Proyecto Veritas llamó a la hija del presidente para corroborar que era su diario. Las investigaciones judiciales revelan nuevos datos que muestran cómo fue que esa organización trabajó para divulgar información personal sobre la familia Biden.
Un mes antes de las elecciones estadounidenses de 2020, la hija de Joe Biden, Ashley, recibió una llamada de un hombre que dijo que la quería ayudar. Con un tono amistoso, le aseguró que había encontrado un diario que creía que le pertenecía a ella, y quería devolvérselo.
Es cierto que Ashley Biden había escrito un diario durante el año anterior mientras se recuperaba de una adicción y lo había guardado, junto con otras pertenencias, en la casa de un amigo en Florida donde había vivido hasta unos pocos meses antes. Si el contenido de ese diario personal se hubiese divulgado, podría haber significado una vergüenza o una distracción para su padre durante un momento crítico de la campaña.
Biden acordó con el hombre que llamó que, al día siguiente, enviaría a una persona para que buscara el diario.
Pero no estaba tratando con un buen samaritano.
Esa persona trabajaba para el Proyecto Veritas, un grupo conservador que se había convertido en uno de los predilectos del presidente Donald Trump, según entrevistas con personas familiarizadas con la secuencia de eventos. Desde la sede del grupo en el condado de Westchester, Nueva York, y acompañado por otros miembros de la organización, el hombre buscaba engañar a Biden para que confirmara la autenticidad del diario, el cual Proyecto Veritas estaba a punto de comprarle a dos intermediarios por 40.000 dólares.
El hombre que llamó no se identificó como alguien vinculado al Proyecto Veritas, según relatos de dos personas que conocen los detalles de la conversación. Al final de la llamada, varios integrantes del grupo que estuvieron presentes, que escucharon grabaciones de la llamada o que fueron informados sobre la conversación, creían que Biden había dicho más que suficiente para confirmar que era su diario.
Los nuevos detalles sobre el esfuerzo del Proyecto Veritas para confirmar que el diario era de Biden, son elementos de una historia que sigue en proceso y que se enfoca en cómo algunos partidarios de Trump, y una organización conocida por sus operaciones encubiertas, trabajaron para exponer información personal sobre la familia Biden durante la campaña electoral de 2020.
A través de entrevistas, y documentos judiciales y de otros tipos, la nueva información le agrega más detalles a lo que se sabe sobre un episodio que ha causado una investigación penal sobre el Proyecto Veritas por parte de fiscales federales, quienes sugirieron tener evidencia de que el grupo fue cómplice en el robo de la propiedad de Ashley Biden y el transporte de bienes hurtados a través de fronteras estatales.
Además, al demostrar que el Proyecto Veritas utilizó el engaño en vez de técnicas periodísticas tradicionales cuando contactó a Biden —la persona que hizo la llamada se identificó con un nombre falso—, los nuevos testimonios podrían complicar aún más las afirmaciones que hizo la organización en documentos judiciales de que debería ser tratada como una editorial y recibir las protecciones consagradas en la Primera Enmienda. Con regularidad, el Proyecto Veritas lleva a cabo operaciones encubiertas, emboscadas para entrevistas y operativos de vigilancia, principalmente contra organizaciones y periodistas liberales.
Al mismo tiempo, la nueva información sobre el caso sugiere que el esfuerzo por divulgar el diario provino de niveles más profundos del círculo de Trump de lo que se suponía.
Un mes antes de que llamaran a Ashley Biden, el diario había sido compartido en un evento de recaudación de fondos de Trump en Florida, en la casa de una donante que ayudó a conseguir el diario y se lo entregó al Proyecto Veritas, y que luego fue nominada por Trump para el Consejo Nacional Consultivo de Cáncer. Entre los asistentes al evento se encontraba Donald Trump Jr., aunque no se sabe si leyó el diario.
