Elections

En más de una decena de estados hay demandas que buscan impedir que el expresidente aparezca en las papeletas de las votaciones primarias. Esto es lo que hay que saber.La campaña para que el expresidente Donald Trump sea eliminado de la boleta electoral debido a sus intentos de permanecer en el poder después de las elecciones de 2020 ha cobrado impulso con los fallos en dos estados, Maine y Colorado, que le impiden aparecer en las papeletas para las elecciones primarias.Hay impugnaciones aún en curso en muchos otros estados, basadas en una cláusula poco conocida de una enmienda constitucional promulgada después de la Guerra Civil que inhabilita a funcionarios del gobierno que “participaron en insurrección o rebelión” de ocupar cargos públicos.A lo largo de los años, los tribunales y el Congreso han hecho poco para aclarar cómo se debe aplicar ese criterio, lo que aumenta la urgencia de los llamados a que la Corte Suprema de EE. UU. intervenga en la disputa, políticamente explosiva, antes de las próximas elecciones.Esto es lo que hay que saber sobre las impugnaciones.¿Qué estados ya han resuelto el asunto?La secretaria de Estado de Maine dijo el jueves que Trump no calificaba para aparecer en la boleta primaria republicana en ese territorio debido a su papel en el ataque del 6 de enero al Capitolio de EE. UU. Ella dio la razón a un grupo de ciudadanos que afirmaban que Trump había incitado una insurrección y, por lo tanto, estaba impedido de candidatearse nuevamente a la presidencia conforme a la sección 3 de la 14ª enmienda de la Constitución.En un fallo emitido por escrito, la secretaria de Estado, la demócrata Shenna Bellows, dijo que aunque nadie en su posición había prohibido la presencia de un candidato en la boleta electoral con fundamento en la sección 3 de la enmienda, “ningún candidato presidencial ha participado antes en una insurrección”.Horas después, la secretaria de Estado de California anunció que Trump permanecería en la boleta electoral en la entidad más poblada del país, donde los funcionarios electorales tienen un poder limitado para eliminar a los candidatos.En Colorado, la Corte Suprema del estado decidió la semana pasada en un fallo 4-3 que al expresidente no se le debe permitir aparecer en la boleta para las primarias allí porque participó en una insurrección. La sentencia no abordó las elecciones generales.Los jueces en Colorado dijeron que si su fallo fuera apelado ante la Corte Suprema de EE. UU., entonces a Trump se le permitiría permanecer en la boleta electoral hasta que el tribunal superior decidiera el asunto. La secretaria de Estado de Colorado ha dicho que la orden seguirá vigente el 5 de enero, cuando el estado tenga que certificar las boletas electorales.El miércoles, el Partido Republicano de Colorado dijo que había pedido a la Corte Suprema que escuchara una apelación a la decisión de Colorado.En Míchigan y Minnesota, los tribunales han dictaminado que los funcionarios electorales no pueden impedir al Partido Republicano incluir a Trump en sus boletas para las elecciones primarias. Pero ambos fallos dejaron abierta la puerta a nuevas impugnaciones que le impidan aparecer en la boleta electoral para las elecciones generales.¿En dónde más hay impugnaciones para que Trump no aparezca en la boleta electoral?Se presentaron demandas para sacar a Trump de la boleta electoral en unos 30 estados, pero muchas fueron desestimadas; según una base de datos mantenida por Lawfare, un sitio web de asuntos legales y de seguridad nacional, hay demandas activas en 14 estados.Esos estados son: Alaska, Arizona, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Carolina del Sur, Texas, Vermont, Virginia, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming. (Un juez ha desestimado la demanda de Arizona, pero se apeló el fallo).¿De qué tratan las impugnaciones?Las iniciativas de descalificación se fundamentan en la 14ª enmienda de la Constitución, que fue adoptada en 1868 y tiene una sección que descalifica de ocupar cargos públicos a los exfuncionarios de gobierno que han traicionado sus juramentos al participar en actos de “insurrección o rebelión”. La disposición, incluida en la sección 3, tenía la intención de prohibir que funcionarios confederados pudieran trabajar para el gobierno de EE. UU.La disposición específicamente dice que cualquier persona que haya fungido como “funcionario de Estados Unidos”, juró apoyar la Constitución y, si luego “participó en insurrección o rebelión”, no podrá ocupar ningún cargo gubernamental. Incluye una disposición en la que el Congreso puede dispensar la prohibición con un voto de dos tercios en la Cámara y el Senado.Al aumentar las impugnaciones legales, se prevé que la Corte Suprema de EE. UU. aborde el tema, y los expertos dicen que el alcance del fallo determinaría si las impugnaciones se manejan rápidamente o se prolongan durante meses.Ashraf Ahmed, profesor de la Escuela de Derecho de Columbia que estudia la ley electoral, dijo que si la Corte Suprema llega a examinar el caso, podría evitar profundizar en los asuntos más importantes, como definir la sección 3. En cambio, dijo, los jueces podrían emitir un fallo en gran medida en función de las cuestiones procesales.¿Qué estados podrían decidir el asunto próximamente?Se espera una decisión pronto en Oregón, donde el mismo grupo que presentó la demanda en Míchigan, Free Speech for People, busca que la Corte Suprema del estado elimine a Trump de la boleta para las elecciones primarias allí. En ese caso, la secretaria de Estado ha pedido a la corte que acelere su consideración del caso porque debe dar los toques finales a la boleta para las primarias antes del 21 de marzo.John Bonifaz, presidente de Free Speech for People, dijo que el grupo planea presentar nuevas impugnaciones en otros estados próximamente, aunque no quiso decir en cuáles.Free Speech for People también ha pedido directamente a los principales funcionarios electorales en los 50 estados, así como en Washington, D.C., que retiren a Trump de las boletas en esos estados.Nicholas Bogel-Burroughs es reportero de noticias nacionales en Estados Unidos y se enfoca en la justicia penal. Es de Nueva York. Más de Nicholas Bogel-Burroughs. More

What word would you use to describe the American economy as 2023 ends? What word would youuse to describe the American economy as 2023 ends? “Optimistic.” Chris, 59, Mich., Biden 2020 voter “Upward.” Deborah, 51, Tenn., Biden 2020 voter “Uncertain.” Joe, 37, Ark., Trump 2020 voter Something strange happened during our recent Times Opinion focus […] More

