Elections

¿Vendrán por mí? ¿Qué se sentirá ser encarcelada por la misma gente con la que peleé hombro a hombro para derrocar la dictadura de 45 años de los Somoza en Nicaragua, mi país?En 1970, me uní a la resistencia urbana clandestina del Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocido como FSLN. Tenía 20 años. La larga y sangrienta lucha para librarnos de Anastasio Somoza Debayle ahora es un recuerdo que produce un orgullo agridulce. Alguna vez fui parte de una generación joven y valiente dispuesta a morir por la libertad. De los diez compañeros que estaban en mi célula clandestina, tan solo sobrevivimos dos. El 20 de julio de 1979, tres días después de que Somoza fue expulsado gracias a una insurrección popular, entré caminando a su búnker en una colina desde donde se veía Managua, llena del sentimiento de haber logrado lo imposible.Ninguna de esas ilusiones sobrevive el día de hoy. En retrospectiva, para mí está claro que Nicaragua también pagó un costo demasiado alto por esa revolución. Sus jóvenes líderes se enamoraron demasiado de sí mismos; pensaron que podíamos superar todos los obstáculos y crear una utopía socialista.Miles murieron para derrocar a Anastasio Somoza y muchos más perdieron la vida en la guerra de los contras que le siguió. Ahora, el hombre que alguna vez fue elegido para representar nuestra esperanza de cambio, Daniel Ortega, se ha convertido en otro tirano. Junto con su excéntrica esposa, Rosario Murillo, gobiernan Nicaragua con puño de hierro.Ahora que las elecciones de noviembre se acercan cada vez más, la pareja parece poseída por el miedo de perder el poder. Atacan y encarcelan a quien consideren un obstáculo para ellos. En las últimas semanas, encarcelaron a seis candidatos presidenciales y arrestaron a muchas personas más, entre ellas a figuras revolucionarias prominentes que alguna vez fueron sus aliadas. El mes pasado, incluso fueron tras mi hermano. Para evitar ser capturado, huyó de Nicaragua. No estaba paranoico: tan solo unos días más tarde, el 17 de junio, más de una veintena de policías armados hicieron una redada en su casa; lo estaban buscando. Su esposa estaba sola. Buscaron en cada rincón y se fueron después de cinco horas.La noche siguiente varios hombres enmascarados y armados con cuchillos y un rifle entraron a robar a su casa. Se escuchó a uno de ellos decir que era un “segundo operativo”. Otro amenazó con matar a su esposa y violar a mi sobrina, que había llegado para pasar la noche con su madre. Ortega y Murillo parecen estar usando la forma más cruda de terror para intimidar a sus opositores políticos.En lo personal, nunca admiré a Ortega. A mí siempre me pareció un hombre mediocre e hipócrita, pero su experiencia en la calle le permitió aventajar a muchos de sus compañeros.En 1979, fue la cabeza del primer gobierno sandinista y el presidente de 1984 a 1990. La derrota frente a Violeta Chamorro en las elecciones de 1990 dejó una cicatriz en la psique de Ortega. Regresar al poder se volvió su única ambición. Después del fracaso electoral, muchos de nosotros quisimos modernizar el movimiento sandinista. Ortega no aceptó nada de eso. Consideró nuestros intentos de democratizar el partido como una amenaza a su control. A quienes no estuvimos de acuerdo con él nos acusó de venderle el alma a Estados Unidos, y se rodeó de aduladores. Su esposa se puso de su lado aun después de que su hija acusó a Ortega, su padrastro, de haber abusado sexualmente de ella a la edad de 11 años, un escándalo que habría sido el fin de la carrera de otro político.De hecho, Murillo, a quien se le ha caracterizado como una Lady Macbeth tropical, renovó la imagen de Ortega con astucia luego de que este perdió dos elecciones más. Sus ideas New Age aparecieron en símbolos de amor y paz y pancartas pintadas con colores psicodélicos. De manera muy conveniente, Ortega y su esposa se metamorfosearon en católicos devotos tras décadas de ateísmo revolucionario. Para tener a la Iglesia católica más de su lado, su némesis en la década de 1980, Ortega accedió a respaldar una prohibición total al aborto. También firmó en 1999 un pacto con el presidente Arnoldo Alemán, quien luego fue declarado culpable de corrupción, para llenar puestos de gobierno con cantidades iguales de partidarios. A cambio, el Partido Liberal Constitucionalista de Alemán accedió a reducir el porcentaje de votos necesarios para ganar la presidencia.Funcionó. En 2006, Ortega ganó con tan solo el 38 por ciento de los votos. En cuanto asumió el cargo, comenzó a desmantelar instituciones estatales ya de por sí debilitadas. Obtuvo el apoyo del sector privado al permitirle tener voz y voto en las decisiones económicas a cambio de que aceptara sus políticas. Modificó la Constitución, la cual prohibía expresamente la reelección, para que se permitiera una cantidad indefinida de reelecciones. Luego, en 2016, en la campaña para su tercer periodo, Ortega eligió a su esposa para la vicepresidencia.Ortega y Murillo parecían haber asegurado su poder hasta abril de 2018, cuando un grupo de esbirros sandinistas reprimió con violencia una pequeña manifestación en contra de una reforma que iba a reducir las pensiones de seguridad social. Varias protestas pacíficas arrasaron todo el país. Ortega y Murillo reaccionaron con furia y combatieron la revuelta con balas: 328 personas fueron asesinadas, 2000 lesionadas y 100.000 exiliadas, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paramilitares armados deambularon por las calles matando a diestra y siniestra, y los hospitales tenían la orden de negar la asistencia médica a los manifestantes heridos. Los doctores que desobedecieron fueron despedidos. El régimen impuso un estado de emergencia de facto y suspendió los derechos constitucionales. Se prohibieron las manifestaciones públicas de cualquier índole. Nuestras ciudades fueron militarizadas. Ortega y Murillo justificaron estas acciones con una gran mentira: el levantamiento era un golpe de Estado planeado y financiado por Estados Unidos.Las siguientes elecciones de Nicaragua están programadas para el 7 de noviembre. A finales de la primavera, los dos principales grupos de oposición acordaron elegir a un candidato bajo el cobijo de Alianza Ciudadana. Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Chamorro, tuvo un sólido respaldo en las encuestas. Poco después de que anunció su intención de contender por la presidencia, le impusieron un arresto domiciliario. El gobierno parece haber fabricado un caso de lavado de dinero con la noción equivocada de que eso iba a legitimar su arresto. Le siguieron más detenciones: otros cinco candidatos a la presidencia, periodistas, un banquero, un representante del sector privado, dos contadores que trabajaban para la fundación de Cristiana Chamorro y hasta su hermano, todos ellos acusados bajo leyes nuevas y de una ambigüedad conveniente que en esencia hacen que cualquier tipo de oposición a la pareja en el poder sea un delito de traición. Ortega insistió en que todos los detenidos eran parte de una inmensa conspiración apoyada por Estados Unidos para derrocarlo.Ahora, los nicaragüenses nos encontramos sin ningún recurso, ninguna ley, ninguna policía que nos proteja. Una ley que le permite al Estado encarcelar hasta por 90 días a las personas que estén bajo investigación ha remplazado el habeas corpus. La mayoría de los presos no ha podido ver a sus abogados ni a sus familiares. Ni siquiera estamos seguros de dónde los tienen detenidos. Por las noches, muchos nicaragüenses se van a la cama con el temor de que su puerta sea la siguiente que derribe la policía.Soy poeta, soy escritora. Soy una crítica manifiesta de Ortega. Tuiteo, doy entrevistas. Con Somoza, me juzgaron por traición. Tuve que exiliarme. ¿Ahora enfrentaré la cárcel o de nuevo el exilio?¿Por quién irán después?Gioconda Belli es una poeta y novelista nicaragüense. Fue presidenta del centro nicaragüense de PEN International. More

