Elections

Durante años, elPeriódico denunció los manejos indebidos del gobierno. El juicio a su fundador se produce, aseguran los críticos, cuando la democracia en el país se desmorona.Para los activistas que defienden la libertad de prensa y los derechos humanos en Guatemala, el miércoles se perfila como un indicador clave de la tambaleante salud democrática del país.En un tribunal de la capital del país, se espera un veredicto en el juicio de uno de los periodistas más destacados de Guatemala, un caso ampliamente visto como otra señal del deterioro del estado de derecho en el país centroamericano.El periodista, José Rubén Zamora, fue el fundador y director de elPeriódico, un diario líder en Guatemala que investigaba con regularidad la corrupción gubernamental, incluidas las acusaciones contra el actual presidente, Alejandro Giammattei, y la fiscal general, María Consuelo Porras.Zamora es juzgado por cargos de irregularidades financieras que, según los fiscales, se centran en sus negocios y no en su periodismo. Un panel de jueces emitirá un veredicto y, si es declarado culpable, impondrá una sentencia.Una condena, que muchos observadores legales y el mismo Zamora dicen es el resultado probable, sería otro golpe a la frágil democracia de Guatemala, según los defensores de los derechos civiles, ya que el gobierno y sus aliados han apuntado repetidamente a instituciones clave y medios de comunicación independientes.El juicio también se produce cuando el país se dirige hacia una elección presidencial este mes que ha estado plagada de irregularidades, con cuatro candidatos de la oposición descalificados antes de la carrera.“El estado de derecho está roto”, dijo Ana María Méndez, directora para Centroamérica de WOLA, un instituto de investigación con sede en Washington. El caso de Zamora, agregó, representa “un paso más hacia la consolidación de una dictadura” en Guatemala.Sin embargo, a diferencia de otros países centroamericanos, como Nicaragua y El Salvador, donde la democracia también se ha erosionado, el poder en Guatemala no se concentra en una familia o un individuo, dijo Méndez.En Guatemala, agregó, “el autoritarismo se ejerce por redes ilícitas que están conformadas por la élite económica, la élite militar y el crimen organizado en contubernio con la clase política”.Zamora, de 66 años, ha negado repetidamente haber actuado mal y acusó al gobierno de tratar de silenciar a sus críticos.“Soy un preso político”, dijo a los periodistas el 2 de mayo, el día en que comenzó su juicio. Señaló que esperaba que el proceso termine con un veredicto de culpabilidad y agregó: “Me van a sentenciar”.Durante su cargo al frente de elPeriódico, Zamora fue demandado decenas de veces, principalmente por difamación, por parte del gobierno como resultado de la cobertura del diario.Las máquinas prensa guardaban silencio el mes pasado en las oficinas de elPeriódico en Ciudad de Guatemala. El periódico cerró después de que el gobierno congelara sus finanzas.Simone Dalmasso para The New York TimesPero su enfrentamiento legal más serio con las autoridades se inició en julio pasado, cuando fue acusado de lavado de dinero, tráfico de influencias y chantaje.Como parte del caso de la fiscalía, las cuentas bancarias de elPeriódico fueron congeladas, lo que dificultó su economía antes de que cerrara sus puertas definitivamente el mes pasado.El principal testigo del caso fue un exbanquero, Ronald Giovanni García Navarijo, quien dijo a los fiscales que Zamora le pidió que lavara 300.000 quetzales guatemaltecos, o casi 40.000 dólares. También afirmó que Zamora lo había obligado a pautar publicidad de paga anual en el periódico para evitar recibir una cobertura poco halagüeña.Pero la acusación no presentó ninguna prueba que demostrara que Zamora hubiera obtenido el dinero de manera ilegal. La mayor parte de los fondos, que según Zamora eran para pagar los salarios de los empleados del periódico, provenían de un empresario que no quería que se revelara su conexión con elPeriódico por temor a represalias.Su defensa se vio obstaculizada por varias medidas tomadas por los fiscales y una organización de extrema derecha que apoya al fiscal general, la Fundación Contra el Terrorismo, que según los críticos ha tratado de intimidar a algunos de los abogados de Zamora.Pasó por nueve abogados defensores, y al menos cuatro han sido acusados ​​de obstrucción de la justicia por su papel en el caso.“La defensa de Zamora se ha visto obstaculizada desde el primer día por una puerta giratoria de abogados defensores”, dijo Stephen Townley, director legal de la iniciativa TrialWatch de la Fundación Clooney para la Justicia, un grupo defensor de derechos. “Cuatro de sus abogados han sido procesados ​​por las autoridades guatemaltecas. Otros parecían no tener acceso a los materiales de sus predecesores”.Un juez que había estado presidiendo el caso anteriormente no permitió que Zamora presentara ningún testigo y rechazó la mayoría de las pruebas que trató de presentar por considerarlas irrelevantes.“Hemos visto un montaje’’, dijo Zamora en una entrevista, “como un teatro de terror”.El hijo de Zamora, José Carlos Zamora, quien también es periodista, calificó el juicio como “una persecución política”.Por su parte, Giammattei, refiriéndose al caso contra Zamora, ha dicho que ser periodista no le da a una persona el “derecho a cometer actos criminales”.El presidente Alejandro Giammattei se encontraba entre las principales figuras guatemaltecas investigadas por el periódico de Zamora.Erin Schaff/The New York TimesAun así, su gobierno ha sido acusado por grupos de derechos humanos de usar el sistema de justicia para atacar a cualquiera que lo desafíe.Los casos de corrupción y derechos humanos se han estancado y el sistema de justicia ha sido “secuestrado” por una red de actores corruptos, según un informe de WOLA.Desde 2021, casi tres decenas de jueces, fiscales anticorrupción y sus abogados han huido de Guatemala, al igual que 22 periodistas que dijeron haber sido amenazados por su trabajo.Cuando se fundó elPeriódico en 1996, Guatemala estaba entrando en un período más esperanzador luego de una brutal guerra civil que duró casi cuatro décadas y dejó cientos de miles de muertos o desaparecidos. Para muchos guatemaltecos agotados, existía la sensación de que la democracia se estaba afianzando y que el gobierno gobernaría con transparencia.Un panel internacional de investigadores respaldado por la ONU trabajó 12 años junto con el poder judicial de Guatemala para exponer la corrupción en la élite del país, incluidos altos funcionarios gubernamentales y empresarios, antes de ser expulsado del país en 2019 por el presidente anterior, a quien el panel estaba investigando.