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      José Antonio Kast, candidato de extrema derecha, lidera la primera vuelta de las elecciones de Chile

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      Los principales contendientes para liderar a Chile y sacar al país de un momento turbulento son un exactivista estudiantil de izquierda de 35 años y un exdiputado de la extrema derecha de 55 años.SANTIAGO, Chile — El domingo, los chilenos le dieron la ventaja a un político de extrema derecha en la primera vuelta de los comicios presidenciales, un giro sorprendente en una nación que ha sido sacudida por protestas políticas y sociales por la desigualdad y el aumento del costo de vida.Con más del 88 por ciento de los votos contados, José Antonio Kast, un abogado conservador y exdiputado que prometió restaurar la seguridad y el orden y reducir drásticamente el tamaño del Estado, había alcanzado una ventaja de tres puntos sobre su rival de izquierda, Gabriel Boric. Los dos se enfrentarán el 19 de diciembre en la segunda vuelta.“Hoy dimos el primer paso para que la esperanza se haga realidad”, dijo Kast a sus partidarios el domingo por la noche frente a la sede de su campaña, en un exclusivo barrio de Santiago. “Chile merece paz, merece libertad”.La campaña se llevó a cabo en un periodo inusualmente turbulento en el país sudamericano, que ha sido gobernado durante décadas por partidos centristas y que, hasta hace poco, había sido considerada como una de las democracias más estables y prósperas de la región.El presidente saliente de Chile apenas logró eludir un proceso de destitución este mes. Un mes antes, el ejército fue enviado al sur para enfrentar a un movimiento cada vez más violento de militantes indígenas. Y desde julio, un grupo de delegados en la capital ha estado escribiendo una nueva Constitución, un proyecto que derivó de las protestas generalizadas en 2019, en las que se reclamaba la desigualdad y el aumento del costo de vida.Este momento turbulento, que la pandemia de coronavirus ha complicado aún más, preparó el escenario para la primera vuelta de una elección presidencial inusualmente polarizada el domingo. Las coaliciones centristas que se han alternado el poder en las últimas décadas no son las favoritas en una campaña liderada por candidatos más radicales que ofrecen visiones del futuro completamente opuestas a los chilenos.La elección de Chile es una de varias en América Latina en las que los gobernantes y los partidos en el poder están a la defensiva, en parte debido a la agitación social y el malestar económico que ha infligido la pandemia. Otras de las contiendas más importantes son las presidenciales del próximo año en Brasil y Colombia, dos países en los que el virus ha dejado como saldos la muerte de cientos de miles de personas y paralizado grandes sectores de sus economías.“La covid expuso la desigualdad, la exacerbó y facilitó su politización de una manera que, creemos, será muy difícil para los mandatarios en el poder”, dijo Jennifer Pribble, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Richmond, especializada en América Latina. “Ha generado un malestar y descontento que la ciudadanía tiene descargar contra alguien”.Los candidatos principales que contienden para sustituir al actual presidente, Sebastián Piñera —quien no puede reelegirse— están en lados opuestos del espectro político: Boric, un diputado de izquierda que promete ampliar considerablemente la red de seguridad pública, y Kast, un exdiputado de extrema derecha que propone un Estado drásticamente más pequeño, en el que las fuerzas de seguridad tendrían una autoridad más extensa para sofocar la violencia y el desorden.Gabriel Boric, a la izquierda, diputado izquierdista, y José Antonio Kast, segundo desde la izquierda, exdiputado de extrema derecha, son los favoritos en las elecciones presidenciales de Chile.Foto de consorcio de Esteban FelixLas encuestas más recientes en Chile, que no han sido muy confiables en elecciones recientes, habían registrado el creciente atractivo en los votantes que Kast había tomado en la recta final de la campaña. Las encuestas también sugerían que Boric probablemente logrará llegar a la segunda vuelta en diciembre.Kast, quien obtuvo el 8 por ciento de los votos cuando se postuló para la presidencia en 2017, y Boric sorprendieron a los analistas políticos al consolidarse como los punteros de la contienda presidencial a medida que los políticos más moderados no generaban tracción.Ambos aprovecharon el descontento con los partidos tradicionales, que han dominado la política en Chile desde el regreso de la democracia en la década de 1990.Grisel Riquelme, una costurera de 39 años de Santiago, la capital, que administra una pequeña empresa familiar, dijo que se había sentido tan frustrada con la política que podría anular su voto a manera de protesta.