Willis, Fani T

Subterms

    More stories

    • 100 Shares189 Views

      in Elections

      ¿Cuáles son las seis investigaciones que enfrenta Trump?

      by

      Sin el poder de la presidencia, el exmandatario enfrenta a una multitud de fiscales y abogados que lo investigan a él y a sus asociados.WASHINGTON — La oficina que el expresidente Donald Trump instaló en el segundo piso de su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, en parte es una réplica del Despacho Oval y también es un homenaje a su paso por la verdadera Casa Blanca.Durante una visita el año pasado, sobre la pared se veían seis de sus fotografías favoritas, incluidas aquellas donde aparece con la reina Isabel II y Kim Jong-un. También se podían ver algunas monedas de membresía, una placa conmemorativa de su muro fronterizo y un retrato del expresidente hecho con casquillos de bala, regalo de Jair Bolsonaro, a quien llaman el Trump de Brasil.Esa oficina se ha convertido en la fortaleza de Trump en el exilio y en su sala de guerra, el cuartel general del extenso conflicto con las investigaciones que ha llegado a consumir la etapa posterior a su presidencia. Se trata de una guerra en varios frentes, con campos de batalla en Nueva York, Georgia y la capital del país, con una lista cambiante de abogados y una ventisca de acusaciones de irregularidades que son difíciles de seguir.Nunca antes un expresidente se había enfrentado a un conjunto de investigaciones federales, estatales y del Congreso tan amplio como el de Trump, quizá son las consecuencias de una carrera empresarial y, al final, política que ha vivido al límite o tal vez por encima de cualquier límite. Ya sea en relación con sus prácticas empresariales engañosas, sus esfuerzos por anular unas elecciones democráticas o su negativa a entregar documentos gubernamentales confidenciales que no le pertenecían, los diversos problemas jurídicos de Trump se derivan de la misma sensación de que las normas que los demás deben cumplir no aplican para él.El relato de cómo llegó a este punto es único en la historia y bastante predecible. Desde hace medio siglo, Trump ha evadido investigaciones y problemas legales, desde que el Departamento de Justicia demandó a su empresa familiar por discriminación racial y a través de las innumerables investigaciones que le siguieron a lo largo de los años. Cuenta con un notable historial de esquivar los peores resultados, pero es posible que ahora esté enfrentando tantas investigaciones que la salida sea incierta.Su visión del sistema legal siempre ha sido transaccional: es un arma para ser utilizada, ya sea por él o en su contra, y rara vez se ha sentido intimidado por las citaciones y declaraciones juradas que conmocionarían a cualquier persona menos acostumbrada a los litigios. En el aspecto civil, ha estado involucrado en miles de juicios con socios comerciales, proveedores y otros, muchos de los cuales lo demandaron porque se negó a pagar sus cuentas.Mientras era presidente, una vez explicó su visión del sistema legal a algunos colaboradores, diciendo que acudiría a los tribunales para intimidar a los adversarios porque solo amenazar con demandar no era suficiente.“Cuando amenazas con demandar, no hacen nada”, le dijo Trump a sus asistentes. “Dicen: ‘¡Psshh!’. Y siguen haciendo lo que quieren”, afirmó mientras agitaba su mano en el aire. “Pero, cuando los demandas, dicen: ‘¡Oooh!’, y se conforman. Es tan fácil como eso”, dijo con una mueca.Cuando, siendo presidente, comenzó a perder batallas jurídicas con regularidad arremetió contra el sistema de justicia. En un momento dado, cuando el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, un tribunal liberal por tradición con sede en California, falló en contra de una de sus políticas, exigió a sus asesores que se deshicieran del tribunal. “Cancelémoslo”, dijo, como si se tratara de un acto de campaña y no de un sistema judicial establecido por ley. Si para ello es necesario redactar una legislación, que se haga un proyecto de ley para “deshacernos” de los jueces, dijo, utilizando un improperio.Pero sus asistentes lo ignoraron y ahora que no tiene el poder de la presidencia debe enfrentarse a una serie de fiscales y abogados que lo tienen a él, y a sus socios, en la mira. Algunas de las cuestiones son añejas, pero muchas de las semillas de su actual peligro jurídico se plantaron en los frenéticos últimos días que pasó en el cargo, cuando trató de anular la voluntad de los electores y aferrarse al poder mediante una serie de mentiras sobre un fraude electoral inexistente.Es bastante comprensible que muchos estadounidenses hayan perdido el hilo de todas las investigaciones en medio del torbellino de mociones, audiencias y sentencias de las últimas semanas. Pero, en esencia, son estas.Estado de Nueva YorkMucho antes de llegar a la presidencia, se puede decir que Trump, en muchos sentidos, se tomaba a la ligera sus negocios. La pregunta es si violó la ley de alguna manera. Durante años, según sus propios socios, infló el valor de varias propiedades para obtener préstamos.Durante más de tres años, Letitia James, la fiscala general del estado de Nueva York, ha analizado sus prácticas comerciales para determinar si constituyeron fraude. Cuando citó a Trump para que testificara, él invocó más de 400 veces el derecho que otorga la Quinta Enmienda para no responder preguntas con base en que sus respuestas podrían incriminarlo.Trump ha atacado