“Lo que vemos hoy es un sistema que quiere seguir protegiendo esa clase de prácticas”, dijo Daniel Haering, analista político en Ciudad de Guatemala.El caso de Zamora y la desaparición de su periódico hacen retroceder los esfuerzos para hacer que el gobierno rinda cuentas por sus acciones, dijo Méndez.“¿Quién va a decir ahora la verdad en Guatemala?”, dijo. “Quedará un vacío enorme”.Zamora con su abogada el día de la apertura de su juicio el mes pasado. No se le permitió presentar ningún testigo ni la mayor parte de las pruebas en su defensa.Santiago Billy/Associated PressEl juicio de Zamora termina cuando el país se prepara para las elecciones nacionales del 25 de junio, que según los grupos de derechos civiles ya se han visto empañadas después de que los jueces en los últimos meses prohibieron la participación a cuatro candidatos presidenciales de partidos de oposición.Entre ellos estaba Carlos Pineda, un populista conservador, que se había comprometido a luchar contra la corrupción y que, según una encuesta reciente, había ascendido a puntero. El tribunal supremo de Guatemala lo retiró de la contienda por acusaciones de que los métodos que usó el partido de Pineda para elegirlo como su candidato habían violado la ley electoral.El caso de Zamora también ha entrampado a los periodistas simplemente por cubrirlo. Ocho reporteros, editores y columnistas están siendo investigados por obstrucción a la justicia tras escribir sobre el proceso para elPeriódico. La mayoría se ha ido de Guatemala.Desde que Giammattei asumió el cargo en enero de 2020, el Asociación de Periodistas de Guatemala ha documentado 472 casos de hostigamiento, agresiones físicas, intimidación y censura contra la prensa.“De inmediato te preguntas: ‘¿En qué momento mis coberturas son interpretadas como un delito?’”, dijo Claudia Méndez, quien trabajó en elPeriódico como reportera y editora y ahora conduce un programa de radio. “‘¿En qué momento mi labor es ya no un ejercicio de crítica y rendición de cuentas, sino visto como un acto ilícito?’”. More

What if Donald Trump were someone else? Two weeks ago, a federal judge sentenced Robert Birchum, a former Air Force lieutenant colonel, to three years in jail for removing hundreds of secret documents from their authorized locations and storing them in his home and officer’s quarters.In April, a judge sentenced Jeremy Brown, a former member of U.S. Special Forces, to more than seven years in prison partly for taking a classified report home with him after he retired. The report contained sensitive intelligence, including about an informant in another country.In 2018, Nghia Hoang Pho received a five-and-a-half-year sentence for storing National Security Agency documents at his home. Prosecutors emphasized that Pho was aware he was not supposed to have taken the documents.These three recent cases are among dozens in which the Justice Department has charged people with removing classified information from its proper place and trying to conceal their actions. That list includes several former high-ranking officials, like David Petraeus and John Deutch, who each ran the C.I.A.Now, of course, the list also includes Donald Trump, who was arraigned in a Miami federal courthouse yesterday and pleaded not guilty to 37 charges.Above the law?Are federal prosecutors singling out Trump because of his signature role in American politics? Or are they basing their decision to indict him solely on the facts of the case?Sean Trende, a political analyst with RealClearPolitics, has offered a helpful way to understand these questions — and specifically when a former president should, and should not, be charged with a crime.Start by thinking about all the other people who had engaged in behavior similar to that for which the ex-president was charged with a crime. If just some of those other people were charged, the ex-president should not be, Trende wrote. Prosecutors have a large amount of discretion about which cases to bring, and they should err on the side of not indicting a former president because of the political turmoil it is likely to cause, he argued.But if the ex-president did something that would have caused anybody else to be charged with a crime, he should be, too. “The president shouldn’t be above the law,” Trende explained.There is ample reason to believe that the document case against Trump falls into the second category: Had any other American done what he is accused of doing, that person would almost certainly be prosecuted. “The real injustice,” the editors of The Economist magazine wrote yesterday, “would have been not to indict him.”Consider: Prosecutors have accused Trump of removing classified documents from government property and bringing them home with him. Those documents contained sensitive information, such as military plans and intelligence about foreign militaries. Trump made clear to others that he knew he should not have the documents and took steps to mislead investigators about them, prosecutors claim.It’s true — as Trump’s defenders repeatedly point out — that other government officials, including President Biden, Mike Pence and Hillary Clinton, have also mishandled classified information without having been charged with crimes. But those cases were very different from Trump’s. The transgressions seemed to be accidental. The officials returned the documents when asked. They did not try to mislead federal investigators.Trump’s alleged actions instead resemble those of the obscure officials I mentioned at the top of today’s newsletter. His behavior also seems to have been much more brazen than that of Deutch and Petraeus.This pattern helps explain why legal experts have been much