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      Ecuador está en crisis, pero hay maneras de salir

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      Pedro Briones, candidato al Congreso y líder político en Ecuador, fue asesinado el lunes. El ataque se produjo a unos días de que Fernando Villavicencio, candidato presidencial y firme crítico de la corrupción, fuera asesinado al salir de un mitin de campaña en Quito, la capital del país. Las muertes, tan cercanas a las elecciones generales de Ecuador previstas para el domingo, han conmocionado a los ecuatorianos y han suscitado la condena mundial. La ola de violencia demuestra que nadie, ni siquiera un candidato presidencial, está a salvo en Ecuador.Christian Zurita, periodista de investigación, excolega y amigo cercano de Villavicencio, será su reemplazo en la contienda. Y aunque lo que sucederá el domingo es incierto, algo está claro: la intensa polarización política de Ecuador no ayudará a resolver esta crisis.El homicidio de Briones está siendo investigado y seis ciudadanos colombianos fueron detenidos en conexión con el homicidio de Villavicencio. La manera en que el sistema de justicia penal ecuatoriano gestione las investigaciones en curso será una prueba de fuego para el país.Los políticos ecuatorianos y sus aliados internacionales deberán reunir la voluntad política y los recursos necesarios para llevar a cabo una investigación seria e independiente de los asesinatos. Si las autoridades se limitan a procesar a unos cuantos sicarios y dejan las cosas como están, las organizaciones criminales se atreverán a más. Pero si toman el camino más largo y difícil —descubrir y llevar ante la justicia a los autores intelectuales de los homicidios y sacar a la luz los vínculos del crimen organizado con partes del Estado—, puede que el país tenga una vía para no caer en el abismo.Como politólogo especializado en América Latina, he vivido y trabajado en países como Colombia y Guatemala, donde hace décadas las pandillas y los grupos de delincuencia organizada empezaron a sembrar el caos a medida que se hacían más poderosos. Aunque Ecuador había logrado eludir la violencia impulsada por el narcotráfico y los conflictos armados internos que asolaron a sus vecinos sudamericanos durante la segunda mitad del siglo XX, tiene todas las características para convertirse en un paraíso para los narcotraficantes. El país se encuentra ubicado entre Perú y Colombia, los dos mayores productores de hoja de coca en el mundo. Además, desde el año 2000, la economía ecuatoriana usa dólares como moneda legal, lo que la hace atractiva para el lavado de dinero.La desmovilización en 2017 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que durante mucho tiempo controlaron las rutas de narcotráfico ecuatorianas, creó un vacío que los nuevos cárteles y pandillas intentan llenar. A principios de este año, fui testigo de cómo la violencia está reescribiendo las reglas de la vida cotidiana ecuatoriana. La tasa de homicidios de Ecuador es ahora la cuarta más alta de América Latina y la extorsión ha aumentado a un ritmo alarmante. Como consecuencia, las calles, antes llenas de vida, lucen inquietantemente vacías y los comercios han empezado a cerrar más temprano. Un día, vi cómo un comerciante y sus clientes se agolpaban alrededor de un teléfono para ver y aplaudir videos de justicia por mano propia contra presuntos pandilleros. Muchas personas con las que hablé me contaron que planeaban migrar. Desde octubre, más de 77.000 ecuatorianos han llegado a la frontera entre México y Estados Unidos, un aumento de casi ocho veces desde 2020.Los desatinos políticos han dejado a Ecuador mal equipado para hacer frente a la espiral de violencia. Rafael Correa, presidente entre 2007 y 2017, cometió los primeros errores importantes. Es cierto que algunas medidas implementadas por su gobierno ayudaron a reducir los homicidios a niveles bajos. Pero Correa también eliminó la unidad policial de investigaciones especiales, cerró una base militar estadounidense que suministraba equipo para vigilar su espacio aéreo y sus vastas aguas territoriales y duplicó la población carcelaria, lo que creó un caldo de cultivo para las pandillas. Sus sucesores también cometieron errores garrafales.Durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno funcionarios en los poderes ejecutivo y judicial que habían sido nombrados por Correa fueron destituidos, y un referendo reinstauró los límites a los mandatos presidenciales eliminados por su predecesor. El poder judicial abrió investigaciones por corrupción durante los años de Correa y la polarización estalló entre los correístas, que afirmaban ser