Elections

La democracia de Guatemala está bajo ataque. En los últimos cuatro años, un grupo de élites poderosas vinculadas con el crimen organizado, conocido como el “pacto de corruptos”, ha ido desmantelando las estructuras democráticas de Guatemala mediante la cooptación de las instituciones judiciales y el arresto y exilio de fiscales, jueces, periodistas y activistas en favor de la democracia. Ahora, como siguiente paso para consolidar su poder, están tratando de manipular las votaciones nacionales, que están en proceso.De cara a las elecciones de 2023, el presidente Alejandro Giammattei nombró en las cortes y en el Tribunal Supremo Electoral funcionarios fieles a él. Luego, el régimen gobernante y sus aliados usaron estas entidades para distorsionar la Constitución y corromper los procesos electorales con la finalidad de inclinar la balanza política a su favor. El poder judicial hizo lo propio: anuló una prohibición constitucional para permitir que la hija de un exdictador aspirara a la presidencia, permitió que se postularan como candidatos algunos aliados del régimen que han sido acusados y condenados por delitos y descalificó a sus rivales con base en cargos fabricados.Es por eso que ni siquiera los observadores más experimentados de la política guatemalteca podrían haber predicho que Bernardo Arévalo —un reformista moderado que se postuló con una plataforma anticorrupción y que tenía tan solo el 3 por ciento en las encuestas antes de la votación— sería uno de los dos candidatos con más votos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, celebrada el 25 de junio. Con el 12 por ciento de los votos, obtuvo un lugar en la segunda vuelta electoral del próximo mes. Su rival, Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, quien consiguió casi el 16 por ciento de los votos, fue primera dama, se ha postulado a la presidencia en tres ocasiones y está alineada con el “pacto de corruptos”. En 2019, se le acusó de financiamiento ilegal de campaña, y a su partido se le ha vinculado con el crimen organizado.El 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó una nueva revisión de las actas donde se certificaron las votaciones en la primera vuelta presidencial luego de que el partido de Torres y sus aliados impugnaron los resultados, incluso cuando otros candidatos ya los aceptaron y las misiones internacionales y nacionales de observación electoral declararon que el proceso fue justo y limpio. Muchos temen que este fallo pueda sentar las bases para más impugnaciones falsas que podrían llegar a anular los resultados, demorar la segunda vuelta o excluir a Arévalo de la contienda. Las denuncias de fraude hacen recordar las que circulaban en Estados Unidos tras la victoria del presidente Joe Biden en 2020, aunque, con todo el aparato judicial de su lado, los negacionistas de las elecciones en Guatemala tienen más probabilidades de salirse con la suya.La situación está generando incertidumbre política, pero los guatemaltecos han demostrado que no están dispuestos a permitir que su democracia muera así de fácil. Los autócratas del país han desplegado toda la fuerza del Estado para robarse las elecciones, pero no son los únicos que se están movilizando. Los ciudadanos están alzando la voz para defender su derecho al voto. Si triunfan, habrán demostrado que es posible resistirse al ascenso del autoritarismo. Este podría ser un momento crítico para los guatemaltecos, uno que resuene en otras partes del mundo donde la democracia está bajo amenaza.Arévalo, exdiplomático, sociólogo y actual diputado en el Congreso de la República, surgió en un paisaje abarrotado de candidatos presidenciales. Venció a su contrincante más cercano, el candidato del partido Vamos de Giammattei, por más de 200.000 votos. Arévalo es miembro del partido de centro Movimiento Semilla, cuyos integrantes tienden a ser jóvenes y está conformado en su mayoría por estudiantes universitarios, profesores, ingenieros y propietarios de pequeñas empresas.Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla celebrando los resultados electorales con simpatizantes en Ciudad de Guatemala el 26 de junio.Moises Castillo/Associated PressSandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza en Ciudad de Guatemala el 25 de junio.Luis Acosta/Agence France-Presse — Getty ImagesPese a ser relativamente desconocido, es el hijo del estimado expresidente Juan José Arévalo, quien en a mediados de la década de 1940 inició un periodo de gobierno reformista en Guatemala conocido como la primavera democrática. En 1954, un golpe de Estado respaldado por la CIA puso un fin abrupto a ese proyecto y dio paso a cuatro décadas de guerra y dictadura represiva.Dado el legado político de su padre, la oleada de popularidad de Arévalo y Semilla en este momento, si bien causa sorpresa, responde a una lógica colectiva. El partido se formó como respuesta a la serie de escándalos de corrupción que convulsionó a Guatemala en 2015. Como movimiento, encauzó el descontento popular para formar un consenso amplio entre quienes se sentían decepcionados de los políticos depredadores y los que estaban desesperados por un futuro político distinto. Tras convertirse en un partido político en 2018, Semilla se ha mantenido fiel a su misión de combatir la impunidad y fortalecer la democracia.En la primera vuelta, demostró ser una alternativa conveniente para los electores frustrados. Aunque el partido en el poder trató de eclipsar a los candidatos ajenos a la clase política dominante y preservar el statu quo, sus maniobras antidemocráticas fueron contraproducentes. Muchos esperaban que las tasas de abstención fueran más altas de lo normal, pero al final el 60 por ciento de los guatemaltecos acudió a las urnas. Casi una cuarta parte de quienes se presentaron votaron en blanco o anularon su boleta para manifestar su enojo ante lo que perciben como un sistema amañado. Ellos, junto con quienes decidieron votar por el último candidato reformista que quedaba, impulsaron a Arévalo a la segunda vuelta.El éxito de Semilla y el contraataque que suscitó incitaron un movimiento ciudadano que está trabajando para asegurarse de que la voluntad del pueblo sea escuchada. Estos ciudadanos han iniciado una campaña en redes sociales, donde publican los registros de las mesas electorales escritos a mano para rebatir las denuncias de fraude. Hay voluntarios supervisando las auditorías del conteo de votos que ordenó la corte. Las organizaciones indígenas prometieron realizar manifestaciones pacíficas en todo el país si las autoridades intentan manipular las elecciones. Hasta miembros de una comunidad empresarial históricamente conservadora declararon su apoyo al movimiento prodemocrático, con un llamado a respetar los resultados electorales y a garantizar que el proceso de la segunda vuelta electoral, programada para el 20 de agosto, transcurra según lo planeado.Ciudadanos protestaron frente al Tribunal Supremo Electoral contra la suspensión de los resultados de las elecciones, en Ciudad de Guatemala este lunes.Esteban Biba/EPA vía ShutterstockLa comunidad internacional también respalda esta iniciativa civil. La Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos e incluso Estados Unidos, que se ha mostrado reacio a enfrentarse públicamente con el gobierno de Giammattei, afirmaron la legitimidad de los resultados y denunciaron la interferencia electoral. Otras personas que respaldan la democracia en América Central también están apoyando el movimiento ciudadano emergente en Guatemala, el cual podría servir de modelo para las iniciativas de resistencia ante sus propios dirigentes cada vez más autocráticos.Guatemala encarará obstáculos políticos profundos en las próximas semanas. Aunque los resultados electorales se declaren válidos, Arévalo tendrá que consolidar una alianza amplia antes de la segunda vuelta que pueda unificarse en torno a una apuesta política común, algo que no será nada sencillo en un país que desde hace mucho vive con divisiones étnicas, socioeconómicas e ideológicas.Pero el país ya ha superado obstáculos como estos. Las protestas contra la corrupción de 2015 convocaron a un movimiento popular diverso que derrocó a un presidente y a una vicepresidenta en funciones. Si bien los ocho años transcurridos desde entonces han traído retrocesos brutales hacia la autocracia, la paciencia y perseverancia de los líderes de oposición prepararon el camino para este nuevo impulso democrático.Aun si el calendario electoral continúa según lo planeado y se le permite contender a Arévalo, la campaña de desinformación que pretende vilipendiarlo y sembrar miedo solo se va a intensificar. Además, si logra ganar en la segunda vuelta, su bancada minoritaria en el Congreso y el arraigado poder institucional de la élite corrupta dificultarán sus intentos de gobernar con eficacia.Pero ya habrá tiempo para preocuparnos por las complicadas labores de la gobernanza. Por ahora, los riesgos políticos son más grandes que nunca. Si los negacionistas de las elecciones prevalecen, Guatemala habrá perdido la batalla por la democracia. Pero si sus defensores tienen éxito, esto supondrá un duro golpe para detener la regresión en un país donde, no hace mucho, el ímpetu autócrata parecía irreversible.Anita Isaacs es profesora de ciencias políticas en Haverford College. Rachel A. Schwartz es profesora de estudios internacionales y regionales en la Universidad de Oklahoma, además de autora del libro Undermining the State From Within: The Institutional Legacies of Civil War in Central America. Álvaro Montenegro es un periodista guatemalteco. More