more supportive of the Justice Department’s indictment of Trump than of the case in New York charging Trump with violating campaign-finance law. The New York case has made some experts uncomfortable because it lacked a clear precedent. It does not seem to pass Trende’s standard for when a former president should be charged with a crime. There are no good analogies.The New York case relies on a novel combination of statutes to charge Trump with a felony for hiding payments he made to conceal a sexual encounter. Perhaps the most similar case — the trial of John Edwards, a former Democratic presidential candidate, also on charges of concealing payments connected to an affair — ended with an acquittal on one charge and a hung jury on five others.By contrast, the list of analogies to the document charges against Trump just keeps growing. Next week, Kendra Kingsbury, a former F.B.I. analyst, is scheduled to be sentenced to federal prison. She has pleaded guilty to having brought hundreds of classified documents to her home in Dodge City, Kan.The day’s news“We most certainly enter a plea of not guilty,” Todd Blanche, Trump’s lawyer, told the judge during the 50-minute courtroom appearance. Trump did not speak.Trump was fingerprinted at the courthouse, but did not get a mug shot taken. Officials considered it unnecessary because of his fame.The judge said Trump was not allowed to discuss the case with Walt Nauta, his personal aide, who is also charged. Nauta accompanied Trump to court, but his own arraignment was postponed because he does not yet have a Florida-based lawyer.Trump has a new nemesis: Jack Smith, the special counsel who charged him. Their paths finally crossed yesterday.What’s next? “The government will begin to reveal its evidence through the discovery process,” The Times’s Alan Feuer said. “Pretrial motions will be filed and argued. All that will likely take months.” Our colleague Maggie Haberman explained: “Trump is determined to fight this battle in the court of public opinion for as long as possible.”“Trump may well be waiting for a trial when voters cast their presidential ballots next fall,” Russell Berman writes in The Atlantic.President Biden spent his day meeting with the NATO secretary general and taking in a Juneteenth concert. “Anything but pay attention to Donald Trump,” The Times’s Michael Shear wrote.After leaving court, Trump visited Versailles Restaurant in Miami, where patrons sang “Happy Birthday” (he turns 77 today). He then traveled back to his golf club in Bedminster, N.J., and told supporters, “I did everything right, and they indicted me.” He displayed less energy than usual during the speech.Here’s a fact-check of Trump’s speech.THE LATEST NEWSInternationalFour Colombian children who survived 40 days in the jungle after a plane crash had been fleeing for their lives.A woman in Britain was sentenced to prison for using abortion pills to end her late-stage pregnancy.A boat capsized on the Niger River, killing at least 103 people. Many of the passengers were returning home from a wedding.Other Big Stories More

Let’s assume, because it seems like a reasonable assumption, that we have not reached the end of the indictments that will be handed down against Donald Trump. Let’s assume that either the case in Georgia, where he is being investigated for election tampering, or the special counsel’s continuing investigation in Washington, will yield a prosecution related to his conduct between the November 2020 election and the riot on Jan. 6.In that case, Trump’s various indictments would double as a road map to his presidency and his era — each fitting with a different interpretation of the Trump phenomenon, and only together giving the fullest picture of his times.The first indictment, New York’s case against Trump for campaign finance violations related to his alleged affair with the adult thespian Stormy Daniels, fits neatly into the narrative of the Trump era that’s often called “anti-anti-Trump.” This interpretation concedes, to some degree at least, Trump’s sleaziness and folly, but then it invariably insists that his enemies in the American establishment are actually more dangerous — because they’re “protecting democracy” by trampling its norms, embracing conspiracy theories and conducting pointless witch hunts.It’s hard to imagine a better illustration of the anti-anti-Trumpist case than an ideological prosecutor in a Democratic city indicting a former president on a charge considered dubious even by many liberal legal experts. “Norms,” indeed: The Stormy Daniels case looks like Resistance theater, partisan lawfare, exactly the kind of overreach that Trump’s defenders insist defines the entirety of anti-Trumpism.The new federal indictment, for which Trump was arraigned in Miami on Tuesday, moves us into different terrain. This time the case seems legitimate, and even if charges brought under the Espionage Act have a fairly checkered history, on its face the indictment makes a strong case that Trump asked for this, that he invited the prosecution, that he had plenty of opportunities to stay within the law and chose to obstruct, evade and dissemble instead.But at the same time one would need a heart of stone not to find the whole class‌ified-documents affair a little bit comedic: blackly comic, to be sure, in the vein of the Coen Brothers, but for all its serious aspects still essentially absurd. The boxes piled high in the gaudy Mar-a-Lago bathroom is an indelible image for anyone who interprets the Trump era as a vainglorious clown show, with its pileup of scandals driven by narcissism and incompetence, and its serious-minded interpreters worrying about the Authoritarian Menace or the Crisis of Democracy when the evidence before their eyes was usually much shallower and stupider, not the 1930s come again but a reality television mind-set run amok.In the end, though, the reality-television reading was insufficient, because Trump groped his way into genuinely sinister territory — seeking what would have been a constitutional crisis if his postelection wishes had been granted and inspiring mob violence when he didn’t get his way.That aspect of his presidency still awaits its