Wall Street’s forecasts mostly missed this year’s bull market rally. Here’s what strategists are saying about 2024.Last November and December, veteran stock market watchers forecast that 2023 would be a year to forget. They saw high inflation, a looming global recession and rising interest rates as sapping households’ buying power and denting corporate profits. For investors, they penciled in paltry gains and one of the worst performances for the S&P 500 in the past 15 years.But the market pros got the story only partly right. While interest rates did climb to a near two-decade peak, the S&P 500 has surprisingly soared to a near record high. Fueled partly by a rally in the so-called Magnificent Seven megacap tech stocks, it’s risen nearly 25 percent this year, as of Thursday’s close, shaking off a banking crisis, wars in the Middle East and Ukraine, and slowing growth in China’s economy.Crypto managed to do even better. Bitcoin bulls have swept aside a legal crackdown against the industry’s biggest players to fuel an impressive rally. The digital token has gained more than 150 percent this year, making it one of the best performing risky assets.“Twenty twenty-three was a great year for the contrarians,” David Bahnsen, the founder and chief investment officer of the Bahnsen Group, a wealth management firm, told DealBook. “You had macroeconomic concerns a year ago that didn’t come to bear, and you had valuation and financial concerns that didn’t come to bear. And it’s particularly ironic that it didn’t, because actually everything investors feared a year ago got worse.”Wall Street’s outlook for 2024 is rosier. Analysts see lower borrowing costs, a soft landing (that is, an economic slowdown that avoids a recession) and a pretty good year for investors.But if 2023 taught the market pros anything, it’s that forecasts can look out of date pretty fast. A slew of things could disrupt the markets in the year ahead — inflation creeping up again, or not, is one big factor to watch. And there are wild cards, too, with voters expected to head to the polls in over 50 countries next year, including the U.S.Here’s how Wall Street sees 2024 playing out:The bull caseThe median year-end 2024 forecast for the S&P 500 is 5,068, according to FactSet. Such a level would imply an annualized gain of roughly 6 percent for 2024.Bank of America’s equity strategists, led by Savita Subramanian, are among those in the bullish camp. In their annual forecast, they said that the S&P 500 would be likely to close out next year at 5,000, helped by a kind of “goldilocks” scenario of falling prices and rising corporate profits.Goldman Sachs is even more upbeat. Its analysts upgraded their year-end 2024 call on the S&P 500 to 5,100. They made the change after the Fed’s surprise statement on Dec. 13 that the equivalent of three interest-rate cuts were on the table for next year. Lower borrowing costs tend to give consumers and businesses more spending power, which could help Corporate America’s bottom line.Another catalyst: Investors this year put far more money into safe interest-rate sensitive assets, like money market funds, than they did into stocks. That logic could be flipped on its head in 2024. “As rates begin to fall, investors may rotate some of their cash holdings toward stocks,” David Kostin, the chief U.S. equity strategist at Goldman Sachs, said in a recent investor note.The bear caseOn the more pessimistic side is JPMorgan Chase, which carries a 2024 year-end target of 4,200. Its analysts team, led by Marko Kolanovic, the bank’s chief global market strategist, sees a struggling consumer with depleted savings, a potential recession and geopolitical uncertainty that could push up commodity prices, like oil, and push down global growth.The year ahead will be “another challenging year for market participants,” Kolanovic said. (Most strategists are even more downbeat on Europe, where recession fears are more acute. On the flip side, equities in Asia could show another year of solid growth, especially in India and Japan, Wall Street analysts say.)Lee Ferridge, the head of multi-asset strategy for North America at State Street Global Markets, is more optimistic about the American consumer, but points to a different challenge for investors. “If I’m right, the economy stays stronger. But then that’s a double-edged sword for equities,” he said. The prospect of robust consumer and business spending poses an inflation risk that could force the Fed to hold rates higher for longer, and even pause cuts, he said. “That’s going to be a headwind for equities.”“I wouldn’t be surprised to see a fairly flat year next year,” he added. “If we are up, it’s going to be the Magnificent Seven that are the drivers again.”The wild card: politics and the electionsPresidential elections are not rally killers, according to market analysis by LPL Financial that looks at the past 71 years. In that period, the S&P has risen, on average, by 7 percent during U.S. presidential election years. (The market tends to do even better in a re-election year, the financial advice firm notes.)Even with some uncommon questions swirling over next year’s contest — Will a mountain of legal troubles derail the Republican front-runner, Donald Trump? Will President Biden’s sagging polling ratings open the door for a strong third-party challenger? Will the election result be disputed, causing a constitutional crisis? — that’s unlikely to add much volatility to the markets, Wall Street pros say.“The election will not be a story in the stock market, up until November 2024, for the simple reason that the stock market will not know who’s going to win the election until November 2024,” Bahnsen said.His advice: Don’t even try to game out the election’s impact on the markets. More

Challenges to disqualify Donald Trump from the office of president under Section 3 of the 14th Amendment are popping up all over the country. On Thursday, the secretary of state of Maine ruled that Mr. Trump would be ineligible for the state’s primary ballot, a decision that can be appealed to the state’s Supreme Court. On Wednesday, the Michigan Supreme Court ruled narrowly that the state will allow Mr. Trump to stay on the primary ballot — but left open a potential future challenge to his inclusion on a general-election ballot.But so far only one — the Colorado Supreme Court’s ruling that bars Mr. Trump from the primary ballot — has reached the doorstep of the U.S. Supreme Court.The Supreme Court should take the case and reverse the Colorado Supreme Court ruling, and do so for the very reason cited by the Colorado judges. According to the Colorado court (itself quoting an earlier, unrelated case), Section 3 should be interpreted “in light of the objective sought to be achieved and the mischief to be avoided.”That is exactly right. The Colorado court failed, however, to follow its own advice.When Congress passed the 14th Amendment, there wasn’t a person in the Senate or House who worried about loyal Americans electing a former rebel like Jefferson Davis as president. Instead, Republicans feared that the leaders of the late rebellion would use their local popularity to disrupt Republican Reconstruction policy in Congress or in the states. Section 3 expressly addressed these concerns and did so without denying loyal Americans their right to choose a president.To date, much of the debate over Section 3 has focused on whether the president is an “officer” who takes an “oath.” This is an issue in the