Lopez Obrador, Andres Manuel

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      Dos mujeres competirán por la presidencia en México

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      México votará por su primera presidenta el próximo año después de que el partido gobernante eligiera a Claudia Sheinbaum para enfrentarse a la candidata de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez.El partido gobernante de México, Morena, eligió el martes a Claudia Sheinbaum, quien fue jefa de gobierno de Ciudad de México, como su candidata presidencial para las elecciones de 2024. Se trata de un momento crucial en el mayor país de habla hispana del mundo, pues se espera que los votantes elijan por primera vez entre dos mujeres como principales candidatas.Sheinbaum, de 61 años, es física, tiene un doctorado en ingeniería ambiental y cuenta con el respaldo del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se enfrentará con la principal contendiente de la oposición, Xóchitl Gálvez, una ingeniera franca y de ascendencia indígena que creció en un ambiente de pobreza y luego se convirtió en empresaria tecnológica.“Ya podemos decir hoy: México, a finales del año que viene, va a estar gobernado por una mujer”, dijo Jesús Silva-Herzog Márquez, un politólogo en el Tec de Monterrey, y agregó que era un “cambio extraordinario” para el país.Sheinbaum ha hecho su carrera política en buena medida a la sombra de López Obrador y muy pronto surgió como la candidata preferida del partido para suceder al presidente. Se considera que ese vínculo con López Obrador le ha brindado una ventaja clave de cara a las elecciones del próximo año gracias a los altos índices de aprobación con los que cuenta el mandatario, que está limitado constitucionalmente a un solo periodo sexenal.López Obrador ha insistido en los últimos meses que no tendrá influencia cuando concluya su mandato. “Me voy a retirar por completo”, dijo en marzo. “No soy cacique, mucho menos me siento insustituible; no soy caudillo, no soy mesías”.El presidente Andrés Manuel López Obrador solo puede gobernar durante un sexenio según la ConstituciónAlejandro Cegarra para The New York TimesPero algunos analistas consideran que su influencia se extenderá sin importar cuál sea el aspirante que gane la presidencia en 2024. Si Sheinbaum fuera electa, “podría haber cambios en ciertas políticas, aunque los esbozos generales de su agenda seguirán intactos”, según un reporte reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.Si fuera derrotada, López Obrador “no se retirará discretamente a segundo plano”, decía el informe. “Su base de seguidores es suficientemente grande y leal como para permitirle ejercer influencia significativa”. Gálvez podría enfrentar obstáculos con el legado de la actual gestión si buscara revertir sus políticas, como las medidas de austeridad o la participación del ejército en labores sociales, de seguridad e infraestructura.Aunque las dos candidatas identifican mutuamente las debilidades de sus campañas, comparten algunas similitudes. Ambas son progresistas en temas sociales, aunque ninguna de las dos se identifica explícitamente como feminista; ambas tienen grados universitarios en ingeniería y han dicho que van a mantener los programas de combate a la pobreza de esta gestión, que son ampliamente populares.Ambas mujeres apoyan la despenalización del aborto. En el caso de Gálvez, esa postura contrasta con la de su partido conservador. La Suprema Corte de Justicia de México despenalizó el aborto a nivel federal el miércoles, una decisión que se sustenta en un fallo anterior que le da autoridad a los funcionarios para permitir el procedimiento en todos los estados.De ganar la elección, Sheinbaum, hija de padres judíos en Ciudad de México, se convertiría en la primera persona judía en gobernar México. En las redes sociales ha enfrentado una campaña de desinformación que asegura que nació en Bulgaria, el país del que emigró su madre; los seguidores de Sheinbaum han calificado esos señalamientos como antisemitas.En caso de ganar la elección, Sheinbaum se convertiría en la primera persona judía en gobernar México.Meghan Dhaliwal para The New York TimesSheinbaum estudió física e ingeniería energética en México antes de hacer su investigación de doctorado en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en California. Luego de incursionar en la política se convirtió en la principal funcionaria de medioambiente de la gestión de López Obrador cuando él fue jefe de gobierno de Ciudad de México.Luego, cuando ella fue electa para ese mismo cargo en 2018, puso entre sus prioridades el transporte público y medioambiente, pero también fue blanco de críticas por los percances mortales sucedidos en los sistemas de transporte público de la ciudad, entre ellos el colapso de una línea del metro en el que 26 personas perdieron la vida.Al posicionarse como la favorita en los sondeos, los vínculos de Sheinbaum con López Obrador le exigieron disciplina para conservar el apoyo presidencial incluso cuando pudo haber estado en desacuerdo con sus decisiones. Por ejemplo, se quedó callada cuando López Obrador minimizó la pandemia de coronavirus y los funcionarios federales manipularon los datos para evitar un confinamiento en Ciudad de México.“Lo que ha resaltado es su lealtad, yo creo que una lealtad ciega al presidente”, dijo Silva-Herzog Márquez, el politólogo.Sin embargo, al apegarse a las políticas de López Obrador, Sheinbaum también ha dado muestras de posibles cambios, expresamente al mostrar apoyo por las fuentes de energía renovable.En cambio su rival, Gálvez, una senadora que suele andar por la capital mexicana en una bicicleta eléctrica, se ha enfocado en resaltar su origen como hija de una madre mestiza y un padre indígena otomí.Xóchitl Gálvez, principal candidata opositora, tiene ascendencia indígena y surgió de un entorno de pobreza para convertirse en empresaria de tecnología.Claudio Cruz/Agence France-Presse — Getty ImagesGálvez creció en un pueblo pequeño ubicado a unas dos horas de Ciudad de México sin agua corriente y hablando la lengua hñähñu de su padre. Estudió ingeniería con una beca de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundó una empresa que diseña redes de comunicación y energía para edificios de oficinas.Después de que Vicente Fox ganó la presidencia en el año 2000 fue nombrada como encargada de la comisión presidencial de asuntos indígenas. En 2018 fue electa senadora por el conservador Partido Acción Nacional.López Obrador la ha convertido en la figura central de reiterados ataques verbales, lo que ha tenido el efecto de elevar su presencia en el país mientras que llama la atención hacia la influencia del presidente y su partido en todo México.López Obrador, un líder combativo que ha