“Todos los candidatos vienen con el mismo discurso, que van a ayudar al pueblo, que van a solucionar los problemas, que la economía se va a arreglar, que va a haber trabajo y la calidad de vida será mejor”, dijo. “Pero seguimos estando igual, y tal vez peor. Y después se olvidan de lo que prometieron. Cambiamos de caras pero sigue todo igual”.La insatisfacción con el statu quo condujo a un inesperado estallido social en octubre de 2019, cuando un aumento en las tarifas del metro de Santiago desató una ola de manifestaciones que se prolongó por un mes. El vandalismo, incluido el incendio de estaciones de metro y otros edificios gubernamentales, derivó en una dura respuesta de las fuerzas de seguridad, que dispararon balines de goma contra los manifestantes, lo que cegó a cientos de ellos.Un centro de votación el viernes. La elección de Chile se encuentra entre varias en América Latina en las que los gobernantes y los partidos en el poder están a la defensiva.Ivan Alvarado/ReutersDespués de no poder apaciguar las calles durante semanas, Piñera, un multimillonario que distaba de ser el líder ideal para enfrentar un descontento originado por la desigualdad, acordó apoyar una iniciativa para convocar una Convención Constitucional a fines de diciembre de 2019.Ese proceso inició en mayo de este año con la elección de delegados, que representan a segmentos de la sociedad chilena que habían sido marginados históricamente. El organismo constituyente que redacta la nueva carta magna tiene paridad de género y está liderado por Elisa Loncón, una académica de la comunidad indígena mapuche.El acuerdo para crear la nueva Constitución fue un logro importante, dijo Pia Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público —un grupo de investigación en Chile que estudia el sistema político—, debido a lo violentas e inestables que se volvieron las calles de Chile en 2019 y a la cantidad de personas en la región que han perdido la confianza en la democracia.“Es muy poderoso, dada nuestra historia en América Latina con la democracia y momentos antidemocráticos, que una crisis política tan profunda como la que enfrentó Chile a fines de 2019 haya encontrado una salida democrática e institucional”, dijo.Los integrantes de la Convención Constitucional están debatiendo cómo garantizar derechos económicos y sociales a gran escala, lo que podría trastocar temas como el sistema de pensiones, los derechos reproductivos y los reclamos de las comunidades indígenas sobre sus tierras ancestrales.Boric, un político de 35 años que tiene tatuajes, evita las corbatas y quien, en caso de ser elegido, se convertiría en el líder más joven de la historia de Chile, ha sido un firme partidario del nuevo proceso constitucional, que ve como una vía para reformar la economía y el sistema político de Chile favorables al mercado de manera drástica.Boric, un diputado de izquierda, retratado antes de votar el domingo, promete expandir la red de seguridad pública.Andres Poblete/Associated Press“Si Chile fue la cuna del neoliberalismo, también será su tumba”, dice su plataforma de campaña.Boric, de Punta Arenas, una ciudad en el extremo sur del país, ha propuesto una reforma total del sistema de seguridad social, plantea reducir la semana laboral de 44 a 40 horas y propone absolver la deuda estudiantil. El aumento significativo en el gasto público que prevé se compensaría con nuevos impuestos a los ultrarricos y un sistema más eficaz para combatir la corrupción, dice su plataforma de campaña.Apoya la legalización del aborto —prohibido en Chile, salvo un puñado de excepciones— y el matrimonio igualitario.Kast, un abogado de 55 años que fue diputado de 2002 a 2018, se opone de manera rotunda al matrimonio igualitario y a la legalización del aborto. Ha propuesto planes draconianos para restaurar la seguridad en el país, entre los que destaca una propuesta para construir una zanja a lo largo de la frontera con Bolivia, una vía de acceso a la inmigración indocumentada.Dice que la burocracia chilena debería reducirse tajantemente y propone pasar de 24 a 12 ministerios, pero favorece una expansión considerable del sistema penitenciario. Su enfoque de mano dura se llevaría al levantamiento armado de facciones indígenas mapuche en la región de la Araucanía, donde algunas personas buscan recuperar sus tierras ancestrales, ahora controladas por empresas madereras, con métodos como ocupación territorial y quema de camiones, casas e iglesias.Kast, un exdiputado de extrema derecha, después de votar en SantiagoEsteban Felix/Associated PressPiñera, quien el mes pasado decretó un estado de emergencia en la Araucanía, donde desplegó al ejército, está por terminar su segundo mandato no consecutivo en la presidencia en un momento complejo. Este mes, los legisladores estuvieron a punto de acusarlo por una transacción en 2010 que involucró a un negocio minero que es parcialmente propiedad de su familia.Dejará el cargo con casi el 79 por ciento de desaprobación por su desempeño, y muchos tienen una opinión poco halagüeña del manejo de la clase política de los desafíos de los últimos años.“Gobernar nunca ha sido fácil, y a nosotros nos ha tocado especialmente difícil”, dijo en un discurso el miércoles. “Lamentablemente, en esta oportunidad siento que en el mundo de la política nos ha faltado grandeza, unidad, colaboración, diálogo y acuerdos para enfrentar estos enormes y exigentes desafíos”.Vivian Asun, una estudiante de derecho de 21 años en Santiago, mencionó que albergaba pocas esperanzas en que el sucesor de Piñera fuera más efectivo. No pudo votar el domingo porque está lejos de la ciudad donde está registrada. Pero no es un problema, advirtió.“No tengo la menor idea por quién votaría”, dijo. “Por supuesto que no me da lo mismo quién gane, pero no hay ningún candidato que pueda responder a las necesidades que estamos enfrentando como país”.Pascale Bonnefoy More