víctimas de una justicia politizada, y sus opositores, como Moreno, que sostenían que estaban reconstruyendo los pesos y contrapesos democráticos erosionados durante la presidencia de su antecesor. Mientras se gestaba esta lucha política, las pandillas convirtieron las cárceles sobrepobladas en sus centros de mando y empezaron a infiltrarse en las instituciones gubernamentales y las fuerzas armadas.Guillermo Lasso, el actual presidente, libra una batalla con los seguidores de Correa en la Asamblea Nacional, que Lasso disolvió por decreto en mayo. También ha decretado diversos estados de emergencia e incluso desplegó soldados en las calles para combatir a las pandillas y los carteles. Sin embargo, el control de los grupos criminales sobre el país solo ha aumentado. Resulta inquietante que el cuñado de Lasso, quien fue uno de sus asesores cercanos, esté siendo investigado por presuntos vínculos con la mafia albanesa. En marzo, un empresario implicado en el caso fue encontrado muerto.Un simpatizante mostrando un volante de Villavicencio durante una protesta un día después del asesinato del candidato.Carlos Noriega/Associated PressEl auge de la delincuencia en Ecuador es transnacional, pues los cárteles mexicanos, grupos colombianos y venezolanos, así como la mafia albanesa compiten por controlar el narcotráfico en el país y debilitar al Estado. Para frenar el poder de la delincuencia organizada y la violencia, las autoridades deben erradicar la corrupción, investigar los vínculos con los políticos locales y nacionales y perseguir a sus lavadores de dinero y contactos en el Estado.Esto es mucho pedir para un país cuyas instituciones están cada vez más cooptadas por la delincuencia. Requerirá la cooperación permanente y el valor de la policía, los fiscales, los jueces y los políticos del país. Pero ya se ha hecho antes. Colombia podría ser un ejemplo a seguir. A partir de 2006, el gobierno de ese país empezó a tomar medidas para investigar, procesar y condenar a más de 60 miembros del Congreso que ayudaron e instigaron a los paramilitares narcotraficantes.El presidente Lasso invitó al FBI y a la policía colombiana a colaborar en la investigación del asesinato de Villavicencio. Es un buen primer paso, pero para que la iniciativa de verdad sea eficaz, la cooperación en este caso y en otros debe continuar durante el próximo gobierno y más allá, independientemente de quién gane este domingo.Los líderes ecuatorianos deben resistir la tentación de dejar la lucha contra la delincuencia solo en manos del ejército o de solo usar las armas para derrotar a los cárteles y las pandillas. Este enfoque ha demostrado ser ineficaz en países como México y muchas veces ha empeorado la violencia. En cambio, los dirigentes ecuatorianos deben apoyar a fiscales, jueces y policías independientes.Las fuerzas armadas de Ecuador, una de las instituciones de mayor confianza en el país, no están diseñadas para dirigir investigaciones penales, seguir el rastro del lavado de dinero ni denunciar a los funcionarios corruptos. Esas tareas corresponden a las instituciones civiles, como la policía y el poder judicial. Aunque estas instituciones no son inmunes a la corrupción y la politización entre sus filas, todavía pueden reencauzarse.La polarización ha abierto profundas brechas entre los partidarios de Correa y sus opositores, incluido Villavicencio. En la última semana, los políticos de ambos bandos se han culpado unos a otros del deterioro de la seguridad. Para avanzar, deben unirse en torno a un objetivo común: investigar los vínculos de los grupos criminales con los servidores públicos sin tratar de proteger a los miembros de su propio bando. Quienquiera que gane las elecciones presidenciales debe mirar más allá de las divisiones políticas y poner al país por encima del partido.El asesinato de Villavicencio marca un punto de inflexión. Pero aún hay tiempo para actuar antes de que el país siga avanzando por el camino que han recorrido Colombia y México. Es lo que Villavicencio habría querido.Freeman es investigador de Estudios Latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores. More

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      Ecuador’s Crime Surge Is Devastating, but There Is a Way Forward