a James con el argumento de que es una demócrata partidista que lo persigue por motivos políticos. Durante su candidatura de 2018, ella criticó a Trump sin rodeos, dijo que era un “presidente ilegítimo” y sugirió que los gobiernos extranjeros canalizaron dinero a las propiedades inmobiliarias de su familia, lo que caracterizó como un “patrón y práctica de lavado de dinero”.Hace poco, los abogados de Trump trataron de llegar a un acuerdo en el caso, lo que podría indicar la preocupación que sienten por su riesgo jurídico, pero James rechazó su oferta. Debido a que su investigación es civil, y no penal, ella tendría que decidir si sus hallazgos justifican una demanda en la que se acuse de fraude al expresidente.ManhattanLa fiscalía de distrito de Manhattan, ahora a cargo de Alvin L. Bragg, se ha ocupado de algunos de esos asuntos como parte de una investigación penal y está a punto de llevar a juicio a partir del 24 de octubre a la Organización Trump, la empresa familiar del expresidente, por cargos de fraude y evasión fiscal.Allen H. Weisselberg, el director de finanzas de toda la vida de la Organización Trump, se declaró culpable de 15 delitos graves y admitió que se asoció ilegalmente con la empresa para implementar un plan con la finalidad de evadir impuestos sobre lujosas prebendas. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Weisselberg está obligado a testificar en el próximo juicio. Pero Trump no es acusado en ese juicio y Weisselberg se negó a cooperar con la investigación más extensa.Allen Weisselberg, quien durante mucho tiempo fue el director financiero de la Organización Trump, se declaró culpable de 15 delitos graves relacionados con su trabajo en la empresa.Jefferson Siegel para The New York TimesPero después de que Bragg asumió el cargo en enero, le dijo al equipo que trabajaba en la investigación que estaba escéptico ante la posibilidad de que tuvieran pruebas suficientes para condenar al propio Trump. Eso hizo que los dos fiscales que dirigían la investigación renunciaran, y uno dijo en su carta de renuncia que el expresidente era “culpable de numerosos delitos graves” y que era “una grave falta de justicia” no hacerlo responsable.GeorgiaEl 2 de enero de 2021, Trump se puso en un posible riesgo jurídico en el estado de Georgia cuando llamó a Brad Raffensperger, el secretario de Estado, y le exigió “encontrar 11.780 votos”, los suficientes para cambiar el resultado y arrebatarle el estado a Joe Biden. Durante la llamada, Trump le advirtió a Raffensperger, quien es republicano, que enfrentaba un “gran riesgo” si no lograba encontrar esos votos, una amenaza implícita que el georgiano desafió.Los aliados de Trump también intentaron presionar a los funcionarios estatales para que cambiaran los resultados y, como hicieron en otros estados clave que ganó su opositor, trataron de armar una lista de electores falsos para enviarlos a Washington para que votaran en el Colegio Electoral a favor del presidente derrotado en lugar de Biden, que ganó el voto popular en Georgia.Fani T. Willis, la fiscala de distrito del condado de Fulton, inició una amplia investigación y presionó para obtener la declaración del senador republicano de Carolina del Sur Lindsey Graham e informó a Rudy Giuliani, el abogado del expresidente, que también es parte de su investigación.Willis parece estar construyendo un posible caso de asociación delictiva para cometer fraude electoral o chantaje mediante un esfuerzo coordinado para socavar las elecciones. Además de Giuliani, se ha informado a múltiples aliados del expresidente que también se les investiga, incluido el presidente del partido estatal y los miembros de la lista de electores falsos.Trump ha subestimado a Willis, una demócrata que fue elegida en la misma votación de 2020 en la que él perdió, diciendo que su investigación es, en palabras de un portavoz el año pasado, “simplemente el último intento de los demócratas para sumar puntos políticos al continuar con su cacería de brujas contra el presidente Trump”.CongresoLa Comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, compuesta por siete demócratas y dos republicanos, ha hecho más por exponer un posible caso penal contra Trump en el espacio público que cualquiera de las personas que investigan al expresidente.En su serie de audiencias celebradas a lo largo del verano, que podrían reanudarse el 28 de septiembre, los asesores de Trump rindieron testimonio e indicaron que se le informó en varias ocasiones que las elecciones de 2020 no habían sido robadas, que lo que estaba diciendo a la opinión pública no era cierto, que no había fundamentos para impugnar el resultado e incluso que la multitud que convocó el 6 de enero incluía a algunas personas armadas.La comisión documentó los amplios esfuerzos de Trump para aferrarse al poder: cómo presionó no solo a Raffensperger, sino a funcionarios en varios estados para que cambiaran los resultados, cómo contempló declarar la ley marcial y apoderarse de máquinas electorales, cómo trató de obligar al Departamento de Justicia para que interviniera aun cuando se le dijo que no había motivos, cómo conspiró con aliados del Congreso para llevar electores falsos a la votación del Colegio Electoral y en última instancia cómo trató de obligar a su propio vicepresidente a bloquear la victoria de Biden.La comisión no tiene facultades para iniciar un proceso judicial, pero acudió a los tribunales para hacer cumplir