflation is way down and real wages are up.Second, there was the argument that, in effect, the customer is always right: If people feel that they’re doing badly, you should figure out why, not lecture them that they should be feeling better.But here’s the funny thing: There’s substantial evidence that people don’t feel that they personally are doing badly. Both surveys and consumer behavior suggest, on the contrary, that while most Americans feel that they’re doing OK, they believe that the economy is doing badly, where “the economy” presumably means other people.Let me run through some of this evidence.The Federal Reserve conducts an annual survey of the economic well-being of households. At the end of 2022, 73 percent of households said that they were “at least doing OK financially,” down from the previous year (presumably because of the end of many pandemic aid programs) but not significantly below the number in 2019. In 2019, however, half the population said that the national economy was good or excellent; in 2022 that number was down to just 18 percent.Are people still doing OK? Well, consumer spending has been strong, suggesting that American families aren’t too worried about their financial situation.What about inflation? According to a recent poll by The Wall Street Journal, 74 percent of Americans say that inflation has moved in the wrong direction over the past year — a result stunningly at odds with the data, which shows inflation plunging. But are people really experiencing rising inflation?As it happens, several organizations regularly survey consumers to ask how much inflation they expect, and these expectations have come way down, which is completely at odds with claims that inflation is getting worse.Even better, I’d argue, are surveys that ask businesses not about the national economy but about their own prices or costs.The National Federation of Independent Business asks small-business owners whether they have increased or reduced prices over the past three months. More businesses are raising than are lowering prices, but the difference is much smaller than it was last year. The Federal Reserve Bank of Atlanta asks businesses how much they expect their costs to rise over the next year; their median answer is 2.5 percent, down from 3.8 percent last year.So when people are asked about their own experiences, not “the economy,” what they say about inflation is consistent with official data showing rapid improvement.The bottom line is that there is a real disconnect between what Americans say about the economy and reality — not just official data, but even their own experiences. It’s silly to deny that this disconnect exists.What explains negativity about a good economy? Partisanship is surely a factor: Republicans’ assessment of the current economy roughly matches what it was in June 1980, when unemployment was twice as high and inflation four times as high as they are now. Beyond that, the events of the past few years — not just inflation and higher interest rates but also the disruption Covid caused to everyone’s lives, and perhaps the sense that America is coming apart politically — may have engendered a sourness, an unwillingness to acknowledge good news even when it happens.Now Biden administration officials are trying hard to sell their economic accomplishments, as they should — if they don’t, who will? But will public opinion turn around? Nobody knows. We’re living in a world in which what people believe may have little to do with facts, including the facts of their own lives.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    An Unusual G.O.P. Presidential Debate

    The New York Times Audio app is home to journalism and storytelling, and provides news, depth and serendipity. If you haven’t already, download it here — available to Times news subscribers on iOS — and sign up for our weekly newsletter.The Headlines brings you the biggest stories of the day from the Times journalists who are covering them, all in about 10 minutes. Hosted by Annie Correal, the new morning show features three top stories from reporters across the newsroom and around the world, so you always have a sense of what’s happening, even if you only have a few minutes to spare.Eight candidates have qualified for the Republican debate on Wednesday.Associated PressOn Today’s Episode:Why Republican Candidates With Little Chance of Beating Trump Keep Running, with Trip GabrielUkraine’s Forces and Firepower Are Misallocated, U.S. Officials Say, with Eric SchmittIn a Hot Job Market, the Minimum Wage Becomes an Afterthought, with Ben CasselmanEli Cohen More