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      On Aug. 14, Pedro Briones, a congressional candidate and local political leader in Ecuador, was shot down. The assassination came less than a week after Fernando Villavicencio, a presidential candidate and vocal critic of corruption, was shot dead as he left a campaign rally in the country’s capital, Quito. The killings so close to Ecuador’s general election, scheduled for Sunday, have shocked Ecuadoreans and drawn global condemnation. The slayings show that no one — not even a presidential candidate — is safe in Ecuador.Christian Zurita, an investigative journalist and a former colleague and close friend of Mr. Villavicencio, was chosen by their political party to run in his place.What will happen next is uncertain, but it is clear that the nation’s intense political polarization will not help solve its crisis of violence.The shooting of Mr. Briones is under investigation, and six Colombian nationals are being held in connection with Mr. Villavicencio’s killing. How the country’s criminal justice system handles the ongoing inquiries will be a litmus test for the nation. Ecuadorean politicians and their international partners will need to summon the political will and resources to complete an independent and thorough investigation into the killings. If the authorities prosecute just a few hit men and leave it at that, criminal groups will only grow more brazen. But if they take the longer, tougher road — rooting out and bringing to justice the masterminds behind the killings and exposing organized crime’s ties to parts of the state — the country may have a path back from the brink.As a political scientist focused on Latin America, I have lived and worked in countries like Colombia and Guatemala, where decades ago gangs and organized criminal groups began sowing chaos as they grew more powerful. Although Ecuador historically dodged the narco-trafficking-fueled violence and internal armed conflicts that bedeviled its South American neighbors during the latter half of the 20th century, it has all the trappings of a drug traffickers’ paradise. It is sandwiched between Peru and Colombia, the world’s two largest producers of coca. And Ecuador’s economy has used dollars as the legal tender since 2000, making it attractive for money launderers.The demobilization in 2017 of Colombia’s Revolutionary Armed Forces, which had long controlled Ecuadorean trafficking routes, created a vacuum that new cartels and gangs are now battling to fill. Earlier this year, I witnessed how the violence is rewriting the rules of daily life. Ecuador’s homicide rate is now the fourth highest in Latin America and extortion has risen to a startling rate. As a result, once-lively streets are now eerily empty and businesses have begun to close at nightfall. One day, I watched as a storekeeper and his patrons crowded around a smartphone to view — and applaud — clips of vigilante justice against suspected gang members. Many people I spoke to told me they planned to migrate. Since October, more than 77,000 have reached the U.S.-Mexico border: a nearly eightfold increase from 2020.Policy blunders have left Ecuador ill-equipped to face the spiral of violence. Rafael Correa, a populist who served as the country’s president from 2007 to 2017, made the first serious missteps. It’s true that some measures put in place by his administration helped cut homicides to new lows. But Mr. Correa also eliminated the police unit for special investigations, closed a U.S. military base that supplied equipment to monitor its airspace and vast territorial waters and doubled the prison population, creating a breeding ground for gangs. His successors also made blunders.President Lenín Moreno purged many of Mr. Correa’s appointees to the executive and judiciary, and won a referendum that reinstated presidential term limits scrapped by his predecessor. The judiciary opened investigations into corruption during the Correa years. Polarization flared between Mr. Correa’s supporters, who claimed they were victims of politicized justice, while critics like Mr. Moreno argued that they were rebuilding democratic checks and balances eroded under Mr. Correa. As that political melee played out, gangs turned Ecuador’s crowded prisons into their own command centers and began to infiltrate government institutions and armed forces.Guillermo Lasso, Ecuador’s current president, has been locked in battle with Mr. Correa’s followers in the National Assembly, which Mr. Lasso dissolved by decree in May. Mr. Lasso has rolled out state emergencies and even put troops on the streets to fight the gangs and cartels. But criminal groups’ hold over the country has only grown. Alarmingly, Mr. Lasso’s brother-in-law — formerly one of his closest advisers — is under investigation for alleged ties to the Albanian mafia. In March, a businessman implicated in the case was found dead.A supporter showing a flyer of Mr. Villavicencio during a protest a day after the candidate was assassinated.Carlos Noriega/Associated PressEcuador’s crime surge is transnational, with