second part of the provision. What neither scholars nor courts have yet focused on is first part of Section 3. The threshold issue is whether the framers and ratifiers thought that the president holds a “civil” office “under the United States.” This is a much more specific and historically difficult question.Here are the key opening words of Section 3: “No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice-President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any State …”The text begins by expressly naming offices that rebel leaders might conceivably secure for themselves on the basis of their local popularity. The greatest fear was that these rebels would return to Congress and join Northern Democrats in thwarting Republican Reconstruction policy.As Representative Thaddeus Stevens warned his colleagues, without a properly worded Section 3, “that side of the House will be filled with yelling secessionists and hissing copperheads” — a reference to Northern Democrats who had opposed the Civil War. It was possible that a coalition of Southern and Northern Democratic presidential electors would nominate a “hissing copperhead.”Congressional Republicans were so concerned about mischief in the Electoral College that they delayed the passage of the 14th Amendment in order to make sure the issue was properly addressed. The Joint Committee’s draft of Section 3 prohibited rebels from voting for presidential electors, but this left open an enormous loophole. As Representative John Longyear pointed out, this prohibition would be “easily evaded by appointing electors of President and Vice President through their legislatures.”Senator Jacob Howard agreed that Section 3 would not “prevent state legislatures from choosing rebels as presidential electors,” and he led the effort to rewrite Section 3 in a manner that closed the loophole. The result is the final version that prohibits leading rebels from serving as presidential electors, whether elected or appointed.The only reason to secure a trustworthy Electoral College is in order to secure a trustworthy president. So Section 3 focuses on state-level decision making. It expressly addresses three key positions where leading rebels might use their remaining popularity to disrupt Republican Reconstruction: the Senate, the House of Representatives and state-selected presidential electors.Radical Republicans like Thaddeus Stevens would have gone further and completely disenfranchised anyone who had participated in the rebellion, leader or not. Moderate Republicans, however, were more optimistic. As Senator Daniel Clark noted, once leading rebels were removed, “those who have moved in humble spheres [would] return to their loyalty and to the Government.”The strategy worked. In 1868, despite the scattered participation of former rebel soldiers as presidential electors, Southern Black voters helped elect the Republican Ulysses S. Grant over the Democrat Horatio Seymour.It is possible to read Section 3 as impliedly including the office of president as one of the “civil” offices “under the United States” covered by the general catchall provision. It would be odd to stuff the highest office in the land into a general provision that included everything from postmasters to toll takers, but the text is ambiguous enough to make this a possible reading.However, if the framers meant the catchall provision to include both presidents and postmasters, they were remarkably negligent. According to longstanding congressional precedent and legal authority, the phrase “civil office under the United States” did not include the office of president of the United States. As Joseph Story explained in his influential “Commentaries on the Constitution of the United States,” the congressional precedent known as “Blount’s Case” established that the offices of president, senator and representative were not civil offices under the government of the United States — they were the government of the United States. The phrase “civil office under the United States” referred to appointed offices.In addition to legal authority, there is also common sense to guide us. The text of Section 3 is structured in a manner that moves from high federal office to low state office, and the apex federal political offices are expressly named. As the former Attorney General Reverdy Johnson explained, “the specific exclusion in the case of Senators and Representatives” led him to initially presume that the framers excluded the office of president. Johnson accepted a colleague’s suggestion to the contrary, but if the text created such a presumption in the mind of a former attorney general, it is reasonable to think it may have created the same presumption in the minds of ratifiers.Actually, we have no idea whether the ratifiers shared Johnson’s initial presumption. This is because no one has discovered a single example of any ratifier discussing whether Section 3 included the office of president of the United States. Despite extraordinary efforts by researchers, no one has yet found evidence that any ratifier even considered the possibility that Section 3 abridged the people’s right to choose their president.The silence of the ratifiers on this point is important. Those favoring the disqualification of Mr. Trump insist that there is nothing “anti-democratic” about constraining the presidential choices of the national electorate. The Constitution, after all, contains a number of provisions that deny the people the right to elect whomever they wish. Article II, Section One, for example, prevents the people from electing anyone who is under age 35 or who is a foreign-born candidate.Those qualifications are expressly declared in the text and they received robust vetting and debate in the ratifying conventions. In the case of Section 3, the Supreme Court is being asked to impose new constraints on the democratic process by way of textual implication and in the absence of any public debate whatsoever.Such a reading is neither democratically appropriate nor textually necessary. And it was most certainly not “the objective sought to be achieved [or] the mischief to be avoided” by Section 3.At best, the text of Section 3 is ambiguous regarding the office of president. The Supreme Court should limit the clause to its historically verifiable meaning and scope.Let the people make their own decision about Donald Trump.Kurt Lash, a professor at the University of Richmond School of Law, is the author of, most recently, “The Reconstruction Amendments: Essential Documents” and the forthcoming “A Troubled Birth of Freedom: The Struggle to Amend the Constitution in the Aftermath of the Civil War.”The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: [email protected] the New York Times Opinion section on Facebook, Instagram, TikTok, X and Threads. More