[Want to get New York Today by email? Here’s the sign-up.]It’s Tuesday. Weather: Humid and mostly sunny, with a high in the mid-90s, and watch out for a severe storm this evening. Dangerously hot weather is expected through tomorrow. Alternate-side parking: In effect until July 19 (Eid al-Adha). Victor J. Blue for The New York TimesIt has been two weeks since New York City residents last cast ballots in the Democratic mayoral primary. And while Eric Adams, the Brooklyn borough president, holds a lead in the results released so far, it is not yet clear who will win.Today, elections officials are poised to release a new tally of results that could shed more light on who will ultimately prevail: a tabulation that incorporates for the first time the votes of tens of thousands of New Yorkers who cast ballots by mail.How did we get here?Under the city’s new ranked-choice system, voters could rank up to five candidates on their ballots in order of preference.Two weeks ago, elections officials began releasing preliminary results that included the first-choice votes of people who cast their ballots in person during the early-voting period or on Primary Day. In those results, Mr. Adams led Maya Wiley, a former counsel to Mayor Bill de Blasio, by 9.6 percentage points, and Kathryn Garcia, a former sanitation commissioner, by 12.5 points.But since Mr. Adams did not get more than 50 percent of the first-choice votes, the ranked-choice system kicks in: lowest-polling candidates are eliminated a round at a time, with their votes reallocated to whichever remaining candidate those voters ranked next.A preliminary ranked-choice tabulation was conducted last week, showing Ms. Garcia trailing Mr. Adams by only two percentage points.That tally, however, did not include the votes of any of roughly 125,000 outstanding absentee ballots.What happens today?Elections officials are expected to conduct another ranked-choice tabulation that includes most of those absentee ballots.For either Ms. Garcia or Ms. Wiley to beat Mr. Adams, they would need a strong showing in these results.Is it over after today?No. Voters are still allowed to correct errors with mail-in ballot envelopes that might prevent their ballots from being counted until this Friday. Final results are expected to arrive sometime next week.And the campaigns of Ms. Wiley, Mr. Adams and Ms. Garcia have filed lawsuits preserving their right to challenge the election results.From The Times‘Maybe We Can Be Friends’: New Yorkers Re-emerge in a Changed CityA Gifted Writer Returns With a Supremely Harrowing NovelMoving Downtown, to the Center of the ActionMet Opera Strikes Deal With Stagehands Over Pandemic PayWant more news? Check out our full coverage.The Mini Crossword: Here is today’s puzzle.What we’re readingAbout 65,000 shells and aerial effects were launched from five barges near Midtown and Long Island City in what organizers billed as the biggest July 4 show ever. [Gothamist]A 33-year-old man was fatally shot outside a public housing development in the Bronx, police said. [Daily News]City officials are considering a proposal to create 24-hour entertainment districts where people can party all night. [Associated Press]And finally: A library transformed The Times’s James S. Russell writes:Muddling along for four decades in a nondescript former department store, the Mid-Manhattan library, at Fifth Avenue and 40th Street, served a growing swarm of local residents and commuters. But the branch steadily became dilapidated — an “embarrassment” to the New York Public Library system, as Anthony W. Marx, its president, put it.After three years of construction and $200 million, the library system was ready to reopen its largest circulating branch in spring 2020. Instead, the pandemic extended the closure. The Stavros Niarchos Foundation Library, as it is now known (after a $55 million gift), finally threw open its doors to unlimited browsing in June.Its theatrically expressive heart is a dramatic atrium billowing upward from the second floor, displaying the vast circulating collection of up to 400,000 volumes. The branch is phasing in its extensive programming over the coming months. (The New York and Queens library systems will fully reopen today, and Brooklyn will follow a few days later.)Libraries have taken on the great task of helping people acquire knowledge, whatever the means of delivery, and have become more central to community life. The sociologist Eric Klinenberg made libraries Exhibit A in his 2018 book, “Palaces for the People: How Social Infrastructure Can Help Fight Inequality, Polarization, and the Decline of Civic Life.” He argued that “social infrastructure” — public places where people mingle and interact — can help reduce crime, isolation, and even strengthen communities.It’s Tuesday — how about a new book?Metropolitan Diary: Last car Dear Diary:I parked my car at an outdoor lot near Madison Square Garden while my friend and I went to the Rangers game. After the game, we walked to Virgil’s and spent some time catching up over a leisurely barbecue dinner.On the way back to the car, I got a hollow feeling in the pit of my stomach when the parking lot came into view. From a distance, it appeared that my car was the only one left in the lot.My uneasy feeling was soon justified. When I left the car there earlier in the evening, I had somehow failed to notice the sign clearly stating that the lot closed at 11 p.m.As my friend and I stood helplessly at the locked gate pondering our stupidity and predicament, I saw a piece of paper taped to the fence and flapping in the wind. It was a handwritten note.“I’m in the Irish pub around the corner,” it said. “Meet me there.”— Vincent BucciIllustrated by Agnes Lee. Read more Metropolitan Diary here.New York Today is published weekdays around 6 a.m. Sign up here to get it by email. You can also find it at nytoday.com. More

STARR SCHOOL, Mont. — One week before the 2020 election, Laura Roundine had emergency open-heart surgery. She returned to her home on the Blackfeet Indian Reservation with blunt instructions: Don’t go anywhere while you recover, because if you get Covid-19, you’ll probably die.That meant Ms. Roundine, 59, couldn’t vote in person as planned. Neither could her husband, lest he risk bringing the virus home. It wasn’t safe to go to the post office to vote by mail, and there is no home delivery here in Starr School — or on much of the reservation in northwestern Montana.The couple’s saving grace was Renee LaPlant, a Blackfeet community organizer for the Native American advocacy group Western Native Voice, who ensured that their votes would count by shuttling applications and ballots back and forth between their home and a satellite election office in Browning, one of two on the roughly 2,300-square-mile reservation.But under H.B. 530, a law passed this spring by the Republican-controlled State Legislature, that would not have been allowed. Western Native Voice pays its organizers, and paid ballot collection is now banned.“It’s taking their rights from them, and they still have the right to vote,” Ms. Roundine said of fellow Blackfeet voters who can’t leave their homes. “I wouldn’t have wanted that to be taken from me.”The ballot collection law is part of a nationwide push by Republican state legislators to rewrite election rules, and is similar to an Arizona law that the Supreme Court upheld on Thursday. In Montana — where Gov. Greg Gianforte, a Republican, was elected in November to replace Steve Bullock, a Democrat who had held veto power for eight years — the effects of that and a separate law eliminating same-day voter registration are likely to fall heavily on Native Americans, who make up about 7 percent of the state’s population.Laura Roundine at home in Starr School, Mont., on the Blackfeet Indian Reservation. She and her husband were two of the last beneficiaries of Western Native Voice’s get-out-the-vote program last year.Tailyr Irvine for The New York TimesIt has been less than a century since Native Americans in the United States gained the right to vote by law, and they never attained the ability to do so easily in practice. New restrictions — ballot collection bans, earlier registration deadlines, stricter voter ID laws and more — are likely to make it harder, and the starkest consequences may be seen in places like Montana: sprawling, sparsely populated Western and Great Plains states where Native Americans have a history of playing decisive roles in close elections.In 2018, Senator Jon Tester, a Democrat, won seven of eight Montana counties containing the headquarters of a federally recognized tribe and received 50.3 percent of the vote statewide, a result without which his party would not currently control the Senate. (One of the eight tribes wasn’t federally recognized at the time but is now.) In 2016, Mr. Bullock carried the same counties and won with 50.2 percent. Both times, Glacier County, which contains the bulk of the Blackfeet reservation, was the most Democratic in the state.In recent years, Republicans in several states have passed laws imposing requirements that Native Americans are disproportionately unlikely to meet or targeting voting methods they are disproportionately likely