Mexican cartels, Colombian and Venezuelan groups and the Albanian mafia all vying to control the nation’s drug trade and weaken the state. While charting a path forward may seem daunting, it’s not impossible. To curb the power of organized crime and violence, the authorities need to root out corruption, investigate ties to local and national politicians and pursue their money launderers and contacts in the state.This is a tall order for a country whose institutions are increasingly co-opted by crime. It will require ongoing cooperation and courage on the part of the country’s police, prosecutors, judges and politicians. But it has been done before. Colombia could be a model. Beginning in 2006, that nation’s government began taking steps to investigate, prosecute and sentence over 60 members of Congress who aided and abetted drug-trafficking paramilitaries.President Lasso has invited the United States Federal Bureau of Investigation and the Colombian police to assist in the investigation of Mr. Villavicencio’s killing. But for the effort to be truly effective, the cooperation on this case and others must continue into the next administration and beyond, regardless of who wins this Sunday.Ecuador’s leaders must resist the temptation to delegate the anti-crime fight entirely to the military, or to use firepower alone to beat back the cartels and gangs. That approach has proved ineffective in countries like Mexico, and has often made the violence worse. Instead, Ecuador’s leaders must support independent prosecutors, judges and the police.Ecuador’s armed forces, one of the nation’s most trusted institutions, is not designed to lead criminal investigations, track down money launderers or expose corrupt public servants. Those are jobs for civil institutions, like the police and judiciary. While these institutions are not immune to corruption and politicization among its ranks, they are not beyond saving.Polarization has carved deep rifts between Mr. Correa’s supporters and his opponents, including Mr. Villavicencio. In the last week, politicians on both sides have resorted to blaming one another for the deteriorating security situation. To move forward, they must unite behind a shared purpose — to investigate criminal groups’ ties to public officeholders without seeking to shield members of their own camp. Whoever wins the upcoming presidential election must look beyond political divisions and put country over party.Mr. Villavicencio’s killing marks an inflection point. But there is still time to act before the country progresses farther down the path Colombia and Mexico have traveled. It is what Mr. Villavicencio would have wanted.Will Freeman is a fellow for Latin America studies at the Council on Foreign Relations. He focuses on understanding why developing democracies succeed or fail to end impunity for grand corruption.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

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      ¿México será la próxima Venezuela?

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      En 2018, escribí una columna en la que describía al futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como una versión de izquierda de Donald Trump. Los lectores no estaban convencidos. La comparación entre los dos hombres, escribió una persona en los comentarios, “es absurda”. Otro dijo que la columna era “asombrosamente ignorante”.Permítanme retractarme. AMLO no es solo otra versión de Trump. Es peor, porque es un demagogo y un operador burocrático más eficaz.Eso volvió a quedar claro cuando los mexicanos salieron a las calles el 13 de noviembre en marchas contra los esfuerzos de AMLO para desmantelar el Instituto Nacional Electoral (INE). Durante tres décadas, el organismo independiente, pero financiado por el Estado (que antes se llamaba Instituto Federal Electoral) ha sido crucial para la transición de México de un gobierno de partido único a una democracia competitiva en la que los partidos en el poder pierden elecciones y aceptan los resultados.Entonces, ¿por qué el presidente, que ganó la elección de manera abrumadora y mantiene un alto índice de aprobación —en parte por un estilo político que se sustenta en el culto a la personalidad y por programas de transferencias de efectivo a los pobres, su principal base electoral—, iría tras la joya de la corona de los organismos civiles del país? ¿No se supone que López Obrador debe representar a las fuerzas de la democracia popular?La respuesta de AMLO es que solo busca democratizar al INE al hacer que sus integrantes sean elegidos por voto popular después de que instancias bajo su dominio nominen a los candidatos. También