adoptado medidas de austeridad y ha incrementado la dependencia de México de los combustibles fósiles, influye en la campaña. Prometió erradicar una antigua tradición política, el dedazo, con la cual los presidentes mexicanos eligen a sus sucesores, y remplazar esa práctica con encuestas de electores a nivel federal.Históricamente los partidos políticos mexicanos elegían a sus candidatos en primarias opacas y con poca inclusión. La elección por dedazo era más común que una “competencia libre y justa por una candidatura”, dijo Flavia Freidenberg, politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México.El nuevo proceso de selección ha cambiado esa tradición, pero siguen existiendo preocupaciones por la falta de claridad y otras irregularidades señaladas por algunos analistas y aspirantes presidenciales. Tanto el partido gobernante, Morena, como la amplia coalición de la oposición, llamada Frente Amplio, usaron sondeos que “no necesariamente han sido transparentados en toda su magnitud”, dijo Freidenberg, “y que no necesariamente son procedimientos considerados como democráticos”.El nuevo proceso también ignoró las regulaciones federales a las campañas, y los responsables de los procesos, tanto en el partido gobernante como en la oposición, han adelantado la selección unos meses mencionando de manera críptica a Sheinbaum y Gálvez como “coordinadoras” de cada coalición en lugar de “candidatas”.“Estas actividades irregulares, en cualquier caso, se han dado bajo la mirada de la opinión pública, de la clase política y de las autoridades electorales”, dijo Freidenberg. “Esto no es una cuestión menor”.Las elecciones presidenciales del próximo año, en las que los votantes no solo elegirán al presidente, sino también a los miembros del Congreso, también podrían determinar si México se prepara para volver a un sistema de partido dominante similar al que el país experimentó con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), una agrupación que alguna vez fue hegemónica y gobernó durante 71 años ininterrumpidos hasta el año 2000.Hay indicios de que esto ya está sucediendo, aunque con algunos retrocesos. En junio, la candidata de Morena ganó la contienda por la gubernatura del Estado de México, el estado más poblado del país, donde derrotó a la candidata del PRI.Esa victoria puso en manos de Morena a 23 de un total de 32 entidades federativas de la república, un aumento de las siete que controlaba el partido gobernante al inicio del sexenio en 2018.La duda es “si Morena se reconfigura en un partido hegemónico como fue el viejo PRI”, dijo Ana Laura Magaloni, una profesora de derecho que asesoró la campaña de Sheinbaum a la jefatura de gobierno. “Y eso depende, para mí, de cuánta batalla pueda dar la oposición”.Simon Romero es corresponsal en Ciudad de México, desde donde cubre México, Centroamérica y el Caribe. Se ha desempeñado como jefe del buró del Times en Brasil, jefe del buró andino y corresponsal internacional de energía. Más sobre Simon RomeroEmiliano Rodríguez Mega es reportero-investigador del Times radicado en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe. 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      Mexico’s Supreme Court Rejects AMLO-Backed Election Changes

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      The ruling from the country’s top court came as President Andrés Manuel López Obrador ramps up his attacks on the judicial system.Mexico’s highest court on Thursday struck down a key piece of a sweeping electoral bill backed by the president that would have undermined the agency that oversees the country’s vote, and that helped shift the nation away from single-party rule.The ruling by the Supreme Court is a major blow to President Andrés Manuel López Obrador, who has argued that the plan would make elections more efficient, save millions of dollars and allow Mexicans living abroad to vote online.The election measures were passed early this year by Congress, which is controlled by the president’s party, and would have applied to next year’s presidential race. Though Mr. López Obrador is barred from seeking re-election, his party’s chosen candidate will most likely be a heavy favorite.The bill would have slashed the National Electoral Institute’s work force, reduced its autonomy and curbed its power to punish politicians for violating election laws. Civil liberty groups said the measures would have hobbled a key pillar of Mexican democracy.“What it sought was to transform the entire electoral system,” said Ernesto Guerra, a political analyst based in Mexico City. “It was a 180-degree turn to the rules of the democratic game.”However relieved some Mexicans were by the ruling, some also worried that Mr. López Obrador might try to turn the legal setback to his advantage and rally his base around the idea that the judiciary is corrupt. During a morning address Thursday in which he anticipated the ruling, he lit into the court.“It is an invasion, an intrusion,” Mr. López Obrador said.He said he would present an initiative “in due time” to have members of the judiciary elected just like the president or senators. “It should be the people who elect them,” he said. “They should not represent an elite.”The court last month had invalidated another part of the bill that, among other things, involved changes to publicity rules in electoral campaigns.Mexicans casting ballots in Ciudad Juárez in 2018.Victor J. Blue for The New York TimesIn throwing out the remaining part of the bill by a vote of nine to two, justices pointed to violations by lawmakers of legislative procedure, saying that the changes had been rushed through in only four hours and that members of Congress had not been given reasonable time to know what they were voting on.“As a whole, they are so serious that they violate the constitutional principles of Mexican democracy,” Justice Luis María Aguilar said during the court’s discussion. “Not respecting the rules of legislative procedure is constitutional disloyalty.”José Ramón Cossío, a lawyer who is a former member of the court, said that Mr. López Obrador and his allies had pushed the changes known as “Plan B” forward “in such an arrogant, violent, rude way that they lost.”Experts described the court’s decision as a major setback for the administration of Mr. López Obrador, who has made overhauling the electoral system a major priority. The government had defended the changes as a needed step to “reduce the bureaucratic costs” of elections and to ensure that “no more frauds occur” in Mexico.“The rule of law has never been threatened with the approval of the reforms,” the president’s legal adviser wrote in a statement in March. “It is false that the fundamental rights of the citizens are at risk.”With Plan B struck down, next year’s elections will be governed by the same rules under which Mr. López Obrador and his party, Morena, came to power, Mr. Guerra said.