citatorios para testificar e hizo que el Departamento de Justicia emitiera cargos por desacato al Congreso en contra de Steve Bannon y Peter Navarro, dos exaliados de Trump. Bannon fue condenado y espera su sentencia; Navarro solicitó al tribunal que desestimara su caso.Sin embargo, aunque los legisladores no pueden acusar a Trump, están debatiendo si deben recomendar al Departamento de Justicia que lo haga. Eso tiene poco significado sustantivo, pero incrementaría la importancia del fiscal general Merrick Garland.Fani T. Willis, la fiscala de distrito del condado de Fulton, ha hecho una amplia investigación.Nicole Craine para The New York TimesStephen Bannon, exasesor de Trump, fue declarado culpable de desacato al Congreso.Jefferson Siegel para The New York TimesEl 6 de eneroEn muchos sentidos, Garland sigue siendo el mayor misterio a medida que Trump busca obstaculizar a los investigadores. Garland, un exfiscal y juez de apelación ecuánime y bastante respetado, no ha dicho mucho para dar pistas, pero es evidente que su departamento está siguiendo múltiples líneas en su investigación sobre lo que ocurrió antes del 6 de enero y ese día.El departamento ha entrevistado o llevado ante un gran jurado a exasistentes de la Casa Blanca, como Pat A. Cipollone y Marc Short; también incautó los teléfonos o dispositivos electrónicos de aliados de Trump como John Eastman, Jeffrey Clark y Mike Lindell y hasta de un miembro del Congreso y en fechas recientes envió cerca de 40 citatorios a exasesores de la Casa Blanca, entre los cuales se encuentran Stephen Miller y Dan Scavino, además de otros personajes cercanos al expresidente.Tras pasar buena parte de los últimos 18 meses procesando a cientos de seguidores de Trump que ingresaron por la fuerza al Capitolio, parece que el equipo de Garland está analizando varios ángulos, incluido el plan de los electores falsos, la operación de recaudación de fondos de Trump mientras promovía afirmaciones falsas sobre el fraude electoral y la intervención del presidente mismo para tratar de anular las elecciones.Lo que no está claro es si Garland ya tiene una teoría del caso. Si bien las citaciones indicaban que los investigadores estaban analizando, entre otras cosas, los intentos de “obstruir, influir, impedir o retrasar” la certificación de las elecciones presidenciales, el departamento aún tiene que acusar a las personas cercanas a Trump y, por lo tanto, no ha presentado ninguna conclusión legal sobre las acciones tomadas por su oficina.Una persona que aún no sabe si será citada es el mismo Trump, pero sigue siendo una posibilidad. Con el fin de prepararse para el día en que los investigadores se presenten en su puerta, Trump ha estado buscando abogados que lo representen, ya que muchos de sus abogados anteriores ya no quieren involucrarse con él o tienen que enfrentar sus propios problemas legales.Los documentos clasificadosComo si Trump ya no estuviese expuesto a suficientes problemas jurídicos por los sucesos acaecidos durante sus últimos días en el cargo, al irse de la Casa Blanca tomó decisiones que también le han causado problemas.La última amenaza para el expresidente se deriva de su insistencia en llevarse a casa miles de documentos propiedad del gobierno, incluidos cientos que están marcados con varias designaciones de clasificado, además no los devolvió todos cuando se lo pidieron.El equipo de Garland ha indicado en documentos judiciales que no solo está analizando los cargos penales relacionados con el mal manejo de documentos clasificados, sino, además, la obstrucción de la justicia. Un abogado de Trump firmó un documento que afirmaba que su cliente había devuelto todos los documentos clasificados en su poder, lo cual se comprobó que era falso cuando los agentes del FBI allanaron Mar-a-Lago y encontraron cajas de esos documentos. Los investigadores indicaron que los archivos tal vez fueron escondidos y los cambiaron de ubicación en vez de entregarlos.En el caso de los documentos, la estrategia jurídica de Trump se parece al método que ha empleado a lo largo de los años: encontrar maneras de retrasar y despistar a sus adversarios. Al convencer a una jueza federal, a la que confirmó en el puesto durante los últimos días de su presidencia, para que impidiera que los investigadores usaran los documentos recuperados mientras los analiza un inspector especial, les ató las manos a los fiscales por el momento.Pero eso puede no durar para siempre. La semana pasada dijo que “no me puedo imaginar ser acusado”, pero admitió que “siempre es una posibilidad” porque los fiscales están “simplemente enfermos y trastornados”. Y afirmó que desclasificó los papeles que tomó, aunque no hay registro de eso.Pero su estrategia real es clara: esta es una batalla tanto política como legal, y advirtió sombríamente que habría “grandes problemas” si lo acusaban porque sus partidarios, “simplemente no lo soportarían”.Cuando el locutor de radio Hugh Hewitt le dijo que sus críticos interpretarían eso como incitar a la violencia, Trump dijo: “Eso no es incitar. Solo digo mi opinión. No creo que la gente de este país lo toleraría”.Peter Baker es el corresponsal jefe de la Casa Blanca y ha cubierto a los últimos cinco presidentes para el Times y The Washington Post. Es autor de siete libros, el más reciente The Divider: Trump in the White House, 2017-2021, coescrito con Susan Glasser, que se publicará en septiembre. @peterbakernyt • Facebook More

