Hace una década, Daw Aung San Suu Kyi fue liberada luego de pasar varios años de arresto domiciliario —sin haber podido usar un celular o Facebook— y cuando celebró el fallo de la corte en la oficina de su partido político, que estaba prohibido, emanaba un fuerte olor de humedad por los informes de derechos humanos que estaban amontonados en el piso.

Armada con una colección de premios internacionales, lucía un tocado de flores frescas en el cabello cuando se sentó con una postura impecable y le prometió al mundo dos cosas: que lucharía para que los presos políticos de Birmania fuesen liberados y pondría fin a la lucha étnica que ha mantenido las fronteras del país en guerra durante siete décadas.

Pero ambas promesas no fueron cumplidas y el icono más resplandeciente de la democracia perdió su brillo. Aung San Suu Kyi, de 75 años, se ha convertido en una apologista de los mismos generales que la encerraron, minimizando su campaña asesina contra la minoría musulmana rohinyá. Como pertenece a la mayoría étnica bamar, sus críticos más fuertes la acusan de racismo y falta de voluntad para luchar por los derechos humanos de todas las personas en Birmania.

Aunque Aung San Suu Kyi ha derrochado la autoridad moral de su Premio Nobel de la Paz, su popularidad ha perdurado en su país. En noviembre de 2020, su partido político, la Liga Nacional para la Democracia, ganó otra victoria aplastante en las elecciones generales, con lo que fijaría el curso político de los próximos cinco años en los que iba a compartir el poder con los militares que gobernaron Birmania durante casi 50 años.

“Su estilo de liderazgo no va hacia un sistema democrático, sino hacia la dictadura”, dijo Daw Thet Thet Khine, una excolaboradora incondicional de la Liga Nacional para la Democracia que formó su propio partido para competir en las elecciones de noviembre, pero no logró ganar ningún cargo. “Ella no escucha la voz de la gente”.

Es difícil pensar en un símbolo de los derechos humanos cuyo prestigio mundial se haya desvanecido tan rápidamente. Junto a Nelson Mandela y Václav Havel, Aung San Suu Kyi llegó a representar el triunfo de la democracia sobre la dictadura. Claro, también la ayudó su carisma.

En 2019, Aung San Suu Kyi viajó a la Corte Penal Internacional en La Haya para defender al ejército de su país que fue acusado de perpetrar un genocidio contra los musulmanes rohinyás.

Sin pedir disculpas, insistió al tribunal en que, si bien “no se puede descartar que se haya usado una fuerza desproporcionada” contra los rohinyás, inferir una intención genocida presentaba una “imagen fáctica incompleta y engañosa”. Su página de Facebook divulgó una publicación con la etiqueta de “Falsa violación”, descartando de manera abrupta la violencia sexual sistemática y bien documentada cometida contra los rohinyás.

Durante el gobierno de Aung San Suu Kyi, las tierras fronterizas de Birmania —donde se agrupan otras minorías étnicas— ahora están más plagadas de conflictos que hace una década. Y poetas, pintores y estudiantes han sido encarcelados por decir pacíficamente lo que piensan: en la actualidad hay 584 personas que son consideradas como presos políticos o esperan ser enjuiciadas por ese tipo de cargos en Birmania, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos.

“Ahora que ya probó el poder, no creo que quiera compartirlo con nadie”, dijo Seng Nu Pan, una lideresa política de la etnia kachin que lucha por la autonomía en el norte del país.

Aung San Suu Kyi creció en una familia que pertenece a la nobleza política del país porque es hija del general Aung San, el héroe de la independencia birmana que fue asesinado cuando ella solo tenía 2 años.

Después de pasar 28 años en el extranjero, regresó a su patria en 1988 cuando las protestas a favor de la democracia estaban estallando en todo el país. A los pocos meses, pasó de ser una ama de casa a convertirse en la lideresa del movimiento.

Una junta militar ordenó su arresto domiciliario en 1989, después de lo cual su partido ganó las elecciones pero los resultados fueron ignorados por la dictadura. En 1991, ganó el Premio Nobel de la Paz “por su lucha no violenta por la democracia y los derechos humanos”.

Durante su detención en una villa ruinosa que duró 15 años, Aung San Suu Kyi mantuvo un horario estricto. Escuchaba las noticias radiales de la BBC. Practicaba el piano. Y, según ella, meditaba al estilo budista con la intención de trascender las preocupaciones terrenales. Aung San Suu Kyi no pudo disfrutar la crianza de sus dos hijos y tampoco pudo asistir a la ceremonia funeraria de su esposo, un académico británico que falleció de cáncer.

Pero las virtudes que le sirvieron tanto durante su largo arresto domiciliario (su dignidad y el búnker psicológico que forjó) podrían ser algunas características que explican su fracaso en la lucha por lograr una verdadera democracia representativa en Birmania.

La línea entre resolución y obstinación, convicción y condescendencia, es muy delgada.