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      Chileans Will Vote For President on Sunday

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      The top contenders to lead Chile out of a turbulent era are a leftist 35-year-old former student activist and a 55-year-old far-right former congressman, offering voters a stark choice.SANTIAGO, Chile — Chile’s departing president narrowly dodged impeachment this month. A month earlier, the army was deployed to the south to confront an increasingly violent uprising by Indigenous militants. And since July, delegates in the capital have been drafting a new Constitution, prompted by sweeping protests in 2019 over inequality and the rising cost of living.This tumultuous period, which the coronavirus pandemic has further scrambled, set the stage for the first round of an unusually polarized presidential election on Sunday. The centrist coalitions that have traded power in recent decades are underdogs in a race led by more radical candidates who offer Chileans starkly opposed visions for the future.Chile’s election is among several in Latin America in which incumbents and governing parties are on the defensive, partly because of the upheaval and economic pain the pandemic has inflicted. Foremost are next year’s presidential contests in Brazil and Colombia, where the virus has killed hundreds of thousands of people and crippled large segments of their economies.“Covid exposed inequalities, it exacerbated inequalities and made it easy to politicize those inequalities in a way that we expect will be very hard on incumbents,” said Jennifer Pribble, a political science professor at the University of Richmond who specializes in Latin America. “It has generated malaise and discontent that citizens have to put on someone.”The leading candidates vying to replace President Sebastián Piñera — who is not eligible for re-election — are Gabriel Boric, a leftist lawmaker who promises to vastly expand the safety net, and José Antonio Kast, a far-right former congressman who proposes a drastically leaner state in which the security forces are given broader authority to quell violence and disorder.Gabriel Boric, left, a leftist lawmaker, and José Antonio Kast, second from left, a far-right former congressman, have emerged as the front-runners in Chile’s presidential election.Pool photo by Esteban FelixThe latest public opinion polls in Chile — which have been unreliable in recent elections — suggest Mr. Kast shot to the lead in the final stretch. But the polls also show that Mr. Boric would probably prevail in a runoff in December if, as expected, no candidate wins in the first round.Mr. Kast — who won 8 percent of the vote when he ran for president in 2017 — and Mr. Boric surprised political observers by rising to the top of the presidential contest as more moderate politicians gained little traction.Both tapped into the simmering discontent with the establishment parties that have dominated politics in Chile since the return of democracy in the 1990s.Grisel Riquelme, a 39-year-old seamstress in Santiago, the capital, who runs a small family business, said she had become so frustrated with politics that she may spoil her ballot in protest.“All the candidates come with the same message, that they’re going to help people, that they’re going to fix problems, that the economy will recover, that there will be jobs and that quality of life will improve,” she said. “But then they forget about all the promises; the faces change but everything remains the same.”Dissatisfaction with the status quo burst out unexpectedly in October 2019, when an increase in Santiago subway fares set off a monthslong wave of demonstrations. Vandalism, including arson of subway stations and other government buildings, elicited a tough response by security forces, which fired rubber bullets into crowds of demonstrators, blinding hundreds.A polling station on Friday. Chile’s election is among several in Latin America in which incumbents and governing parties are on the defensive.Ivan Alvarado/ReutersAfter failing to calm the streets for weeks, Mr. Piñera, a billionaire who was far from the ideal leader to tackle an uprising over inequality, agreed to support an initiative to convene a constitutional convention in late December 2019.That process began in May with the election of delegates representing broad segments of Chilean society that had historically been marginalized. The body drafting the new Constitution has gender parity and is led by Elisa Loncón, a scholar from the Mapuche Indigenous community.Given how unstable and violent Chile’s streets became in 2019, and how many Latin Americans have lost faith in democracy, the deal to create a new Constitution was a major achievement, argued Pia Mundaca, the executive director of Espacio Público, a research group in Chile that studies the political system.“It’s very powerful, given our history in Latin America with democracy and undemocratic moments, that a political crisis as profound as the one Chile faced in late 2019 found a democratic and institutional exit,” she said.The constitutional convention delegates are debating large-scale economic and social rights, which could upend matters like the pension system, reproductive rights and Indigenous claims over their ancestral lands.Mr. Boric, 35, a tattooed politician who eschews neckties and would become Chile’s youngest leader ever, has been a vocal supporter of the new constitution process, which he sees as a vehicle to drastically overhaul Chile’s market-friendly economy and political system.Gabriel Boric, a leftist lawmaker who promises to expand the safety net greatly, on Sunday.Andres Poblete/Associated Press“If Chile was the cradle of neoliberalism, it will also be its grave,” his campaign platform says.Mr. Boric, who is from Punta Arenas, a city in the far south, has proposed a wholesale overhaul of the social security system, shortening the workweek to 40 hours from 44 and forgiving student debt. The significant increase in public spending he envisions would be offset by new taxes on the ultrarich and a more effective system to fight corruption, his campaign platform says.He supports legalizing abortion — which is outlawed in Chile with a handful of exceptions — and same-sex marriage.Mr. Kast, 55, a lawyer who served in Congress from 2002 to 2018, adamantly opposes same-sex marriage and legalized abortion. He has proposed hard-line tactics to restore security in the country, highlighted by a proposal to build a ditch along the border with Bolivia, a gateway for undocumented immigrants.He says the Chilean bureaucracy ought to be radically downsized, calling for consolidating 24 ministries into 12, but favoring a significant expansion of the prison system. His strong-armed approach would extend to an armed uprising by Mapuche Indigenous factions in the Aracaunía region, where some seek to restore ancestral lands controlled by lumber companies by occupying the lands and burning trucks, homes and churches.José Antonio Kast, a far-right former congressman, after casting his vote in Santiago.Esteban Felix/Associated PressMr. Piñera, who last month invoked a state of emergency in Aracaunía, where he deployed the Army, is completing his second, nonconsecutive term in office on a dour note. Lawmakers came close to impeaching him this month over a transaction in 2010 involving a mining company partly owned by his family.He leaves office with nearly 79 percent of the electorate disapproving of his performance, and with many taking a dim view of how the political class rose to the challenges of the past few years.“Governing has never been easy, and we faced especially hard times,” he said in an address on Wednesday. “Unfortunately, this time around, I feel that in the world of politics we have lacked greatness, unity, collaboration, dialogue and agreements to face the enormous and pressing challenges.”Vivian Asun, a 21-year-old law student in Santiago, said she had little faith that Mr. Piñera’s successor would prove more effective. She was unable to vote on Sunday because she is far from the city where she is registered. But it is just as well, she said.“I have no idea who I would vote for,” she said. “It’s not that I’m indifferent about who wins, but there’s no candidate who can address the needs we’re facing as a nation.”Pascale Bonnefoy More

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      What If Gavin Newsom Resigned Before the Recall Election?

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      Kathy Schwartz, a retired health care analyst living in Los Angeles, had been following the news about the effort to recall Gov. Gavin Newsom with increasing concern.Ms. Schwartz, 65, initially believed that the recall was a waste of time and money. But she got frightened late last month as Larry Elder, the conservative radio host, vaulted into the top spot to replace the governor, propelled by promises to immediately remove all pandemic health mandates.Then a question occurred to her: Why couldn’t Mr. Newsom resign and allow Lt. Gov. Eleni Kounalakis, a fellow Democrat, to take over, rendering the recall moot?“Larry Elder is scary, the guy with the bear and the guy in San Diego are scary,” she said, referring to the Republican candidates John Cox and Kevin Faulconer. “So I wondered, ‘Why don’t you just resign to be safe?’”Ms. Schwartz, who recently emailed The New York Times her query, unwittingly stumbled across a kind of thought experiment that has been percolating on social media, and among some Democrats who fear even a brief period of Republican rule in the nation’s most populous state. Earlier in the year, Christine Pelosi, the daughter of Speaker Nancy Pelosi, floated the idea to Politico as what the publication called a kind of “nuclear option.”A spokeswoman for Mr. Newsom declined to comment on whether he would step down, and Ms. Kounalakis said she was not considering the possibility.“That is a highly unlikely scenario, so right now my main focus is on keeping Gavin Newsom in office, where he has been doing so much good for Californians,” she said.There has been some ambiguity about what would happen if for Ms. Kounalakis were forced to take over in the next couple of days.The California Secretary of State’s office, which runs elections, said in a statement that “we can’t at this point confirm that it would render the recall moot,” adding that “it would require more extensive research in the matter.”The relevant section of the state’s elections code says, “If a vacancy occurs in an office after a recall petition is filed against the vacating officer, the recall election shall nevertheless proceed.”But just because state law requires the recall election to go forward would not necessarily mean its results matter, said Erwin Chemerinsky, the dean of the School of Law at the University of California, Berkeley, and an expert in constitutional law.In the scenario where the governor resigns just ahead of a recall election, “there’s no one to recall,” he said. In his reading, it would take another recall petition to trigger another recall election targeting the lieutenant governor once she took over.Mr. Chemerinsky said there was even less indication in the State Constitution that the recall election’s results would hold if Mr. Newsom was no longer governor.One thing Mr. Chemerinsky is certain about, though, is that if Mr. Newsom were to be replaced by Ms. Kounalakis in the coming days, there would be a lot of litigation.“It would be a mess,” he said.Ms. Schwartz said she did not take any chances, quickly mailing in her ballot with a “no” vote on the first question, about whether the governor should be removed. On the second question — who should replace Mr. Newsom if he is recalled? — she selected Angelyne, the pink-Corvette-driving Hollywood enigma.If Mr. Elder wins, she said, she and her husband might move abroad. More

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      Dueling Claims to Power. Broken Institutions. How Does Haiti Fix This?