juridical illumination. But we may well get it, and if there is a prosecution related to his postelection conduct, it will complete a presidential triptych — with the persecuted Trump, the farcical Trump and the sinister Trump each making an appearance in our courts.As a matter of electoral politics, Trump’s resilience as a primary candidate depends upon Republican voters interpreting the entire triptych in the light of its first installment — such that his enemies’ overreach is the only thing that his admirers and supporters see, and both his more absurd behaviors and his most destructive acts are assumed to be exaggerated or invented, just so much liberal hype and NeverTrump hysteria.This perspective is false, but it is well entrenched among Republicans and has the advantage of simplicity. Meanwhile, Trump’s rivals for the nomination are stuck playing “on the one hand, on the other hand” games — constantly insisting that Trump has been unfairly treated, because Republican voters believe as much and clearly want to hear it stated, while trying to gently nurture the idea that he brings some of this mistreatment on himself and a different Republican might be just as effective without the constant grist for enemies and prosecutors.In a general election environment, though, we have strong evidence from the recent midterms that many swing voters reverse the Republican interpretation of the triptych, and read the whole of Trumpism in light of its darkest manifestation. Both the liberal overreach they might have opposed and the Trumpian shenanigans they might have tolerated are subsumed by a desire to avoid a repeat of Jan. 6, a revulsion against G.O.P. candidates who seem intent on replaying Trump’s destabilizing behavior.It’s possible to imagine that the multiplication of indictments, the constant action in the courts, eventually helps Republican voters who don’t share this interpretation to recognize how many of their fellow Americans do hold it, making Trump seem too unelectable at last.But Trump has always thrived by persuading a critical mass of Republicans to live inside his reality, not anybody else’s. And inside that gaudy mansion, the walls have room for just one outsize, garish portrait: “The Martyrdom of Donald Trump.”The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: [email protected] The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTOpinion) and Instagram. More

Michael Simon Johnson, Asthaa Chaturvedi, Diana Nguyen, Mary Wilson and Rachel Quester and Marion Lozano and Listen and follow The DailyApple Podcasts | Spotify | Stitcher | Amazon MusicDonald Trump was arraigned in Miami yesterday on 37 criminal counts covering seven different violations of federal law, including the handling of classified documents.Three New York Times journalists covered the proceedings: Glenn Thrush was inside the courtroom, Luke Broadwater reported from outside the courthouse, and Maggie Haberman was at Mr. Trump’s home in Bedminster, N.J.On today’s episodeLuke Broadwater, a congressional correspondent for The New York Times.Glenn Thrush, who covers the Department of Justice for The New York Times.Maggie Haberman, a political correspondent for The New York Times.Donald Trump boarding a plane in Miami after making his court appearance. “I did everything right and they indicted me,” he said in a speech after his arraignment.Doug Mills/The New York TimesBackground readingMr. Trump, now twice indicted since leaving the White House, surrendered to federal authorities in Miami and pleaded not guilty, striking a defiant tone afterward.On the calendar for Mr. Trump, the Republicans’ 2024 front-runner: rallies and primaries mixed with court dates.There are a lot of ways to listen to The Daily. Here’s how.We aim to make transcripts available the next workday after an episode’s publication. You can find them at the top of the page.Luke Broadwater More

The trial of José Rubén Zamora, the founder of a newspaper that long shone a spotlight on government graft, comes as critics say democracy in Guatemala is crumbling.For activists defending press freedom and human rights in Guatemala, Wednesday looms as a key gauge of the country’s wobbly democratic health.In a courtroom in the country’s capital, a verdict is expected in the trial of one of Guatemala’s most high-profile journalists, a case widely seen as another sign of the deteriorating rule of law in the Central American country.The journalist, José Rubén Zamora, was the founder and publisher of elPeriódico, a leading newspaper in Guatemala that regularly investigated government corruption, including accusations involving the current president, Alejandro Giammattei, and the attorney general, María Consuelo Porras.He stands trial on charges of financial wrongdoing that prosecutors say focus on his business dealing and not his journalism. A panel of judges will deliver a verdict and, if he is found guilty, will impose a sentence.A conviction, which many legal observers and Mr. Zamora himself say is the likely outcome, would be another blow to Guatemala’s already fragile democracy, according to civil rights advocates, as the government and its allies have taken repeated aim at key institutions and independent news media outlets.The trial also comes as the country heads toward a presidential election this month that has already been plagued by irregularities, with four opposition candidates disqualified ahead of the race.“The rule of law is broken,” said Ana María Méndez, the Central America director at WOLA, a Washington-based research institute. Mr. Zamora’s case represents, she added, yet another “step toward the consolidation of a dictatorship” in Guatemala.Unlike other Central American countries, like Nicaragua and El Salvador, where democracy has also eroded, however, power is not concentrated in a family or an individual, Ms. Méndez said.In Guatemala, she added, “authoritarianism is exercised by illicit networks made up of the economic elite, the military elite and organized crime in collusion with the political class.”Mr. Zamora, 66, has repeatedly denied any wrongdoing and accused the government of trying to silence its critics.