El expresidente Donald Trump está planeando una ampliación contundente de las iniciativas de su primer periodo para reformar las políticas comerciales de Estados Unidos si regresa al poder en 2025; por ejemplo, al aplicarle un nuevo impuesto a “casi todas las mercancías importadas”, lo que tendría el riesgo de distanciar a sus aliados e iniciar una guerra comercial a nivel mundial.Aunque el gobierno de Biden ha mantenido los aranceles que el expresidente le impuso a China, Trump iría mucho más lejos e intentará desvincular las dos economías más grandes del mundo, las cuales intercambiaron 758.000 millones de dólares en mercancías y servicios el año pasado. Trump ha dicho que iba a “aplicar otras restricciones contundentes a la participación china” en una amplia variedad de activos en Estados Unidos, prohibiría a los estadounidenses invertir en China e introduciría de manera gradual una prohibición total a las importaciones de categorías importantes de mercancía hecha en China, como artículos electrónicos, acero y productos farmacéuticos.“Impondremos fuertes sanciones a China y a todos los demás países cuando quieran abusar de nosotros”, aseveró Trump en un mitin reciente en Durham, Nuevo Hampshire.En una entrevista, Robert Lighthizer, quien fue el principal negociador comercial en el gobierno de Trump y que lo más probable es que tenga una gran participación en un segundo periodo, ofreció la explicación más amplia y detallada hasta el momento sobre la agenda comercial de Trump. Para este artículo se le hicieron preguntas referidas a la campaña del exmandatario y los integrantes del equipo de campaña estuvieron al teléfono para comentar al respecto.En esencia, la agenda comercial de Trump busca dar marcha atrás a la integración de Estados Unidos en la economía global y hacer que el país se vuelva más autónomo: producir un mayor porcentaje de lo que consume y ejercer su poder a través de acuerdos individuales con otros países.Trump, quien se autodenomina como un “hombre de aranceles” dio algunos pasos en esa dirección cuando fue presidente, por ejemplo, al imponer aranceles a diversas importaciones, obstaculizar a la Organización Mundial del Comercio e iniciar una guerra comercial con China. Si lo vuelven a elegir, tiene planeada una injerencia mucho más audaz con la esperanza de eliminar el déficit comercial y fortalecer el sector manufacturero, lo que traerá consecuencias potencialmente trascendentales para el empleo, los precios, las relaciones comerciales y el sistema de comercio mundial.Sus planes —que ha calificado como “una reforma radical de nuestra política comercial y fiscal en favor de los estadounidenses”— supondría una apuesta de alto riesgo con la salud de la economía debido a que el desempleo ha bajado a 3,7 por ciento, la inflación ha disminuido sustancialmente de su repunte posterior a la pandemia, cada mes se generan cerca de 200.000 empleos y la bolsa de valores está por llegar a un nivel sin precedentes.Robert Lighthizer, en el centro, fue el principal negociador comercial del gobierno de Trump, incluso para el el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá que reemplazó al TLCAN.Gesi Schilling para The New York TimesLos planes de Trump han hecho que especialistas en comercio con ideas más tradicionales estén en alerta. Daniel M. Price, un alto asesor en materia de economía internacional durante el gobierno de George W. Bush, calificó esos planes como “erráticos e irracionales”. Afirmó que los costos correrían a cargo de los consumidores y los productores estadounidenses y que esos planes tendrían el riesgo de alejar a los aliados.“La última vez que Trump impuso aranceles de forma abusiva a nuestros aliados (por razones de seguridad nacional inventadas), varios socios comerciales importantes, como Japón y Corea del Sur, se abstuvieron de tomar represalias contra las exportaciones estadounidenses pensando que Trump pronto regresaría a la cordura”, señaló Price. “Esta vez no consentirán esa fantasía”.Resulta complejo evaluar los méritos de la visión comercial de Trump porque podría haber múltiples repercusiones y él está buscando cambios a largo plazo. Pero muchos estudios económicos concluyeron que los aranceles que impuso cuando era presidente le costaron a la sociedad estadounidense más de los beneficios que generaron.La investigación de los economistas de la Reserva Federal y la Universidad de Chicago encontró que los aranceles que Trump impuso a las lavadoras en 2018 crearon alrededor de 1800 empleos al tiempo que aumentaron los precios que los consumidores pagaron por nuevas lavadoras y secadoras en 86 y 92 dólares por unidad. Ese gasto significó alrededor de 817.000 dólares por empleo.Lighthizer descalificó los estudios que criticaban los aranceles de Trump, los tachó de sesgados en favor del libre comercio y alegó que la inflación se había estabilizado durante su gobierno. También afirmó que, aunque la eficiencia, las ganancias y los precios bajos eran importantes, la prioridad debería ser fomentar la creación de más empleos en el sector manufacturero para los estadounidenses que no cuentan con un título universitario.“Si lo único que quieres es eficiencia —si crees que la gente está mejor en la fila del desempleo con tres televisores de 40 pulgadas de lo que estaría si estuviera trabajando, y con solo dos televisores—, entonces no vas a estar de acuerdo conmigo”, comentó Lighthizer. “Hay un grupo de personas que cree que el fin es el consumo, pero mi idea es que el fin sea la producción y que haya comunidades seguras y felices. Debemos estar dispuestos a pagar un precio por eso”.En 2017, Trump comenzó su presidencia contratando a asesores económicos con puntos de vista diversos, incluidos defensores de políticas proteccionistas, como Lighthizer y Peter Navarro, así como veteranos de Wall Street orientados hacia el libre comercio y escépticos respecto a los aranceles, como el expresidente de Goldman Sachs Gary D. Cohn.Pero los asesores económicos con los que mantiene una estrecha relación son, en su inmensa mayoría, de ideología pro-arancelaria, como Lighthizer. Lo más probable es que sus planes más agresivos para un segundo mandato se enfrenten a una oposición interna mucho menor que en su primer mandato.Aranceles universalesMuchos estudios económicos concluyeron que los aranceles, incluidos los del acero, que Trump impuso como presidente le costaron a la sociedad estadounidense más que los beneficios que produjeron.Damon Winter/The New York TimesEntre los planes más ambiciosos de Trump en materia comercial para 2025, el de consecuencias más globales es imponer un presunto arancel universal de base, es decir, un nuevo impuesto para la mayoría de las mercancías importadas.La campaña de Trump no ha especificado cuán elevado sería este arancel. En una entrevista de agosto con Fox Business, Trump mencionó una cifra del 10 por ciento y dijo: “Creo que debemos trabajar mucho” en la economía estadounidense.Trump no ha precisado otros detalles. Por ejemplo, no ha explicado si concibe el arancel universal como un nuevo piso o como un complemento de los aranceles existentes. Es decir, si un producto importado tenía un impuesto del cinco por ciento, ¿ahora aumentaría al 10 o al 15 por ciento? Lighthizer mencionó que sería esto último.El exmandatario tampoco ha dicho si el nuevo arancel se aplicaría a las importaciones de las dos decenas de países con los que Estados Unidos tiene acuerdos de libre comercio, entre ellos México y Canadá, los que juntos representan casi una quinta parte del déficit comercial total de Estados Unidos en mercancías y con los cuales el gobierno de Trump renegoció el acuerdo comercial casi libre de aranceles que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.El equipo de campaña señaló que Trump no ha anunciado ninguna decisión al respecto. Pero la embajadora de Canadá en Estados Unidos, Kirsten Hillman, dijo en una entrevista que su país cree que sus exportaciones deberían estar exentas de cualquier nuevo arancel universal.