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      Other countries have faced similar challenges, often with poor results, from protracted limbo to, in the worst cases, civil war.PARIS — Battered by gang violence and corruption, its Parliament near vacant, its judiciary in tatters, its Constitution subject to dispute, its poverty crushing and its history a chronicle of unrest, Haiti was in bad shape even before its president was assassinated and rival factions laid claim to power.Now, it’s in meltdown.“Haitian democracy has been slipping away for a long time and with each round it’s been getting worse,” said Peter Mulrean, a former United States ambassador to Haiti. “There is not much left to save.”Claude Joseph, the interim prime minister, and eight of the 10 remaining members of Parliament in the entire country of 11 million people have both said they have a legitimate right to assume power and fill Haiti’s vacuum of authority.Mr. Joseph, as the incumbent, has tepid backing from a Biden administration desperate not to be sucked into a quagmire. The vestigial Senate, having been elected, has some legal imprimatur, but is dogged by accusations of corruption and self-dealing.When power is disputed, institutional strength and the rule of law become paramount. Haiti has little or none. It finds itself in a desperate void. As the battle for power escalates, there is scarcely a Haitian democratic institution standing that can adjudicate the dispute stemming from the assassination of the president, Jovenel Moïse, in his home on Wednesday.After the last United States election result was contested, a mob incited by former President Trump stormed the capitol on Jan. 6, but American legal checks and balances held in the end. Further violence was averted, but only just.Haiti’s interim prime minister, Claude Joseph, claims to be in charge of the country. Haiti’s senate says he is not.Joseph Odelyn/Associated PressAbsent strong institutions, some powerful international investment in stability is critical. Afghanistan is scarcely more stable than Haiti. Neither state can make a claim to have a monopoly on the use of organized violence within its own borders, a classic definition of a government’s authority.Yet Afghanistan overcame a similar crisis last year. After the 2020 election, both the incumbent, Ashraf Ghani, and his main challenger, Abdullah Abdullah, claimed victory. Mr. Abdullah initially denounced the election result as a “coup.” A violent clash seemed possible. But the United States, through intense diplomacy, was able to mediate a compromise.“The United States had troops in the country,” said Barnett Rubin, a former State Department official with deep knowledge of Afghanistan. “It had advisers. It was invested. It was tacitly on Mr. Ghani’s side.”The United States had an overriding national interest in resolving the conflict and opening the way for peace talks with the Taliban — even if those efforts seem fleeting now that the United States is withdrawing its troops and the Taliban advances across the country.In Haiti, there is no clear rule of law nor any indication that the United States is eager to intervene militarily and force a resolution. If it has any national interest, it lies in preventing upheaval so close to its shores and avoiding another mass Haitian migrant exodus like the one that followed the 1991 coup that ousted President Jean-Bertrand Aristide.The potential for the crisis in Haiti to worsen is evident. Mr. Joseph immediately declared “a state of siege,” a form of martial law, but his right to do so was unclear. In many ways rampant gang violence had already reduced Haiti to a condition resembling a country under siege.The Senate, or what’s left of it, wants Joseph Lambert, its president, to become provisional president and Mr. Joseph replaced as provisional prime minister by Ariel Henry. Before his death, Mr. Moïse had named Mr. Henry, a neurosurgeon, to the prime minister’s position, but he had not yet been sworn in.The Haitian senate has said that the senate president, Joseph Lambert, center, should be Haiti’s president.Hector Retamal/Agence France-Presse — Getty ImagesThe path to breaking a standoff is murky. Under Mr. Moïse, Parliament was eviscerated. The terms of two thirds of the nation’s senators had expired, as did those of every member of the lower house, with no elections to replace them.Critics accused Mr. Moïse of presiding over the collapse deliberately, to further consolidate power. When he was assassinated, the nation was suddenly rudderless.Countries can function, to varying degrees, with nobody in power, or power disputed. In the postwar years, Italy and Belgium have managed with no government for long periods, but they had solid democratic institutions.Lebanon, in dire financial straits, has limped along for many years with two military forces — the national army and the Hezbollah militia — and a sectarian power-sharing system that looks to a millennial generation like a license for the political elite to loot with impunity while the country suffers. Still, it has avoided spiraling back into civil war.In the Ivory Coast, though, violence ultimately settled dueling claims to power after two people declared victory in the 2010 presidential election. The incumbent, Laurent Gbagbo, refused to step down despite the fact that international electoral observers had recognized his rival, Alassane Ouattara, as the winner. Several thousand people were killed in a brief civil war before the French army helped pro-Ouattara forces oust Mr. Gbagbo.In Venezuela, also deep in economic misery, Nicolás Maduro, the nation’s authoritarian leader, has clung to power through more than two years of turmoil despite the rival claims of Juan Guaidó, an opposition leader who has been backed by dozens of foreign governments, including the United States, as the rightful president.President Nicolás Maduro of Venezuela has clung to power despite the rival claims of Juan Guaidó, who was backed by the United States. Miraflores Palace, via ReutersAmerican sanctions have cut off much of the Maduro government’s revenue. The result has been mass migration of precisely the kind the Biden administration wants to avoid in the case of Haiti.Democracies take root slowly and painfully, and Haiti, since becoming the first independent state of Latin American and the Caribbean in 1804, has suffered turmoil almost without respite. Crippled by debt imposed by France, occupied by the United States for almost two decades in the early 20th century, undermined by corruption and coups, hit in 2010 by an earthquake and over the past year by the coronavirus pandemic, the country is at its most vulnerable and combustible.But the Biden administration, at the very moment when the president has been pulling the country back from its forever wars, is wary of any deep Haitian involvement, especially of a request from Haitian officials to deploy American troops. Haitian leaders tend to look to Washington for backing and approval to reinforce their political credentials.For the United States, the European Union and the United Nations, the path of least resistance may well be to seek to resolve the power conflict by urging Haiti to move forward with elections planned for September. The Biden administration has already done just that, as if voting was some panacea.But in an article in Just Society, Mr. Mulrean, who was the American ambassador to Haiti between 2015 and 2017, wrote that holding the elections would be “a mistake.”“It is tempting to think that new elections will clarify the situation and restore stability, but experience teaches us the opposite,” he wrote. “What Haiti needs is to take stock of what is broken and fix it.”A broad coalition of opposition parties and civil society is calling for just that. Voting, they note, solves nothing if the institutions that secure democracy have ceased to function. More