  • in

    As Sunak Makes His Case to Britons, the Economy Could Undermine It

    Britain’s Conservative government faces a morass of problems, some new, others longstanding, that are stymying Prime Minister Rishi Sunak.Prime Minister Rishi Sunak hopes to hold onto power by selling himself as the repairman for a broken Britain. On Wednesday, he got a faint sign that the repair work was gaining traction: the government announced that Britain’s inflation rate in June was 7.9 percent, a decline from the previous month.But the rate is still higher than that of Britain’s European neighbors and more than twice that of the United States. And it is just one of a morass of economic problems — from spiraling debt to labor shortages to sputtering growth — that are stymying Mr. Sunak as he makes the case that his Conservative Party, in government for the past 13 years, deserves to stay there after an election that he must call by January 2025.The Conservatives will face an early test of their political fortunes on Thursday, with three by-elections, special elections to fill seats in Parliament vacated by Tory lawmakers. The party is girding itself for a long day.“They’re running out of runway,” said Tim Bale, a professor of politics at Queen Mary University of London. “These by-elections are likely to be a referendum on the government, and they could lose all three.”Shoppers in London last month. Britain’s annual inflation rate is higher than that of its European neighbors and twice that of United States.Tolga Akmen/EPA, via ShutterstockMr. Sunak, a former chancellor of the Exchequer who once worked at Goldman Sachs, has cultivated a reputation as a technocrat and problem solver. He has thrown off the supply-side ideological experimentation of his predecessor, Liz Truss, and the have-your-cake-and-eat-it style of her predecessor, Boris Johnson.But Mr. Sunak’s return to fiscal prudence has yet to reinvigorate Britain’s growth. On the contrary, inflation is forcing the Bank of England to hike interest rates aggressively to avert a wage-price spiral. The tight-money policy threatens to tip the economy, already stagnant, into recession. And it is inflicting pain on millions of Britons who face soaring rents and higher rates on their mortgages.Inflation, economists agree, is likely to continue to drop in the next six months, perhaps even enough to meet Mr. Sunak’s goal of halving the rate to 5.2 percent by year-end. But Britain’s other problems — anemic growth, low productivity, a labor shortage, and a crumbling National Health Service — are not likely to be fixed in time for him to claim a full turnaround before he faces the voters.“Low productivity and low growth make economic policy challenging,” said Mahmood Pradhan, head of global macro economics at Amundi, an asset manager. “It reduces fiscal space. It’s a very tight straitjacket to be in.”With deteriorating public finances, Mr. Sunak can neither spend heavily to raise wages for striking doctors or railway workers, nor can he offer tax cuts to voters. As things stand, he is already at risk of missing another of his five pledges: to reduce national debt. Government debt has risen to more 100 percent of gross domestic product for the first time since 1961, according to the latest data.Striking junior doctors outside Queens Hospital in Rumford in March.Andrew Testa for The New York TimesFor two years, the government has frozen the income brackets for personal income taxes rather than raising them with inflation, driving up the effective rates. As a result, Mr. Sunak finds himself in an awkward paradox: a free-market Conservative heading into an election with a government that is imposing the greatest tax burden on the electorate since World War II.Critics argue he has no one to blame but himself. Mr. Sunak supported the fiscal austerity of the Conservative-led government of David Cameron and his chancellor, George Osborne, which hurt Britain’s productivity and hollowed out its public services. And he championed Brexit, which cut into its trade with the European Union, scared off investment and worsened its labor shortage.“He’s quite rare in being directly associated with both Cameron-Osborne austerity and Johnsonian hard Brexit,” said Jonathan Portes, a professor of economics and public policy at Kings College London. “Many other senior Tories could plausibly claim that they didn’t really buy into one or the other. Not Sunak.”This week’s by-elections attest to Mr. Sunak’s predicament. One seat belonged to Mr. Johnson, who resigned from Parliament after a committee recommended suspending him for misleading lawmakers about his attendance at parties during the coronavirus pandemic lockdowns. Another was held by an ally of Mr. Johnson, who also quit, and the third by a lawmaker who resigned after allegations of drug use and sexual misconduct.While Mr. Johnson’s soiled legacy and Conservative Party scandals will play a role in these races, analysts say the cost-of-living crisis will be the dominant theme. Few governments, Professor Bale noted, win elections when real wages are eroding, as they are in Britain. In the latest polls, the opposition Labour Party leads the Conservatives by close to 20 percentage points.The specter of a sweeping defeat has put Mr. Sunak under pressure from Tory backbenchers to offer voters relief in the form of tax cuts or help in paying their mortgages. The most analysts expect, however, is for him to promise a reduction in income taxes next spring, to be deferred until after the election.As Mr. Sunak likes to remind people, not all of Britain’s problems are unique or self-inflicted. Like many other countries, it suffered from supply bottlenecks after pandemic lockdowns ended, from rising food prices and from the lingering impact of soaring energy prices after Russia invaded Ukraine.Yet Britain’s core inflation rate — which excludes volatile energy and food prices and is a gauge for domestic price pressures — has remained high at 6.9 percent, compared to 4.8 percent in the United States and 5.4 percent in the eurozone.“That does suggest these inflation dynamics have become more embedded than they have in other countries,” said Kristin Forbes, a professor of management and global economics at the Massachusetts Institute of Technology, and a former member of the Bank of England’s rate-setting committee.Britain, she said, had the misfortune of being hit by both the energy spike, like its neighbors in Europe, and strong domestic inflationary pressures because of a tight labor market, like the United States.Commuters cross London Bridge last week. Unlike most countries, Britain still has more people out of the labor force than before the pandemic.Andy Rain/EPA, via Shutterstock“The U.K. was facing a more difficult challenge than the other countries, in the sense it was really hit by a confluence of shocks that were greater than the individual shocks hitting other countries,” Professor Forbes said.But there are other problems that are distinctively British. Unlike most countries, Britain still has more people out of the labor force than before the pandemic. A majority say they can’t work because of long-term illnesses, a problem exacerbated by the crisis in the N.H.S. With so many job vacancies, wages are rising rapidly, which further fuels inflation.Mr. Sunak has offered to increase public sector wages by 5 percent to 7 percent to end strikes that have closed Britain’s schools and crippled the health service. But that has yet to quell the labor unrest.Britain has so far avoided a recession, surprising some economists. But its resilience could crack, as people curtail spending to pay their rising mortgage bills. Already, about 4.5 million households have had to swallow rate increases since the Bank of England started raising interest rates in December 2021. The rest, another 4 million, will be affected by higher rates by the end of 2026.As with other Western leaders, Mr. Sunak’s fortunes may be largely out of his hands. Last month, the Bank of England, stung by the virulence of inflation, unexpectedly raised interest rates by half a percent, to 5 percent. Traders are betting that rates will climb further still, to about 5.8 percent by the end of the year — implying several more rate increases that would mean higher financing costs for businesses and households and hurt economic growth even more.“The more tightening we see, the risk of recession rises,” said Mr. Pradhan, who served as a deputy director of the International Monetary Fund. “It wouldn’t take very much to tip the U.K. economy into recession.” More

