Las autoridades brasileñas han otorgado al jefe de elecciones un amplio poder para ordenar la retirada de contenidos digitales en un intento de combatir la creciente desinformación antes de las elecciones de este mes.
RÍO DE JANEIRO —Las autoridades brasileñas, que se enfrentan a un torrente de desinformación en línea antes de las elecciones presidenciales del país, concedieron al jefe de elecciones de la nación el poder unilateral para ordenar a las empresas tecnológicas que retiren muchos mensajes y videos de la red, una de las medidas más agresivas adoptadas por cualquier país para combatir la información falsa.
En virtud de las normas aprobadas el jueves, el jefe de las elecciones puede ordenar la remoción inmediata de los contenidos que considere que han violado las órdenes de retirada anteriores. Las redes sociales deben cumplir esas exigencias en un plazo de dos horas o se enfrentan a la posible suspensión de sus servicios en Brasil.
La medida es la culminación de una estrategia cada vez más enérgica por parte de las autoridades electorales de Brasil para reprimir los ataques divisivos, engañosos y falsos que han inundado la carrera presidencial del país en los últimos días, incluidas las afirmaciones de que los candidatos son satanistas, caníbales y pedófilos.
Pero al permitir que una sola persona decida lo que se puede decir en internet en el período previo a las elecciones, que se celebrarán el 30 de octubre, Brasil se ha convertido en un caso de prueba en un debate mundial cada vez más intenso sobre los límites de la lucha contra las “noticias falsas”.
La decisión provocó indignación entre los partidarios del presidente de derecha Jair Bolsonaro, así como la preocupación de muchos expertos en derecho digital y derechos civiles, que dijeron que representaba una expansión de poder potencialmente peligrosa y autoritaria que podría ser abusada a fin de censurar puntos de vista legítimos e influir en la contienda presidencial.
El jefe de las elecciones, Alexandre de Moraes, también es juez del Tribunal Supremo de Brasil, lo que lo ha colocado en el centro de otra lucha sobre la creciente autoridad del tribunal.
Como juez de la corte, ha ordenado investigaciones sobre Bolsonaro y ha encarcelado a algunos de los partidarios del presidente, acusados de lo que Moraes dijo que eran ataques a las instituciones democráticas de la nación.
Moraes ha sido quizás el contrapeso más eficaz a Bolsonaro, que durante años ha atacado a la prensa, los tribunales y los sistemas electorales del país. Pero en el proceso, el juez ha suscitado la preocupación de que sus esfuerzos por proteger la democracia del país la hayan erosionado.
“Es un acto de malabarismo muy complicado”, dijo Philip Friedrich, analista de elecciones y tecnología en Freedom House, un grupo estadounidense que promueve la expansión de la democracia. “Se trata de proteger la integridad de las instituciones democráticas de Brasil y el derecho de la gente a la libertad de expresión, y al mismo tiempo mantener a la gente segura en línea”.
Carlos Affonso Souza, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, dijo que el fallo del jueves “podría ir demasiado lejos, dependiendo de cómo” Moraes ejerza su poder.
Aun así, la medida fue aplaudida por muchos en Brasil, que la consideran como una herramienta necesaria para combatir una avalancha de denuncias falsas de los partidarios de Bolsonaro que no ha hecho más que ganar velocidad en los últimos días.
Las nuevas reglas fueron aprobadas por unanimidad por los siete jueces federales que integran el tribunal electoral de Brasil. Cuando propuso las reglas en una sesión del tribunal el jueves, Moraes dijo que las denuncias por desinformación habían aumentado casi 17 veces en comparación con las elecciones pasadas.
“Ha habido una proliferación no solamente de noticias falsas, sino de la agresividad de estas noticias, de este discurso de odio, que todos sabemos que no conduce a nada más que a una erosión de la democracia”, dijo. “Por eso precisamente necesitamos una vía más rápida”.
Otra jueza, Cármen Lúcia, dijo durante la audiencia que estaba preocupada por las implicaciones de las medidas recientes del tribunal electoral para combatir la desinformación. “El regreso de la censura no puede permitirse bajo ningún argumento en Brasil”, dijo.
En una entrevista con un pódcast el jueves, Bolsonaro dijo que las autoridades electorales estaban moviendo a Brasil hacia un “estado dictatorial” y que “después de las elecciones, dependiendo de quién gane, vamos a poner fin a esto”.
El año pasado, Bolsonaro pidió al Senado de Brasil que llevara a juicio político y destituyera a Moraes, pero fue rechazado.
Bolsonaro se enfrenta el 30 de octubre al expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva en una votación que se considera la más importante de Brasil en décadas y una prueba clave para una de las mayores democracias del mundo.