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      Elecciones en Chile: los progresistas ganaron en grande

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      El fin de semana, el pueblo chileno votó en unas elecciones históricas para elegir a los miembros de un organismo encargado de redactar una nueva Constitución que sustituya a la actual, redactada en 1980 durante la dictadura del general Augusto Pinochet.El recuento final supuso un golpe duro para los pinochetistas, algunos de quienes forman parte de Chile Vamos —la coalición de derecha y centroderecha respaldada por el actual presidente, Sebastián Piñera—, que solo obtuvo 37 de los 155 escaños para la Convención Constitucional. Los chilenos, en especial los jóvenes, también rechazaron a los partidos tradicionales de centroizquierda por considerar insuficiente su respuesta al anhelo de la gente de una sociedad más igualitaria, además de estar demasiado comprometidos con el statu quo.Los vencedores fueron un grupo de partidos de una nueva coalición de izquierda, Apruebo Dignidad, que tendrá a 28 representantes, y numerosos candidatos independientes que habían participado activamente durante años en protestas para exigir reformas a la educación, la salud y las pensiones, así como el fin del modelo económico neoliberal que ha dominado a Chile a lo largo de casi medio siglo. Los candidatos independientes, de izquierda y de centroizquierda obtuvieron un total de 101 escaños, más de dos tercios de la Convención Constitucional. Tendrán suficiente poder para proponer amplias reformas económicas a los derechos sobre la tierra y el agua, el sistema de pensiones y la recuperación soberana de los recursos naturales. Chile es uno de los países más desiguales de las economías avanzadas.Todo indica que el documento fundacional que redactarán consagrará principios de participación ciudadana, justicia, igualdad de género y derechos de los pueblos originarios, urgencias que durante mucho tiempo han eludido a esta nación sudamericana.Los resultados de las elecciones constituyen un giro sorprendente que nadie podría haber anticipado cuando un movimiento masivo de protesta sacudió al gobierno conservador de Piñera en octubre de 2019.A medida que el estallido se hacía más gigantesco y obstinado, una demanda principal unía a sus heterogéneos participantes: la necesidad de remplazar la fraudulenta Constitución aprobada durante la letal dictadura de Pinochet, una necesidad que respondía a una crisis existencial más profunda que desde hace décadas se gestaba en la sociedad chilena corroída por una terrible desigualdad.Incluso después de que Pinochet se vio obligado a dejar la presidencia en 1990, su Constitución siguió funcionando como una camisa de fuerza que permitió a una minoría de legisladores de derecha y a una oligarquía despiadada coartar los intentos radicales de forjar una sociedad más equitativa y menos represiva.La revuelta de octubre de 2019 aterró a la coalición gobernante de políticos conservadores, quienes llegaron a un acuerdo con los partidos de centroizquierda, que tenían mayoría en el Congreso, a fin de convocar un plebiscito en el que se preguntara a la nación si deseaba una nueva Constitución. Los líderes derechistas pensaron que sería una manera de salvar las instituciones del país y garantizar una salida pacífica a las demandas populares.Para asegurarse de que tendrían un veto sobre los procedimientos, un grupo de pinochetistas en el Senado y el Congreso exigieron que el documento final de la Convención Constitucional tendría que ser aprobado por una mayoría de dos tercios. Según sus cálculos, iban a poder controlar a más de un tercio de los integrantes de la Convención.Calcularon mal, ya que Chile Vamos, a pesar de una enorme ventaja de financiamiento, perdió de manera abrumadora frente a los candidatos independientes y de la oposición, quedando así al margen de la toma de decisiones en lo que respecta a la nueva Carta Magna. La derrota llama aún más la atención porque la coalición también perdió la mayoría de las elecciones simultáneas para alcaldes y gobernadores.La presencia de coaliciones antisistema en el organismo que redactará la nueva Constitución garantiza que habrá una serie de modificaciones drásticas en la manera en que Chile sueña con su futuro. Ya el mismo proceso electoral adelantaba con dos proposiciones cómo serían estas modificaciones.Una estipula la paridad de género en el reparto de los 155 constituyentes, de modo que las mujeres no sean excesivamente superadas por los hombres en poderío e influencia. Una mayoría significativa de las 77 mujeres elegidas —con apoyo de aliados hombres— ahora pueden luchar por los derechos reproductivos en un país donde por tradición el aborto se ha restringido y criminalizado.Una escuela en Santiago funcionó como un centro de votación.Alberto Valdés/EPA vía ShutterstockLa otra disposición reserva 17 de los escaños de la Convención para los pueblos indígenas, que constituyen el nueve por ciento de los 19 millones de habitantes de Chile. A partir de ahora, Chile puede proclamarse una república plurinacional y multilingüe. Es un triunfo histórico para los habitantes originarios de esa tierra, como los mapuches, quienes han sufrido una incesante opresión desde la conquista española en el siglo XVI. Los conflictos con los mapuches, centrados especialmente en disputas en torno a los derechos ancestrales sobre la tierra, han provocado una serie de enfrentamientos, a menudo violentos, en el sur del país.Otras reformas parecen probables: frenar la violencia policial; una reformulación de los derechos económicos y sociales que reduzca el dominio de una élite obscenamente rica; una feroz protección del medioambiente; la eliminación de la corrupción endémica, y el fin de la discriminación contra las comunidades LGBT.Igual de fundamental es el vigoroso diálogo nacional que se avecina, abierto a la ciudadanía y atento a los aportes de aquellos que encabezaron la revuelta. No se aceptará un retorno al Chile en el que las ganancias de unos cuantos importaban más que el bienestar de la mayoría.Existen, sin embargo, algunas señales inquietantes. Solo el 43 por ciento de la población votó en esta elección, a diferencia de más del 50 por ciento de los electores que lo hicieron el año pasado para aprobar la creación de una nueva Constitución.Este ausentismo puede atribuirse en parte a la pandemia (que también evitó que mi esposa y yo viajáramos a Chile para emitir nuestro voto), y en parte a la apatía generalizada de enormes sectores del electorado, en especial entre las familias más pobres. Encontrar maneras de entusiasmar a quienes no confían en que los cambios los beneficien es un reto que hay que afrontar.Electores esperan su turno para votar en la elección el sábado.Pablo Sanhueza/ReutersEl otro problema es que, aunque casi el 75 por ciento de los constituyentes está a favor de una agenda progresista, están fragmentados y desunidos, descalificándose entre sí, lo que hace difícil llegar a un consenso sobre hasta dónde llevar las reformas que Chile requiere.Nada de esto impide celebrar el mensaje y el ejemplo alentador que Chile envía al mundo en un momento en que la tentación del autoritarismo va creciendo: en estos tiempos en que la humanidad enfrenta su propia terrible crisis existencial, lo que necesitamos no es menos democracia, sino más democracia, más participación, más personas que se atrevan a creer que otro mundo es posible.Ariel Dorfman es un escritor chileno-estadounidense, autor de la obra de teatro La muerte y la doncella y, hace poco, de la novela, Allegro, y del ensayo, Chile: juventud rebelde. Es profesor emérito de la Universidad de Duke. More