to use, such as ballot collection, which is common in communities where transportation and other infrastructure are limited. They say ballot collection can enable election fraud or allow advocacy groups to influence votes, though there is no evidence of widespread fraud.On the floor of the Montana House in April, in response to criticism of H.B. 530’s effects on Native Americans who rely on paid ballot collection, the bill’s primary sponsor, State Representative Wendy McKamey, said, “There are going to be habits that are going to have to change because we need to keep our security at the utmost.” She argued that the bill would keep voting as “uninfluenced by monies as possible.”Ms. McKamey did not respond to requests for comment for this article.Geography, poverty and politics all create obstacles for Native Americans. The Blackfeet reservation is roughly the size of Delaware but had only two election offices and four ballot drop-off locations last year, one of which was listed as open for just 14 hours over two days. Many other reservations in Montana have no polling places, meaning residents must go to the county seat to vote, and many don’t have cars or can’t afford to take time off.Renee LaPlant, a Blackfeet community organizer for Western Native Voice, said she couldn’t begin to estimate how many miles she had driven to help people return their ballots.Tailyr Irvine for The New York TimesBrowning, Mont., in June. Glacier County has a satellite election office in Browning, the county’s only office on the 2,285-square-mile reservation.Tailyr Irvine for The New York TimesAdvocacy groups like Western Native Voice have become central to get-out-the-vote efforts, to the point that the Blackfeet government’s website directs voters who need help not to a tribal office but to W.N.V.Ms. LaPlant, who was one of about a dozen Western Native Voice organizers on the Blackfeet reservation last year, said she couldn’t begin to estimate how far they had collectively driven. One organizer alone logged 700 miles.One of the voters the team helped was Heidi Bull Calf, whose 19-year-old son has a congenital heart defect. Knowing the danger he would be in if he got Covid-19, she and her family barely left their home in Browning for a year.Asked whether there was any way she could have returned her ballot on her own without putting her son’s health at risk, Ms. Bull Calf, the director of after-school programs at an elementary school, said no.Members of Western Native Voice at a three-day community organizing training in Bozeman, Mont., in early June. Tailyr Irvine for The New York TimesThe ballot collection law says that “for the purposes of enhancing election security, a person may not provide or offer to provide, and a person may not accept, a pecuniary benefit in exchange for distributing, ordering, requesting, collecting or delivering ballots.” Government entities, election administrators, mail carriers and a few others are exempt, but advocacy groups aren’t. Violators will be fined $100 per ballot.In May, the American Civil Liberties Union and the Native American Rights Fund sued the Montana secretary of state, Christi Jacobsen, a Republican, over the new laws. The lawsuit alleges that the ballot collection limits and the elimination of same-day voter registration violate the Montana Constitution and are “part of a broader scheme” to disenfranchise Native voters. It was filed in a state district court that struck down a farther-reaching ballot collection ban as discriminatory last year.A spokesman for Ms. Jacobsen did not respond to requests for comment. In a statement shortly after the lawsuit was filed, Ms. Jacobsen said, “The voters of Montana spoke when they elected a secretary of state that promised improved election integrity with voter ID and voter registration deadlines, and we will work hard to defend those measures.”The state-level legal process may be Native Americans’ only realistic recourse now, because on Thursday, the Supreme Court upheld a ballot collection law in Arizona, signaling that federal challenges to voting restrictions based on disparate impact on voters of color were unlikely to succeed.Voting difficulties are acute not just for the Blackfeet but also for Montana’s seven other federally recognized tribes: the Crow and Northern Cheyenne, based on reservations of the same names; the Confederated Salish and Kootenai Tribes of the Flathead Reservation; the Assiniboine and Gros Ventre of the Fort Belknap Reservation; the Assiniboine and Sioux of the Fort Peck Reservation; the Chippewa Cree of Rocky Boy’s Reservation; and the Little Shell Chippewa in Great Falls.On the Crow and Northern Cheyenne Reservations, many residents have no internet. Often, the only way to register to vote is in person at election offices in Hardin and Forsyth, 60 miles or more one way from parts of the reservations..css-1xzcza9{list-style-type:disc;padding-inline-start:1em;}.css-3btd0c{font-family:nyt-franklin,helvetica,arial,sans-serif;font-size:1rem;line-height:1.375rem;color:#333;margin-bottom:0.78125rem;}@media (min-width:740px){.css-3btd0c{font-size:1.0625rem;line-height:1.5rem;margin-bottom:0.9375rem;}}.css-3btd0c strong{font-weight:600;}.css-3btd0c em{font-style:italic;}.css-w739ur{margin:0 auto 5px;font-family:nyt-franklin,helvetica,arial,sans-serif;font-weight:700;font-size:1.125rem;line-height:1.3125rem;color:#121212;}#NYT_BELOW_MAIN_CONTENT_REGION .css-w739ur{font-family:nyt-cheltenham,georgia,’times new roman’,times,serif;font-weight:700;font-size:1.375rem;line-height:1.625rem;}@media (min-width:740px){#NYT_BELOW_MAIN_CONTENT_REGION .css-w739ur{font-size:1.6875rem;line-height:1.875rem;}}@media (min-width:740px){.css-w739ur{font-size:1.25rem;line-height:1.4375rem;}}.css-9s9ecg{margin-bottom:15px;}.css-16ed7iq{width:100%;display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;-webkit-box-pack:center;-webkit-justify-content:center;-ms-flex-pack:center;justify-content:center;padding:10px 0;background-color:white;}.css-pmm6ed{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-align-items:center;-webkit-box-align:center;-ms-flex-align:center;align-items:center;}.css-pmm6ed > :not(:first-child){margin-left:5px;}.css-5gimkt{font-family:nyt-franklin,helvetica,arial,sans-serif;font-size:0.8125rem;font-weight:700;-webkit-letter-spacing:0.03em;-moz-letter-spacing:0.03em;-ms-letter-spacing:0.03em;letter-spacing:0.03em;text-transform:uppercase;color:#333;}.css-5gimkt:after{content:’Collapse’;}.css-rdoyk0{-webkit-transition:all 0.5s ease;transition:all 0.5s ease;-webkit-transform:rotate(180deg);-ms-transform:rotate(180deg);transform:rotate(180deg);}.css-eb027h{max-height:5000px;-webkit-transition:max-height 0.5s ease;transition:max-height 0.5s ease;}.css-6mllg9{-webkit-transition:all 0.5s ease;transition:all 0.5s ease;position:relative;opacity:0;}.css-6mllg9:before{content:”;background-image:linear-gradient(180deg,transparent,#ffffff);background-image:-webkit-linear-gradient(270deg,rgba(255,255,255,0),#ffffff);height:80px;width:100%;position:absolute;bottom:0px;pointer-events:none;}.css-uf1ume{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-box-pack:justify;-webkit-justify-content:space-between;-ms-flex-pack:justify;justify-content:space-between;}.css-wxi1cx{display:-webkit-box;display:-webkit-flex;display:-ms-flexbox;display:flex;-webkit-flex-direction:column;-ms-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-align-self:flex-end;-ms-flex-item-align:end;align-self:flex-end;}.css-12vbvwq{background-color:white;border:1px solid #e2e2e2;width:calc(100% – 40px);max-width:600px;margin:1.5rem auto 1.9rem;padding:15px;box-sizing:border-box;}@media (min-width:740px){.css-12vbvwq{padding:20px;width:100%;}}.css-12vbvwq:focus{outline:1px solid #e2e2e2;}#NYT_BELOW_MAIN_CONTENT_REGION .css-12vbvwq{border:none;padding:10px 0 0;border-top:2px solid #121212;}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-rdoyk0{-webkit-transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);transform:rotate(0deg);}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-eb027h{max-height:300px;overflow:hidden;-webkit-transition:none;transition:none;}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-5gimkt:after{content:’See more’;}.css-12vbvwq[data-truncated] .css-6mllg9{opacity:1;}.css-qjk116{margin:0 auto;overflow:hidden;}.css-qjk116 strong{font-weight:700;}.css-qjk116 em{font-style:italic;}.css-qjk116 a{color:#326891;-webkit-text-decoration:underline;text-decoration:underline;text-underline-offset:1px;-webkit-text-decoration-thickness:1px;text-decoration-thickness:1px;-webkit-text-decoration-color:#326891;text-decoration-color:#326891;}.css-qjk116 