“Acabamos de concluir este acuerdo con el 99 por ciento de los aranceles a cero bajo la gestión anterior de Trump, por lo que es nuestra expectativa que estas políticas propuestas no se apliquen a Canadá”, dijo.Trump tampoco ha dicho si cree que podría imponer de manera unilateral el agresivo nuevo arancel según la ley actual o si tendría que autorizarlo el Congreso.Clete Willems, que fue asistente adjunto del presidente Trump para los temas de economía internacional, dijo en una entrevista que simpatizaba con el deseo de reciprocidad del exmandatario, pero agregó: “La autoridad del presidente para promulgar aumentos arancelarios generalizados no está clara, y soy escéptico de que el Congreso vaya a respaldarlo”.Sin embargo, Lighthizer afirmó que, dada la magnitud del déficit comercial de EE. UU. y su impacto en la economía estadounidense, un presidente tendría “clara autoridad” para imponer aranceles de manera unilateral en virtud de dos leyes, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 .Sin embargo, dijo que, dependiendo de las condiciones políticas, Trump podría optar en cambio por pedir al Congreso que promulgue una nueva legislación para que un sucesor no pueda revocarla fácilmente. “Él tiene la autoridad legal para hacerlo y tiene dos rutas”, dijo Lighthizer. “Hasta donde yo sé aún no ha tomado una decisión al respecto”.Independientemente del fundamento jurídico, se levantaría un torbellino de pérdidas y ganancias confusas derivadas de esa política de aranceles universales. Por un lado, repuntarían algunas manufactureras nacionales puesto que los fabricantes nacionales de mercancías rivales podrían incrementar los precios y ampliarían la producción. Ahí es donde está la atención de Trump: “Rápidamente nos convertiremos en una potencia manufacturera como ninguna otra que se haya visto en el mundo”, prometió en un video de campaña.Como algo básico de la economía, también habría inconvenientes. La medida supondría un aumento de impuestos que los consumidores tendrían que pagar cuando se incrementen los precios, y este se dejaría sentir más en la población de pocos recursos, puesto que son los consumidores que emplean una parte mayor de su ingreso en la compra de mercancías.Esta política también podría ocasionar una presión descendente sobre otras manufacturas nacionales. Los productores que compran insumos del extranjero pagarían costos más elevados, lo que haría que sus productos fueran menos competitivos en el mercado mundial. Los aranceles de represalia disminuirían la demanda de exportaciones estadounidenses.La desvinculación de ChinaTrump ha dicho que intentará separar las economías estadounidense y china, que intercambiaron unos 758.000 millones de dólares en bienes y servicios el año pasado.Ruth Fremson/The New York TimesTrump también ha dicho que iría más lejos al imponer “una serie audaz de reformas para eliminar por completo la dependencia de China en todas las áreas esenciales”. En 2022, Estados Unidos importó 536.300 millones de dólares en mercancía procedente de China y le exportó a este país mercancías por un valor de 154.000 millones de dólares.Entre otras cosas, Trump ha mencionado que aplicaría “un plan de cuatro años para eliminar gradualmente todas las importaciones de productos esenciales chinos, desde artículos electrónicos hasta acero y productos farmacéuticos”, junto con reglas nuevas para evitar que las empresas estadounidenses inviertan en China e impedir que ese país compre bienes estadounidenses.No obstante, Trump se protegió al decir, sin dar mayores detalles, que permitiría “todas las inversiones que sirvieran de manera manifiesta para los intereses de Estados Unidos”.El gobierno de Biden también ha trabajado para imponer más restricciones a los intercambios económicos con China, pero de una manera más reducida y adecuada. El gobierno prohíbe exportar a China determinada tecnología que tenga aplicaciones militares y, en agosto, el presidente Joe Biden firmó una orden para prohibir que los estadounidenses realicen nuevas inversiones en empresas chinas que estén tratando de desarrollar algunas cosas como semiconductores y computadoras cuánticas.Ahora Trump está proponiendo llegar aún más lejos y pedir que se anule la categoría comercial de “país más favorecido” con la que cuenta China, lo cual implica cesar las relaciones comerciales normales permanentes y los aranceles reducidos que Estados Unidos le otorgó a China después de que esta se uniera a la Organización Mundial del Comercio en 2001. Concretamente, este mes, un comité de la Cámara de Representantes publicó un informe bipartidista que también solicitaba esa medida.De acuerdo con un estudio publicado el mes pasado por Oxford Economics que fue encargado por el Consejo Empresarial Estados Unidos-China, hacer esto trastornaría de manera importante la economía estadounidense. Este estudio estimaba que el aumento resultante en aranceles conllevaría una pérdida de 1,6 billones de dólares para la economía estadounidense y 774.000 empleos menos en cinco años.En sus memorias de 2023, tituladas No Trade Is Free, Lighthizer reconoció que las empresas estadounidenses que operan en China y las que dependen de las importaciones chinas se opondrían a esa idea, pero afirmó que “con el tiempo” la fabricación de más productos como computadoras y teléfonos móviles regresaría a Estados Unidos o a sus aliados, lo que beneficiaría a los trabajadores estadounidenses y al país.También escribió que las inevitables represalias chinas para perjudicar las exportaciones estadounidenses “contribuirían aún más al desacoplamiento estratégico” de las dos economías. “Cualquiera que admita que China es un problema pero insista en que existe una solución mágica y sin perturbaciones para el problema que representa China es muy probablemente un mentiroso, un tonto, un bribón, un globalista irredimible, o alguna combinación de ellos”, escribió.Décadas de lucha contra el déficitUn edificio industrial abandonado en Rockford, Illinois. Los críticos han señalado el deterioro social ocasionado por el cierre de fábricas en todo el país como una desventaja del comercio.Jamie Kelter Davis para The New York TimesEl nacionalismo económico de Trump le ha ayudado a cambiar el Partido Republicano. Ha reunido a una coalición más obrera que la que