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      Progressives Won Chile’s Election

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      Over the weekend, the people of Chile voted in a historic election to select the members of a body tasked with drafting a new Constitution to replace the one written in 1980 under the dictatorship of Augusto Pinochet.The final tally dealt a severe blow to the followers of General Pinochet, many of whom make up the center-right and right-wing coalition Chile Vamos, backed by the current president, Sebastián Piñera, which won just 37 of the 155 seats for the Constitutional Convention. Chileans, especially the young, also rejected the traditional center-left parties as insufficiently responsive to people’s craving for a more egalitarian society and overly compromised with the status quo.The victors were a group of parties of a new-left coalition, Apruebo Dignidad (I Approve Dignity), which elected 28 representatives, and numerous independent candidates who had been active in the ongoing protests calling for reforms in education, health and pensions, and an end to the neoliberal economic model that has dominated Chile for almost half a century. The independent, left and center-left candidates secured a combined 101 seats, more than two-thirds of the Constitutional Convention. They would have enough power to propose broad economic reforms to land and water rights, the pensions system and the exploitation of natural resources. Chile is one of the most unequal countries among advanced economies.All signs indicate that the foundational document they will draft will enshrine principles of civic participation, justice, gender equality and Indigenous rights that have long eluded this South American nation.The election results represent a stunning outcome that nobody could have predicted when a huge protest movement rocked the conservative government of Mr. Piñera in October 2019.As the 2019 uprising grew larger and more adamant, there was one major demand that united its heterogeneous participants: the need to replace the Constitution that had been fraudulently approved during General Pinochet’s lethal dictatorship — a need that responded to a deeper existential crisis over inequality in Chilean society that had been brewing for decades.Even after Pinochet was forced to retire as president in 1990, his Constitution continued to be a straitjacket that allowed a minority of right-wing legislators and an entrenched oligarchy to constrain radical attempts to create a more equitable and less repressive society.The October 2019 revolt terrified the ruling coalition of conservative politicians, and they reached an agreement with center-left parties holding a majority in Congress to call a referendum asking the nation whether it wanted a new Constitution. It was a way, they thought, of saving the country’s institutions and guaranteeing a peaceful outcome to popular demands.To make certain that they would wield a veto over the proceedings, many of General Pinochet’s followers in the Senate and Congress wrote into the agreement that the final document produced by the Constitutional Convention would have to be approved by a two-thirds majority. They did so confident in their calculations that they would always be able to command more than one-third of the delegates.That calculation backfired spectacularly over the past weekend as Chile Vamos, despite an enormous financial advantage, lost badly to independent and opposition candidates, and was sidelined from decision-making when it comes to the new charter. The defeat is all the more striking because the coalition also lost most of the mayor’s and governor’s races that were being held simultaneously.The presence of the anti-establishment composition of the body that will write the new Constitution ensures there will be a series of drastic alterations in the way Chile dreams of its future. Two provisions already exist in the electoral process.One stipulates that gender parity be achieved in the apportionment of the 155 delegates, so that women will not be greatly outnumbered by men in the halls of power. A majority of the 77 women elected, along with their male allies, can now fight successfully for reproductive rights in a country where abortion has traditionally been restricted and criminalized.A polling station in a school in Santiago on Saturday.Alberto Valdés/EPA, via ShutterstockThe other provision reserves 17 of the seats at the convention for Indigenous peoples, who form 9 percent of Chile’s 19 million people. Chile can henceforth proclaim itself a plurinational, multilingual republic. It is a historic triumph for the original inhabitants of that land like the Mapuche, who have faced oppression since the Spanish conquest in the 16th century. The conflicts with the Mapuche, especially over ancestral land rights, have recently led to a series of often violent skirmishes in the south of the country.Other reforms seem likely: reining in police violence; a reformulation of economic and social rights that reduces the dominance of an obscenely rich elite; increased protection of the environment; the rooting out of endemic corruption; and the end of discrimination against L.G.B.T.Q. people.Just as crucial is the vigorous national conversation that will ensue, open to the citizenry and attentive to the input from those who spearheaded the revolt. A return to a Chile where the profits of the few mattered more than the well-being of the many will not be acceptable.There are, however, some disquieting signals ahead. Only 43 percent of the population voted in this election, compared with the more than 50 percent who turned out last year and overwhelmingly approved the idea of creating a new Constitution.This absenteeism can be partly attributed to the pandemic (which also stopped me and my wife from traveling to Chile to cast our votes) and partly to the widespread apathy of vast sectors of the electorate, particularly among the poorest families. Finding ways of enthusing those who do not trust that any change will ever benefit them is a challenge that must be met.Waiting to vote in Chile’s election on Saturday.Pablo Sanhueza/ReutersThe other problem is that though nearly 75 percent of the delegates embody a progressive agenda, they are fragmented and tend to squabble among themselves, making it difficult to reach a consensus on how far to carry out the reforms Chile requires.None of this detracts from the encouragingmessage and example that Chile sends out to the world at a time of rising authoritarianism: As humanity faces a terrible existential crisis of its own, what we need is not less democracy but more democracy, more participation, more of us daring to believe that another world is possible.Ariel Dorfman is the Chilean-American author of the play “Death and the Maiden” and, recently, of the novels “Darwin’s Ghosts” and “Cautivos.” He is an emeritus professor of literature at Duke University.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