  • in

    Greek Youths, Shaped by Debt Crisis, Plan to Vote for Stability

    Many children of Greece’s traumatic years of economic collapse have opted for pragmatism over radicalism and say they will back a conservative on Sunday.Days before this Sunday’s election in Greece, three young women with piercings and ironic T-shirts who sat outside a hipster coffee shop in an Athens neighborhood best known as a hub of anarchist fervor said they wanted stability.“Money is important — you can’t live without money,” said Mara Katsitou, 22, a student who grew up during the country’s disastrous financial crisis and one day hoped to open a pharmacy. “There’s nothing that matters to someone more than the economy.”As a result, she said, she would cast her vote for Kyriakos Mitsotakis, 55, the square, conservative prime minister who graduated from Harvard, who is fond of riding his bike and who, polls suggest, will win convincingly on Sunday in a second national election. With Mr. Mitsotakis — who is also the son of a former prime minister — Ms. Katsitou said, she had “definitely a better chance.” About a third of young voters like her feel the same, polls indicate.After spending impressionable years amid so much panic, desperation and humiliation during the decade-long financial crisis that erupted in 2010 — and which collapsed the Greek economy — many of Greece’s depression-era children have grown up to say they have no interest in ever turning back.In many quarters, youthful radicalism has given way to unexpected pragmatism, a yearning for prosperity and a steady hand, and an inclination to overlook or at least mute outrage over any number of scandals that have dogged Mr. Mitsotakis.Young Greeks have expressed no interest in going back to the realities of the 2010s. At the peak of the crisis, nearly one in three Greeks were jobless, and many struggled to buy food and pay bills.Byron Smith for The New York TimesIn recent days, a shipwreck that killed possibly more than 600 migrants has raised new questions about the Mitsotakis government’s hard-line measures to curb arrivals of migrants. The wiretapping of an opposition leader by the state’s intelligence service and Mr. Mitsotakis’s consolidation of Greek media has prompted concerns about the erosion of democratic norms. A train crash that killed 57 people in February revealed the shabby state of key Greek infrastructure, for which he apologized.But for Greeks, including an increasing number of younger Greeks, polls show that all of those issues pale in comparison to the country’s economic stability and fortunes.Mr. Mitsotakis’s government has spurred growth at twice the eurozone average by cutting taxes and debt, and by increasing digitization, minimum wages and pensions. Big multinational corporations are investing in the country. Tourism is skyrocketing. The country is paying back creditors ahead of schedule, increasing the chances of rating agencies lifting Greece’s bonds out of junk status.“It’s all about jobs, about, you know, raising disposable income and bringing in a lot of investment and about growing the economy much faster,” Mr. Mitsotakis said in a recent interview. “This was always my bet, and I think that we delivered, if you look at the numbers.”A bus stop with a campaign poster for Prime Minister Kyriakos Mitsotakis this month in Athens.Byron Smith for The New York TimesGreece’s 2010 debt crisis was a searing national catastrophe. Humiliating bailouts connected to seemingly endless austerity measures slashed household incomes by a third and sent unemployment skyrocketing as hundreds of thousands of businesses collapsed.At the peak of the crisis, in 2013, nearly one in three Greeks were jobless, and many were disheartened after years of violent protests, in which demonstrators clashed with the police in the streets of Athens and other cities in clouds of tear gas. Scenes of the most desperate people trawling through bins for food — once unheard-of — shocked the majority of Greeks who struggled to make ends meet.“We still have a deep sort of legacy of 10 years of a crisis,” Mr. Mitsotakis acknowledged in the interview. “Not many people appreciated how painful the crisis was — we lost 25 percent of our” gross domestic product.Mr. Mitsotakis, the standard-bearer for the New Democracy party, has won over a sizable share of the generation that grew up in that time, increasing his support among voters aged 17 to 24 by three points, to 33 percent.Just as telling, support among young voters for his leftist opponent, former Prime Minister Alexis Tsipras, the leader of the Syriza party, has collapsed, falling to 24 percent from 38 percent since the 2019 elections, when Mr. Mitsotakis defeated him.In an initial election in May, Mr. Mitsotakis’s party thrashed Syriza by 20 points, but it was not enough of a majority to lead a one-party government. Instead of cobbling