“I am a political prisoner,” he told reporters on May 2, the day his trial started. He said he fully expected it would end with a guilty verdict, adding, “I will be sentenced.”During his tenure running elPeriódico, Mr. Zamora was sued scores of times, mostly for slander, by the government as a result of the newspaper’s coverage.The presses were silent last month at the elPeriódico newspaper offices in Guatemala City. The newspaper shut down last month after the government froze its finances.Simone Dalmasso for The New York TimesBut his most serious legal confrontation with authorities was set in motion last July, when he was charged with money laundering, influence peddling and blackmail.As part of the prosecution’s case, elPeriódico’s bank accounts were frozen, hobbling its finances before it finally closed its doors for good last month.The main witness in the case was a former banker, Ronald Giovanni García Navarijo, who told prosecutors that Mr. Zamora asked him to launder 300,000 Guatemalan quetzales, or nearly $40,000. He also claimed that Mr. Zamora had forced him to place annual paid advertising in the newspaper to avoid receiving unflattering coverage.But the prosecution did not present any evidence showing that Mr. Zamora had obtained the money illegally. Most of the funds, which Mr. Zamora has said was to pay the salaries of the newspaper’s employees, had come from a businessman who did not want his connection to elPeriódico disclosed for fear of reprisals.His defense was hampered by various steps taken by prosecutors and a far-right organization that supports the attorney general, the Foundation Against Terrorism, which critics say has tried to intimidate some of Mr. Zamora’s lawyers.He cycled through nine defense lawyers, and at least four have been charged with obstruction of justice for their role in the case.“Zamora’s defense has been hamstrung from day one by a revolving door of defense lawyers,” said Stephen Townley, legal director of the TrialWatch initiative at the Clooney Foundation for Justice, a rights group. “Four of his lawyers have been prosecuted by the Guatemalan authorities. Others then seemed not to have access to their predecessors’ materials.”A judge who had been presiding over the case earlier in the process did not allow Mr. Zamora to present any witnesses and rejected most of the evidence he tried to submit, deeming it irrelevant.“We have seen,’’ Mr. Zamora said in an interview, “a theater of terror.”Mr. Zamora’s son, José Carlos Zamora, who is also a journalist, called the trial a “political persecution.’’For his part, Mr. Giammattei, referring to the case against Mr. Zamora, has said that being a journalist does not give a person the “right to commit criminal acts.’’President Alejandro Giammattei was among the leading Guatemalan figures being investigated by Mr. Zamora’s newspaper.Erin Schaff/The New York TimesStill, his administration has been accused by human rights groups of using the justice system to target anyone who challenges his government.Corruption and human rights cases have stalled and the justice system has been “hijacked” by a network of corrupt actors, according to a report by WOLA.Since 2021, nearly three dozen judges, anti-corruption prosecutors and their lawyers have fled Guatemala, as have 22 journalists who say they had been threatened because of their work.When elPeriódico was founded in 1996, Guatemala was entering a more hopeful period following a brutal civil war that lasted nearly four decades and left hundreds of thousands dead or missing. For many weary Guatemalans, there was a feeling that democracy was taking hold and the government would rule with transparency.A U.N.-backed international panel of investigators spent 12 years working alongside Guatemala’s judiciary to expose graft among the country’s elite, including top government officials and businessmen, before being expelled from the country in 2019 by the previous president whom the panel was investigating.“What we see today is a system that wants to continue to protect’’ criminal behavior, said Daniel Haering, a political analyst in Guatemala City.Mr. Zamora’s case and the demise of his newspaper sets back efforts to hold the government accountable for its actions, Ms. Méndez said.“Who’s going to tell the truth in Guatemala now?” she said. “There will be a huge void left.”Mr. Zamora with his lawyer on the opening day of his trial last month. He had not been allowed to present any witnesses or submit most of the evidence in his defense.Santiago Billy/Associated PressMr. Zamora’s trial ends as the country prepares for national elections on June 25, which civil rights groups say have already been tarnished after judges in recent months banned four presidential candidates from opposition parties from the vote.Among those was Carlos Pineda, a conservative populist, who had pledged to fight corruption and who a recent poll showed had risen to the top of the field. Guatemala’s top court removed him from the race on charges that the methods Mr. Pineda’s party used to choose him as its candidate had violated electoral law.Mr. Zamora’s case has also ensnared journalists simply for covering it. Eight reporters, editors and columnists are being investigated on charges of obstruction of justice after writing about the process for elPeriódico. Most have left Guatemala.Since Mr. Giammattei took office in January 2020, the Journalists Association of Guatemala has documented 472 cases of harassment, physical attacks, intimidation and censorship against the press.“You immediately ask yourself, ‘At what point is my coverage interpreted as a crime?’” said Claudia Méndez, who worked at elPeriódico as a reporter and editor and now works for a Guatemalan radio show. “‘At what point is my work no longer an exercise in criticism and accountability, but seen as an unlawful act?’” More