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      in Elections

      El presidente de Haití no tiene apoyo popular pero quiere reformar la Constitución

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      El país se enfrenta a una crisis prolongada y se prepara para la mayor reorganización del gobierno que se haya visto en décadas con un referéndum constitucional y elecciones nacionales previstas para este año.El presidente de Haití sabe que tiene un problema: gobernar un país que a veces parece rozar lo ingobernable es bastante difícil cuando se tiene mucho apoyo.Está claro que Jovenel Moïse no lo tiene.En una entrevista reciente, el líder haitiano se lamentó de que solo tiene la confianza de una pequeña parte de su pueblo.Ganó las elecciones de 2016 con algo menos de 600.000 votos en un país de 11 millones de personas. Y ahora muchos están enojados por su negativa a dejar el cargo en enero, en medio de una disputa sobre si su mandato terminaba entonces o debía prolongarse un año más.Sin embargo, Moïse, de 52 años, ha escogido este momento para embarcarse en la mayor sacudida de la política haitiana en décadas, y supervisa la redacción de una nueva Constitución que reestructurará el gobierno y dará mayores poderes a la presidencia.La necesidad de una nueva Constitución es un raro punto de acuerdo entre Moïse y sus numerosos detractores. Lo que preocupa a algunos observadores es el enfoque unilateral del presidente para redactarla. Otros simplemente no confían en él.Moïse, según los críticos, se ha vuelto cada vez más autocrático y se apoya en un pequeño círculo de confidentes para redactar un documento que, entre otros cambios, dará al presidente mayor poder sobre las fuerzas armadas, así como la posibilidad de presentarse a dos mandatos consecutivos. También otorgaría al líder de Haití inmunidad por cualquier acción realizada en el cargo.Una protesta contra MoïseValerie Baeriswyl/Agence France-Presse — Getty ImagesMoïse dice que la ampliación de poderes es necesaria.“Necesitamos un sistema que funcione”, dijo en la entrevista telefónica. “El sistema actual no funciona. El presidente no puede trabajar para cumplir”.Haití obtuvo su independencia en 1804, después de que los haitianos se alzaran contra la Francia colonial, pero no fue hasta 1990 cuando tuvo sus primeras elecciones ampliamente consideradas como libres y justas. Incluso entonces, en un país con una larga historia de dictaduras y golpes de Estado, la democracia nunca se ha arraigado del todo.Muchos haitianos dicen que es necesaria una nueva Constitución. La actual ha creado dos centros de poder que compiten entre sí en el país —el presidente y el primer ministro —, lo que a menudo provoca fricciones y un gobierno fracturado.El proyecto de Constitución suprimiría el Senado, y dejaría en su lugar un único órgano legislativo elegido cada cinco años, y sustituiría el cargo de primer ministro por un vicepresidente que responda ante el presidente, en un intento de simplificar el gobierno.Los haitianos votarán la nueva Constitución en junio, antes de las elecciones nacionales previstas para septiembre.Sin embargo, algunos no se sienten muy tranquilos con la votación que se avecina.“La gente tiene que darse cuenta de que las elecciones no son inherentemente equivalentes a la democracia”, dijo Jake Johnston, investigador asociado del Centro de Investigación Económica y Política en Washington.Cada vez que hay una crisis política en Haití, dijo, la comunidad internacional tiende a pedir elecciones. Eso deja al país pasando de un gobierno paralizado a otro, en lugar de intentar reformar el proceso electoral y trabajar para conseguir la participación de los votantes.“Cuando unas elecciones dejan de representar realmente la voluntad del pueblo, ¿qué tipo de gobierno esperan que produzca?”, preguntó Johnston.Desde 1986, tras casi 30 años de dictadura, la participación electoral ha disminuido constantemente en Haití. Solo el 18 por ciento de los haitianos con derecho a voto participaron en las elecciones de 2016 que llevaron a Moïse al poder.Ahora, el profundo marasmo económico y social del país solo puede animar a más haitianos a quedarse en casa cuando llegue el momento de votar por la nueva Constitución y luego por un nuevo presidente.El desempleo es galopante y la desesperación está en su punto más alto. Muchos haitianos son incapaces de salir a la calle para hacer el mercado sin preocuparse de que los secuestren para pedir un rescate.Un mercado en Puerto Príncipe. Muchos haitianos no pueden salir a la calle sin preocuparse por la delincuencia, incluido el secuestro.Chery Dieu-Nalio para The New York TimesMoïse dice que a él también le preocupa la participación electoral.“Hay una mayoría silenciosa”, dijo. “Muchos haitianos no quieren participar en algo que creen que será violento. Necesitamos paz y estabilidad para animar a la gente a votar”.A medida que se acerca el referéndum de junio sobre la Constitución, el gobierno trata de registrar a cinco millones de votantes, dijo Moïse. Su objetivo, explicó, es inyectar al proceso más legitimidad de la que tuvo su presidencia.Según las Naciones Unidas, hay al menos 6,7 millones de votantes potenciales en Haití. Otros dicen que esa cifra es un recuento insuficiente, ya que muchos haitianos son indocumentados y sus nacimientos nunca se registran ante el gobierno.En un esfuerzo por aplacar a los críticos, y aliviar las preocupaciones de que se posiciona para beneficiarse de la nueva Constitución, Moïse ha prometido no presentarse a las próximas elecciones.Pero para arreglar el país antes de retirarse, dice, necesita acumular suficiente poder para enfrentarse a una oligarquía que, según él, ha paralizado Haití para aprovecharse de un gobierno demasiado débil para regular o cobrar impuestos sus negocios.“Hoy en día sufrimos la captura del Estado, es el mayor problema al que nos enfrentamos”, dijo Moïse.Algunos ven con profundo escepticismo las afirmaciones de Moïse de que se ha convertido en un enemigo de las grandes empresas al intentar regularlas. Dicen que el presidente simplemente trata de avivar el sentimiento populista para desviar la atención de los fracasos de su propio gobierno y dejar de lado a sus oponentes políticos.Policías se enfrentan a manifestantes que exigían la renuncia de Moïse en febrero de este año.Valerie Baeriswyl/Agence France-Presse — Getty ImagesOtros están dispuestos a ser más colaborativos, pero dicen que él no ha hecho lo suficiente para conseguir apoyo.“El problema es la forma en que Moïse ha actuado”, dijo Alexandra Filippova, abogada del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, una organización que proporciona representación legal a las víctimas de abusos de los derechos humanos. “Lo está impulsando unilateralmente”.El proyecto de Constitución, por ejemplo, publicado el mes pasado, solo está disponible en francés —que la gran mayoría de los haitianos no lee— en lugar de en criollo.Y no se invitó a ningún miembro de la sociedad civil a participar en la redacción del documento. En su lugar, Moïse nombró una comisión especial para hacerlo. Esto, según los críticos, disminuye las posibilidades de un progreso real.“Se supone que el cambio constitucional debe reflejar algún tipo de consenso social”, dijo Filippova.Maria Abi-Habib es la jefa de la corresponsalía para México, Centroamérica y el Caribe. Ha reportado para el Times desde el sur de Asia y el Medio Oriente. Síguela en Twitter: @abihabib More