Según las nuevas normas de internet, los poderes ampliados del jefe de las elecciones están en vigor durante las campañas electorales. Los poderes caducarán después de la votación presidencial, pero volverán a entrar en vigor en campañas futuras.
El tribunal electoral ya ha prohibido las publicaciones que han calificado a Bolsonaro de pedófilo, una afirmación que se aceleró en los últimos días tras la aparición de un vídeo en el que el presidente dice que hubo “una atraccion mutua” entre él y dos adolescentes. El tribunal también ha ordenado retirar contenidos que digan que Da Silva es corrupto. Da Silva cumplió condena en prisión por cargos de corrupción, que posteriormente fueron anulados.
Los partidarios de ambos bandos han difundido mentiras, pero el volumen de información engañosa de la derecha ha superado con creces al de la izquierda, dijo Tai Nalon, directora de Aos Fatos, una organización brasileña de verificación que ha seguido de cerca las afirmaciones falsas de la campaña.
Los partidarios de Bolsonaro han difundido la mentira de que Da Silva planea cerrar las iglesias si es elegido, lo que llevó al expresidente a lanzar una carta pública insistiendo en que no lo haría. El viernes, muchos miembros de la derecha comenzaron a publicar imágenes en las que se afirmaba falsamente que estaban siendo censurados directamente por los funcionarios electorales.
Bolsonaro también ha atacado las máquinas de votación electrónica de Brasil al afirmar que están plagadas de fraude, a pesar de la falta de pruebas, y sus partidarios han difundido teorías de la conspiración infundadas que afirman que la izquierda está planeando robar las elecciones.
Da Silva aventajaba a Bolsonaro en cinco puntos porcentuales tras la primera vuelta, pero en los últimos días los sondeos sugieren que la diferencia se está reduciendo.
La desinformación también empañó las elecciones presidenciales de 2018 que ganó Bolsonaro, lo que llevó a los funcionarios electorales a adoptar una postura más agresiva durante esta campaña.
Esta semana, el tribunal electoral restringió a uno de los mayores medios de Brasil para que no describiera a Da Silva como corrupto, y bloqueó a un destacado canal de YouTube de derecha por publicar un documental sobre un intento de asesinato contra Bolsonaro en 2018. Bolsonaro y sus partidarios han acusado al tribunal de tratar de favorecer a Da Silva.
A pesar de los esfuerzos del tribunal electoral por intervenir, han proliferado los contenidos falsos y engañosos, lo que ilustra la lucha a la que se enfrentan los funcionarios y las empresas tecnológicas para frenar la desinformación que se propaga más rápido de lo que pueden actuar y que se comparte cada vez más fuera de su alcance.
Por ejemplo, gran parte de la desinformación en Brasil se comparte en WhatsApp, la aplicación más popular del país. Como WhatsApp encripta los mensajes, la empresa y los funcionarios no pueden ver los mensajes que los usuarios comparten entre sí, lo que complica su capacidad para combatir la información falsa.
WhatsApp ha modificado su aplicación para frenar la propagación, por ejemplo, al poner límites al tamaño de los grupos y al número de veces que se puede reenviar un mensaje, pero la desinformación sigue siendo un problema, según los investigadores.
Google y Meta, propietaria de WhatsApp, Facebook e Instagram, declinaron comentar. La campaña de Da Silva no respondió a las solicitudes de comentarios.
Según las nuevas normas, si una empresa tecnológica se niega repetidamente a cumplir las órdenes de Moraes, este puede “suspender el acceso a los servicios” de la plataforma en Brasil por hasta 24 horas.
A principios de este año, De Moraes dijo que planeaba bloquear Telegram, el servicio de mensajería con millones de usuarios en Brasil, después de que la empresa no siguiera sus órdenes de eliminar la cuenta de un destacado partidario de Bolsonaro acusado de difundir desinformación. (Moraes actuaba entonces en calidad de juez del Supremo Tribunal). Moraes revocó esa prohibición varios días después, después de que Telegram aceptara cambios.
Affonso Souza, el profesor de derecho en Río de Janeiro, dijo que dado el plazo de dos horas para cumplir con las órdenes de Moraes —y solo una hora en la víspera de las elecciones— Moraes podría intentar bloquear una plataforma en los últimos días de la campaña. “Eso definitivamente agregaría combustible al fuego para los partidarios de Bolsonaro”, dijo.
André Spigariolcolaboró con reportería desde Brasilia.
Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía del Times en Brasil, que abarca Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Antes cubría tecnología desde San Francisco. Antes de unirse al Times, en 2018, trabajó durante siete años en The Wall Street Journal. @jacknicas • Facebook
Source: Elections - nytimes.com