Let’s just go ahead and say the quiet part out loud: Robert Kennedy Jr. — the nephew of John F. Kennedy, the son of Robert F. Kennedy — is a bit of a crank.This is not breaking news. The 69-year-old scion of America’s most famous political family has been peddling anti-vaccine hysteria since long before Covid-19 made it trendy, along with a spicy stew of other conspiracy theories. Notable offerings: that the 2004 presidential election was stolen by Republicans, psychopharmaceuticals are responsible for mass shootings and the C.I.A. had a hand in the assassination of his uncle.But now Mr. Kennedy is looking to take his screwball act prime time, challenging President Biden for the 2024 Democratic presidential nomination. The troubling part is that this guy has a non-negligible degree of support.Multiple polls from recent months show backing for Mr. Kennedy hovering around 20 percent among Democratic-inclined voters — not enough to pose an existential threat to Mr. Biden, but sufficient to give some in the party the jitters. The last thing Democrats want is some conspiracy-mongering fringe dweller highlighting the vulnerability of the party’s re-election-seeking incumbent. And the last thing the American public needs in this twitchy political moment is another high-profile circus act.It’s no mystery what’s going on. The only reason anyone cares what Mr. Kennedy thinks or says is because of his political pedigree. The Kennedy name ain’t what it used to be, but it still speaks to plenty of voters. (Sooo much Camelot nostalgia lingering out there.) In a recent CNN poll, 64 percent of Democratic voters and leaners said they would support or at least consider supporting Mr. Kennedy’s White House run, with 20 percent of those who would consider it citing his political lineage as the top reason.This is about more than one overromanticized family. The American electorate has a long-running, if tortured, romance with political dynasties in general. We love to grumble about them. Another Bush running for office? Another Clinton? Come on. But we also love to embrace them, up and down the political ladder. Just ask the Roosevelts or the Udalls or the Sununus or the scores of other clans for whom politics has become the family business.There is nothing inherently wrong with this inclination. In many ways, voters going with the devil they think they know makes perfect sense — but only if they avoid letting a candidate’s familiar name become a lazy substitute for a real measure of the person.Many Americans find the whole concept of political dynasties distasteful. Legacy politicians can carry a whiff of inherited power and entitlement that seems downright undemocratic. Way back in 2013, when the political world was waiting for Jeb Bush to become the third member of his family to run for president, his doting mother, Barbara, shared her reservations: “I think it’s a great country, there are a lot of great families, and it’s not just four families or whatever,” she told the “Today” show. “There are other people out there that are very qualified, and we’ve had enough Bushes.”This maternal wisdom proved painfully on point for poor Jeb. And, several years on, the Republican Party has gone all in on trashing “professional politicians” — or pretty much anyone with a clue about or an interest in how government works. The more ignorant and unqualified you are, the more the base loves you. (See: Marjorie Taylor Greene.)Still, no one is entitled to any elective office by virtue of their birth. That said, there is a case to make in appreciation of candidates who hail from families that take public service seriously and who are familiar with the weird world of politics. Exhibit A is Nancy Pelosi, the most formidable and effective House speaker in more than 60 years, who learned much about her craft growing up in a local Democratic dynasty in Baltimore.Plenty of Americans follow their families into a particular field, be it the military, law enforcement, teaching, acting or journalism. So if George P. Bush wants to run for this or that office in his home state of Texas, more power to him. And if voters choose to smack him down, as they did in the Republican primary for state attorney general last year, good on them. (Although sticking with Ken Paxton instead? Really?)But there is a dark side to all of this. Certain dynastic players can begin to feel — and behave — as though they are entitled to elected office, treating the honor as if it is not something to be earned so much as handed down like a family heirloom or a dry-cleaning business. That way inevitably leads to trouble.Just as problematic, and far more common, is when voters treat a well-known political name as a substitute for seriously vetting a candidate’s fitness for office. As one poll respondent mused to CNN about the colorful Mr. Kennedy: “I liked his dad (R.F.K.) and his uncle (J.F.K.) a lot. I would hope he has a similar mind-set.” Woo, boy. Cross your fingers that this voter does some due diligence before casting a ballot.Being born into a political family doesn’t magically make you qualified for office. As the scholar Stephen Hess, who literally wrote the book on America’s political dynasties, has pointed out, the offspring of these high-powered clans all too frequently turn out to be extremely … problematic. At the risk of sounding harsh, for every Beau Biden, there is a Hunter.Seriously, if you think Mr. Kennedy’s presidential aspirations are troubling — and you should — best start trying to wrap your mind around what a Trump dynasty could look like. Governor Ivanka? Senator Jared? President Don Jr.? Mock if you must. But spend a minute on the campaign trail with Don Jr. and it’s clear he has developed a taste for it. And voters in the Republican base love him.As chilling as this thought may be, it points to the democratic twist that America has put on political royalty. Our dynasties are not fixed. As Mr. Hess has noted, they are forever shifting and expanding. Influential families fall out of favor even as new ones rise up. And anyone can aspire to start their own power clan. Which makes it all the more important for voters to pay attention and refuse to give an easy pass to any candidate, no matter how storied his or her family tree.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: [email protected] The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