    • 125 Shares99 Views

      in Elections

      A Local Prosecutor Takes on Trump and Crime in Atlanta

      by

      ATLANTA — Fani T. Willis strode up to a podium in a red dress late last month in downtown Atlanta, flanked by an array of dark suits and stone-faced officers in uniform. Her voice rang out loud and clear, with a hint of swagger. “If you thought Fulton was a good county to bring your crime to, to bring your violence to, you are wrong,” she said, facing a bank of news cameras. “And you are going to suffer consequences.”Ms. Willis, the district attorney for Fulton County, Ga., had called the news conference to talk about a street gang known as Drug Rich, whose members had just been indicted in a sprawling racketeering case. But she could have been talking about another crew that she is viewing as a possible criminal enterprise: former President Donald J. Trump and his allies who tried to overturn his narrow 2020 election loss in Georgia.In recent weeks, Ms. Willis has called dozens of witnesses to testify before a special grand jury investigating efforts to undo Mr. Trump’s defeat, including a number of prominent pro-Trump figures who traveled, against their will, from other states. It was long arm of the law stuff, and it emphasized how her investigation, though playing out more than 600 miles from Washington, D.C., is no sideshow.Rather, the Georgia inquiry has emerged as one of the most consequential legal threats to the former president, and it is already being shaped by Ms. Willis’s distinct and forceful personality and her conception of how a local prosecutor should do her job. Her comfort in the public eye stands in marked contrast to the low-key approach of another Trump legal pursuer, Attorney General Merrick B. Garland.Ms. Willis, 50, a Democrat, is the first Black woman to lead Georgia’s largest district attorney’s office. In her 19 years as a prosecutor, she has led more than 100 jury trials and handled hundreds of murder cases. Since she became chief prosecutor, her office’s conviction rate has stood at close to 90 percent, according to a spokesperson.Her experience is the source of her confidence, which appears unshaken by the scrutiny — and criticism — the Trump case has brought.Poll workers sort ballots in Decatur, Ga., in 2021.Nicole Craine for The New York TimesShe tends to speak as if the world were her jury box. Sometimes she is colloquial and warm. In a recent interview, she noted, as an aside, how much she loved Valentine’s Day: “Put that in there, in case I get a new boo,” she said. But she can also throw sharp elbows. In a heated email exchange in July over the terms of a grand jury appearance by Gov. Brian Kemp, a Republican, Ms. Willis called the governor’s lawyer, Brian McEvoy, “wrong and confused,” and “rude,” among other things.“You have taken my kindness as weakness,” she wrote, adding: “Despite your disdain this investigation continues and will not be derailed by anyone’s antics.”Understand Georgia’s Trump Election InvestigationCard 1 of 5An immediate legal threat to Trump. More

    • 125 Shares119 Views

      in Elections

      Judge Says Lindsey Graham Can Be Questioned About Election Activity

      by

      Prosecutors in Atlanta have called the Republican senator to testify before a special grand jury investigating efforts by Donald J. Trump and his allies to overturn his election loss.ATLANTA — In a setback for Senator Lindsey Graham, a federal judge ruled on Thursday that prosecutors can ask him about certain elements of his November 2020 phone calls with Brad Raffensperger, the Georgia secretary of state. Mr. Raffensperger has said that in those calls, Mr. Graham suggested rejecting mail-in votes in the presidential election from counties with high rates of questionable signatures.The order from U.S. District Judge Leigh Martin May must now be taken up for consideration by the 11th Circuit Court of Appeals. It is the latest twist in a protracted legal drama in which Mr. Graham has sought to avoid appearing before a special grand jury in Atlanta that is investigating efforts by Donald J. Trump and his allies to overturn Mr. Trump’s narrow loss in the state in 2020.Mr. Graham’s phone calls to Mr. Raffensperger were followed, weeks later, by a call from Mr. Trump himself, who asked Mr. Raffensperger to “find” 11,780 votes to put him over the top.Mr. Graham has argued that he should not have to comply at all with a subpoena to testify before the special grand jury. His lawyers raised issues of sovereign immunity and the fact that Mr. Graham is “a high-ranking government official.”Judge May rejected those arguments in a ruling in mid-August. But a week later, the appellate court asked the judge to determine whether limits should be applied to Mr. Graham’s testimony, based on the U.S. Constitution’s Speech or Debate clause, which protects lawmakers from being questioned about their legitimate legislative functions.Understand Georgia’s Trump Election InvestigationCard 1 of 5Understand Georgia’s Trump Election InvestigationAn immediate legal threat to Trump. More

    • 125 Shares189 Views

      in Elections

      Is a Local Prosecutor Making the Strongest Case Against Trump?