solían atraer los republicanos antes de que fuera el abanderado del partido.Sus puntos de vista son un retroceso a un enfoque mercantilista del comercio, en el que los países utilizaban aranceles elevados para proteger y desarrollar sus capacidades de fabricación nacionales. El sitio web de la campaña de Trump afirma que su política comercial “está firmemente arraigada en la historia estadounidense” porque Estados Unidos “solía imponer aranceles a más del 95 por ciento de todas las importaciones”. Esa estadística es de antes de la Guerra Civil, cuando los aranceles constituían la gran mayoría de los ingresos del gobierno federal.A lo largo del siglo XX, muchos economistas llegaron a considerar eso como un planteamiento miope. En la década de 1990, a pesar de la oposición de los sindicatos, se formó un consenso bipartidista a favor de un comercio más libre. La idea era que la reducción de aranceles y el aumento del comercio aumentarían la prosperidad material general de la sociedad al mejorar la eficiencia y bajar los precios.Pero esas ganancias no se han distribuido equitativamente y, con el tiempo, han surgido diversas formas de desilusión con la reducción de las barreras comerciales.En Estados Unidos, los críticos tanto de izquierda como de derecha han señalado cada vez más las desventajas del comercio para las comunidades obreras. La decadencia social se extendió a medida que las empresas cerraban fábricas cuya producción podían trasladar al extranjero, para bajar costos, lo que contribuyó —junto con otros factores, como el aumento de la automatización— al estancamiento de los salarios de la clase trabajadora. Las interrupciones de la cadena de suministro durante la pandemia centraron la atención en otro riesgo de la globalización.Y existe una creciente ansiedad sobre las implicaciones de seguridad de la dependencia de Estados Unidos de China para ciertos bienes y recursos críticos, y la indignación por las prácticas de China de obligar a las empresas a compartir tecnología y su robo descarado de secretos comerciales.Políticamente, Trump se adelantó al centrarse en los aspectos negativos del libre comercio. Durante más de 30 años, ha arremetido contra los déficits comerciales, que considera, al igual que los balances de las empresas, una simple cuestión de beneficios y pérdidas. Se queja de que los países extranjeros que exportan más a Estados Unidos de lo que importan están estafando a Estados Unidos.En 2017, Trump hacía sistemáticamente una pregunta sencilla a sus informadores antes de sus llamadas con líderes extranjeros, según una persona con conocimiento directo: “¿Cuál es el déficit comercial?”. A menudo, la respuesta establecería el estado de ánimo de Trump para la llamada y cuán amistoso sería con el jefe de Estado.Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico, el tratado comercial más importante del presidente Barack Obama. Su gestión paralizó la capacidad de la OMC para resolver disputas comerciales entre países al bloquear su capacidad para sustituir a los miembros de un órgano de apelación.Trump impuso aranceles a determinadas importaciones, aumentando los precios de las lavadoras y los paneles solares, así como del acero y el aluminio. E inició una guerra comercial con China, imponiendo aranceles a más de 360.000 millones de dólares de productos chinos.A pesar de los agreivos aranceles de Trump, los datos de la Oficina del Censo muestran que el déficit comercial anual de bienes creció de 735.000 millones en 2016 a 901.000 millones de dólares en 2020. Pero Lighthizer señaló una ligera disminución en el déficit comercial en 2019 en comparación con 2018, argumentando que los aranceles estaban empezando a tener su efecto previsto antes de la agitación del año pandémico.Las guerras comerciales de Trump fueron costosas. Después de que China —que se ha convertido en el mayor mercado de exportación para los agricultores estadounidenses— tomó represalias aumentando los aranceles sobre los productos agrícolas estadounidenses como la soya, el gobierno de Trump comenzó un rescate gubernamental de 28.000 millones de dólares para mantener a los agricultores a flote. Un estudio de febrero de 2020 calculó que el mayor coste del metal para los fabricantes estadounidenses debido a los aranceles sobre el acero había causado la pérdida de unos 75.000 puestos de trabajo.Por muy agresivas que fueran las políticas comerciales de Trump en su primer mandato, no siempre llegó tan lejos como quería. A pesar de amenazar con retirarse de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, nunca lo hizo. Aunque detestaba el TLCAN, su administración negoció un sustituto que, aunque modernizaba varios términos, mantenía un mercado casi libre de aranceles con México y Canadá.Lighthizer, que dirigió esas negociaciones, escribió en sus memorias que, independientemente de si el Congreso debería haber aprobado el TLCAN en 1993, retirarse abruptamente de él después de décadas de integración económica habría causado “una catástrofe económica y política”, enviando “ondas de choque a través de la economía” y perjudicando a “los votantes de Trump en Texas y en todo el cinturón agrícola”.Ana Swanson More

There are lawsuits pending in more than a dozen states seeking to have Donald J. Trump disqualified from appearing on primary ballots.The campaign to have former President Donald J. Trump removed from the ballot over his efforts to remain in power after the 2020 election has kicked into high gear, with decisions in two states, Maine and Colorado, barring him from the primary ballots.Challenges are still underway in many more states, based on an obscure clause of a constitutional amendment enacted after the Civil War that disqualifies government officials who “engaged in insurrection or rebellion” from holding office.Over the years, the courts and Congress have done little to clarify how that criterion should apply, adding urgency to the calls for the U.S. Supreme Court to weigh in on the politically explosive dispute before the upcoming election.Here’s what to know about the challenges.Which states have already decided the matter?The Maine secretary of state said on Thursday that Mr. Trump did not qualify for the Republican primary ballot there because of his role in the Jan. 6 attack on the U.S. Capitol. She agreed with a handful of citizens who claimed that he had incited an insurrection and was thus barred from seeking the presidency again under Section 3 of the 14th Amendment of the Constitution.In a written decision, the secretary of state, Shenna Bellows, a Democrat, said that while no one in her position had ever barred a candidate from the ballot based on Section 3 of the amendment, “no presidential candidate has ever before engaged in insurrection.”Hours later, the secretary of state in California announced that Mr. Trump would remain on the ballot in the nation’s most populous state, where election officials have limited power to remove candidates.We are having trouble retrieving the article content.Please enable JavaScript in your browser settings.Thank you for your patience while we verify access. If you are in Reader mode please exit and log into your Times account, or subscribe for all of The Times.Thank you for your patience while we verify access.Already a subscriber?  More