“Es irónico que mientras la comunidad internacional usó sus libertades para promover su liberación, ella está empleando algunos de los mismos mecanismos legales implementados por los militares para reprimir la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de reunión”, dijo Bill Richardson, exembajador estadounidense ante las Naciones Unidas y un viejo aliado de Aung San Suu Kyi.

Richardson dice que se distanció de ella en 2018, porque la instó a liberar a dos periodistas de Reuters que fueron encarcelados después de descubrir una masacre de personas rohinyás y Aung San Suu Kyi se enojó tanto que pensó que iba a abofetearlo.

“Si con sus palabras y acciones no logra que sus simpatizantes de la etnia bamar apoyen una visión más inclusiva del país, es probable que Birmania se convierta en un lugar menos estable y más violento”, agregó Richardson.

A pesar de su retórica democrática, Aung San Suu Kyi respeta el ejército que formó su padre. Algunos de los fundadores de la Liga Nacional para la Democracia eran exoficiales militares que lucharon contra rebeldes étnicos en el interior de Birmania.

El partido está organizado con una jerarquía militar en la que la oficial al mando es Aung San Suu Kyi. Pero el ejército real mantiene el control sobre importantes ministerios, una parte del parlamento y un conjunto de negocios lucrativos.

Desde que asumió el poder como consejera de Estado del país en 2016, Aung San Suu Kyi suele elogiar al ejército, y se niega a reconocer las operaciones militares para librar al país de los musulmanes rohinyás. En 2017, aproximadamente tres cuartos de millón de personas rohinyás huyeron a Bangladés, el país vecino.

Muchos de los que quedan en el país se encuentran en campos de internamiento. A los rohinyá no se les permitió votar en las elecciones de noviembre de 2020, y las urnas fueron canceladas en otras zonas de conflicto de minorías étnicas, privando de sus derechos a más de 2,5 millones de personas que no pertenecen a la etnia bamar. Como resultado, los partidos étnicos no pudieron alcanzar los logros electorales que esperaban, aunque la Liga Nacional para la Democracia postuló exitosamente a dos candidatos musulmanes.

“Hacer la paz y la reconciliación es mucho más fácil con los grupos étnicos, pero ella solo lo intentó con los militares”, dijo Tu Ja, presidente del Partido Popular del Estado de la etnia kachin.

Los partidarios de Aung San Suu Kyi dicen que su negativa a hablar en nombre de las comunidades vulnerables de Birmania no es un chovinismo innato, sino más bien responde a un pragmatismo político que busca negar a los militares la oportunidad de volver a tomar todo el poder. El gobierno del ejército comenzó en 1962 con la excusa de que un gobierno civil estaba siendo abrumado por la guerra civil.

Pero el ánimo nacional en Birmania está animado por una xenofobia que limita la falta de voluntad de Aung San Suu Kyi para defender los derechos de las minorías étnicas. Miles de monjes budistas han realizado protestas contra Occidente por querer llevar a los militares ante la justicia por limpieza étnica. Muchas otras personas pertenecientes a la etnia bamar acusan a una camarilla islámica de intentar convertir a una nación budista pacífica en un enclave musulmán.

“En Occidente, la gente pensó que Daw Aung San Suu Kyi sería impopular debido a la represión de los bengalíes”, dijo U Thu Citta, un influyente monje budista, que usa ese término para sugerir, de manera incorrecta, que los rohinyá son de Bangladés y no de Birmania. “Pero lo que ella hizo estuvo bien”.

Desde las elecciones, Aung San Suu Kyi ha permanecido encerrada en una villa en Naipyidó, la capital de la fortaleza que fue construida por los generales para demostrar su poderío. En repetidas ocasiones ha rechazado solicitudes para hablar con The New York Times. Se dice que todavía medita todos los días.

Mientras tanto, el coronavirus hace estragos en el país. El partido vinculado al ejército, que fue derrotado por la Liga Nacional para la Democracia, ha rechazado los resultados de las elecciones, pidió una repetición y amenazó con traer al ejército como observadores.

En Rangún, la antigua capital abandonada por los militares, una nueva generación de activistas de derechos humanos intercambian consejos sobre cómo evitar que el gobierno de Aung San Suu Kyi los atrape.

“Tenemos casi 600 presos políticos, y yo fui uno de ellos hace unos meses”, dijo Ma Thinzar Shunlei Yi, de 28 años, quien fue condenada por violar una ley sobre reunión pacífica cuando protestó por la persecución de las minorías étnicas. “Ella no ha hecho lo suficiente para sentar las bases democráticas de las libertades básicas para todos”.

Saw Nang colaboró en este reportaje desde Rangún, Birmania.

Hannah Beech ha sido la jefa de la oficina del sudeste asiático desde 2017, y está radicada en Bangkok. Antes de unirse al Times, trabajó para la revista Time durante 20 años desde ciudades como Shanghái, Pekín, Bangkok y Hong Kong. @hkbeech