      by

      Rachel Quester and Marion Lozano and Listen and follow The DailyApple Podcasts | Spotify | StitcherSince he left office, former President Donald J. Trump has been facing several investigations.They include the congressional inquiry into the Jan. 6 attack at the Capitol and the F.B.I.’s search of Mar-a-Lago, his club and Florida residence, as part of an investigation into his handling of classified material.Of all the government investigations, the one that is receiving the least attention — a case being made by a local prosecutor in Georgia — may end up being the most consequential.On today’s episodeRichard Fausset, a correspondent based in Atlanta for The New York Times.Fani T. Willis, an Atlanta area district attorney, is casting a wide net as she looks at what happened in Georgia after the 2020 election.Alyssa Pointer/Atlanta Journal-Constitution via APBackground readingOver a year into a criminal investigation of election interference by Mr. Trump and his allies, a Georgia prosecutor is beginning to show the broad contours of her inquiry.Fani T. Willis, the Atlanta area district attorney, is seeking to build a broad conspiracy case that encompasses multifaceted efforts by Trump allies to disrupt and overturn the 2020 election.There are a lot of ways to listen to The Daily. Here’s how.We aim to make transcripts available the next workday after an episode’s publication. You can find them at the top of the page.Richard Fausset contributed reporting.The Daily is made by Lisa Tobin, Rachel Quester, Lynsea Garrison, Clare Toeniskoetter, Paige Cowett, Michael Simon Johnson, Brad Fisher, Chris Wood, Jessica Cheung, Stella Tan, Alexandra Leigh Young, Lisa Chow, Eric Krupke, Marc Georges, Luke Vander Ploeg, M.J. Davis Lin, Dan Powell, Dave Shaw, Sydney Harper, Robert Jimison, Mike Benoist, Liz O. Baylen, Asthaa Chaturvedi, Rachelle Bonja, Diana Nguyen, Marion Lozano, Corey Schreppel, Anita Badejo, Rob Szypko, Elisheba Ittoop, Chelsea Daniel, Mooj Zadie, Patricia Willens, Rowan Niemisto, Jody Becker, Rikki Novetsky, John Ketchum, Nina Feldman, Will Reid, Carlos Prieto, Sofia Milan, Ben Calhoun and Susan Lee.Our theme music is by Jim Brunberg and Ben Landsverk of Wonderly. Special thanks to Sam Dolnick, Paula Szuchman, Lisa Tobin, Larissa Anderson, Cliff Levy, Lauren Jackson, Julia Simon, Mahima Chablani, Desiree Ibekwe, Wendy Dorr, Elizabeth Davis-Moorer, Jeffrey Miranda, Renan Borelli and Maddy Masiello. More