Los fiscales federales han estado investigando el modo en el que el Proyecto Veritas obtuvo el diario, y en otoño del año pasado realizaron allanamientos en las casas de tres de los agentes del grupo, incluida la de su fundador, James O’Keefe. En diversos documentos judiciales, los fiscales han sugerido que la organización fue cómplice en el robo de algunas pertenencias de Ashley Biden porque los testimonios muestran que el grupo obtuvo esos objetos al tiempo que intentaba confirmar la autenticidad del diario.
El Proyecto Veritas —que demandó a The New York Times por difamación en otro caso— ha negado cualquier irregularidad o conocimiento de que alguna pertenencia haya sido robada. Se ha presentado como una organización de medios que está siendo injustamente investigada solo por ejercer periodismo, y ha atacado al Departamento de Justicia y al FBI por la manera en que han manejado el caso.
Los fiscales han señalado que ven las circunstancias de otra manera; en un documento judicial en un tribunal casi desestimaron por completo los argumentos de la defensa del grupo que sostiene que actuaron como una organización de noticias. “La Primera Enmienda no brinda protección contra el robo y el transporte interestatal de propiedad robada”, afirmaron.
En respuesta a una solicitud de comentarios al Proyecto Veritas, O’Keefe envió un correo electrónico criticando a The New York Times. “Imagínense escribir de forma tan divergente de la realidad y con un uso tan falaz de insinuaciones, que literalmente no exista ninguna expresión que no empeore la situación”, declaró.
Los portavoces del FBI y de los fiscales federales que supervisan el caso en el distrito sur de Nueva York se negaron a hacer comentarios, al igual que Roberta Kaplan, abogada de Ashley Biden.
El Times informó con anterioridad que la historia de la participación del Proyecto Veritas en el caso del diario comenzó en los meses previos al día de las elecciones.
En julio de 2020, una madre soltera con dos hijos se mudó a la casa en alquiler de un exnovio en Delray Beach, Florida. La mujer, Aimee Harris, simpatizante de Donald Trump, le dijo al exnovio que tenía poco dinero, que no tenía dónde vivir y que estaba en disputa por la custodia de sus hijos. Poco después de mudarse a la casa en alquiler, Harris se enteró de que Ashley Biden —quien era amiga de su exnovio— había vivido en la casa durante ese año.
Biden ya había regresado a Filadelfia en junio de 2020, por los días en que su padre había ganado la candidatura presidencial del Partido Demócrata. Guardó un par de bolsos con sus pertenencias en la casa de alquiler junto con su diario, y le dijo a su amigo, quien estaba rentando la casa, que planeaba regresar para llevarse sus cosas en el otoño.
En agosto, Harris contactó a Robert Kurlander, un amigo suyo que en la década de 1990 fue sentenciado a 40 meses de prisión por fraude federal y que había expresado en línea su postura contra Biden, para decirle que había encontrado el diario. Ambos creían que podían venderlo, lo que ayudaría a Harris para pagar los abogados que la representaban en la disputa por la custodia.
Nuevos detalles tomados de entrevistas y documentos han aclarado lo que sucedió después. Kurlander se puso en contacto con Elizabeth Fago, la donante de Trump que luego organizó el evento de recaudación de fondos al que asistió Donald Trump Jr. Cuando le hablaron por primera vez del diario, Fago afirmó haber pensado que podría ayudar a incrementar las posibilidades de que Donald Trump ganara las elecciones, según dos personas familiarizadas con el asunto.
Richard G. Lubin, abogado de Fago, se negó a hacer comentarios.
El 3 de septiembre, la hija de Fago alertó al Proyecto Veritas sobre la existencia del diario.
Tres días después, Harris y Kurlander asistieron al evento de recaudación de fondos, donde también estaba presente Donald Trump Jr., en la casa de Fago en Jupiter, Florida, para ver si el equipo de la campaña de reelección del presidente podría estar interesado en el diario. Mientras estaba allí, Kurlander les mostró el diario a otras personas. No se sabe con claridad quiénes lo vieron.