“This gives me peace of mind,” he said. “We see the burial of this reform emanating from and for the political power.”The Supreme Court building in Mexico City. Marco Ugarte/Associated Press But fears remain that the ruling may be weaponized against the judicial system, which already has come under attack by the president for rejecting a number of his administration’s initiatives, including one that would have transferred the newly created National Guard from civilian to military control. The court ruled that this was unconstitutional.“This defeat was intentionally sought to properly assume the role of victim and erect the perfect enemy,” said Juan Jesús Garza Onofre, an expert in constitutional law and ethics at the National Autonomous University of Mexico. “Narratively, this defeat becomes more of a victory.”The risk, analysts warn, is long-term damage to the judiciary. “Justice as we know it, with all its shortcomings, could experience a setback,” Mr. Garza Onofre said.The president, he added, would be prudent “to cool heated tempers.”“We know that is not going to happen,” he said. More

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      Más de 100.000 personas marchan en México contra el Plan B

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      Se registraron manifestaciones en más de un centenar de ciudades del país contra una serie de medidas que van a limitar a la autoridad electoral y que, según sus funcionarios, dificultará garantizar elecciones libres y justas.Demonstrators gathered in Mexico City’s main square to protest new measures diminishing the nation’s electoral watchdog, changes they see as a threat to democracy.Luis Antonio Rojas for The New York TimesCIUDAD DE MÉXICO — Más de 100.000 personas salieron a las calles de México el domingo para protestar las leyes recién aprobadas que restringen al instituto electoral del país, en lo que los manifestantes dijeron era un repudio a los esfuerzos del presidente de debilitar a un pilar de la democracia.Vestidos en varios tonos de rosa, el color oficial del órgano de supervisión electoral que ayudó a terminar con el régimen de partido único hace dos décadas, los manifestantes llenaron el Zócalo de la capital y gritaron: “¡El voto no se toca!”.Los asistentes dijeron que buscaban enviar un mensaje al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien respaldó las medidas y reside en el Palacio Nacional, frente a la principal plaza de la capital.Pero también se dirigían directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se espera que atienda las impugnaciones a las modificaciones al instituto electoral en los próximos meses. Muchos consideran que se trata de un momento que plantea un desafío crucial a la corte, que ha sido objeto de críticas por parte del presidente.La mañana del domingo, los manifestantes también gritaron: “¡Yo confío en la corte!”.Horas antes del inicio oficial de la protesta, los asistentes, algunos vistiendo camisas de botones bien planchadas y sombreros de paja, se reunían en cafeterías y tomaban desayuno en una terraza con vista a la sede de gobierno.Los manifestantes dijeron que los cambios ponen en riesgo a un pilar clave de la democracia del país.Luis Antonio Rojas para The New York TimesPero en la calle, el ambiente era de ansiedad.“Yo pagué mis propios gastos y mi estancia, pero no me pesa: haría eso y más por mi país”, dijo Marta Ofelia González, de 75 años, quien voló de Mazatlán, en el estado costero de Sinaloa, y llevaba una visera de paja para cubrirse de un sol intenso.Acudió, dijo, porque teme “perder la democracia y que nos convirtamos en una dictadura”.El presidente argumenta que los cambios van a ahorrar millones de dólares y mejorarán el sistema de votación. Pero los funcionarios electorales comentan que la modificación va a dificultar que se garanticen elecciones libres y justas, incluida la contienda presidencial del próximo año.“Es la última esperanza”, dijo Guadalupe Acosta Naranjo, un exdiputado de izquierda y uno de los organizadores de la protesta. “Queremos generar un respaldo”, dijo, “para fortalecer la idea de que la Suprema Corte debe declarar inconstitucionales estas leyes”. De otro modo, agregó Acosta Naranjo, “tendríamos que ir a la elección con un árbitro parcial y un árbitro disminuido”.No se sabía con certeza de inmediato cuántas personas protestaron en todo el país —se organizaron manifestaciones en más de 100 ciudades— a pesar de que las cifras solo en Ciudad de México superaron los 100.000 asistentes, según organizadores y autoridades locales.Sobre las protestas se cernía la condena reciente en un tribunal de Brooklyn de Genaro García Luna, un exalto funcionario de seguridad mexicano, quien fue declarado culpable de recibir sobornos de los cárteles del narcotráfico: en México, el veredicto se percibe ampliamente como dañino a uno de los partidos de la oposición que ayudaron a organizar la protesta del domingo.José Ramón Cossío Díaz, un ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habló el domingo frente al edificio del tribunal.Luis Antonio Rojas para The New York TimesGarcía Luna fungió como un funcionario de seguridad de alto rango durante más de una década con dos presidentes del Partido Acción Nacional —Vicente Fox y Felipe Calderón— que hicieron llamados públicos para que los ciudadanos se unieran a la protesta.En las calles que recorrieron los manifestantes el domingo había afiches con el rostro de García Luna y la palabra “culpable”.El presidente ha insinuado que a los manifestantes los motiva el deseo de devolver el país a manos de los líderes corruptos del pasado.“Van a venir porque hay un grupo de intereses creados, de corruptos, que quiere regresar al poder para seguir robando”, dijo López Obrador en una conferencia de prensa reciente refiriéndose a los manifestantes del domingo. “No vengan aquí a decir: ‘Es que nos importa la democracia, es que se afecta la democracia’”.Era la segunda vez en alrededor de cuatro meses que los mexicanos se habían manifestado en apoyo del instituto de vigilancia electoral, que el presidente y sus seguidores aseguran que se ha convertido en una burocracia inflada cooptada por intereses políticos.“Tiene un poder desmesurado y desviado”, dijo Pedro Miguel, un periodista de La Jornada, un diario de izquierda, quien se describió como “militante” del proyecto político del presidente. Miguel criticó al INE por pagarle demasiado a sus integrantes, incluido un bono al retirarse.