    • 75 Shares149 Views

      in Elections

      Election Data Breach Attracts Georgia Investigators

      by

      The district attorney in Atlanta is seeking to build a broad conspiracy case that encompasses multifaceted efforts by Trump allies to disrupt and overturn the 2020 election.The day after Donald J. Trump’s supporters stormed the Capitol, a small group working on his behalf traveled to rural Coffee County, Ga., about 200 miles southeast of Atlanta.One member of the group was Paul Maggio, an executive at a firm based in Atlanta called SullivanStrickler, which helps organizations analyze and manage their data. His company had been hired by Sidney Powell, a conspiracy theorist and lawyer advising Mr. Trump, who was tasked with scouring voting systems in Georgia and other states. It was part of an effort by Trump allies in a number of swing states to access and copy sensitive election software, with the help of friendly election administrators.“We are on our way to Coffee County, Georgia, to collect what we can from the election/voting machines and systems,” Mr. Maggio wrote to Ms. Powell on the morning of Jan. 7, 2021, according to an email exchange that recently emerged in civil litigation. Weeks later, Scott Hall, an Atlanta-area Trump supporter and bail bondsman who traveled to Coffee County on a chartered plane, described what he and the group did there.“We scanned every freaking ballot,” he said in a recorded phone conversation in March 2021. Mr. Hall said that the team had the blessing of the local elections board and “scanned all the equipment, imaged all the hard drives and scanned every single ballot.”This week, court filings revealed that the Coffee County data breach is now part of the sprawling investigation into election interference being conducted by Fani T. Willis, the district attorney of Fulton County, Ga., which encompasses most of Atlanta.Though Coffee County is well outside of her jurisdiction, Ms. Willis is seeking to build a broad conspiracy and racketeering case that encompasses multifaceted efforts by Trump allies to disrupt and overturn the lawful election of Joseph R. Biden Jr. On Aug. 16, the Georgia Bureau of Investigation also confirmed that it was working with the Georgia secretary of state’s office on an investigation into the Coffee County data breach, court records show. Many of the details of the Coffee County visit were included in emails and texts that surfaced in civil litigation brought by voting rights activists against Georgia’s secretary of state; news of the breach was reported earlier by The Washington Post.A Trump supporter protested election results at the Georgia State Capitol in 2020.Audra Melton for The New York TimesSimilar breaches coordinated by Trump allies played out in several swing states. This month, Michigan’s attorney general, Dana Nessel, a Democrat, sought the appointment of a special prosecutor to investigate data breaches there. She is seeking to remove herself from the case because one of the people potentially implicated in the scheme is her likely Republican election opponent, Matthew DePerno. Ms. Powell did not immediately respond to a request for comment.SullivanStrickler, in a statement released by a law firm representing the company, said it “has never been part of a ‘pro-Trump team’ or any ‘team’ whose goal is to undermine our democracy,” adding that it was a “politically agnostic” firm that was hired to “preserve and forensically copy the Dominion voting machines used in the 2020 election.” The statement said it was “categorically false” that SullivanStrickler was part of an effort that “illegally ‘breached’ servers” or other voting equipment, adding that it was retained and directed by “licensed, practicing attorneys.”“The firm elected to cease any further new work on this matter after the Jan. 7 time period,” the statement said. “With the benefit of hindsight, and knowing everything they know now, they would not take on any further work of this kind.”Legal experts say the Fulton County investigation could be particularly perilous for Mr. Trump’s allies, and perhaps for Mr. Trump himself, given the phone call that Mr. Trump made as president to Georgia’s secretary of state on Jan. 2, 2021, asking him to “find” enough votes to help him overturn his election loss in the state.A special grand jury has been impaneled with the sole purpose of investigating election meddling in the state and has already heard testimony from more than 30 witnesses, including Mr. Trump’s former personal lawyer, Rudolph W. Giuliani. Mr. Giuliani is one of at least 18 people who have been notified by prosecutors that they could face indictment in the case.This week, prosecutors filed court documents indicating that they were seeking testimony from a number of other Trump allies, including Ms. Powell and Mark Meadows, the former White House chief of staff. The petition seeking to compel Ms. Powell’s testimony notes that Ms. Powell coordinated with SullivanStrickler “to obtain elections data” from Coffee County, adding: “There is further evidence in the public record that indicates that the witness was involved in similar efforts in Michigan and Nevada during the same time period.”As a lawyer who advised Mr. Trump after the election, Ms. Powell made a number of specious claims about election fraud, including an assertion that Democrats had “developed a computer system to alter votes electronically.” Ms. Powell is among those who have been sued for defamation by Dominion Voting Systems, the company that provides the voting machines for Coffee County and the rest of Georgia. As part of that suit, lawyers for Ms. Powell have argued that “no reasonable person would conclude” that some of her wilder statements “were truly statements of fact.”Fulton County prosecutors are seeking to have Ms. Powell testify before the special grand jury next month. In their court filing this week, they said that she possessed “unique knowledge” about postelection meetings held at the South Carolina plantation of L. Lin Wood, a pro-Trump lawyer and conspiracy theorist. Mr. Wood, prosecutors wrote, stated that he and a group of other Trump supporters, including Ms. Powell and Michael Flynn, the former national security adviser, met at the plantation to explore “options to influence the results” of the 2020 election “in Georgia and elsewhere.”President Donald J. Trump departed a campaign rally in support of Georgia’s Republican senators in 2020.Erin Schaff/The New York TimesMs. Willis’s office cited the Coffee County data breach in its filing on Thursday seeking Ms. Powell’s testimony, which was the first time the matter had surfaced in connection with her investigation. It remains unclear to what extent Ms. Willis’s office will focus on the Coffee County matter in her inquiry, or what, if any, charges could flow from it.“There are a variety of avenues the state has to bring criminal charges,” said David D. Cross, a lawyer representing plaintiffs in a long-running lawsuit brought by civic groups against the Georgia secretary of state’s office over election security. “There are specific laws in Georgia that prevent access to voting equipment in particular,” he said, as well as “general laws about accessing computer equipment that doesn’t belong to you.”Mr. Trump won nearly 70 percent of Coffee County, which is home to just 43,000 people. Trump officials most likely targeted the county’s voting system because the county was run by friendly officials who were eager to cooperate. Cathy Latham, who was chair of the local Republican Party at the time, was also one of 16 pro-Trump fake electors who convened in the Georgia State Capitol on Dec. 14, 2020, despite Mr. Trump’s loss in the state. All of them, including Ms. Latham, have been identified as targets of Ms. Willis’s investigation.The costs of election security breaches have been onerous. In Antrim County, Mich., which was at the forefront of efforts to overturn the election, Sheryl Guy, the clerk, said on Thursday that officials had to rent voting equipment to replace equipment that is being held as evidence in civil litigation.In Colorado, the secretary of state’s office estimated that taxpayers incurred a bill of at least $1 million to replace voting equipment in Mesa County after a pro-Trump election supervisor was indicted on charges that she tampered with the equipment after the 2020 election. Election experts noted that the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, which is part of the Department of Homeland Security, recommended that the safest course of action was to decommission voting equipment that has been compromised.“We’re getting to the point where this is happening at an alarming rate,” Lawrence Norden, senior director of the Elections and Government Program at the Brennan Center, said in an interview on Thursday. “When election officials permit or facilitate untrustworthy actors in gaining access to the system without any oversight, that is in and of itself going to leave the public questioning whether they trust these systems.”Nick Corasaniti More