Después de que la investigación criminal sobre el Proyecto Veritas se hizo pública durante el otoño pasado, un destacado abogado republicano que cabildea en nombre de la organización y O’Keefe informó a un grupo de republicanos del Congreso sobre el caso, con el fin de instarlos a tratar de persuadir al Departamento de Justicia para que dejaran la investigación debido a que el grupo no había hecho nada malo, según una persona informada sobre el asunto.
El abogado, Mark Paoletta, dijo que al enterarse de la existencia del diario en el evento de recaudación de fondos, Donald Trump Jr. no mostró ningún interés y dijo que quienquiera que lo tuviera debería informar al FBI. Pero poco después, Paoletta, quien se había desempeñado como el principal abogado del vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca, volvió a llamar a los republicanos del Congreso para decir que no estaba seguro de si la versión sobre la reacción de Donald Trump Jr. era precisa.
Los archivos de cabildeo muestran que Paoletta recibió 50.000 dólares durante los últimos dos meses del año pasado para informar a los miembros del Congreso sobre la redada del FBI en la casa de O’Keefe. Paoletta y un abogado de Donald Trump Jr. no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Cuando el Proyecto Veritas se enteró de la existencia del diario a principios de septiembre, el grupo buscó adquirirlo. Aproximadamente una semana después del evento de recaudación de fondos, Harris y Kurlander volaron a Nueva York con el diario. Se reunieron con varios agentes del Proyecto Veritas en un hotel de Manhattan.
Las dos partes comenzaron a negociar un acuerdo, pero no se llegó a un trato final. Como respuesta a la pregunta sobre qué pudo haberle pedido el Proyecto Veritas para ayudar a autenticar el diario, Kurlander, a través de su abogado Jonathan Kaplan, se negó a hacer comentarios.
Pero Proyecto Veritas tuvo que dilucidar varios temas difíciles: ¿en realidad era el diario de Ashley Biden y no se trataba de una falsificación o una trampa? ¿Cómo es que Proyecto Veritas, una organización conocida por sus operaciones encubiertas, podría asegurarse de que no era víctima de sus propias tácticas engañosas?
Uno de los subalternos de O’Keefe, Spencer Meads, fue enviado a Florida para investigar la autenticidad del diario.
Lo que sucedió después aún no ha sido aclarado, y es uno de los grandes problemas de la investigación. El Proyecto Veritas ha dicho en documentos judiciales que sus agentes obtuvieron artículos adicionales pertenecientes a Biden que sus “fuentes” habían descrito como “abandonados”, sugiriendo así que no tenía conocimiento de ningún robo y que consiguieron las pertenencias de Biden de la misma manera en que los periodistas reciben información.
“Poco después, las fuentes acordaron reunirse con el periodista de Project Veritas en Florida para darle artículos abandonados adicionales”, escribieron los abogados del grupo en un expediente judicial federal.
Desde hace tiempo, los abogados de Proyecto Veritas habían advertido a los miembros que alentar o incentivar a las fuentes a robar documentos o artículos podría implicar al grupo en un delito. En un memorando dirigido a O’Keefe en 2017, uno de los abogados concluyó: “Bajo este precedente, PV disfruta de protecciones legales sustanciales para informar y divulgar material que puede haberse obtenido ilegalmente, siempre que no haya participado en el proceso para conseguirlo”.
Sin embargo, al menos una de las “fuentes” les contó a otras personas que un agente del Proyecto Veritas le había preguntado si podía recuperar más artículos de la casa que pudieran ayudar a demostrar que el diario pertenecía a Ashley Biden, según una persona con conocimiento de la conversación. Una de las fuentes les informó a otras personas que procedió a sacar artículos adicionales de la casa y dárselos al integrante del grupo.
En respuesta a las afirmaciones de la organización de que no había hecho nada malo y que su papel en el caso estaba protegido por la Primera Enmienda, los fiscales acusaron al grupo en los documentos judiciales de hacer declaraciones no juradas que son “falsas o engañosas y se contradicen directamente con la evidencia”. También declararon que incluso una organización de noticias legítima no sería protegida por la Primera Enmienda al adquirir materiales mediante robos u otros delitos.