“Esa marcha parece más bien en defensa de ese bono y de esos sueldos miserables”, dijo de la protesta del domingo.Fue la segunda vez en unos cuatro meses que los mexicanos mostraron apoyo público al Instituto Nacional Electoral, que el presidente y sus seguidores aseguran se ha convertido en un organismo con burocracia inflada.Luis Antonio Rojas para The New York TimesLas medidas, aprobadas la semana pasada por la legislatura, van a recortar el personal del instituto, socavar su autonomía y limitar su capacidad para sancionar a los políticos que quebranten la ley electoral. Los funcionarios electorales indican que la modificación también eliminará a la mayoría de trabajadores que supervisan directamente el voto e instalan las casillas de votación en todo el país.“Pone en riesgo incluso la validez de las propias elecciones”, dijo en una entrevista Lorenzo Córdova, el presidente saliente del INE.Las manifestaciones suceden cuando el país se prepara para el inicio de la campaña presidencial de 2024, en medio de serias dudas sobre si una oposición maltrecha e incipiente cuenta con los medios para ganarse a los votantes desencantados.“Es una prueba muy importante de qué tanto van a poder movilizar a su base social”, dijo Blanca Heredia, profesora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, refiriéndose a los partidos que se oponen al presidente, conocido por sus iniciales, AMLO.La multitud del domingo, según algunos analistas, era suficientemente grande para señalar que muchos mexicanos están ansiosos de apoyar a sus instituciones y también de expresar su descontento con el presidente.González, la manifestante de Mazatlán, dijo que no había votado por López Obrador, “porque todavía me sube el agua al tinaco”.Está por verse si la oposición puede sacar provecho electoral de ese desencanto.“Nada más tienen el sentimiento anti-AMLO”, dijo Heredia de los partidos que se enfrentan a López Obrador. “Si quieren captar a más votantes, distintos a los que son anti-AMLO, necesitan un proyecto en positivo, algún plan que proponer al país”.Los manifestantes que marcharon contra las medidas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha insinuado que los que protestan buscan volver a poner el país en manos de líderes corruptos.Luis Antonio Rojas para The New York TimesElda Cantú More

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      Large Crowds Across Mexico Protest Overhaul of Election Watchdog

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      Demonstrations took place in over 100 cities against the recent overhaul of the country’s electoral watchdog, which officials say could make fair and free elections difficult.More than 100,000 people took to the streets of Mexico on Sunday to protest new laws hobbling the nation’s election agency, in what demonstrators said was a repudiation of the president’s efforts to weaken a pillar of democracy.Wearing shades of pink, the official color of the electoral watchdog that helped end one-party rule two decades ago, protesters filled the central square of the capital, Mexico City, and chanted, “Don’t touch my vote.”The protesters said they were trying to send a message to the president, Andrés Manuel López Obrador, who backed the measures and lives in the national palace on the square’s edge.They were also speaking directly to the nation’s Supreme Court, which is expected to hear a challenge to the overhaul in the coming months. Many see the moment as a critical test for the court, which has been a target of criticism by the president.Protesters also chanted on Sunday morning, “I trust in the court.”Hours before the demonstration officially began, attendants, many wearing crisp collared shirts and Panama hats, lined up outside upscale cafes and sat for breakfast on a terrace overlooking the seat of government.Protesters said the changes imperiled a key pillar of the nation’s democracy.Luis Antonio Rojas for The New York TimesBut on the streets, the mood was anxious.“I paid my own expenses and my stay, but it doesn’t bother me, I’d do that and more for my country,” said Marta Ofelia González, 75, who flew in from Mazatlán, on the coast of Sinaloa State, and wore a straw visor to block the punishing sun.She came, she said, because she fears “we will lose democracy and become a dictatorship.”The president argues the changes will save millions of dollars and improve the voting system. Electoral officials, though, say the overhaul will make it difficult to guarantee free and fair elections — including in a crucial presidential election next year.“This is our last hope,” said Guadalupe Acosta Naranjo, a former leftist congressman and one of the demonstration’s organizers. “We want to defend the court’s autonomy so it can declare these laws unconstitutional.” Otherwise, Mr. Acosta Naranjo said, “we will have to hold an election with a partial and diminished arbiter.”It was not immediately clear how many people protested across the country — demonstrations had been organized in more than 100 cities — though the numbers in Mexico City alone were above 100,000, organizers and local officials said.Looming over the protests was the recent conviction in a Brooklyn courtroom of Genaro García Luna, a former top Mexican law enforcement official, who was found guilty of taking bribes from cartels — a verdict widely viewed in Mexico as damaging to one of the opposition parties associated with the demonstration on Sunday.José Ramón Cossío Díaz, a retired minister of the Supreme Court, spoke in front of the court building on Sunday.Luis Antonio Rojas for The New York TimesMr. García Luna served in high-profile security roles for more than a decade under two conservative National Action Party presidents — Vicente Fox and Felipe Calderón — both of whom publicly called for citizens to attend the protest.The streets where protesters roamed on Sunday were lined with posters bearing Mr. García Luna’s face and the word “guilty.”The president has suggested that the protesters are motivated by the desire to put the country back in the hands of the corrupt leaders of the past.“They’re going to show up because there are vested, corrupt interests that want to return to power to continue stealing,” Mr. López Obrador said at a recent news conference. “So don’t try to say ‘it’s that we care about democracy, it’s that democracy is being damaged.”It was the second time in about four months that Mexicans had demonstrated in support of the election watchdog, which the president and his supporters say has become a bloated bureaucracy captured by political interests. “It has too much power, perverted power,” said Pedro Miguel, a journalist at La Jornada, a leftist newspaper, who describes himself as a “militant” of the president’s political project. Mr. Miguel criticized the agency for paying its governing members too much, including a bonus after stepping down.