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      in Elections

      A Go-It-Alone President Wants to Reshape Haiti. Some Are Skeptical.

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      Haiti, facing a prolonged crisis, is preparing for the biggest shake-up of government seen in decades with a constitutional referendum and national elections slated for this year.Haiti’s president knows he has a problem: Governing a country that at times seems to verge on the ungovernable is hard enough when you have a lot of support.Jovenel Moïse clearly does not.In a recent interview, the Haitian leader lamented that he has the confidence of only a small sliver of his people.He won the 2016 elections with just under 600,000 votes in a country of 11 million. And now many are angry over his refusal to leave office in February, amid a dispute over whether his term ended then or should extend for one more year.Yet Mr. Moïse, 52, has chosen this moment to embark on the biggest shake-up Haiti’s politics has seen in decades, overseeing the drafting of a new Constitution that will restructure government and give the presidency greater powers.The need for a new Constitution is a rare point of agreement between Mr. Moïse and his many detractors. What concerns some observers is the president’s unilateral approach to writing one. Others just don’t trust him.Mr. Moïse, critics charge, has become increasingly autocratic and is relying on a small circle of confidants to write a document that, among other changes, will give the president greater power over the armed forces as well as the ability to run for two consecutive terms. It would also grant Haiti’s leader immunity for any actions taken in office.A protest againt Mr. Moïse.Valerie Baeriswyl/Agence France-Presse — Getty ImagesMr. Moïse says the broader powers are necessary.“We need a system that works,” he said in the telephone interview. “The system now doesn’t work. The president cannot work to deliver.”Haiti won its independence in 1804, after Haitians rose up against colonial France, but it was not until 1990 that it had its first election widely regarded as free and fair. Even then, in a country with a long history of dictatorships and coups, democracy has never fully taken root.Many Haitians say a new Constitution is needed. The current one has created two competing power centers in the country — the president and prime minister — which often leads to friction and a fractured government.The draft Constitution would abolish the Senate, leaving in place a single legislative body elected every five years, and replace the post of prime minister with a vice president that answers to the president, in a bid to streamline government.Haitians will vote on the new Constitution in June, ahead of national elections slated for September.But some take little reassurance from the ballot casting ahead.“People need to realize that elections are not inherently equivalent to democracy,” said Jake Johnston, a research associate for the Center for Economic and Policy Research in Washington.Every time there is a political crisis in Haiti, he said, the international community tends to call for elections. That leaves the country limping from one paralyzed government to another, instead of trying to reform the electoral process and work to engage voter participation.“When an election actually ceases to represent the will of the people, what kind of government do they expect that to produce?” Mr. Johnston asked.Since 1986, after nearly 30 years of dictatorship, voter turnout has steadily declined in Haiti. Only 18 percent of all eligible Haitians participated in the 2016 election that brought Mr. Moïse to power.Now, the country’s deep economic and social morass may only encourage more Haitians to stay at home when it is time to vote on the new Constitution and then for a new president.Unemployment is rampant and desperation is at an all-time high. Many Haitians are unable to step onto the street to run basic errands without worrying about being kidnapped for ransom.A market in Port-au-Prince. Many Haitians are unable to run basic errands without worrying about crime, including being kidnapped.Chery Dieu-Nalio for The New York TimesMr. Moïse says he, too, is concerned about voter participation.“There is a silent majority,” he said. “Many Haitians don’t want to participate in something they think will be violent. We need peace and stability to encourage people to vote.”As the June referendum on the Constitution approaches, the government is trying to register five million voters, Mr. Moïse said. His goal, he said, is to inject the process with more legitimacy than his presidency had.According to the United Nations, there are at least 6.7 million potential voters in Haiti. Others say that number is an undercount, since many Haitians are undocumented, their births never registered with the government.In an effort to placate critics, and ease concerns that he is positioning himself to benefit from the new Constitution, Mr. Moïse has promised not to run in the next election.But to fix the country before he steps down, he says, he needs to accumulate enough power to take on an oligarchy he says has paralyzed Haiti to profit off a government too weak to regulate or tax their businesses.“We are suffering today from state capture — it is the biggest problem we face today,” Mr. Moïse said.Some view with deep skepticism Mr. Moïse’s claims that he has made an enemy out of big businesses by trying to regulate them. They say the president is simply trying to stoke populist sentiment to deflect from the failures of his own government and sideline political opponents.Police officers clashing with protesters demanding the resignation of Mr. Moïse.Valerie Baeriswyl/Agence France-Presse — Getty ImagesOthers are willing to be more charitable, but say he has not done enough to build support.“The problem is that the way that Moïse has gone about it,” said Alexandra Filippova, a senior staff attorney with the Institute for Justice & Democracy in Haiti, an organization that provides legal representation for victims of human rights abuses. “He is unilaterally pushing it forward.”The draft Constitution, for example, released last month, is available only in French — which the vast majority of Haitians do not read — instead of Creole.And no members of civil society were invited to take part as the document was drafted. Mr. Moïse instead appointed a special commission to do that. That, critics say, dims the chances for real progress.“Constitutional change is supposed to reflect a social consensus of some sort,” Ms. Filippova said. More