a:visited{color:#326891;-webkit-text-decoration-color:#326891;text-decoration-color:#326891;}.css-qjk116 a:hover{-webkit-text-decoration:none;text-decoration:none;}This made same-day voter registration a popular option for people who could make the trip only once. But under a new law, H.B. 176, the registration deadline is noon on the day before the election.Heidi Bull Calf, of Browning, said she would not have been able to vote safely without the help of Western Native Voice.Tailyr Irvine for The New York TimesKeaton Sunchild, the political director at Western Native Voice, said that last year, hundreds of Native Americans had registered to vote after that time.Lauri Kindness, a Western Native Voice organizer on the Crow Reservation, where she was born and lives, said: “There are many barriers and hardships in our communities with basic things like transportation. From my community, the majority of our voters were able to gain access to the ballot through same-day voter registration.”State Representative Sharon Greef, the Republican who sponsored H.B. 176, said its purpose was to shorten lines and reduce the burden on county clerks and recorders by enabling them to spend Election Day focusing only on ballots, without also processing registrations. She said that if people voted early, they could still register and cast their ballot in one trip.“I tried to think of any way this could affect all voters, not only the Native Americans, and if I had felt this in any way would have disenfranchised any voter, discouraged any voter from getting to the polls, I couldn’t in good conscience have carried the bill,” Ms. Greef said. “Voting is a right that we all have, but it’s a right that we can’t take lightly, and we have to plan ahead for it.”At a community organizing training in Bozeman in early June, Western Native Voice leaders framed voting rights within the broader context of self-determination and political representation for Native Americans.With the State Legislature adjourned for the year and the lawsuit in the hands of lawyers, organizers are turning their focus to redistricting.Montana will get a second House seat as a result of the 2020 census, and Native Americans want to maximize their influence in electing members of Congress. But arguably more important are the maps that will be drawn for the State Legislature, which could give Native Americans greater power to elect the representatives who make Montana’s voting laws.Redistricting will be handled by a commission consisting of two Republicans, two Democrats and a nonpartisan presiding officer chosen by the Montana Supreme Court: Maylinn Smith, a former tribal judge and tribal law professor who is herself Native American.Ta’jin Perez, deputy director of Western Native Voice, urged the group’s organizers to map out communities with common interests in and around their reservations, down to the street level. W.N.V. would send that data to the Native American Rights Fund, which would use it to inform redistricting suggestions.“You can either define it yourself,” Mr. Perez warned, “or the folks in Helena will do it for you.”The Northern Cheyenne Reservation in June. On the Crow and Northern Cheyenne Reservations, many residents have no internet and must register to vote in person. Tailyr Irvine for The New York Times More

Bret Stephens: Hi, Gail. Hope you had a nice Fourth of July. Politically speaking, most of the fireworks seemed to be coming from the Supreme Court. Any thoughts on how the term ended?Gail Collins: Bret, I’ve never been too romantic about Independence Day. I guess in my youth I learned to regard a successful Fourth as one in which nobody got a finger blown off.Bret: Where I grew up, Independence Day was on Sept. 16, though festivities began the night before with a famous shout. Anyone who knows the country to which I’m referring without help from Google gets a salted margarita.Gail: Well, Sept. 16 is Mexican Independence Day — you know, we haven’t had nearly enough talks about your life south of the border. Putting that down for a summer diversion.I admit I did have to look up the famous shout, which I assume is the Cry of Dolores, calling for freedom from Spain, equality and land redistribution.Bret: Mexico was always progressive, though more in theory than practice. And if you really want to nerd out, next month marks the 200th anniversary of the Treaty of Córdoba, when Mexico gained its formal independence.Gail: And Sept. 16 is also the day the Pilgrims set sail on the Mayflower. We need to set aside a fall conversation about history.But right now we’re going to talk about the Supreme Court’s performance. Given its current makeup, I tend to see success in any get-together that concludes without total disaster. (The Affordable Care Act survives!) But I’m very worried about the way the majority is siding with the bad guys on voting rights issues.How about you?Bret: Not that it will surprise you, but I was with the bad guys on that Arizona voting case. It isn’t at all tough for anyone to vote in the Grand Canyon State, in person or, for a full 27 days before an election, by mail. I don’t think it violates the Voting Rights Act to require people to vote in their precinct, or to ban ballot harvesting, which is susceptible to fraud.Gail: One person’s ballot harvesting is another person’s helping their homebound neighbors vote. But I’m not as concerned about what the court’s done so far as where it will take us. We’ve got Republican states eagerly dismantling many procedures that make it easier for poor folks — read Democratic folks — to vote. And some have also been very protective of political leaders’ right to squish their voters into districts that are most favorable to their interests, even if some of them look like two-headed iguanas.Bret: There’s a perception that ballot harvesting mainly helps Democrats. Maybe that’s true, though there are plenty of poor Republicans. But the most notorious example of ballot harvesting being used to steal an election was in a North Carolina congressional race in 2018, where the fraudster was working for the Republican. But I’m with you on those two-headed iguanas. Democracy would be much better off if we could find our way out of the partisan gerrymanders.Gail: Very tricky, since both parties tend to be in favor of creative district-drawing when their folks get the advantage.Bret: On the whole, though, I think the court had a pretty good term considering the fears people had about a 6-3 conservative-liberal split. Brett Kavanaugh and John Roberts voted with the court’s liberals to uphold a federal moratorium on evictions. Amy Coney Barrett voted to uphold Obamacare. And every justice except Clarence Thomas upheld a cheerleader’s right to use a certain four-letter epithet in connection to the words “school,” “softball,” “cheer” and “everything” that we’re usually not allowed to write in this newspaper.Gail: Yeah, we’ve moved into a world in which, for teenagers, posting that word on Snapchat or Instagram is getting to be as common as … buying sneakers or Googling the answers to a take-home quiz. If every student who did it got punished, we might have to replace all after-school activities with detention.Bret: I think the culture crossed the curse-word Rubicon a long time ago. Like, around the time of George Carlin’s “Seven Words You Can Never Say on Television” monologue in 1972.Gail: Although I do have to admit it’d be nicer if the cool kids were the ones who thought of the most creative non-four-letter ways to express their dissatisfaction with life.Maybe bird metaphors? (“Family reunion? I’d rather hang out with a flock of starlings!”) Or … well, let this be an ongoing project.Bret: Flocked if I know how that’ll ever happen.Gail: Let’s talk about something cheerful — the Trump indictments. Or rather, the indictment of the chief financial officer of the Trump Organization for failure to pay taxes on about $1.76 million worth of perks.Have to admit, the part I liked best was the family, particularly Eric, treating perks like a luxury apartment and car and $359,000 in private school tuition as normal life. I mean, if your neighbor brought you over a plate of cookies, would you have to pay taxes on that?Do you think this is going to lead to something bigger? The chief financial officer in question, Allen Weisselberg, is a longtime Trump loyalist. Of course, he’s also 73 …Bret: You know that I hold the Trump Organization in the same high regard in which I hold toxic