On the calendar for the Republicans’ 2024 front-runner: rallies and primaries mixed with court dates.Donald J. Trump went to bed Tuesday night, on the eve of his 77th birthday, as a now twice-indicted former president and current front-runner for the Republican nomination for the White House in 2024.“Some birthday,” Mr. Trump grumbled on Tuesday as he visited Versailles, a popular Cuban coffee shop in Miami. “Some birthday.”He had just been arraigned on federal charges. His co-defendant was working as his valet. And he didn’t eat Cuban — he had McDonald’s. On his plane headed back to New Jersey from Miami, Mr. Trump ate the fast food while holding court with advisers and finishing edits on the speech he would soon deliver and mostly adhere to.The surreal scene that awaited him at his private club in Bedminster, N.J., was a blend somewhere between a summer garden wedding and a political victory party. There was an air of an almost post-arraignment celebration as women arrived in their finery: fuchsia and canary yellow dresses, embroidered Trump wares and heels. Men sported suits and red MAGA hats.Then Mr. Trump arrived. Visibly deflated after pleading not guilty for the second time in three months, his dry and low-energy resuscitation of his legal defense — even inflected with the usual references to Marxists, Communists and fascists — pleased his advisers but drew a relatively muted response from a crowd that had minutes earlier craned their phones for a shot of his motorcade.He had entered to the same track — “God Bless the USA” by Lee Greenwood — that he has used as an entrance theme so many times before. On Tuesday, the chorus landed differently.Proud to be an American, where at least I know I’m free.“I did everything right,” Mr. Trump declared in his 30-minute speech, “and they indicted me.”When he finished, he barely lingered to take in the applause. He gave an obligatory fist pump and mouthed thanks to the crowd. Then he turned and went inside.All told, the day encapsulated the remarkable numbness to the extraordinary that has defined the Trump era. The former president entered federal court as a criminal defendant, and now faces hundreds of years in prison. The Republican front-runner’s early 2024 calendar now includes not only key caucuses and primaries but court dates. His rivals are at times contorting themselves while discussing his alleged crimes; one circulated a petition on Tuesday demanding they all promise to pardon him.During his speech, Mr. Trump pledged to appoint a “real special prosecutor” to go after President Biden and his family.Doug Mills/The New York TimesMr. Trump’s appearance in a Miami courtroom was a humiliating moment for a New York businessman with a 40-year history of engaging in gamesmanship with prosecutors and regulators, viewing most every interaction as a transaction or something he could bluster his way through. By 2017, he had the armor of the presidency protecting him when the first special counsel investigating him, Robert S. Mueller III, began his work. And by 2021, as investigations began into his efforts to thwart the transfer of power, he had come to see another campaign as a shield against prosecutions.But that grandeur — and legal insulation — had vanished on Tuesday. Instead, Mr. Trump’s team tried to create the sense of a man still in power. In Bedminster, he spoke with the white columns of the main house of his New Jersey golf club behind him. The indictment became another backdrop for the ongoing Trump Show.He was comforted by a motley assortment of his most fervent supporters. They included former President Richard Nixon’s son-in-law; a former New York Police Department commissioner whom Mr. Trump pardoned in the final year of his presidency; and a former administration official whom Mr. Trump named as a representative to the National Archives.It was the National Archives that began the winding road that ended with Mr. Trump facing charges alleging that he had defied a subpoena and kept highly classified documents. The agency, which is in charge of preserving presidential records, spent most of 2021 trying to compel Mr. Trump to return boxes of materials that he had taken with him when he left the White House. So did some of his lawyers and advisers. When he finally returned 15 boxes in January 2022, archives officials discovered nearly 200 individual classified documents, and alerted the Justice Department.On Tuesday night in Bedminster, what amounted to a red-carpet MAGA crowd mingled to a carefree playlist of Trump-favored throwbacks: “Macho Man” by the Village People, “Can’t Take My Eyes Off You” by Frankie Valli, “We Will Rock You” by Queen, “Dancing Queen” by ABBA. Dozens of women wore matching red-white-and-blue outfits and chanted “We love Trump!” in unison as Mr. Trump was airborne.The arraignment date happened to coincide with Mr. Trump’s first major fund-raiser, with those who had raised at least $100,000 invited to a “candlelight dinner” after his speech. The Trump campaign will be paying Mr. Trump’s private business in donor dollars for both events, a practice he has done for years.The crowd at the Bedminster event on Tuesday evening, which blended a summer garden wedding with a political victory party.Doug Mills/The New York TimesRobert Jeffress, an evangelical pastor in Dallas and an early supporter who said he would not “abandon” Mr. Trump, got a call from a staffer for the former president on Monday, asking him to attend. He said Mr. Trump’s supporters saw the charges as “political.”“I think they see this as Biden’s way of getting rid of his No. 1” opponent, he said, as music blared behind him.Senator Tommy Tuberville, Republican of Alabama, missed votes in Washington to be there to cheer for Mr. Trump.The gathering in Bedminster and Mr. Trump’s not-quite impromptu cafe stop in Miami were reminiscent of how he handled the gravest political threat he faced in his first 2016 campaign: the infamous “Access Hollywood” tape. Back then, he immersed himself in a crowd of his supporters outside Trump Tower. Now, he did so both at his own property and in a friendly corner of a city where he will soon face trial.“You see where the people are,” Mr. Trump said after he was serenaded with a brief rendition of “Happy Birthday” at the Cuban cafe, called Versailles, where he also stopped to pose for a picture with a mixed martial arts fighter.He seemed determined to project nonchalance as much as defiance. His co-defendant and valet, Walt Nauta, continued to assist him throughout the day, even as the judge cautioned against the two men discussing the case, after traveling to court as part of Mr. Trump’s motorcade staff. Ever image-conscious, Mr. Trump had entered the courthouse in Miami out of the sightlines of cameras, and he avoided a mug shot and handcuffs for the second time.The act of indicting him, Mr. Trump said, “will go down in infamy.” And he pledged to appoint a “real special prosecutor” once he’s president again to go after President Biden and his family.“The seal is broken by what they’ve done,” he added. More

