Las encuestas electorales en Brasil se equivocaron, y ahora Bolsonaro quiere penalizar a las que fallen

BRASILIA — Este mes se celebró la primera vuelta de las elecciones en Brasil, que han sido observadas con detenimiento, y las encuestas mostraron un pronóstico errado porque subestimaron el apoyo con el que cuenta el presidente en funciones, Jair Bolsonaro, un líder de extrema derecha, y otros candidatos conservadores de todo el país.

Muchos integrantes de la derecha se pusieron furiosos y criticaron las encuestas por estar desconectadas del electorado brasileño.

Esa reacción no fue ninguna sorpresa. Lo que pasó después, sí lo fue.

A instancias de Bolsonaro, algunos líderes políticos brasileños ahora buscan tipificar como delito las predicciones incorrectas de una elección.

La Cámara de Diputados de Brasil ha acelerado un proyecto de ley que penalizaría la publicación de una encuesta que luego se compruebe que estuvo fuera de su margen de error. Se prevé que la Cámara Baja, controlada por aliados de Bolsonaro, vote para aprobar la medida en los próximos días.

El contenido y destino finales de la propuesta de ley aún no están claros. Los líderes legislativos han insinuado que podrían cambiar algunos aspectos de la legislación, y las posibilidades de que se apruebe en el Senado, donde los oponentes a Bolsonaro son mayoría, parecen mucho menos certeras.

Sin embargo, independientemente del futuro de esa propuesta, tanto ese proyecto como otras iniciativas para investigar a las encuestadoras por sus recientes errores de cálculo forman parte de una narrativa más amplia, sin evidencias, promovida por Bolsonaro y sus aliados, según la cual la clase política y la izquierda de Brasil tratan de amañar las elecciones en su contra.

Mientras Brasil se prepara para votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el 30 de octubre, las encuestas siguen mostrando que Bolsonaro está rezagado detrás de su rival de izquierda, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, aunque la contienda luce cada vez más cerrada.

Por su parte, Bolsonaro optó por tildar a las empresas encuestadoras de “mentirosas” y denunciar que sus errores cambiaron hasta tres millones de votos a favor de Da Silva en la primera ronda electoral, y ha abogado para que las firmas enfrenten consecuencias. “No es por haberse equivocado, ¿OK? Una cosa es cometer un error”, puntualizó. “Es por los delitos que cometieron”.

Bolsonaro no ha aclarado qué delitos considera que se cometieron.

La Asociación Brasileña de Empresas Encuestadoras declaró en un comunicado que estaba “ofendida” por los intentos de criminalizar las encuestas que arrojan pronósticos equivocados.

“Iniciar este tipo de investigación durante el periodo de campaña para la segunda vuelta electoral, cuando las encuestadoras están realizando su trabajo, demuestra otro intento flagrante de obstruir la investigación científica”, aseveró el grupo.

Las firmas encuestadoras agregaron que su trabajo no era predecir elecciones, sino brindar un panorama general de las intenciones de los electores en el momento en que se realiza una encuesta.

El proyecto de ley en el Congreso no es el único recurso que se ha entablado contra las encuestadoras. A petición de la campaña de Bolsonaro, el ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil le ordenó a la policía federal que abriera una investigación contra las encuestadoras por los sondeos que realizaron antes de la primera ronda electoral. Además, la agencia federal antimonopolio de Brasil inició sus propias pesquisas sobre las principales instituciones encuestadoras de la nación por posible colusión.

Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal y director del tribunal electoral del país, no tardó en ordenar la suspensión de ambas investigaciones, tras señalar que carecían de jurisdicción y parecían cumplir las órdenes políticas del presidente. A su vez, Moraes le ordenó al tribunal electoral de Brasil investigar si Bolsonaro trataba de usar de manera indebida el poder que tiene sobre las agencias federales.

En este último año, Moraes se ha posicionado como el principal contrapeso al poder de Bolsonaro, lo cual le ha valido algunas críticas por medidas que, según expertos en derecho y gobernanza, representan un giro represivo para el máximo tribunal de Brasil.

Entre otras decisiones, Moraes encarceló a cinco personas sin juicio previo por hacer publicaciones en redes sociales que él consideró que eran ataques contra las instituciones brasileñas. El 20 de octubre, los funcionarios electorales ampliaron aún más su poder al otorgarle la autoridad unilateral para suspender las plataformas de redes sociales en Brasil que no obedecieran de inmediato sus órdenes de eliminar la desinformación.

Moraes y el Senado del país parecen estar listos para proteger a las encuestadoras de las medidas en contra de sus sondeos.

Sin embargo, las acusaciones reiteradas de que las encuestadoras son corruptas podrían socavar aún más su capacidad para brindar la mejor estimación posible de la opinión pública. Algunos de los asesores principales de Bolsonaro han hecho un llamado para que sus partidarios ignoren a los encuestadores con el fin de sabotear los resultados.