Ron DeSantis and Vivek Ramaswamy were quick to take swipes at the secretary of state’s ballot decision, while the state’s congressional delegation appeared split on the matter.Former President Donald J. Trump’s rivals in the Republican race for president again lined up in his defense on Thursday after Maine barred him from its primary election ballot, the second state to do so.When the Colorado Supreme Court barred Mr. Trump from the primary ballot there last week, all of Mr. Trump’s opponents also criticized the decision, rather than using it as an avenue of attack.Gov. Ron DeSantis of Florida and Vivek Ramaswamy, the entrepreneur, made much the same arguments on Thursday night.“It opens up Pandora’s box,” Mr. DeSantis said on Fox News after the Maine decision was announced. “Can you have a Republican secretary of state disqualify Biden from the ballot?”Mr. DeSantis had previously suggested that the ruling in Colorado had been part of a plot to solidify Republican support behind Mr. Trump in the primary. He had also said that Mr. Trump’s criminal indictments had “sucked all the oxygen” out of the race.Mr. Ramaswamy, the candidate who ostensibly is running against Mr. Trump but has most enthusiastically defended the former president, again said he would withdraw from the primary in any state where Mr. Trump was not on the ballot. He also called on the G.O.P. field — Mr. DeSantis, former Gov. Nikki Haley of South Carolina and former Gov. Chris Christie of New Jersey — to make a similar pledge.“This is what an actual threat to democracy looks like,” Mr. Ramaswamy said in a statement. “The system is hellbent on taking this man out, the Constitution be damned.”A statement from the Haley campaign said that “Nikki will beat Trump fair and square. It should be up to voters to decide who gets elected.”A spokesman for Mr. Christie’s campaign pointed to his previous criticism of the Colorado ruling. Mr. Christie said at the time that a court should not exclude a candidate from the ballot without a trial that included “evidence that’s accepted by a jury.” He has also said that Mr. Trump should be defeated at the ballot box.Other Republicans moved quickly to express their outrage on Thursday. Representative Elise Stefanik of New York, the No. 4 Republican in the House, called Mr. Trump’s removal from the ballot in Maine “election interference, voter suppression and a blatant attack on democracy.”Reaction from Maine’s congressional delegation was split. Senator Susan Collins, the lone Republican, said the decision, which she said would “deny thousands of Mainers the opportunity to vote for the candidate of their choice,” should be overturned. Senator Angus King, an independent who caucuses with Democrats, did not immediately respond to a request for comment.Representative Jared Golden, a Maine Democrat who is likely to face a close re-election bid, said he disagreed with the decision, arguing that Mr. Trump had not been found guilty of the crime of insurrection and therefore should remain on the ballot. Mr. Golden’s seat has been rated a tossup in an analysis by The Cook Political Report.“I voted to impeach Donald Trump for his role in the Jan. 6 insurrection. I do not believe he should be re-elected as president of the United States,” Mr. Golden said in a statement. “However, we are a nation of laws, therefore, until he is actually found guilty of the crime of insurrection, he should be allowed on the ballot.”Representative Chellie Pingree, who is in a safe Democratic seat in Maine’s other congressional district, said she supported the state’s decision.“The text of the 14th Amendment is clear. No person who engaged in an insurrection against the government can ever again serve in elected office,” Ms. Pingree said in a statement, adding that “our Constitution is the very bedrock of America and our laws and it appears Trump’s actions are prohibited by the Constitution.” More

In a written decision, Maine’s secretary of state said that Donald J. Trump did not qualify for the ballot because of his role in the Jan. 6, 2021, attack on the U.S. Capitol.Maine’s top election official on Thursday barred Donald J. Trump from the state’s primary election ballot, the second state to block the former president’s bid for re-election based on claims that his efforts to remain in power after the 2020 election rendered him ineligible.In a written decision, the official, Secretary of State Shenna Bellows, said that Mr. Trump did not qualify for the ballot because of his role in the Jan. 6 attack on the U.S. Capitol, agreeing with a handful of citizens who claimed that he had incited an insurrection and was thus barred from seeking the presidency again under the 14th Amendment of the Constitution.“I am mindful that no secretary of state has ever deprived a presidential candidate of ballot access based on Section 3 of the 14th Amendment. I am also mindful, however, that no presidential candidate has ever before engaged in insurrection.,” Ms. Bellows, a Democrat, wrote.Last week, Colorado’s Supreme Court ruled in a 4 to 3 decision that the former president should not be allowed to appear on that state’s Republican primary ballot.The decision in Maine underscores the ongoing tensions in the United States over democracy, ballot access and the rule of law. It also adds urgency to calls for the U.S. Supreme Court to insert itself into the politically explosive dispute over his eligibility.Just weeks before the first votes in the 2024 election are set to be cast, lawyers on both sides are asking the nation’s top court to provide guidance on an obscure constitutional amendment enacted after the Civil War, which is at the heart of the effort to block Mr. Trump from making a third White House run.Courts in two other states, Minnesota and Michigan, have ruled that election officials cannot prevent the Republican Party from including Mr. Trump on their primary ballots.Michigan’s Supreme Court concluded on Wednesday that an appeals court had properly decided that political parties should be able to determine which candidates are eligible to run for president.Another court decision is expected in Oregon, where the same group that filed the Michigan lawsuit is also seeking to have the courts remove Mr. Trump from the ballot there, though Oregon’s secretary of state declined to remove him in response to an earlier challenge.And in California, the state’s top election official was expected to announce whether Mr. Trump would remain among the candidates certified for the March 5 primary.Secretary of State Shirley Weber, a Democrat, faced a Thursday deadline to certify the list of official candidates so that local election officials could begin preparing ballots for the upcoming election. She has indicated in recent days that she is