together a coalition, Mr. Mitsotakis opted for another election. With a new, more favorable election law that gives a bonus of seats to the leading vote-getter, he now hopes to win a landslide victory that will allow him to govern alone.Overall, Mr. Tsipras is trailing Mr. Mitsotakis by more than 20 points.Support for Alexis Tsipras, the leader of the left-wing Syriza party, among young voters has fallen since he was defeated by Mr. Mitsotakis in the 2019 elections.Byron Smith for The New York TimesThat is despite his efforts to depict Mr. Mitsotakis as an undemocratic, arrogant and unaccountable strongman who he says has overseen a “massive redistribution of wealth from the many to the few” in his four years in power.Not all young voters, of course, are behind Mr. Mitsotakis. Many complain that the prosperity that is supposed to kick-start their lives is making things so costly that they cannot move out of their homes.Not all of the economic indicators are good, either. Greece still has the European Union’s highest national debt, and it is the second-poorest nation in the European Union, after Bulgaria. Tax evasion is still common.Mr. Tsipras has tried to convince young voters that, in fact, he, not Mr. Mitsotakis, is not only the true agent of change, but also of stability. He has promised financial relief, including better health benefits, though it remains unclear how those would be funded.“We’ll fight so that hope for justice and prosperity for all is not lost in this country, for a fair society and prosperity for everyone,” Mr. Tsipras said this week at a campaign event in the western city of Patra.Some voters, suffering under rising prices and exponentially increasing rents, support him.“The crisis isn’t over; it’s still here,” said Grigoris Varsamis, 46, who said his record shop’s electric bills were through the roof and that he would vote for Mr. Tsipras.An information booth for former Prime Minister Alexis Tsipras this month in Athens.Byron Smith for The New York TimesBut there is little doubt that Mr. Tsipras, a former Communist firebrand who governed in the latter years of the financial crisis, has been tainted by a lasting association with the pain of that era.In 2015, under his leadership, Greeks voted to reject Europe’s draconian aid package, and Greece was nearly ejected from the eurozone. Social unrest returned and talk of “Grexit,” referring to Greece exiting the eurozone, mounted. Many young Greeks who grew up during that time feel scarred by the Syriza experience.Grigoris Kikis, 26, an award-winning chef at the restaurant Upon in Athens, remembers that the financial crisis coincided with his trying to break into the world of restaurants as a 13-year-old volunteering in kitchens after school.As restaurants closed and his father fretted about paying his workers, the chefs around him worried about the budgets for produce, meat, plates and glasses. When they wanted to try out a new dish, they could afford to test it only once.Today, Mr. Kikis runs a popular bistro in Athens with a 300-label wine list, in-house coffee-roasting machines and an eclectic menu with plates tried 25 times before they make the cut.“The restaurant is full every day,” he said, explaining that he would vote for Mr. Mitsotakis to keep it that way. “Many people my age care most about the economy. They say there is more opportunity and higher salaries, and maybe people will come from abroad and want to work in Greece because things changed for the better.”Grigoris Kikis, a chef in Athens, said people his age felt strongly about the future of their country’s economy.Byron Smith for The New York TimesThe same is true for Nikos Therapos, 29, a sustainability consultant. When he was 16, he said, the drastic cutting of the public budgets cost his mother, a kindergarten teacher, her job. His father’s company, in the hard-hit construction industry, shrank, too.“I remember very clearly about not being so optimistic about my professional career,” he said.In 2015, when he was studying business in Brussels, Greece was embroiled in intense political and social upheaval, and, Mr. Therapos recalled, his fellow students shunned him in working groups.“I was regarded as the lazy Greek, even though they didn’t know anything about me,” he said. “It was really unfair for me and my generation.”But in the past four years, Mr. Therapos said, there had been a change.“I cannot say we are back to normality for the simple reason that I have never known normality,” he said. But for the first time, he said, he felt “confident in our future.”Many of his more leftist friends had also shifted to Mr. Mitsotakis, Mr. Therapos said, because they want a “stable and sustainable economic system.”Unsurprisingly, Mr. Mitsotakis agreed.“At the end of the day,” he said, “Greece is no longer a problem for the eurozone. I think this offers a lot of people relief.” More