La decisión de anular las primarias en las que se eligió a una candidata unitaria para enfrentar al presidente Nicolás Maduro plantea dudas sobre su compromiso con un proceso libre.
Luego de años de un gobierno autoritario, parecía que se abría un pequeño resquicio de esperanza para los partidarios de la democracia.
La elección de una candidata de la oposición para enfrentarse en las urnas al presidente de Venezuela, que derivó del compromiso del gobierno de celebrar elecciones libres y justas el próximo año, generó un optimismo moderado en los venezolanos y observadores internacionales sobre la posibilidad de un retorno a la democracia.
Pero ahora el gobierno del presidente Nicolás Maduro está atacando las primarias de la oposición celebradas este mes, lo que ha suscitado preocupaciones de que Maduro oponga resistencia a cualquier desafío serio a su poder, el cual tiene desde hace 10 años, incluso mientras su país sigue padeciendo las consecuencias de las sanciones internacionales.
Las primarias de la oposición en Venezuela, país sudamericano de unos 28 millones de habitantes, se llevaron a cabo sin el apoyo oficial del gobierno. La votación, en cambio, fue organizada por la sociedad civil y se instalaron mesas electorales en viviendas, parques y sedes de partidos de la oposición.
Más de 2,4 millones de venezolanos votaron, una cifra considerable que podría indicar el compromiso de los electores rumbo a las elecciones generales previstas para 2024.
Pero en los días posteriores a la votación, el presidente de la Asamblea Nacional, organismo controlado por Maduro, afirmó que la participación electoral estaba inflada y calificó a los organizadores de “ladrones” y “estafadores”, y describió las elecciones como una “farsa”.
“Las primarias enviaron un claro mensaje de que el pueblo venezolano es, en esencia, profundamente democrático”, dijo Tamara Taraciuk Broner, quien realiza investigaciones sobre Venezuela para Diálogo Interamericano, una organización con sede en Washington. “Y si tienen la opción de votar, se expresarán a través del voto. Y eso es un enorme desafío para los que están en el poder”.
La semana pasada, el Ministerio Público venezolano anunció que estaba investigando a 17 miembros de las comisiones nacionales y regionales que supervisaron los comicios bajo cargos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Si el fiscal general presenta cargos penales, los acusados se enfrentarían a un juicio y a una posible sentencia a prisión.
Y el lunes, el Tribunal Supremo de Justicia del país emitió una sentencia que deja sin efecto las primarias. Pero dado que el gobierno no desempeñó ningún papel en los comicios, no está claro cuál será el efecto práctico o qué implicaciones tendrá la sentencia de cara al futuro.
“Se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias”, dice la sentencia.
Juan Manuel Rafalli, abogado constitucionalista en Venezuela, dijo que es probable que el Ministerio Público solicite a los organizadores de las primarias la entrega de documentos que utilizará para tratar de invalidar los resultados de la votación o para convocar a una nueva.
“Han soltado todo el aparato judicial que ellos controlan para tratar de anular lo que ocurrió”, dijo Rafalli. “No le busques explicación jurídica a esto porque no la van a encontrar”.
Maduro asumió el poder en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, quien lideró una revolución de inspiración socialista a finales de la década de 1990. Bajo el mandato de Maduro, Venezuela, cuyas enormes reservas de petróleo convirtieron al país en uno de los más ricos de Latinoamérica, ha experimentado un declive económico que ha desencadenado una crisis humanitaria. Unos siete millones de venezolanos —una cuarta parte de la población— han salido del país.
El mes pasado, el gobierno de Maduro y la oposición firmaron un acuerdo que buscaba encaminar al país a unas elecciones libres y justas, que incluía permitirle a la oposición elegir un candidato de cara a la elección presidencial del próximo año.
María Corina Machado, candidata de centroderecha y exdiputada venezolana, ganó con el 93 por ciento de los votos en una contienda con 10 aspirantes.
Pero el gobierno de Maduro la inhabilitó por 15 años para ejercer cargos públicos, alegando que no completó su declaración de bienes e ingresos cuando era diputada. Se trata de una táctica empleada de manera usual por Maduro para mantener alejados de las urnas a los contendientes más fuertes.
Machado es una política experimentada, a quien se le ha apodado la “Dama de Hierro” por su relación confrontativa con los gobiernos de Maduro y Chávez. Algunos analistas afirman que, si se le permitiera presentarse, probablemente derrotaría a Maduro.
Pero sus posturas de línea dura y su insistencia en responsabilizar penalmente a miembros del gobierno de Maduro por abusos contra los derechos humanos también podrían hacer menos probable que el gobierno le permita llegar al poder.
“Es una contradicción que se firme un acuerdo. Y, acto seguido, en los días que siguen, se proceda a violar los primeros puntos del acuerdo”, dijo Machado en un discurso el jueves, refiriéndose a las investigaciones contra los organizadores de las primarias.
El gobierno de Biden ha retirado algunas de las sanciones impuestas a la crucial industria petrolera de Venezuela en respuesta a algunas de las recientes concesiones de Maduro. El gobierno venezolano, entre otras cosas, ha accedido a aceptar a los venezolanos que han sido deportados de Estados Unidos y a liberar a un puñado de presos políticos.
Pero el gobierno de Biden también espera que Venezuela restituya los derechos políticos de los candidatos a los que se inhabilitó de participar en las elecciones nacionales o, de lo contrario, que enfrente el restablecimiento de las sanciones.
El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró estar al tanto de la decisión del tribunal venezolano sobre las primarias de la oposición e instó al gobierno de Maduro a cumplir el acuerdo de celebrar elecciones creíbles el próximo año.
“Estados Unidos y la comunidad internacional siguen de cerca la implementación de la hoja de ruta electoral, y el gobierno estadounidense tomará medidas si Maduro y sus representantes no cumplen sus compromisos”, se lee en el comunicado.
Otros dos miembros de la comisión nacional que organizó las primarias de la oposición, y que no están bajo investigación, criticaron la legitimidad de la medida del gobierno de Maduro.
“Ellos no estaban conscientes del nivel de participación que se iba a producir y creo que los agarró de sorpresa a ellos y a nosotros”, dijo Víctor Márquez, integrante de la comisión. “Ya quedó claro que el gobierno actual no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones”.
Pedro Benítez, un analista político venezolano, dijo que el gobierno de Maduro estaba siguiendo un manual conocido para tratar de aplastar las amenazas a su poder.
Lo que están tratando de hacer, “es subir la apuesta para impedir que la hayan elegido como candidata”, dijo Benítez, refiriéndose a Machado. “El objetivo es desanimar a la oposición, dividir a la oposición, crear conflictos en la oposición, desmoralizar a su base”.
“Esa es la primera fase”, añadió. “Luego va a venir la siguiente fase que ya la ofensiva directamente contra el proceso”.
Source: Elections - nytimes.com