“This is a march in defense of that bonus and those miserable salaries,” he said of the demonstration on Sunday.It was the second time in about four months that Mexicans had rallied in support of the election watchdog, which the president and his supporters say has become a bloated bureaucracy.Luis Antonio Rojas for The New York TimesThe measures, passed by the legislature last week, will cut the agency’s staff, undermine its autonomy and limit its capacity to punish politicians who break electoral law. Electoral officials say the overhaul will also eliminate the majority of workers who directly oversee the vote and install polling stations across the country.“It threatens the validity of elections themselves,” said Lorenzo Córdova, the departing president of the agency, in an interview.The protest comes as the country gears up for the start of the 2024 presidential campaign, amid serious questions about whether a battered and inchoate opposition has the wherewithal to win over disenchanted voters.“It’s an important test of how much they’re able to mobilize their base,” said Blanca Heredia, a professor at Mexico’s Center for Research and Teaching in Economics, referring to the parties opposing Mr. López Obrador, known by his initials, AMLO.The crowd was big enough on Sunday, analysts said, to suggest that many Mexicans are eager to support their institutions — and vent their anger at the president.Ms. González, of Mazatlán, said she had not voted for Mr. López Obrador “because my brain still works.”It remains unclear whether the opposition can use that bitterness to its electoral advantage.“All they have is that anti-AMLO sentiment,” Professor Heredia said of the parties opposing Mr. López Obrador. “If they want to gain more voters that aren’t just anti-AMLO, they’re going to need a positive project — a plan for the country.”Demonstrators marching against the measures pushed by President Andrés Manuel López Obrador, who has suggested that protesters want to place the country back in the hands of corrupt leaders.Luis Antonio Rojas for The New York TimesElda Cantú More

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      Mexico Hobbles Election Agency That Helped End One-Party Rule

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      The changes come ahead of a presidential election next year and are part of a pattern of challenges to democratic institutions across the Western Hemisphere.Mexican lawmakers passed sweeping measures overhauling the nation’s electoral agency on Wednesday, dealing a blow to the institution that oversees voting and that helped push the country away from one-party rule two decades ago.The changes, which will cut the electoral agency’s staff, diminish its autonomy and limit its ability to punish politicians for breaking electoral laws, are the most significant in a series of moves by the Mexican president to undermine the country’s fragile institutions — part of a pattern of challenges to democratic norms across the Western Hemisphere.President Andrés Manuel López Obrador, whose party and its allies control Congress, argues that the measures will save millions of dollars and make voting more efficient. The new rules also seek to make it easier for Mexicans who live abroad to cast online ballots.But critics — including some who have worked alongside the president — say the overhaul is an attempt to weaken a key pillar of Mexico’s democracy. The leader of the president’s party in the Senate has called it unconstitutional.Now, another test looms: The Supreme Court, which has increasingly become a target of the president’s ire, is expected to hear a challenge to the measures in the coming months.If the changes stand, electoral officials say it will become difficult to carry out free and fair elections — including in a crucial presidential contest next year.“What’s at play is whether we’re going to have a country with democratic institutions and the rule of law,” said Jorge Alcocer Villanueva, who served in the interior ministry under Mr. López Obrador. “What’s at risk is whether the vote will be respected.”The watchdog, called the National Electoral Institute, earned international acclaim for facilitating clean elections in Mexico, paving the way for the opposition to win the presidency in 2000 after decades of rule by a single party.Demonstrators marching against the electoral changes proposed by Mr. López Obrador in November.Luis Cortes/ReutersYet since losing a presidential election in 2006 by less than 1 percent of the vote, Mr. López Obrador has repeatedly argued, without evidence, that the watchdog actually perpetrated electoral fraud — a claim that resembles voter-fraud conspiracy theories in the United States and Brazil.The Mexican leader’s skepticism about the 2006 election was even echoed last year by the American ambassador to Mexico, Ken Salazar, who told The New York Times that he, too, had questions about the results’ legitimacy.President Biden’s top Latin America adviser later clarified that the administration recognized the outcome of that contest. The U.S. Embassy in Mexico has been sending reports to Washington assessing potential threats to democracy in the country, according to three U.S. officials who were not authorized to speak publicly.But while some lawmakers have expressed concern about the electoral changes, the Biden administration has said little about the issue in public.The American government sees little advantage in provoking Mr. López Obrador, and has faith that Mexican institutions are capable of defending themselves, several U.S. officials said.The Mexican president remains extremely popular, and his Morena party is ahead in 2024 presidential election polls. One of Mr. López Obrador’s political protégés is likely to be the party’s candidate.That dynamic has many in Mexico wondering: Why push for changes that could raise doubts about the legitimacy of an election his party is favored to win?“We were looking to save money, without affecting the work of the I.N.E.,” Jesús Ramírez Cuevas, the president’s spokesman, said in an interview, using an acronym for the watchdog. The president has a “zero deficit” policy of austerity, he said, and would prefer to spend public money on “social investments, in health, education, and infrastructure.”Indigenous vendors selling handicrafts during Mr. López Obrador’s rally in Mexico City last year.Luis Antonio Rojas for The New York TimesMr. López Obrador has said he wants to make a bloated bureaucracy leaner.