Guatemala’s democracy is under assault. Over the past four years, a group of powerful elites tied to organized crime, known as the “pact of the corrupt,” has been steadily dismantling Guatemala’s democratic guardrails by co-opting judicial institutions and arresting and exiling prosecutors, judges, journalists and pro-democracy activists. Now, in their next step to consolidate power, they are trying to manipulate the national elections that are underway.In anticipation of the 2023 elections, President Alejandro Giammattei packed the courts and the electoral tribunal with loyalists. The ruling regime and its allies then enlisted these entities to distort the Constitution and tamper with election procedures to tilt the political playing field in their favor. The judicial sector delivered — overruling a constitutional ban to permit the daughter of a former dictator to run, certifying the candidacies of regime allies charged and convicted of crimes and disqualifying rivals based on manufactured charges of malfeasance.That’s why not even the most seasoned observers of Guatemalan politics could have predicted that Bernardo Arévalo, a moderate reformist championing an anti-corruption platform and polling at just 3 percent before the vote, would be one of the two top finishers in the June 25 general elections, securing 12 percent of the vote and a spot in the runoff next month. His rival, Sandra Torres of the National Unity of Hope party, who garnered nearly 16 percent of the vote, is a former first lady and three-time presidential contender and is aligned with the “pact of the corrupt.” In 2019, she was indicted on a charge of illicit campaign financing, and her party has been linked to organized crime.On July 1, the Constitutional Court ordered electoral authorities’ ballots from the first-round presidential election to be reviewed after Ms. Torres’s party and allies challenged the results — even though other candidates have already conceded and international and domestic observer missions deemed the elections clean. Many fear the ruling could pave the way for additional spurious challenges that could eventually overturn the results, delay the second round or exclude Mr. Arévalo from competing altogether. The cries of fraud echo those in the United States after President Biden’s 2020 victory, although, with the entire judicial system on their side, Guatemala’s election deniers stand a better chance of pulling it off.The situation has fueled political uncertainty, but Guatemalans have shown that they aren’t willing to let their democracy die without a fight. Though the country’s autocrats have now deployed the full force of the state to steal the elections, they are not the only people mobilizing. Ordinary citizens are raising their voices in defense of their sacred right to vote. If they triumph, they will have shown that it is possible to resist rising authoritarianism. This could be Guatemalans’ moment — and one that reverberates in other parts of the world where democracy is under threat.Mr. Arévalo, a former diplomat, sociologist and current representative in the national legislature, emerged from the middle of the crowded presidential field. He beat the next closest challenger, Mr. Giammattei’s Vamos party candidate, by over 200,000 votes. Mr. Arévalo is a member of the centrist Movimiento Semilla, or “seed movement,” party, which skews young and is made up largely of university students, professors, engineers and small-business owners.Bernardo Arévalo of the Semilla party celebrating the election results with supporters in Guatemala City on June 26.Moises Castillo/Associated PressSandra Torres of the National Unity of Hope party in Guatemala City on June 25.Luis Acosta/Agence France-Presse — Getty ImagesThough relatively unknown, he is also the son of the beloved former president Juan José Arévalo, who in the 1940s initiated Guatemala’s decade of reformist government known as the Democratic Spring. A 1954 C.I.A.