“En pocas palabras, incluso los miembros de los medios de comunicación ‘no pueden irrumpir con impunidad y entrar en una oficina o vivienda para recolectar noticias’”, dijeron los fiscales.
Sin citar evidencia específica, los fiscales desafiaron directamente un argumento de Proyecto Veritas: la “reiterada afirmación del grupo de que no habían ‘participado’ en cómo se ‘adquirieron’ las pertenencias de la víctima”.
El plan de Ashley Biden de que un amigo fuera a recuperar el diario, que tenía la persona que la llamó en octubre, fracasó. Y las versiones que Proyecto Veritas presentó en las últimas semanas, tanto en documentos judiciales como ante la policía local en Florida, sobre cómo obtuvo el diario dejan varias preguntas sobre el desarrollo de los eventos.
Proyecto Veritas le dijo a un juez federal que el 12 de octubre, O’Keefe envió un correo electrónico diciéndole a su equipo que había tomado la decisión de no publicar la historia sobre el diario, aunque no tenían “ninguna duda de que el documento es real”. Sin embargo, sostenía que las reacciones a su publicación serían “calificadas como un golpe bajo”. La fecha del correo, proporcionada por O’Keefe, fue poco después de la llamada a Biden.
Pero cuatro días después de que O’Keefe le dijera a su personal que no publicaría el diario, un importante abogado del Proyecto Veritas le dijo a la campaña de Joe Biden que tenía el diario y que quería entrevistarlo en cámara al respecto, según el Times reportó en diciembre.
Menos de una semana después, Proyecto Veritas cerró un acuerdo por 40.000 dólares con Kurlander y Harris para comprar los derechos de publicación del diario, les transfirió el dinero y sugirió que el grupo planeaba publicarlo pronto, según una persona con conocimiento del caso.
Al final, Proyecto Veritas decidió no publicarlo. En cambio, un sitio web de derecha publicó el diario en octubre, pero recibió muy poca atención antes de las elecciones. O’Keefe estaba furioso, y algunas personas dentro del Proyecto Veritas pensaron que uno de sus propios integrantes, frustrado por la falta de voluntad del grupo para publicar el diario, lo había filtrado.
Proyecto Veritas decidió que uno de sus integrantes regresaría el diario, y las demás pertenencias de Biden, a Florida.
Según un informe del Departamento de Policía de Delray Beach, un abogado se presentó en el departamento y le entregó los artículos a un oficial. El abogado, según las imágenes de la cámara corporal de la policía, dijo que los artículos fueron “posiblemente robados”.
La policía alertó al FBI, que hizo que un agente recuperara el diario de Biden y otras pertenencias. Casi un año después, el FBI contactó a Harris y a Kurlander.
Unas dos semanas después, agentes del FBI consiguieron órdenes para allanar las casas de O’Keefe y dos de sus colaboradores: Meads y Eric Cochran, quienes abandonaron la organización después del incidente del diario. En el caso de Meads, su abogado dijo que el FBI derribó la puerta de su apartamento. Los documentos judiciales indican que el FBI incautó 47 dispositivos, incluida una decena de teléfonos de Meads.
Kenneth P. Vogel y William K. Rashbaum colaboraron en este reportaje. Matthew Cullen, Kitty Bennett y Kirsten Noyes colaboraron en la investigación.
Michael S. Schmidt es corresponsal en Washington y cubre investigaciones federales y de seguridad nacional. Formó parte de dos equipos que ganaron el Pulitzer en 2018: uno por informar sobre acoso sexual en el trabajo y el otro por la cobertura del presidente Trump y los vínculos de su campaña con Rusia. @NYTMike
Adam Goldman reporta sobre temas del FBI y la seguridad nacional desde Washington, D. C., y ha ganado el Premio Pulitzer en dos ocasiones. Es coautor de Enemies Within: Inside the NYPD’s Secret Spying Unit and bin Laden’s Final Plot Against America. @adamgoldmanNYT
Source: Elections - nytimes.com