sludge, K.G.B. poisoned underpants or James Patterson novels. But I’m a little dubious about this prosecution. After all this investigating, this is the worst they can come up with? I’m not excusing it, assuming the charges stick. But it seems like the sort of sneaky and unethical corporate self-dealing that usually results in heavy civil penalties but not criminal charges.Gail: There’s been so much anticipation of an indictment of Donald Trump himself, for overvaluing his properties at sale time, and undervaluing them for tax assessments. Instead, we’ve got a guy nobody’s ever heard of getting a tax-free Mercedes. You’re right — it is kind of a downer.Presumably this is just an early step. Remember there’s that grand jury in Manhattan that’s committed to spending six months looking into possible Trump misdeeds. And they’ve hardly begun.Bret: The larger point is that it has more of the feel of a political prosecution, of the sort that Trump was always threatening against his political opponents, starting with Hillary Clinton. It’s a game at which two can play.Gail: The challenge for the prosecutors is to come up with something bad enough to shock New Yorkers. Or something so very likely to lead to jail time that Trump will come around and make the kind of deal that would freeze him out of politics forever.Bret: My general theory of Trump is that the best thing we can do is starve him of the things he most craves, which is publicity (doesn’t matter if it’s good or bad), plus the opportunity to play the martyr.As for something that could shock New Yorkers — either he skins cats for pleasure or he’s a fan of the owners of the Knicks.Gail: Hey, give the Knicks a break. And let’s change the subject. Give me a snappy summary of your feelings about the never-ending negotiations over Joe Biden’s infrastructure plan.Bret: The result is going to be good, I think. And popular, too. We need a program that’s ambitious and forward-looking, that allows for projects like the George Washington and Golden Gate bridges — projects that will last for centuries — to be built, except this time with greater environmental sensitivity.Gail: Readers, please get out your Twitters and quote this.Bret: I’d also love to see the Biden administration resurrect some of the more inspiring programs of the Roosevelt administration’s New Deal, particularly the Civilian Conservation Corps and the Public Works of Art Project. I don’t just mean creating programs as employment schemes, but also as a way of channeling civic energies toward active, participatory environmental stewardship and aesthetic creation. I also think the art project should be open to foreigners, so that future Diego Riveras can leave their imprint on American buildings and parks and boulevards.Gail: We are in total agreement. But — just checking — are you equally enthusiastic about the other side of Biden’s plan, which would shore up and expand critical social infrastructure like early childhood education and community colleges?Bret: Sure. Why not? You’ve worn me into submission — I mean, agreement!Gail: Pardon me one more time while I pour a glass of champagne. Are you listening, moderate Republicans?Bret: Final topic, Gail. July 4 was supposed to mark the date when Americans could finally mark their independence from the Covid pandemic. Do you finally feel free of it?Gail: Pretty much, Bret. I guess for most people it depends on the things they liked to do that weren’t doable during the shutdown. For me a lot of the loss was not being able to go with my husband to crowded public places like theaters or jazz clubs and not seeing the friends who weren’t real comfortable interacting outside their families.Bret: And I missed the foreign travel.Gail: Now pretty much everything we like is back. The one thing I still really miss is being at work in the real physical office. The work gets done digitally but it really isn’t the same. As much as I love hanging out with you in these conversations, I’d like it better if I could walk over to your desk and make fun of Mitch McConnell.Bret: That, and putting the office’s fancy coffee machines to regular use.Gail: But soon, right? See you in September!The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: [email protected] The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

Will they come for me? What will it be like to be jailed by the same people I fought alongside to topple the 45-year Somoza dictatorship in Nicaragua, my country?I joined the clandestine urban resistance of the Sandinista National Liberation Front, known as the FSLN, in 1970. I was 20. The long and bloody struggle to get rid of Anastasio Somoza Debayle is now a bittersweet memory of pride. I was once part of a brave young generation willing to die for freedom. Of the 10 “compañeros” who were in my clandestine cell, only two of us survived. On July 20, 1979, three days after Mr. Somoza was forced out by a popular insurrection, I walked into his office bunker on a hill overlooking Managua, filled with the empowering feeling that the impossible had been made possible.None of those illusions survive today. It is clear to me, looking back, that Nicaragua paid too high a cost for that revolution. Its young leadership became too enamored of itself; it thought we could defy the odds and create a socialist utopia.Thousands died to topple that dictator, and many more lost their lives in the Contra war that followed. Now, the man once chosen to represent our hope for change, Daniel Ortega, has become another tyrant. Along with his eccentric wife, Rosario Murillo, they rule Nicaragua with an iron fist.As the November elections approach, the couple seem possessed by the fear of losing power. They lash out and imprison whoever they think might stand in their way. In the past month, they have jailed five presidential candidates and arrested many others, including iconic revolutionary figures who were once their allies. Last month they even came for my brother. To avoid capture, he left Nicaragua. He wasn’t paranoid: Just a few days later, on June 17, over two dozen armed police officers raided his house looking for him. His wife was alone. They searched every corner and left after five hours. The next night several masked men armed with knives and a rifle robbed his house. One of them was heard to say it was a “second operation.” Another threatened to kill his wife and rape my niece who had arrived to spend the night with her mother. Mr. Ortega and Ms. Murillo appear to be using the crudest form of terror to intimidate their political opponents.I never admired Mr. Ortega personally. To me, he always seemed like a duplicitous, mediocre man, but his street smarts allowed him to outwit many of his companions. He was the head of the first Sandinista government in 1979 and president from 1984 to 1990. Losing the election to Violeta Chamorro in 1990 scarred Mr. Ortega’s psyche. Returning to power became his sole ambition. After the electoral defeat many of us wanted to modernize the Sandinista movement. Mr. Ortega would have none of it. He viewed our attempts to democratize the party as a threat to his control. He accused those who disagreed with him of selling our souls to the United States, and he surrounded himself with sycophants. His wife sided with him even after her daughter accused Mr. Ortega, her stepfather, of sexually abusing her from the age of 11, a scandal that might have ended another politician’s career.In fact, Ms. Murillo, who has been characterized as a tropical Lady Macbeth, cleverly reshaped his image after he ran in two more elections and lost. Her New Age ideas appeared in symbols of peace and love and banners painted with psychedelic colors. Rather conveniently, Mr. Ortega and his wife metamorphosed into devout Catholics after decades of revolutionary atheism. To further win over the Catholic Church, Mr. Ortega’s nemesis in the ’80s, he agreed to back a complete ban on abortion. He had also signed a pact in 1999 with President Arnoldo Alemán, who would later be found guilty of corruption, to stack government posts with equal shares of loyalists. In exchange, Alemán’s Liberal Party agreed to lower the percentage of votes needed to win the presidency.It worked. In 2006, Mr. Ortega won with only 38 percent of the vote. No sooner did he take office than he set about dismantling already weak state institutions. He obtained the support of the private sector by giving it a say in economic decisions in exchange for acquiescence to his politics. He trampled on the Constitution, which expressly forbade re-election, to allow