La medida suspenderá algunos derechos civiles, como la libertad de reunión, y profundiza una crisis que se desató cuando el Congreso destituyó al presidente electo la semana pasada.
LIMA — El gobierno de Perú declaró un estado de emergencia en todo el país el miércoles, una medida que intenta controlar la violencia generalizada tras la destitución del presidente electo del país, quien había intentado disolver el Congreso, la semana pasada.
Se trató de un inesperado giro de los acontecimientos, incluso en un país habituado a la agitación política y las protestas.
La medida de emergencia, anunciada por Alberto Otárola, ministro de Defensa del país, significaría la suspensión de la libertad de reunión y de tránsito, entre otros derechos civiles, por 30 días. Fue promulgada el miércoles por la noche por la nueva presidenta del país, Dina Boluarte, y especificó que sería aplicada por la policía nacional con el apoyo de las fuerzas armadas. El decreto no impuso toque de queda.
La medida es la respuesta más significativa del gobierno a una crisis que estalló el miércoles pasado, cuando el entonces presidente, Pedro Castillo, intentó disolver el Congreso, con el que había estado enfrentado desde que asumió el cargo el año pasado.
En cuestión de horas, el Congreso de Perú lo acusó y Castillo fue detenido, lo que desencadenó oleadas de protestas de partidarios enfadados que creen que su destitución fue ilegítima.
Diversos analistas políticos aseguraron que, aunque gobiernos anteriores han declarado estados de emergencia en algunas partes del país, la medida no se había utilizado de manera tan amplia desde la década de 1990, cuando el país fue aterrorizado por el grupo terrorista marxista Sendero Luminoso.
En declaraciones a los periodistas afuera del palacio presidencial el miércoles, Boluarte, quien asumió el cargo hace apenas una semana, pidió mantener la calma.
“El Perú no puede desbordarse en sangre”, dijo antes de mencionar los días de Sendero Luminoso. “Ya esa experiencia la hemos vivido en los ochenta, en los noventa, y creo que no queremos volver a esa historia dolorosa que nos ha marcado la vida y el rostro a miles y miles de peruanos”.
El intento de Castillo de disolver el Congreso e instalar un gobierno que gobernaría por decreto fue denunciado por sus opositores y muchos de sus aliados como un intento de golpe de Estado. Boluarte, exvicepresidenta, fue juramentada como presidenta ese mismo día.
Al inicio, la reacción de la gente a la rápida transición de poder fue relativamente discreta. Pero en los últimos días han surgido manifestantes en masa, principalmente en áreas rurales, que han participado en ataques contra comisarías, juzgados, fábricas y aeropuertos, entre otros objetivos.
Al menos seis personas han muerto, la mayoría manifestantes jóvenes, y más de 100 policías han resultado heridos, según las autoridades peruanas.
Recientemente, la policía de Perú anunció que desde el pasado miércoles 71 personas, acusadas de perturbar la tranquilidad pública, han sido detenidas en los departamentos de Lima, Apurímac, Arequipa, Ica y La Libertad.
Las manifestaciones están respaldadas por la mayor federación de sindicatos, la asociación más grande de pueblos indígenas de la Amazonía peruana y muchas organizaciones que representan a los agricultores pobres, entre otros grupos.
Hasta ahora, no ha surgido ningún líder que busque unificar a los distintos grupos. Perú ha sido afectado por la agitación política y los escándalos de corrupción de alto nivel que han derivado en seis presidentes desde 2016.
En Cusco, las protestas han bloqueado carreteras de la región, impidiendo el suministro a las minas de cobre y los mercados de alimentos y cerrando Machu Picchu y otras ciudades turísticas, dijo el gobernador regional, Jean Paul Benavente. Calculó que unos 3000 turistas —entre ellos, ciudadanos estadounidenses— están varados en la capital regional o en el Valle Sagrado y otras zonas cercanas a Machu Picchu.
En una entrevista telefónica el miércoles, Benavente dijo que el ejército aún no se había desplegado para apoyar a la policía en la protección de la infraestructura clave. Mientras hablaba, los manifestantes se replegaban tras un nuevo intento de ocupar el aeropuerto de la ciudad de Cusco.
Benavente dijo que había ayudado a apaciguar la situación al recordarle a los líderes de la protesta que el aeropuerto ya no estaba operativo.
“Son dirigentes que dan la cara, que dan diálogo”, dijo. “Lamentablemente, hay turbas, hay grupos muy focalizados que a veces se desbordan e intentan hacer este tipo de actos vandálicos”.
Benavente es uno de los pocos funcionarios electos que parecía tener la esperanza de que el diálogo pudiera generar una salida pacífica y legal a la crisis. La demanda principal que une a todos los manifestantes, dijo, son nuevas elecciones generales. Si el Congreso y el gobierno pueden ejecutar con rapidez una reforma a la Constitución para permitir elecciones anticipadas, pronto se podría alcanzar una “tregua”. De otro modo, lo más probable es que las demandas se vuelvan más radicales, dijo.
Castillo, quien antes fue maestro y era activista sindical proveniente de una familia rural pobre, animó a muchos peruanos como él con su plataforma de izquierda en las elecciones del año pasado. Hizo campaña con la promesa de abordar la pobreza y la desigualdad. Su eslogan, “No más pobres en un país rico”, y su llamado a reescribir la Constitución convenció a muchos agricultores rurales en una nación profundamente desigual donde la élite urbana se opuso con vehemencia a su candidatura.
Muchos de sus seguidores dijeron que estaban frustrados por un sistema diseñado para ayudar a las élites.
Pero después de asumir el cargo, tuvo dificultades para gobernar, y su gobierno resultó empañado por acusaciones de corrupción, incompetencia y mala gestión.
Después de la detención de Castillo la semana pasada, sus partidarios acusaron a la élite política de llevarlo al suicidio político y aseguraron que la clase dominante política nunca le dio la oportunidad de gobernar plenamente. En entrevistas, algunas personas dijeron que sentían que les habían robado el voto, llevándolos a las calles.
José Godoy, politólogo peruano, se mostró crítico con la decisión de declarar el estado de emergencia.
Significa “la constatación de que se privilegian medidas de fuerza antes que un diálogo con la ciudadanía”, dijo. “Esto disminuye la credibilidad de Boluarte”.
Godoy agregó que esa decisión también afectará a la economía.
“Me parece desproporcionado”, dijo. “Creo que debió darse solo en los lugares donde hay realmente convulsión”.
Castillo es uno de los varios presidentes de izquierda que llegaron al poder en Latinoamérica en los últimos años mientras prevalecía un enfado profundo contra los políticos de la clase dominante. Muchos de estos líderes han buscado unirse a partir de una promesa común que busca zanjar la profundización de la desigualdad y quitarle el control a la élite política.
El lunes por la noche, varias de esos países alineados emitieron un comunicado conjunto en la que llamaban al presidente destituido “víctima de un antidemocrático hostigamiento” e instando a los líderes políticos de Perú a respetar la “voluntad popular” de los ciudadanos que votaron por él.
El comunicado, emitido por los gobiernos de Colombia, Bolivia, Argentina y México, se refiere a Castillo como “presidente” y no menciona a Boluarte.
Mitra Taj reporteó desde Lima, Perú, y Julie Turkewitz desde Bogotá, Colombia.
Julie Turkewitz es jefa de la corresponsalía de los Andes, que abarca Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de mudarse a América del Sur, fue corresponsal de temas nacionales y cubrió el oeste de Estados Unidos. @julieturkewitz
Source: Elections - nytimes.com