Former President Donald J. Trump visited Little Havana in Miami on Tuesday immediately after his arraignment, his latest attempt to cast himself as a man persecuted by his political enemies.It was a not-subtle attempt to seek the sympathies of Latinos, in Florida and beyond.Mr. Trump’s visit to Versailles Restaurant, a landmark that is emblematic of the Cuban diaspora, came as Republicans have increasingly likened his indictment to corruption and political oppression in Latin American countries.Outside the federal courthouse where the arraignment took place in Miami, Alina Habba, a lawyer and spokeswoman for Mr. Trump, suggested that he was no different than political dissidents from Latin America.“The targeting, prosecution, of a leading political opponent is the type of thing you see in dictatorships like Cuba and Venezuela,” she said. “It is commonplace there for rival candidates to be prosecuted, persecuted and put into jail.”The day before his arraignment, Mr. Trump said he believed Hispanics in South Florida were sympathetic to him because they are familiar with governments targeting rivals.“They really see it better than other people do,” he said in an interview with Americano Media, a conservative Spanish-language outlet in South Florida.Mr. Trump has enjoyed relatively strong support in some Latino communities, particularly those in South Florida. Eduardo A. Gamarra, a professor of politics and international relations at Florida International University who is also part of its Cuban Research Institute, said the narrative woven by Mr. Trump and his surrogates, while false, was a shrewd one.“It’s reinforced by local media, by much of what of the Trump campaign and other Republicans are saying: that this administration, the Biden administration, is behaving like the banana republics behave, so that’s resonated very intensely here,” he said. “It’s great politics, but it’s not true.”Mr. Gamarra, who was born in Bolivia, noted that Mr. Trump had also tried to win support from Latino voters by railing against socialism and communism. He lamented the way that Mr. Trump and his allies had repeatedly mentioned Latin America.“It’s a very unfortunate narrative,” he said. “I think it just sort of propagates the stereotypes about Latin America. It’s much more complex than simply the banana republic image.”Mr. Trump’s cameo at the restaurant was the latest for him and a long line of politicians that includes former Presidents Bill Clinton and George W. Bush. In 2016, the restaurant hosted Mr. Trump and Rudolph W. Giuliani together after Mr. Trump’s first debate against Hillary Clinton.Paloma Marcos, a native of Nicaragua who has been a U.S. citizen for 15 years, rushed to Versailles with a Trump hat and a sign that said, “I stand with Trump.”She said many Nicaraguans like her had an affinity for the former president, because he is against communism. She added that people like her, as well as Cuban and Venezuelans, saw how that form of government destroyed their home countries.“He knows we support him. The Latino community has had an awakening,” Ms. Marcos said. “The curtain has been pulled back.”The Rev. Yoelis Sánchez, a pastor at a local church and a native of the Dominican Republic, said she did not hesitate when asked to go to Versailles Restaurant to pray with Mr. Trump. Several religious people, including evangelicals and Catholics, prayed with him while her daughter sang.“We prayed for God to give him strength and for the truth to come out,” she said. “We are really concerned for his welfare.”Ms. Sánchez, who lives in Doral, Fla., which is part of Miami-Dade County and is where Mr. Trump owns a golf resort, was not yet a citizen in 2020. She would not say whether she plans to vote for him in 2024.“I don’t think he came here just because of the Latino vote,” she said. “He came because he wanted to meet with people who have biblical thinking — he’s pro-life and pro-family and Latinos identify with that.”Mr. Trump is facing criminal charges related to mishandling classified documents and then obstructing the government’s attempts to retrieve them. The federal indictment of a former president is unprecedented in the United States, but many Latin American presidents have been prosecuted after leaving office.Brazil’s current president, Luiz Inácio Lula da Silva, served more than a year in prison after he left office the first time. Argentina’s former president Cristina Fernández de Kirchner was sentenced to six years for corruption last year. In Peru, Alejandro Toledo was recently extradited to face a bribery charge. Its former leader, Alberto Fujimori, is serving 25 years in prison.Arnoldo Alemán of Nicaragua is one of the few former presidents who was arrested in a corruption case despite his own party being in power.“This is something you see a lot in Latin America, especially in Peru and now in El Salvador,” said Mario García, a regular at Versailles who was tickled to see Mr. Trump visit the restaurant. “But in those countries, they do it for a good reason: because the presidents get caught robbing money.” Mr. García said he believed the government was targeting Mr. Trump “because they don’t have any other way to get him.”Mr. García said he didn’t think Mr. Trump came to Versailles to court the Latino vote. “The votes here at Versailles are ones he already has,” he said. “He needs support. It’s nice to surround yourself with love when everyone is attacking you.”Maggie Haberman More