reduciría el financiamiento del instituto, le quitaría el poder de elaborar padrones de votantes y eliminaría las autoridades electorales estatales. De manera trumpiana, AMLO llamó a sus críticos “racistas”, “clasistas” y “muy hipócritas”.La realidad es distinta. AMLO es producto del viejo partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dominó casi todos los aspectos de la vida política mexicana desde finales de la década de 1920 hasta finales de la década de 1990. Ideológicamente, el partido estaba dividido en dos alas: los tecnócratas modernizadores contra los nacionalistas estatistas. Sin embargo, el partido estaba unido en su preferencia por la represión, la corrupción y, sobre todo, el control presidencial como medio para perpetuar su permanencia en el poder.AMLO puede haber pertenecido al ala estatista, pero sus ideas sobre la gobernabilidad salen directamente del manual del viejo PRI, solo que esta vez a favor de su propio partido, Morena. “Constantemente, su impulso ha sido recrear la década de 1970: una presidencia poderosa y sin contrapesos”, me escribió el lunes Luis Rubio, uno de los analistas más importantes de México. “Por lo tanto, ha intentado debilitar, eliminar o neutralizar toda una red de entidades que se crearon para ser controles del poder presidencial”. Eso incluye la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las agencias reguladoras del país y la comisión de derechos humanos de México. El INE y el banco central se encuentran entre las pocas entidades que se han mantenido relativamente libres de su control.¿Qué significaría que AMLO se saliera con la suya? Su mandato presidencial de seis años termina en 2024 y es poco probable que permanezca formalmente en el cargo. Pero hay una antigua tradición mexicana de gobernar tras bambalinas. Llenar el INE con personas cercanas es el primer paso para regresar a los días de votos manipulados que caracterizaron al México en el que crecí, en las décadas de 1970 y 1980.Pero también implica un deterioro más profundo, de tres maneras importantes.La primera es el papel cada vez mayor de las fuerzas armadas durante el sexenio de AMLO. “El ejército ahora está operando fuera del control civil, en abierto desafío a la Constitución mexicana, que establece que el ejército no puede estar a cargo de la seguridad pública”, escribió la analista política mexicana Denise Dresser en la edición vigente de Foreign Affairs. “A partir de órdenes presidenciales, los militares se han vuelto omnipresentes: construyen aeropuertos, administran los puertos del país, controlan las aduanas, distribuyen dinero a los pobres, implementan programas sociales y detienen a inmigrantes”.La segunda es que el gobierno mexicano a todas luces se ha rendido ante los cárteles de la droga que, según una estimación, controlan hasta un tercio del país. Eso se hizo evidente hace dos años, después de que el gobierno de Trump regresara a México a un exsecretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, quien había sido arrestado en California y acusado de trabajar para los cárteles. AMLO liberó al general con rapidez. Ocho de las ciudades más peligrosas del mundo ahora están en México, según un análisis de Bloomberg Opinion, y 45.000 mexicanos huyeron de sus hogares por temor a la violencia en 2021.Y, por último, el nuevo estatismo de AMLO funciona incluso peor que el anterior. Un intento de reforma del sistema de salud de México ha provocado una escasez catastrófica de medicamentos. Ha invertido bastante en la empresa petrolera del Estado, PEMEX, que se las ha arreglado para perder dinero a pesar de los precios históricamente altos de la materia prima. El gasto en bienestar aumentó un 20 por ciento respecto al gobierno de su antecesor, pero su gobierno eliminó uno de los programas de combate a la pobreza más exitosos de México, que vinculaba la asistencia a mantener a los niños en la escuela.Los defensores de AMLO pueden argumentar que el presidente sigue siendo popular entre la mayoría de los mexicanos debido a su preocupación por los más pobres. A menudo, ese ha sido el caso de los populistas, desde Recep Tayyip Erdogan en Turquía hasta los gobiernos de Kirchner en Argentina. Pero la realidad tiene una forma de pasar factura. Lo que los mexicanos enfrentan cada vez más con AMLO es un ataque a su bienestar económico, seguridad personal y libertad política y al Estado de derecho. Si los mexicanos no tienen cuidado, este será su camino a Venezuela.Bret Stephens ha sido columnista de Opinión en el Times desde abril de 2017. Ganó un Premio Pulitzer por sus comentarios en The Wall Street Journal en 2013 y previamente fue editor jefe de The Jerusalem Post. Facebook More