for indefinite re-elections. Then, in his run for his third term in 2016, he chose his wife to be vice president.Mr. Ortega and Ms. Murillo seemed securely in power until April 2018, when a small demonstration against a reform that would have lowered social security pensions was violently repressed by Sandinista thugs. The entire country was swept by peaceful protests. Mr. Ortega and Ms. Murillo reacted with fury and crushed the revolt with firepower: 328 people were killed, 2,000 were wounded, and 100,000 went into exile, according to the Inter-American Commission on Human Rights. Armed paramilitaries roamed the streets in a killing spree, and hospitals were ordered to deny assistance to wounded protesters. Doctors who disobeyed were fired. The regime imposed a de facto state of emergency and suspended constitutional rights. Public demonstrations of any sort were banned. Our cities were militarized. Mr. Ortega and Ms. Murillo justified their actions by fabricating a big lie: The uprising was a coup planned and financed by the United States.Nicaragua’s next elections are scheduled for Nov. 7. In late spring, the two major opposition groups agreed to choose one candidate under the umbrella of the Citizens Alliance. Cristiana Chamorro, daughter of former President Chamorro, had strong showings in the polls. Soon after she announced her intent to run for president she was placed under house arrest. The government appears to have fabricated a case of money laundering in its deluded notion that this would legitimize her detention. More arrests followed: four more presidential candidates, journalists, a banker, a private sector representative, two accountants who worked for Cristiana Chamorro’s foundation and even her brother, all of them accused under new and conveniently ambiguous laws that essentially make any opposition to the ruling couple a treasonous crime. Mr. Ortega insisted that all the detainees are part of a vast U.S.-sponsored conspiracy to overthrow him.Nicaraguans now find ourselves with no recourse, no law, no police to protect us. Habeas corpus has been replaced by a law that allows the state to imprison people who are under investigation for up to 90 days. Most of the prisoners have not been allowed to see their lawyers or members of their families. We are not even sure where they are being held. Every night, too many Nicaraguans go to bed afraid that their doors will be the next that the police will break down.I am a poet, a writer. I am an outspoken critic of Mr. Ortega. I tweet, I give interviews. Under Mr. Somoza, I was tried for treason. I had to go into exile. Will I now face jail or exile again?Who will they come for next?Gioconda Belli is a Nicaraguan poet and novelist. She is the former president of the Nicaraguan PEN center.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: [email protected] The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

The country is recovering from a pandemic and an economic crisis, and its former president is in legal and financial peril. But no political realignment appears to be at hand.In another age, the events of this season would have been nearly certain to produce a major shift in American politics — or at least a meaningful, discernible one.Over a period of weeks, the coronavirus death rate plunged and the country considerably eased public health restrictions. President Biden announced a bipartisan deal late last month to spend hundreds of billions of dollars rebuilding the country’s worn infrastructure — the most significant aisle-crossing legislative agreement in a generation, if it holds together. The Congressional Budget Office estimated on Thursday that the economy was on track to regain all of the jobs it lost during the pandemic by the middle of 2022.And in a blow to Mr. Biden’s fractious opposition, Donald J. Trump — the dominant figure in Republican politics — faced an embarrassing legal setback just as he was resuming a schedule of campaign-style events. The Manhattan district attorney’s office charged his company, the Trump Organization, and its chief financial officer with “sweeping and audacious” financial crimes.Not long ago, such a sequence of developments might have tested the partisan boundaries of American politics, startling voters into reconsidering their assumptions about the current president, his predecessor, the two major parties and what government can do for the American people.These days, it is hard to imagine that such a political turning point is at hand.“I think we’re open to small moves; I’m not sure we’re open to big moves,” said Mark Mellman, a Democratic pollster. “Partisanship has made our system so sclerotic that it isn’t very responsive to real changes in the real world.”Amid the mounting drama of the early summer, a moment of truth appears imminent. It is one that will reveal whether the American electorate is still capable of large-scale shifts in opinion, or whether the country is essentially locked into a schism for the foreseeable future, with roughly 53 percent of Americans on one side and 47 percent on the other.Mr. Biden’s job approval has been steady in the mid-50s for most of the year, as his administration has pushed a shots-and-checks message about beating the virus and reviving the economy. His numbers are weaker on subjects like immigration and crime; Republicans have focused their criticism on those areas accordingly.This weekend, the president and his allies have mounted something of a celebratory tour for the Fourth of July: Mr. Biden headed to Michigan, one of the vital swing states that made him president, while Vice President Kamala Harris traveled to Las Vegas to mark a revival of the nation’s communal life.On Friday, Mr. Biden stopped just short of declaring that happy days are here again, but he eagerly brandished the latest employment report showing that the economy added 850,000 jobs in June.“The last time the economy grew at this rate was in 1984, and Ronald Reagan was telling us it’s morning in America,” Mr. Biden said. “Well, it’s getting close to afternoon here. The sun is coming out.”Yet there is little confidence in either party that voters are about to swing behind Mr. Biden and his allies en masse, no matter how many events appear to align in his favor.Democratic strategists see that as no fault of Mr. Biden’s, but merely the frustrating reality of political competition these days: The president — any president — might be able to chip away at voters’ skepticism of his party or their cynicism about Washington, but he cannot engineer a broad realignment in the public mood.Mr. Mellman said the country’s political divide currently favored Mr. Biden and his party, with a small but stable majority of voters positively disposed toward the president. But even significant governing achievements — containing the coronavirus, passing a major infrastructure bill — may yield only minute adjustments in the electorate, he said.“Getting a bipartisan bill passed, in the past, would have been a game changer,” Mr. Mellman said. “Will it be in this environment? I have my doubts.”Russ Schriefer, a Republican strategist, offered an even blunter assessment of the chances for real movement in the electorate. He said that the receding of the pandemic had helped voters feel better about the direction the country is moving in — “the Covid reopening certainly helps with the right-track numbers” — but that he saw no evidence that it was changing the way they thought about their preferences between the parties.