“¡¡¡No le respondan a ninguno de ellos hasta el final de la elección!!! Así será seguro desde el principio que cualesquiera de sus resultados son fraudulentos”, escribió Ciro Nogueira, el jefe de gabinete de Bolsonaro, en su cuenta de Twitter. “¿Fue un delito su absurdo error? Solo una investigación profunda lo determinará”.

Las firmas encuestadoras más importantes habían pronosticado que Bolsonaro recibiría alrededor de un 36 por ciento del voto en la primera ronda electoral. Recibió un 43,2 por ciento, una brecha de siete puntos porcentuales fuera del margen de error de prácticamente todas las encuestadoras.

Sus pronósticos fueron aún peores en muchas contiendas por cargos de menor relieve. En Río de Janeiro, los sondeos mostraron que el candidato conservador a gobernador llevaba una ventaja de unos nueve puntos porcentuales. En cambio, ganó por 31 puntos.

En São Paulo, algunas encuestas mostraron que un candidato de izquierda que aspira a llegar al Senado llevaba una delantera de 14 puntos porcentuales frente a su oponente antes de la primera ronda de elecciones. En cambio, un candidato de derecha ganó por casi el mismo margen, una diferencia de 28 puntos porcentuales de lo que predijeron los sondeos previos a la elección.

Las empresas encuestadoras han atribuido sus pronósticos fallidos a una variedad de factores, entre ellos los datos obsoletos del censo, los cuales minaron su capacidad de encuestar a una muestra estadísticamente representativa de electores. Esas firmas mencionaron que sus encuestas también fueron deficientes porque una ola de votantes más grande de lo esperado cambió su voto para apoyar a Bolsonaro en el último minuto.

Algunas encuestadoras también comentaron que creían que muchos electores conservadores no estuvieron dispuestos a responder sus encuestas.

La proporción de votantes de mayor edad excedió por mucho sus expectativas, tal vez debido a un anuncio que hizo el gobierno este año de que votar era una nueva manera de dar fe de vida y mantener activos sus beneficios de jubilación. Las encuestas en la víspera de las elecciones mostraron que los electores mayores apoyaban a Bolsonaro más que a Da Silva.

Brasil está lejos de ser el único país donde las encuestas luchan por dar una imagen precisa del electorado, particularmente la fuerza del apoyo conservador.

En 2016, las encuestas en Estados Unidos no pronosticaron con precisión el apoyo a Donald Trump, y las empresas dieron razones similares para el error, incluido que algunos votantes de derecha no estaban dispuestos a responder las encuestas.

La credibilidad de las empresas de encuestas en Brasil se vio afectada después de la primera vuelta de las elecciones, y algunos periodistas se han mostrado reacios para compartir las encuestas antes de la segunda vuelta del domingo.

Ricardo Barros, un congresista conservador que está ayudando a impulsar el proyecto de ley para criminalizar las encuestas defectuosas, dijo que la legislación obligaría a las empresas encuestadoras a ser más cuidadosas con sus resultados. Según la ley propuesta, solo las encuestas que se equivocan fuera de su margen de error enfrentarían responsabilidad.

“Si no están seguros del resultado, usen un margen de error del 10 por ciento”, dijo. “Pierden credibilidad, pero no desinforman a los votantes. El problema es que hoy en día siempre se presentan como una verdad absoluta”.

Los legisladores tanto de la Cámara como del Senado también han reunido suficientes firmas para abrir investigaciones en el Congreso sobre las firmas de encuestas, aunque se espera que el líder del Senado tome medidas para bloquear la investigación.

Alexandre Cordeiro Macedo, director de la agencia federal antimonopolio de Brasil que fue designado por Bolsonaro, trató de ir más allá que Barros al señalar la supuesta responsabilidad de las firmas de encuestas.

Antes de que Moraes interviniera y detuviera la investigación, Cordeiro Macedo acusó a las principales encuestadoras de colusión basándose en lo que calificó como la improbabilidad estadística de que todas hubieran subestimado el apoyo de Bolsonaro por un margen tan significativo. Afirmó que el escenario era tan probable como ganar la lotería varias veces.

Pero Alexandre Patriota, profesor de estadística en la Universidad de São Paulo, lo cuestionó y dijo que probar la colusión basada únicamente en esa única medida sería casi imposible.

“Incluso si todos los institutos se equivocaron de la misma manera, eso no es una prueba de colusión”, dijo. “Para tener un toque de malicia, necesitas algo más que números”.

Jack Nicas es el jefe de la corresponsalía del Times en Brasil, que abarca Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. Antes cubría tecnología desde San Francisco. Antes de unirse al Times, en 2018, trabajó durante siete años en The Wall Street Journal. @jacknicas • Facebook