    • 113 Shares189 Views

      in Elections

      Georgia Governor Seeks to Keep Distance From Trump Inquiry

      by

      ATLANTA — Gov. Brian Kemp was one of the Georgia Republican officials who declined to help Donald J. Trump overturn his 2020 election loss in the state — a decision that had him hailed as a hero in some quarters.And yet, on Thursday, Mr. Kemp’s lawyers showed up in an Atlanta courtroom to argue that the governor should not have to help with the ongoing criminal investigation into election meddling by testifying before a special grand jury. Mr. Kemp’s legal team has accused Fani T. Willis, a Democrat and the local prosecutor leading the inquiry, of politicizing the investigation, and wants any testimony to take place after the polls close on his re-election bid in November.In a sign of how widely her case is expanding, Ms. Willis also moved on Thursday to compel testimony from a number of additional Trump advisers, including Mark Meadows, his former chief of staff in the White House, and Sidney Powell, a lawyer who advanced the most aggressive conspiracy theories falsely claiming that the 2020 election was stolen. And Ms. Willis indicated in court filings that her investigation now encompasses “an alleged breach of elections data” in rural Coffee County, Ga., which was part of a larger effort by Trump allies to infiltrate elections systems in swing states.In court, the lawyers for Mr. Kemp made a number of arguments as to why he should not have to comply with the subpoena at all, but they were received skeptically by Judge Robert C.I. McBurney of Fulton County Superior Court, who did not immediately make a ruling.“The governor doesn’t think he’s beyond any reach of law, but he’s just beyond the reach of this particular subpoena,” said S. Derek Bauer, one of Mr. Kemp’s lawyers.Mr. Kemp, who is locked in a tight race for re-election with Stacey Abrams, a Democrat, has tried to maintain a difficult balancing act since falling out of Mr. Trump’s good graces. The former president soured on Mr. Kemp in 2020 after the governor declined Mr. Trump’s request to call a special session of the Georgia Legislature so that a group of pro-Trump electors could be named in place of the legitimate ones earned by Joseph R. Biden Jr., who defeated Mr. Trump by just under 12,000 votes in the state.Jenna Ellis, a lawyer for Mr. Trump, was scheduled to testify before the grand jury in Atlanta on Thursday.Tom Williams/Getty ImagesAt one point, Mr. Trump called Mr. Kemp “the worst ‘election integrity’ governor in the country.”Since then, even as his name elicited torrents of boos from the Trump faithful at rallies and Republican events, Mr. Kemp has found a way to stay alive politically. In May, he crushed Mr. Trump’s handpicked Republican primary candidate, David Perdue, the former U.S. senator, by focusing on his record of conservative policy accomplishments and economic success, and largely avoiding the topic of Mr. Trump.But the general election fight presents its own complex series of calculations. Though polling in recent months has shown Mr. Kemp leading Ms. Abrams, she is a formidable fund-raiser hoping to ride a wave of changing demographics and fresh concerns about Republican overreach on issues like abortion.Charles S. Bullock III, a professor of political science at the University of Georgia, said Mr. Kemp might be wary of turning off some centrist voters, but the deeper risk could be turning off Mr. Trump’s considerable base in Georgia.Understand Georgia’s Trump Election InvestigationCard 1 of 5Understand Georgia’s Trump Election InvestigationAn immediate legal threat to Trump. More

    • 113 Shares119 Views

      in Elections

      Lindsey Graham Resists Testifying in Trump Investigation in Georgia

      by

      ATLANTA — Six days after major news organizations declared Donald J. Trump the loser of the 2020 presidential election, his allies were applying a desperate full-court press in an effort to turn his defeat around, particularly in Georgia.The pro-Trump lawyer Sidney Powell went on television claiming that there was abundant evidence of foreign election meddling that never ultimately materialized. Another lawyer, L. Lin Wood, filed a lawsuit seeking to block the certification of Georgia’s election results.That same day, Nov. 13, 2020, Senator Lindsey Graham, the South Carolina Republican and one of Mr. Trump’s most ardent supporters, made a phone call that left Brad Raffensperger, Georgia’s Republican secretary of state, immediately alarmed. Mr. Graham, he said, had asked if there was a legal way, using the state courts, to toss out all mail-in votes from counties with high rates of questionable signatures.The call would eventually trigger an ethics complaint, demands from the left for Mr. Graham’s resignation and a legal drama that is culminating only now, nearly two years later, as the veteran lawmaker fights to avoid testifying before an Atlanta special grand jury that is investigating election interference by Mr. Trump and his supporters.Mr. Graham has put together a high-powered legal team, which includes Don F. McGahn II, a White House counsel under Mr. Trump. While Mr. Graham’s lawyers say that they have been told that he is only a witness — not a target of the investigation — that could change as new evidence arises in the case, which is being led by Fani T. Willis, the district attorney of Fulton County, Ga. Her efforts to compel Mr. Graham to testify have been aided by legal filings from a number of high-profile, outside attorneys, including William F. Weld, a Trump critic and former Republican governor of Massachusetts.Brad Raffensperger, the Georgia secretary of state, center, during a hearing by the House Select Committee to Investigate the Jan. 6 Attack on the U.S. Capitol.Shuran Huang for The New York TimesUnderscoring the risks for Mr. Graham, lawyers for 11 people who have been designated as targets who could face charges in the case have said that they were previously told that their clients were only “witnesses, not subjects or targets,” according to court filings.On Sunday, the U.S. Court of Appeals for the 11th Circuit temporarily blocked Mr. Graham from testifying and directed a lower court to determine whether he was entitled to a modification of the subpoena based on constitutional protections afforded to members of Congress. After that, the appeals court said, it will take up the issue “for further consideration.” The matter is now back before Leigh Martin May, a Federal District Court judge who already rejected Mr. Graham’s attempt to entirely avoid testifying; she asked the sides to wrap up their latest round of legal filings by next Wednesday. It seems increasingly likely that Mr. Graham will testify next month.Ms. Willis has said that she is weighing a broad array of criminal charges in her investigation, including racketeering and conspiracy. She has already informed at least 18 people that they are targets, including Rudolph W. Giuliani, Mr. Trump’s former personal lawyer. Mr. Giuliani fought to avoid testifying in person but was forced to appear before the grand jury last week.Regarding Mr. Graham, Ms. Willis’s office is seeking to learn more about his role in Mr. Trump’s post-election strategy, and who he spoke to on the Trump campaign team before or after he called Mr. Raffensperger. While Mr. Trump assailed Mr. Raffensperger on Twitter as a “so-called Republican” on the same day as that call, Mr. Graham told CNN that the former president did not encourage him to place the call.Understand Georgia’s Trump Election InvestigationCard 1 of 5Understand Georgia’s Trump Election InvestigationAn immediate legal threat to Trump. More

