El temor se apodera de Nicaragua mientras el país vira hacia una dictadura

MANAGUA — Las noches eran lo más difícil.

Desde el momento en que Medardo Mairena decidió postularse a la presidencia, un desafío directo al líder autoritario de Nicaragua, él tuvo la certeza de que el aparato de seguridad en algún momento lo alcanzaría.

A lo largo del verano, Mairena observó cómo desaparecían otros líderes de la oposición. Uno por uno, fueron sacados a rastras de sus casas en medio de una represión nacional orquestada por el presidente Daniel Ortega en contra de la disidencia. La cruzada de este último por asegurarse un cuarto periodo sumergió a la nación centroamericana en un estado de temor generalizado.

Desde junio, la policía ha encarcelado o puesto en arresto domiciliario a siete candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre, así como a decenas de activistas políticos y líderes de la sociedad civil, lo cual ha dejado a Ortega desprovisto de un contendiente creíble en la boleta y ha convertido a Nicaragua en un Estado policial.

A Mairena mismo se le prohibió salir de Managua. Las patrullas de la policía apostadas afuera de su casa ahuyentaron a casi todas las visitas, incluso a su familia.

Durante el día, Mairena se mantenía ocupado, haciendo campaña por Zoom y monitoreando anuncios en la radio oficial en busca de pistas de la creciente represión. Sin embargo, de noche se quedaba despierto, con el oído atento a las sirenas, seguro de que tarde o temprano la policía iba a llegar y él desaparecería en una celda.

“Lo primero que me pregunto en la mañana es ¿cuándo van a venir por mí?”, comentó Mairena, un activista defensor de los derechos de los agricultores, en una entrevista telefónica realizada a finales de junio. “Es una vida en zozobra constante”.

Su turno llegó días después de la llamada. Unos agentes fuertemente armados allanaron su casa y se lo llevaron la noche del 5 de julio.

No se supo nada de él hasta el miércoles, cuando se les permitió una visita breve a sus familiares, quienes comentaron que lo encontraron demacrado y enfermo, completamente desconectado del mundo exterior.

Quienes critican el gobierno aseguran que la imprevisibilidad y rapidez de la ola de arrestos han convertido a Nicaragua en un Estado más represivo del que fue durante los primeros años de la dictadura de Anastasio Somoza, quien fue derrocado en 1979 por el Frente Sandinista de Liberación Nacional que encabezaban Ortega y varios otros comandantes. Los sandinistas gobernaron el país hasta que en 1990 perdieron en unas elecciones democráticas y cedieron el poder. En 2007, Ortega regresó a la presidencia.

Tras 14 años en el poder, Ortega, impopular y cada vez más aislado de la sociedad nicaragüense en su residencia privada, parece determinado a evitar toda competencia electoral verdadera. Los cinco candidatos presidenciales que siguen en la boleta con él son políticos poco conocidos que tienen una historia de colaboración con el gobierno. Pocas personas en Nicaragua los consideran desafíos genuinos para Ortega.

La represión, la cual se ha extendido hacia los críticos de todos los ámbitos sociales, no ha perdonado a ningún disidente político, sin importar sus circunstancias personales o vínculos históricos con Ortega.

Entre las víctimas de persecución se encuentran un banquero millonario y un guerrillero marxista, un general condecorado y una activista poco conocida de la provincia, líderes estudiantiles e intelectuales septuagenarios. Ningún detractor del gobierno se siente a salvo de las repentinas redadas nocturnas, de las cuales su constancia ha sido la única certeza, comentaron en entrevistas más de 30 nicaragüenses afectados por la represión.

“Todos están en la lista”, mencionó un empresario nicaragüense, cuyo hogar fue registrado por la policía; habló bajo la condición de permanecer en el anonimato por temor a las represalias. “Nada más estás intentando saber qué tan alto o tan abajo está tu nombre, basándote en la última detención”.

La ola de represión y temores de violencia política ha empujado a miles de nicaragüenses a huir del país, lo cual amenaza con empeorar una crisis de migración masiva en una época en la que el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, ya tiene dificultades al enfrentar cifras récord de inmigrantes que intentan cruzar la frontera sur.

La cantidad de nicaragüenses que han detenido los guardias fronterizos de Estados Unidos ha estallado desde la represión: un total de casi 21.000 personas cruzaron en junio y julio, en comparación con menos de 300 en los mismos meses del año pasado, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional. Durante esos meses, otros 10.000 nicaragüenses han cruzado al sur hacia el país vecino de Costa Rica, según la agencia migratoria costarricense.

El éxodo ha incluido a ricos y pobres por igual, provocado tanto por los temores de la escalada de violencia como por la preocupación de la acechante crisis económica en un país que se dirige a paso constante hacia el aislamiento internacional.