-backed coup abruptly ended that experiment and ushered in four decades of war and repressive dictatorial rule.Given his father’s political legacy, Mr. Arévalo’s and Semilla’s surge of popularity at this moment, while surprising, is fitting. The party formed in the wake of corruption scandals that convulsed Guatemala in 2015. As a movement, it channeled popular discontent, seeking to build a broad consensus among those disillusioned with predatory politicians and desperate for a different political future. After transitioning to a political party in 2018, Semilla has remained true to its mission, aiming to combat impunity and strengthen democracy.Last month, it proved to be a welcome alternative for frustrated voters. Though the ruling party tried to sideline outsider candidates and preserve the political status quo, its anti-democratic maneuvering backfired. Many expected abstention rates to be higher than usual, but in the end 60 percent of Guatemalans turned out to vote. Nearly a quarter of those who voted cast a blank or voided ballot to register their anger at what they perceived as a rigged system. This, combined with those who chose to vote for the last reformist candidate standing, propelled Mr. Arévalo into the runoff round.Semilla’s success and the subsequent backlash have galvanized a citizen-led movement that is now working to ensure that the will of the people is heard. These citizens have started a social media campaign, posting the handwritten, precinct-level vote registries challenging claims of fraud. Volunteers are observing the court-mandated auditing of vote tallies. Indigenous organizations have vowed to stage peaceful, countrywide demonstrations if the courts attempts to manipulate the election. Even stalwart members of the historically conservative business community have endorsed the pro-democracy movement, urging respect for the electoral results and demanding that the runoff proceeds on Aug. 20 according to plan.Citizens protested in front of the Supreme Electoral Tribunal against the measure to suspend the results of the general election, in Guatemala City on Monday.Esteban Biba/EPA, via ShutterstockThe international community is rallying behind them. The European Union, the Organization of American States and even the United States, which has been reluctant to publicly clash with the Giammattei government, have affirmed the legitimacy of the results and denounced electoral interference. Fellow democrats in Central America are also rooting for Guatemala’s emergent civic movement, which could provide a blueprint for efforts to resist their own increasingly autocratic leaders.Guatemala faces profound political hurdles in the weeks ahead. Even if the court declares the results to be valid, Mr. Arévalo will have to consolidate a broad alliance before the runoff that can unite around a shared political project — no easy feat in a country long divided along ethnic, socioeconomic and ideological lines. But it has surmounted these obstacles before. The 2015 anti-corruption protests marshaled a diverse popular movement that toppled a sitting president and vice president. Though the eight years since then have brought steep autocratic regressions, the patience and persistence of opposition leaders laid the foundations for this new democratic moment.Even if the electoral timetable proceeds according to schedule and Mr. Arévalo is allowed to run, the disinformation campaign to vilify him and stoke fear will only intensify. And if he can pull off a second-round victory, his minority congressional delegation and the entrenched institutional power of the corrupt elite will hinder his efforts to govern effectively.But the messy work of democratic governance is for another day. For now, the political stakes could not be higher. If the election deniers succeed, Guatemala will have lost the battle for democracy. But if its defenders prevail, democratic backsliding will have been dealt a powerful blow in a country where not long ago, the autocratic momentum seemed irreversible.Anita Isaacs is a professor of political science at Haverford College. Rachel A. Schwartz is professor of international and area studies at the University of Oklahoma. She is the author of “Undermining the State From Within: The Institutional Legacies of Civil War in Central America.” Álvaro Montenegro is a Guatemalan journalist.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. 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