“The electoral system will be improved,” Mr. López Obrador said in December. “They are going to shrink some areas so that more can be done with less.”Many agree that spending could be trimmed, but say the changes adopted on Wednesday strike at the heart of the watchdog’s most fundamental role: overseeing the vote.Electoral officials say the overhaul will force them to eliminate thousands of jobs — including the vast majority of workers who organize elections at the local level and install polling stations across the country. The changes also limit the agency’s control over its own spending and prevent it from disqualifying candidates for campaign spending violations.Uuc Kib Espadas, a member of the watchdog’s governing council, said the changes could result in “the failure to install a significant number of polling stations, depriving thousands or hundreds of thousands of people of the right to vote.”Mr. Ramírez Cuevas called those concerns “an exaggeration” and said “there won’t be massive layoffs” at the watchdog.But the Mexican president has not hidden his disdain for the institution his party is now targeting.After electoral officials confirmed his defeat in 2006, Mr. López Obrador led thousands of supporters in protests that paralyzed the capital for weeks. He eventually led his followers off the streets, but never stopped talking about what he calls “the fraud” of 2006.Mr. López Obrador surrounded by supporters during his rally last year.Luis Antonio Rojas for The New York Times“He’s resentful of the electoral authority,” said Mr. Alcocer Villanueva, the former interior ministry official. “That resentment makes him act irrationally on this issue.”Mr. López Obrador did not always seem determined to pare down the electoral body.Mr. Alcocer Villanueva said that when he was chief of staff to the interior minister, from 2018 to 2021, he and his team proposed studying possible electoral changes, but the president said it was not one of his priorities.Then the electoral watchdog started to get in the way of the president’s agenda.In 2021, the agency disqualified two candidates from his party from running for office for failing to declare relatively small campaign contributions — decisions that some within the institution questioned.“It was a disproportionate sanction,” said Mr. Espadas Ancona.Soon, the president began spending a lot more time talking about the watchdog — usually negatively. In 2022, he mentioned it in daily news conferences more than twice as often as he did in 2019, according to the agency.He has denounced the agency as “rotten” and “undemocratic” and made a punching bag out of its leader — a lawyer named Lorenzo Córdova — calling him “a fraud without principles.”Mr. López Obrador has railed against Mexican electoral authorities since his failed presidential bid in 2006, when he lost by less than 1 percent of the vote.Luis Antonio Rojas for The New York TimesMr. Córdova, who was appointed by Mexico’s Congress, has taken center stage in his own defense, responding directly to the president in a torrent of media interviews and news conferences. “It is a very clear political strategy, to sell the I.N.E. as a biased, partial authority,” Mr. Córdova said in an interview, referring to the agency by its initials. “What is our dilemma as an authority? How do we handle it? If we say nothing, publicly, we are validating the president’s statements.”The president’s critics have cheered Mr. Córdova’s willingness to take him on. But some in Mexico question whether Mr. Córdova has struck the right balance.“He shouldn’t respond to the president so viscerally and with so much anger,” said Luis Carlos Ugalde, who led the agency from 2003 to 2007, adding: “It generates a stronger desire from the other side, from Morena, to attack and destroy the institute.”Mr. Córdova stood by his approach.“It’s very easy to judge from the outside,” Mr. Córdova said. “It’s been me who’s had to lead this institution in the worst moment.”Mr. Córdova’s term will expire in April. Congress, controlled by the president’s party, will elect four new members of the watchdog’s governing body.Oscar Lopez More

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      México restringe a su instituto electoral

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      Los cambios suceden en la antesala de los comicios presidenciales de 2024 y son parte de un patrón de desafíos a las instituciones democráticas en el hemisferio occidental.Los legisladores mexicanos modificaron el miércoles el sistema electoral del país, dando un golpe a la institución que supervisa las votaciones y que hace dos décadas ayudó a sacar al país de un régimen unipartidista.Los cambios, que reducirán el personal del organismo electoral, disminuirán su autonomía y limitarán su capacidad de descalificar a los candidatos que quebranten leyes electorales,son los más significativos de una serie de medidas adoptadas por el presidente de México que socavan las frágiles instituciones independientes, y forman parte de un patrón de desafíos a las normas democráticas en todo el hemisferio occidental.El presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido controla el Congreso junto con sus aliados, argumenta que las medidas ahorrarán millones de dólares y harán que las votaciones sean más eficientes. Las nuevas reglas también buscan facilitar que los mexicanos que viven en el extranjero emitan su voto en línea.Pero los críticos —entre ellos algunas personas que han trabajado con el presidente— dicen que los cambios son un intento de debilitar un pilar clave de la democracia de México. El líder del partido del presidente en el Senado ha calificado de inconstitucional la medida.Ahora se avecina otra prueba: se espera que en los próximos meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ha convertido en el blanco frecuente de la ira del presidente, evalúe una impugnación a las medidas.Si los cambios se mantienen, las autoridades electorales mexicanas afirman que podría dificultarse la realización de elecciones libres y justas, incluida la contienda presidencial clave del próximo año.