    • 125 Shares99 Views

      in Elections

      Graham Ordered to Appear Before Atlanta Grand Jury Investigating Trump

      by

      A federal judge declined to stay her order that Senator Lindsey Graham of South Carolina appear on Tuesday before a special grand jury in Atlanta.ATLANTA — A federal judge on Friday turned down a request by Senator Lindsey Graham of South Carolina to avoid testifying next week before a special grand jury investigating attempts by former President Trump and his allies to overturn his November 2020 election loss in Georgia.The order, issued by U.S. District Court Judge Leigh Martin May, means that Mr. Graham, a South Carolina Republican and staunch Trump ally, is on track to appear in a closed-door session of the special grand jury on Tuesday at a downtown Atlanta courthouse. However, Mr. Graham already has taken his case to the U.S. Court of Appeals for the 11th Circuit, which has the ability to step in to postpone his appearance.Judge May had earlier issued an order forcing the senator to give testimony, but Mr. Graham asked the judge to stay the order while he pursued his appeal in the case. On Friday, the judge wrote that “the public interest would not be served” by granting a stay and delaying Mr. Graham’s testimony.“In this context, the public interest is well-served when a lawful investigation aimed at uncovering the facts and circumstances of alleged attempts to disrupt or influence Georgia’s elections is allowed to proceed without unnecessary encumbrances,” Judge May, who was appointed by President Barack Obama, wrote.Mr. Graham is one of a number of Republican witnesses who have fought subpoenas to appear in person before the grand jury. So far, most have lost.Mr. Trump’s former personal lawyer, Rudolph W. Giuliani, spent hours before the same special grand jury earlier this week, after initially saying that health conditions prevented him from flying to Atlanta from New York. Two other Trump team lawyers who unsuccessfully fought their subpoenas, Jenna Ellis and John Eastman, are scheduled to appear before the grand jury before the end of the month.And a hearing in Fulton County Superior Court has been scheduled for Thursday to consider Gov. Brian Kemp’s efforts to quash a subpoena compelling his testimony. In a motion this week, the Georgia Republican argued that he had been mistreated by the office of Fani T. Willis, the Fulton County district attorney, and claimed that she had subpoenaed him “for improper political purposes.”Lawyers for Mr. Graham have said that he was informed by Fulton County prosecutors that he was a witness, not a target, in the case.Mr. Trump’s former personal lawyer, Rudolph W. Giuliani, spent hours before the special grand jury in Atlanta this week.Nicole Craine for The New York TimesEven so, prosecutors want Mr. Graham’s testimony for a number of reasons. Among them are two phone calls that he placed just after the 2020 election to Brad Raffensperger, the Georgia secretary of state, in which Mr. Graham inquired about ways to help Mr. Trump by invalidating certain mail-in votes.They also want to ask him other questions about what they have called “the multi-state, coordinated efforts to influence the results of the November 2020 election in Georgia and elsewhere.” Prosecutors have said in court documents that they expect Mr. Graham’s testimony “to reveal additional sources of information” related to their investigation.Mr. Graham’s lawyers have argued, among other things, that he should be shielded from testimony under the Constitution’s speech and debate clause, which bars questioning of members of Congress about their legitimate legislative activities. They argue that he made the phone calls to Mr. Raffensperger as part of his work as a senator and a former chair of the Judiciary Committee.But they were unable to persuade the judge that they had enough of a case to earn a stay. She noted that there were “multiple areas of proper inquiry” in the case that were not related to Mr. Graham’s work as a senator.And the judge agreed with Ms. Willis’s office that waiting for his appeal to be resolved could cause serious delays and potentially have a negative effect on the special grand jury’s work — particularly when it came to revealing “new categories of information and witnesses, thereby compounding the total delay and hampering the grand jury as it attempts to carry out its investigation expeditiously.” More