inclined to keep Mr. Trump on the ballot, despite a request from the lieutenant governor to explore ways to remove him.The legal cases are based on a Reconstruction Era constitutional amendment that was intended to bar Confederate officials from serving in the U.S. government. The provision, Section 3 of the 14th Amendment, disqualifies people who “engaged in insurrection or rebellion” from holding office.Over the years, the courts and Congress have done little to clarify how that criterion can be met. As the legal challenges mount, election officials and judges across the country find themselves in largely uncharted waters as they wait for the Supreme Court to provide guidance.The case would be the most politically momentous matter before the Supreme Court since it settled the disputed 2000 election in favor of President George W. Bush. Since then, the court has become far more conservative, in large part as a result of the three justices whom Mr. Trump appointed as president.Mr. Trump and his lawyers have called the efforts to bar him from ballots an underhanded tactic by Democrats who fear facing him at the polls.Steven Cheung, a spokesman for the Trump campaign, assailed Maine’s secretary of state as “a virulent leftist and hyperpartisan Biden-supporting Democrat.” In a statement, he added: “Make no mistake, these partisan election interference efforts are a hostile assault on American democracy.”Groups leading the disqualification efforts contend that the former president’s attempts to subvert the will of voters in 2020 warrant extraordinary measures to protect American democracy.Ms. Bellows, the official in Maine charged with considering the petition in that state, is the state’s first female secretary of state and a former state senator. She is also the former executive director of the nonprofit Holocaust and Human Rights Center of Maine and of the American Civil Liberties Union of Maine.In her 34-page decision, Ms. Bellows wrote that Mr. Trump’s petition to appear on the Maine ballot was invalid because he falsely declared on his candidate consent form that he was qualified to hold the office of president. She found that he was not, she wrote, because “the record establishes that Mr. Trump, over the course of several months and culminating on Jan. 6, 2021, used a false narrative of election fraud to inflame his supporters and direct them” to prevent the peaceful transfer of power.She also concluded that Mr. Trump “was aware of the likelihood for violence and at least initially supported its use given he both encouraged it with incendiary rhetoric and took no timely action to stop it.”Legal experts say the scope of a Supreme Court decision on the issue would determine if these challenges will be quickly handled or play out for months.A ruling that Mr. Trump’s conduct cannot be construed as a violation of the 14th Amendment would effectively shut down challenges pending in several states. A narrower ruling on the Colorado case could allow Mr. Trump to remain on the state’s primary ballot, while giving lawyers challenging his eligibility a chance to argue that he should be kept off the general election ballot.The petitioners in Maine included Ethan Strimling, a former mayor of Portland and Democratic state legislator who filed a challenge along with two other former Maine lawmakers.“Secretary Bellows showed great courage in her ruling, and we look forward to helping her defend her judicious and correct decision in court,” they said in a statement on Thursday. “No elected official is above the law or our constitution, and today’s ruling reaffirms this most important of American principles.”Mr. Trump can appeal Ms. Bellows’s decision to Maine’s Superior Court within five days. Her order will not go into effect until the court rules on an appeal, which the Trump campaign says it intends to file soon. The Republican primaries in Maine and Colorado are both scheduled for March 5, known as Super Tuesday because so many states hold primaries that day.The challenges to Mr. Trump’s ballot access have been brought in more than 30 states in recent weeks, largely through the courts. But because of a quirk in Maine’s Constitution, registered voters there must first file a petition with the secretary of state.Ms. Bellows heard arguments on three such petitions on Dec. 15.After the Colorado decision, lawyers for Mr. Trump argued in new Maine filings that the Colorado ruling should be irrelevant there because the two states had different laws and standards, and because Mr. Trump did not have a fair opportunity to litigate the facts in Colorado. They also maintained that the secretary of state lacked the authority to exclude him from the ballot.“The constitution reserves exclusively to the Electoral College and Congress the power to determine whether a person may serve as president,” they argued in the filing late last week.Richard L. Hasen, a law professor at the University of California, Los Angeles, and an election law expert, said the Maine decision illustrated the power of the Colorado court ruling to ease the way for similar decisions.“It takes a lot of courage to disqualify a major candidate, but once the Colorado court did it, and thrust the issue into public light, it became easier for others,” he said.Given the “incredible complexity” of the legal questions involved, said Mr. Hasen, the U.S. Supreme Court is best equipped to resolve the issues. If the court opts not to disqualify Mr. Trump, its decision would not be binding for Congress, but it would make it “politically very difficult for Congress to say something different,” he said.In California, where the secretary of state is certifying an approved list of candidates, Democrats have overwhelming control of government, so the state might seem like a likely venue for a ballot challenge similar to the one that was successful in Colorado.But legal experts said that California, unlike many other states, does not explicitly give its secretary of state the authority to disqualify presidential candidates.Nonetheless, Lt. Gov. Eleni Kounalakis, a Democrat, asked Ms. Weber last week to “explore every legal option” to remove Mr. Trump from the ballot using the same constitutional justification cited by the Colorado Supreme Court.In response, Ms. Weber suggested last week that she planned to leave the question up to state and federal courts, which have already dismissed at least two lawsuits in the state challenging Mr. Trump’s qualifications. Ms. Weber wrote that she was obligated to address ballot eligibility questions “within legal parameters” and “in a way that transcends political divisions.”Gov. Gavin Newsom of California indicated last week that he did not believe officials in his state should remove Mr. Trump from the ballot. “There is no doubt that Donald Trump is a threat to our liberties and even to our democracy, but in California we defeat candidates we don’t like at the polls,” he said in a statement. “Everything else is a political distraction.”Nicholas Bogel-Burroughs More