“Lo que está en juego es si vamos a tener un Estado de derecho y una división de poderes”, dijo Jorge Alcocer Villanueva, quien trabajó anteriormente en la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de López Obrador. “Eso es lo que quedaría en riesgo, la certeza de que el voto va a ser respetado”.El organismo de supervisión, llamado Instituto Nacional Electoral (INE), ganó reconocimiento internacional por facilitar elecciones limpias en México, allanando el camino para que la oposición ganara la presidencia en el año 2000 tras décadas de un gobierno dominado por un solo partido.Manifestantes marcharon en distintas ciudades del país contra los cambios electorales propuestos por López Obrador.Luis Cortes/ReutersSin embargo, desde que perdió unas elecciones presidenciales en 2006 por menos del 1 por ciento de los votos, López Obrador ha sostenido en repetidas ocasiones, sin aportar pruebas, que el instituto ha perpetrado en realidad fraude electoral, una afirmación que se asemeja a las teorías de conspiración de fraude electoral propagadas en Estados Unidos y Brasil.El escepticismo del líder mexicano sobre las elecciones de 2006 fue incluso retomado el año pasado por el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, quien declaró a The New York Times que él también dudaba de la legitimidad de los resultados.El principal asesor para América Latina del presidente Joe Biden aclaró posteriormente que el gobierno reconocía el resultado de aquella contienda. La embajada de Estados Unidos en México ha estado enviando informes a Washington en los que se evalúan las posibles amenazas a la democracia en el país, según tres funcionarios estadounidenses que no estaban autorizados a hablar públicamente.Pero si bien algunos legisladores han expresado su preocupación por los cambios en materia electoral, el gobierno de Biden ha dicho poco sobre el tema en público.El gobierno estadounidense considera poco ventajoso provocar a López Obrador y confía en que las instituciones mexicanas sean capaces de defenderse, dijeron varios funcionarios estadounidenses.El presidente mexicano sigue siendo extremadamente popular, y Morena, su partido, va a la cabeza en las encuestas de las elecciones presidenciales de 2024. Es muy probable que uno de los protegidos políticos de López Obrador quede al frente de la candidatura presidencial del partido.Esa dinámica ha ocasionado que muchos en México se pregunten: ¿por qué impulsar cambios que podrían suscitar dudas sobre la legitimidad de las elecciones que se espera que favorezcan a su partido?“Lo que se buscaba era ahorros”, dijo el vocero del gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, en una entrevista, “sin afectar el funcionamiento del INE” . El presidente tiene una política de austeridad de “cero déficit”, comentó, y preferiría gastar los fondos públicos en “inversión social, la salud, educación, infraestructura”.Venta de artesanías en la marcha a favor de López Obrador en Ciudad de México en noviembreLuis Antonio Rojas para The New York TimesLópez Obrador ha dicho que quiere agilizar una burocracia inflada.“Se va a mejorar el sistema de elecciones”, dijo López Obrador en diciembre. “Se logran compactar algunas áreas para que se haga más con menos”.Muchos coinciden en que el gasto podría recortarse, pero argumentan que los cambios adoptados el miércoles afectan la base de la función más elemental del organismo electoral: supervisar el voto.Los funcionarios electorales argumentan que las modificaciones los obligarán a eliminar miles de puestos de trabajo, incluida buena parte de las personas que organizan las elecciones y gestionan la instalación de casillas electorales a nivel local en todo el país. Los cambios también limitan el control de la agencia sobre sus propios gastos y la capacidad del instituto para inhabilitar a candidatos por infracciones de gastos de campaña.Uuc Kib Espadas, consejo del INE, dijo que las modificaciones podrían tener como resultado “que no se instale un número significativo de casillas privando de su derecho al voto a miles o cientos de miles de personas”.Ramírez Cuevas calificó dichas inquietudes como “una exageración” y dijo que “no va haber despido masivo” en el INE.Pero el presidente mexicano no ha disimulado su desdén hacia la institución que su partido ahora tiene en la mira.Luego de que las autoridades electorales confirmaron su derrota en 2006, López Obrador impulsó a miles de sus seguidores a manifestarse en protestas que paralizaron la capital durante semanas.Al final pidió a sus seguidores salir de las calles, pero nunca dejó de hablar de lo que él llama “el fraude” de 2006.López Obrador rodeado de seguidores en un mitin en noviembre.Luis Antonio Rojas para The New York Times“El presidente de México tiene una especie de resentimiento contra la autoridad electoral”, dijo Alcocer Villanueva, el exfuncionario de la Secretaría de Gobernación. “Ese resentimiento lo hace actuar de una manera irracional en este terreno”.López Obrador no siempre pareció decidido a reducir al órgano electoral.Alcocer Villanueva contó que cuando fue coordinador de asesores del secretario de Gobernación, de 2018 a 2021, él y su equipo propusieron analizar posibles cambios electorales, pero el presidente decía que no estaba entre sus prioridades.Luego, el organismo de control electoral empezó a ser un obstáculo para la agenda del presidente.En 2021, el INE inhabilitó a dos candidatos del partido gobernante por no declarar aportes de campaña relativamente pequeños, decisiones que algunas personas al interior de la institución cuestionaron.“Era una sanción desproporcionada”, dijo Espadas Ancona.Pronto, el presidente empezó a dedicar mucho más tiempo a hablar del organismo electoral, por lo general de forma negativa. Para 2022 mencionaba a la institución en sus conferencias matutinas más del doble de veces que en 2019, según el instituto.Ha señalado al organismo como “podrido” y “antidemocrático” y convirtió en blanco de sus ataques al líder del instituto —un abogado llamado Lorenzo Córdova— a quien el presidente ha calificado como alguien “sin principios, sin ideales, un farsante”.Desde que no logró llegar a la presidencia en 2006, por una diferencia de menos del 1 por ciento de los votos, López Obrador ha atacado a las autoridades electorales.Luis Antonio Rojas para The New York TimesCórdova, quien fue nombrado por el Congreso de México, ha tomado protagonismo en su propia defensa, al responder directamente al presidente en un torrente de entrevistas en medios de comunicación y conferencias de prensa. “Es una estrategia política muy clara y evidente: vender al INE como una autoridad parcial, sesgada”, dijo Córdova en una entrevista, utilizando las siglas de la institución. “¿Cuál es nuestro dilema como autoridad?, ¿cómo manejamos esto? Si no decimos nada, públicamente, estamos convalidando el dicho del presidente”.Los críticos del presidente han aplaudido la disposición de Córdova a enfrentarlo. Pero algunos en México se preguntan si Córdova ha encontrado el equilibrio adecuado.“El tono del presidente del INE debe ser con más discreción y de no responder con tanta víscera y con tanto coraje”, dijo Luis Carlos Ugalde, quien dirigió la agencia de 2003 a 2007 , y añadió: “Genera que del otro lado, del lado de Morena, haya más ganas, más ganas de atacar, de destruir al instituto”.Córdova se mantuvo firme en su enfoque.“Es muy fácil juzgar desde fuera”, dijo Córdova. “Al que le ha tocado conducir esta institución en el peor momento he sido yo”.El mandato de Córdova termina en abril. El Congreso, controlado por el partido del presidente, elegirá a cuatro nuevos consejeros para el organismo electoral.Oscar Lopez More

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      ¿México será la próxima Venezuela?