“I don’t think anything has particularly changed,” Mr. Schriefer said. “If anything, since November people have retreated further and further back into their own corners.”Supporters cheered former President Donald J. Trump during a rally in Ohio last month.Maddie McGarvey for The New York TimesAmerican voters’ stubborn resistance to external events is no great surprise, of course, to anyone who lived through the 2020 election. Last year, Mr. Trump presided over an out-of-control pandemic that killed hundreds of thousands of people and caused the American economy to collapse. He humiliated the nation’s top public health officials and ridiculed basic safety measures like mask wearing; threatened to crush mass demonstrations with military force; outlined no agenda for his second term; and delivered one of the most self-destructive debate performances of any presidential candidate in modern history.Mr. Trump still won 47 percent of the vote and carried 25 states. The trench lines of identity-based grievance he spent five years digging and deepening — pitting rural voters against urban ones, working-class voters against voters with college degrees, white voters against everybody else — saved him from an overwhelming repudiation.A Pew Research Center study of the 2020 election results released this past week showed exactly what scale of voter movement is possible in the political climate of the Trump era and its immediate aftermath.The electorate is not entirely frozen, but each little shift in one party’s favor seems offset by another small one in the opposite direction. Mr. Trump improved his performance with women and Hispanic voters compared with the 2016 election, while Mr. Biden expanded his party’s support among moderate constituencies like male voters and military veterans.The forces that made Mr. Trump a resilient foe in 2020 may now shield him from the kind of exile that might normally be inflicted on a toppled former president enveloped in criminal investigations and facing the prospect of financial ruin. Polls show that Mr. Trump has persuaded most of his party’s base to believe a catalog of outlandish lies about the 2020 election; encouraging his admirers to ignore his legal problems is an old trick by comparison.The divisions Mr. Trump carved into the electoral map are still apparent in other ways, too: Even as the country reopens and approaches the point of declaring victory over the coronavirus, the states lagging furthest behind in their vaccination campaigns are nearly all strongholds of the G.O.P. While Mr. Trump has encouraged his supporters to get vaccinated, his contempt for public health authorities and the culture of vaccine skepticism in the right-wing media has hindered easy progress.Yet the social fissures that have made Mr. Trump such a durable figure have also cemented Mr. Biden as the head of a majority coalition with broad dominance of the country’s most populous areas. The Democrats do not have an overwhelming electoral majority — and certainly not a majority that can count on overcoming congressional gerrymandering, the red-state bias of the Senate and the traditional advantage for the opposition party in midterm elections — but they have a majority all the same.And if Mr. Biden’s approach up to this point has been good enough to keep roughly 53 percent of the country solidly with him, it might not take a major political breakthrough — let alone a season of them — to reinforce that coalition by winning over just a small slice of doubters or critics. There are strategists in Mr. Biden’s coalition who hope to do considerably more than that, either by maneuvering the Democratic Party more decisively toward the political center or by competing more assertively with Republicans on themes of economic populism (or perhaps through some combination of the two).Mr. Biden’s aides have already briefed congressional Democrats several times on their plans to lean hard into promoting the economic recovery as the governing party’s signature achievement — one they hope to reinforce further with a victory on infrastructure.Faiz Shakir, who managed Senator Bernie Sanders’s 2020 presidential campaign, said Democrats did not need to worry about making deep inroads into Mr. Trump’s base. But if Mr. Biden and his party managed to reclaim a sliver of the working-class community that had recently shifted right, he said, it would make them markedly stronger for 2022 and beyond.“All you need to focus on is a 5 percent strategy,” Mr. Shakir said. “What 5 percent of this base do you think you can attract back?”But Mr. Shakir warned that Democrats should not underestimate the passion that Mr. Trump’s party would bring to that fight, or the endurance of the fault lines that he had used to reorganize American politics.“He has animated people around those social and racial, cultural, cleavages,” Mr. Shakir said of Mr. Trump. “That keeps people enthused. It’s sad but it is the case that that is going on.” More

A month after polls closed, officials have yet to declare a victor in the presidential vote, as they consider Keiko Fujimori’s demand that ballots be thrown out.LIMA, Peru — They showed up for the rally by the thousands in red and white, the colors of their right-wing movement, swapping conspiracy theories and speaking ominously of civil war, some brandishing shields with crosses meant to exalt European heritage.On the stage, their leader, the presidential candidate Keiko Fujimori, let loose on her headline issue: election fraud.Though electoral officials say her opponent, the leftist union leader Pedro Castillo, leads by more than 40,000 votes with all the ballots counted, they have yet to declare a victor a month after the polls closed, as they consider Ms. Fujimori’s demand that tens of thousands of ballots be thrown out.No one has come forward, even weeks later, to corroborate Ms. Fujimori’s claims of fraud; international observers have found no evidence of major irregularities; and both the United States and the European Union have praised the electoral process.But Ms. Fujimori’s claims have not only delayed the certification of a victor, they have also radicalized elements of the Peruvian right in a way that analysts say could threaten the country’s fragile democracy, just as it struggles to beat back the pandemic and mounting social discontent.Many in Peru have pointed out that Ms. Fujimori’s assertions echo those made by Donald J. Trump in 2020, and by Benjamin Netanyahu in Israel this year. The difference, they say, is that Peru’s democratic institutions are far weaker, leaving the country more susceptible to increasing turmoil, a coup or an authoritarian turn.In Peru, those who think the election was stolen are concentrated in the upper classes of the capital, Lima, and include former military leaders and members of influential families. Some of Ms. Fujimori’s supporters have openly called for a new election, or even a military coup if Mr. Castillo is sworn in.Ms. Fujimori during a rally in Lima last month. She wants as many as 200,000 votes to be thrown out.Marco Garro for The New York Times“It’s a danger for democracy,” said the Peruvian political scientist Eduardo Dargent, calling Ms. Fujimori part of a growing “denialist global right.”“I think in the end Keiko will leave the stage,” he went on. “But a very complicated scenario for the next government has been built.”Going into the June election, Peru’s two-decade-old democracy was badly in need of a boost. The country had cycled through four presidents and two Congresses in five years, as lawmakers became enmeshed in corruption scandals and score-settling that diminished trust in political institutions.Peru has also recorded the world’s highest per capita death toll from Covid-19 and has seen the virus push nearly 10 percent of its population into poverty, highlighting cracks in the country’s economic and social safety nets.Voters could hardly have faced a starker choice when they went to the polls on June 6 to decide between Mr. Castillo, the son of peasant farmers who enjoys broad Indigenous and rural support, and Ms. Fujimori, a towering symbol of the Peruvian elite and the heir to a right-wing populist movement started three decades ago by her father, the former President Alberto Fujimori.Millions of Peruvians who did not feel represented by previous governments were eager to celebrate the rise of Mr. Castillo, who has lived most of his life in an impoverished rural region.Since the election, supporters of both candidates have taken to the streets in competing rallies.Supporters of the leftist candidate Pedro Castillo. He enjoys broad support among the nation’s Indigenous people. Marco Garro for The New York Times“We’re Peruvians, too. We want to take part in the country’s political and economic decisions,” said Tomás Cama, 38, a teacher and Castillo supporter from southern Peru, standing outside the election office on a recent day.But Mr. Castillo’s links to more radical politicians — his party is headed by a man who has praised President Nicolás Maduro of Venezuela for consolidating power — and his proposal to change the Constitution to give the state a greater role in the economy have fanned fears among affluent Peruvians. Such fears have fertile ground in Peru after decades in which a violent insurgency with communist aims, the Shining Path, terrorized much of the country. They have also allowed Ms. Fujimori’s unsubstantiated fraud claims to gain strength: One recent poll showed that 31 percent of Peruvians thought the claims were credible.Alleging that Mr. Castillo’s party manipulated official tallies at polling stations across the country, Ms. Fujimori is seeking to toss out up to 200,000 votes, mainly from rural and Indigenous regions where Mr. Castillo won by a landslide.With a new president scheduled to be sworn in on July 28, many members of Peru’s elite are backing Ms. Fujimori’s efforts to nullify the votes. Hundreds of retired military officers have sent a letter to top military chiefs urging them to not recognize “an illegitimate president.” A former Supreme Court justice filed a lawsuit requesting that the entire election be annulled.The country’s best-known public intellectual, the Nobel Prize-winning author and former presidential candidate Mario Vargas Llosa, has said he supports Ms. Fujimori’s efforts because a win by Mr. Castillo would be a “catastrophe.”