En los últimos meses, decenas de destacados empresarios nicaragüenses han huido con sigilo hacia Miami y paralizado sus inversiones en el país, según entrevistas con varios empresarios que no quisieron ser citados por temor a represalias. Y se espera que la mayoría de los bancos internacionales de desarrollo, cuyos préstamos han apoyado la economía nicaragüense en años recientes, dejen de entregar nuevos fondos después de las elecciones, las cuales Estados Unidos ha señalado que es poco probable que reconozca en su forma actual.

Algunos nicaragüenses se han marchado por temor a un regreso a la violencia callejera que traumatizó al país en 2018, cuando paramilitares favorables al gobierno y fuerzas policiales interrumpieron las protestas de la oposición y mataron a más de 300 personas.

“Tengo miedo de que venga otra masacre”, dijo Jeaneth Herrera, quien vende pan de elote tradicional en las calles de Managua. Sus ventas se han desplomado en meses recientes pues, dijo, la incertidumbre política ha elevado los precios de alimentos. “Yo no veo futuro aquí”.

Los hombres y mujeres detenidos, algunos de los cuales ocuparon altos cargos sandinistas, han sido acusados de crímenes que van desde la conspiración hasta el lavado de dinero y el homicidio, imputaciones que, según familiares y asociados, son falsas. La mayoría pasó semanas o meses en la cárcel antes de tener contacto alguno con sus parientes o abogados.

Varias de las personas arrestadas son septuagenarias y tienen problemas de salud. Según los familiares, compartieron la cárcel con otros presos y no tuvieron acceso a doctores independientes ni a que sus parientes les entregaran medicamentos.

Un general sandinista retirado, Hugo Torres, fue arrestado a pesar de que había dirigido un ataque que le ayudó a Ortega a escapar de la cárcel de Somoza en la década de 1970, con el cual es probable que le haya salvado la vida. El exministro sandinista Víctor Hugo Tinoco fue detenido y la policía registró su casa durante horas enfrente de su hija, Cristian Tinoco, quien tiene cáncer terminal.

La policía también irrumpió de noche en la casa del candidato presidencial Miguel Mora y lo sacó a rastras frente a su hijo Miguel, quien tiene parálisis cerebral, dijo la esposa de Mora, Verónica Chávez.

“Esa noche repetía ‘¿Dónde está papá?’”, mencionó Chávez. “Parecía que estábamos en un corto de terror”.

Los casos en contra de los prisioneros políticos se llevan en cortes cerradas sin la participación de asesores legales. Esto ha significado que los parientes y la ciudadanía desconocen qué evidencia se ha presentado, lo que agrava el clima de temor.

Quienes intentaron documentar el proceso legal —familiares, abogados, periodistas— dicen que fueron amenazados o enfrentaron acusaciones similares y, en algunos casos, se vieron obligados a huir del país o esconderse. Un abogado de uno de los candidatos encarcelados fue arrestado a fines del mes pasado por ser miembro de un partido de oposición.

“Nadie de nadie sabe de qué les están acusando, qué exactamente está en los casos”, dijo Boanerges Fornos, abogado nicaragüense que representaba a algunos de los políticos detenidos antes de huir del país en junio. “Hay una destrucción sistemática del aparato de información no oficial. Al régimen le gusta operar en la oscuridad”.

Luego de desmantelar a los partidos de oposición y encarcelar a sus candidatos, el gobierno dirigió sus ataques a otros con puntos de vista independientes: el clero, los periodistas, abogados e incluso los médicos. En las últimas semanas, el gobierno ha dicho que los obispos católicos de Nicaragua son “hijos del demonio”, amenazaron a los médicos que dieron la alarma sobre una nueva ola de COVID-19 y tomaron las instalaciones del mayor diario del país, La Prensa.

La incertidumbre detrás de los arrestos aparentemente arbitrarios ha hecho que la situación sea más difícil de soportar para los familiares de las víctimas.

“Ya tienen listo su tablero de ajedrez y uno solo es un peón”, dijo Uriel Quintanilla, un músico nicaragüense cuyo hermano, Alex Hernández, es un activista de oposición que fue detenido recientemente.

Desde entonces, dijo Quintanilla, no ha tenido noticias de su hermano ni de los cargos que se le imputan.

“El jaque mate en tu contra ya está planeado, nada más no sabes cuándo te va a llegar”.

Alex Villegas colaboró con este reportaje desde San José, Costa Rica.

Anatoly Kurmanaev es un corresponsal con sede en Ciudad de México desde donde cubre México, Centroamérica y el Caribe. Antes de integrarse a la corresponsalía de México en 2021, pasó ocho años reportando desde Caracas sobre Venezuela y la región vecina. @akurmanaev