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      En 2018, escribí una columna en la que describía al futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como una versión de izquierda de Donald Trump. Los lectores no estaban convencidos. La comparación entre los dos hombres, escribió una persona en los comentarios, “es absurda”. Otro dijo que la columna era “asombrosamente ignorante”.Permítanme retractarme. AMLO no es solo otra versión de Trump. Es peor, porque es un demagogo y un operador burocrático más eficaz.Eso volvió a quedar claro cuando los mexicanos salieron a las calles el 13 de noviembre en marchas contra los esfuerzos de AMLO para desmantelar el Instituto Nacional Electoral (INE). Durante tres décadas, el organismo independiente, pero financiado por el Estado (que antes se llamaba Instituto Federal Electoral) ha sido crucial para la transición de México de un gobierno de partido único a una democracia competitiva en la que los partidos en el poder pierden elecciones y aceptan los resultados.Entonces, ¿por qué el presidente, que ganó la elección de manera abrumadora y mantiene un alto índice de aprobación —en parte por un estilo político que se sustenta en el culto a la personalidad y por programas de transferencias de efectivo a los pobres, su principal base electoral—, iría tras la joya de la corona de los organismos civiles del país? ¿No se supone que López Obrador debe representar a las fuerzas de la democracia popular?La respuesta de AMLO es que solo busca democratizar al INE al hacer que sus integrantes sean elegidos por voto popular después de que instancias bajo su dominio nominen a los candidatos. También reduciría el financiamiento del instituto, le quitaría el poder de elaborar padrones de votantes y eliminaría las autoridades electorales estatales. De manera trumpiana, AMLO llamó a sus críticos “racistas”, “clasistas” y “muy hipócritas”.La realidad es distinta. AMLO es producto del viejo partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dominó casi todos los aspectos de la vida política mexicana desde finales de la década de 1920 hasta finales de la década de 1990. Ideológicamente, el partido estaba dividido en dos alas: los tecnócratas modernizadores contra los nacionalistas estatistas. Sin embargo, el partido estaba unido en su preferencia por la represión, la corrupción y, sobre todo, el control presidencial como medio para perpetuar su permanencia en el poder.AMLO puede haber pertenecido al ala estatista, pero sus ideas sobre la gobernabilidad salen directamente del manual del viejo PRI, solo que esta vez a favor de su propio partido, Morena. “Constantemente, su impulso ha sido recrear la década de 1970: una presidencia poderosa y sin contrapesos”, me escribió el lunes Luis Rubio, uno de los analistas más importantes de México. “Por lo tanto, ha intentado debilitar, eliminar o neutralizar toda una red de entidades que se crearon para ser controles del poder presidencial”. Eso incluye la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las agencias reguladoras del país y la comisión de derechos humanos de México. El INE y el banco central se encuentran entre las pocas entidades que se han mantenido relativamente libres de su control.¿Qué significaría que AMLO se saliera con la suya? Su mandato presidencial de seis años termina en 2024 y es poco probable que permanezca formalmente en el cargo. Pero hay una antigua tradición mexicana de gobernar tras bambalinas. Llenar el INE con personas cercanas es el primer paso para regresar a los días de votos manipulados que caracterizaron al México en el que crecí, en las décadas de 1970 y 1980.Pero también implica un deterioro más profundo, de tres maneras importantes.La primera es el papel cada vez mayor de las fuerzas armadas durante el sexenio de AMLO. “El ejército ahora está operando fuera del control civil, en abierto desafío a la Constitución mexicana, que establece que el ejército no puede estar a cargo de la seguridad pública”, escribió la analista política mexicana Denise Dresser en la edición vigente de Foreign Affairs. “A partir de órdenes presidenciales, los militares se han vuelto omnipresentes: construyen aeropuertos, administran los puertos del país, controlan las aduanas, distribuyen dinero a los pobres, implementan programas sociales y detienen a inmigrantes”.La segunda es que el gobierno mexicano a todas luces se ha rendido ante los cárteles de la droga que, según una estimación, controlan hasta un tercio del país. Eso se hizo evidente hace dos años, después de que el gobierno de Trump regresara a México a un exsecretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, quien había sido arrestado en California y acusado de trabajar para los cárteles. AMLO liberó al general con rapidez. Ocho de las ciudades más peligrosas del mundo ahora están en México, según un análisis de Bloomberg Opinion, y 45.000 mexicanos huyeron de sus hogares por temor a la violencia en 2021.Y, por último, el nuevo estatismo de AMLO funciona incluso peor que el anterior. Un intento de reforma del sistema de salud de México ha provocado una escasez catastrófica de medicamentos. Ha invertido bastante en la empresa petrolera del Estado, PEMEX, que se las ha arreglado para perder dinero a pesar de los precios históricamente altos de la materia prima. El gasto en bienestar aumentó un 20 por ciento respecto al gobierno de su antecesor, pero su gobierno eliminó uno de los programas de combate a la pobreza más exitosos de México, que vinculaba la asistencia a mantener a los niños en la escuela.Los defensores de AMLO pueden argumentar que el presidente sigue siendo popular entre la mayoría de los mexicanos debido a su preocupación por los más pobres. A menudo, ese ha sido el caso de los populistas, desde Recep Tayyip Erdogan en Turquía hasta los gobiernos de Kirchner en Argentina. Pero la realidad tiene una forma de pasar factura. Lo que los mexicanos enfrentan cada vez más con AMLO es un ataque a su bienestar económico, seguridad personal y libertad política y al Estado de derecho. Si los mexicanos no tienen cuidado, este será su camino a Venezuela.Bret Stephens ha sido columnista de Opinión en el Times desde abril de 2017. Ganó un Premio Pulitzer por sus comentarios en The Wall Street Journal en 2013 y previamente fue editor jefe de The Jerusalem Post. Facebook More