“That is evident to the immense majority of Peruvians,” he told a local television channel, “especially Peruvians from cities and Peruvians who are better informed.”The narrative of a stolen election has taken on racist and classist flourishes at times. On the eve of the vote, false news reports circulated on the messaging application WhatsApp that Indigenous people had surrounded Lima, implying that they would use violence if Ms. Fujimori won.In the crowd at one recent Fujimori rally, a group of young men wearing bulletproof vests and helmets marched with makeshift shields painted with the Cross of Burgundy, a symbol of the Spanish empire popular among those who celebrate their European heritage. One man flashed what looked like a Nazi salute.A Fujimoro rally in Lima last month. The narrative of a stolen election has taken on racist and classist flourishes at times. Marco Garro for The New York TimesMs. Fujimori, the granddaughter of Japanese immigrants, part of a larger Peruvian-Japanese community, has allied herself closely with the country’s often European-descended elite, just as her father eventually did.A number of her supporters have talked casually about their hope that the military will intervene.“Just for a moment, until the military can say: ‘You know what? New elections,’” said Marco Antonio Centeno, 54, a school administrator. “The alternative is totalitarianism.”At another pro-Fujimori rally, Mónica Illman, also 54, a translator who lives in an affluent part of Lima, said that until this year she had never taken part in a protest. But, citing assertions she had seen on Willax, a right-wing news outlet, she said she had been pushed to the streets by “an immense, terrible fraud.”If Mr. Castillo is declared president, she said, “there’s going to be a crisis, a civil war.”Ms. Fujimori’s election claims have also raised the profile of young right-wing activists like Vanya Thais, 26, who has been among the opening speakers at the candidate’s rallies and has used Twitter to summon some of her 40,000 followers to the streets.Vanya Thais recording a video for her social media followers last month. “This movement is here to stay,” she said.Marco Garro for The New York TimesIn an interview, Ms. Thais said she had no doubt Mr. Castillo would revive the Maoist insurgency that terrified much of Peru in the 1980s and 1990s.Ms. Thais said right-wing politicians and the business community had not taken a tough enough stance in recent years. But those days are over, she said: “This movement is here to stay.” More

Aides to Gov. Ron DeSantis questioned Trump associates about whether the event on Saturday night in Sarasota should proceed given the scope of the tragedy in Surfside.Former President Donald J. Trump held a Fourth of July-themed rally on Saturday night in Sarasota, Fla., across the state from where a tragedy has been unfolding for more than a week as firefighters, search dogs and emergency crews search for survivors in the collapse of a residential building just north of Miami Beach.The political rally in the midst of a disaster that has horrified the nation became a topic of discussion among aides to the former president and Gov. Ron DeSantis of Florida, a Trump ally whose growing popularity with the former president’s supporters is becoming an increasing source of tension for both men, according to people familiar with their thinking.After officials from the governor’s office surveyed the scene of the condominium collapse in Surfside, Fla., Adrian Lukis, chief of staff to the governor, called Michael Glassner, a longtime Trump aide who is overseeing the Florida event, according to people familiar with the discussion. In a brief conversation, Mr. Lukis inquired whether the former president planned to continue with the event given the scale of the tragedy, two people said.He was told there were no plans to reschedule.A spokeswoman for Mr. Trump, Liz Harrington, said that the rally in Sarasota was “three-and-a-half hours away, approximately the same distance from Boston to New York, and will not impact any of the recovery efforts.”She added that the former president “has instructed his team to collect relief aid for Surfside families both online and on-site at the Sarasota rally.”After a brief moment of silence for the victims and families of the tragedy as he took the stage, Mr. Trump quickly launched into a castigation of cancel culture and of the Biden administration’s immigration policies.He dismissed charges filed this week against his business, the Trump Organization, by the Manhattan district attorney’s office as “prosecutorial misconduct.” And while he appeared to deny knowledge of any possible tax evasion on benefits, he also seemed to acknowledge that those benefits occurred.“You didn’t pay tax on the car, or the company apartment,” he said, adding, “Or education for your grandchildren. I don’t even know, do you have to put, does anyone know the answer to that stuff?”Much of what followed was a familiar list of his grievances, but he drew an enthusiastic crowd that waited for hours in pouring rain to hear him speak. Mr. DeSantis, who met on Thursday with President Biden when the president visited the site of the disaster, originally wanted to attend the rally but ultimately decided he could not go. “He spoke with President Trump, who agreed that it was the right decision, because the governor’s duty is to be in Surfside,” his press secretary, Christina Pushaw, said, adding, “Governor DeSantis would have gone to the rally in normal circumstances.’’In an interview with Newsmax ahead of the rally, Mr. Trump said he told Mr. DeSantis not to come.But during the rally, when he thanked local Republican leaders in Florida, he notably did not mention Mr. DeSantis.The governor, an early supporter of Mr. Trump, has been eager to play down any perceived tension with the former president, who endorsed his campaign for governor in 2018 and could cause him a political headache if he turned against him.“Governor DeSantis is focusing on his duties as governor and the tragedy in Surfside, and has never suggested or requested that events planned in different parts of Florida — from the Stanley Cup finals to President Trump’s rally — should be canceled,” Ms. Pushaw said after the Washington Examiner reported that Mr. DeSantis had pointedly asked Mr. Trump to delay his rally.Gov. Ron DeSantis had originally planned to attend Mr. Trump’s rally in Florida but no longer plans to do so.Scott McIntyre for The New York TimesThe recent conversation between Mr. Lukis and Mr. Glassner was not the first time Mr. DeSantis’s staff had expressed reservations about the timing of Mr. Trump’s event. Before the condominium collapse, Mr. DeSantis’s office had suggested to the Trump team that the fall was better timing for a rally, given the perils of hurricane season in Florida, two people familiar with the conversation said.Mr. Trump ignored the suggestion. Shut out of Facebook and Twitter, Mr. Trump has been eager for an outlet to have his voice heard and has been chomping at the bit to return to the rally stage, aides said.Mr. DeSantis is seen as a top-tier Republican presidential candidate for 2024, and may end up in a political collision with the former president, who himself has hinted that he is considering a third try for the White House.People close to Mr. Trump said he had become mildly suspicious of a supposed ally. He has grilled multiple advisers and friends, asking “what’s Ron doing,” after hearing rumors at Mar-a-Lago that Mr. DeSantis had been courting donors for a potential presidential run of his own. He has asked aides their opinion of a Western Conservative Summit presidential straw poll for 2024 Republican presidential candidates, an unscientific online poll that showed Mr. DeSantis beating Mr. Trump. More