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    En Nicaragua se profundiza la represión y la democracia peligra

    Durante la presidencia de Daniel Ortega, el país está a un paso de convertirse en un Estado de partido único. Las acusaciones de lavado de dinero contra su principal rival agudizan las preocupaciones.MANAGUA, Nicaragua — Los candidatos de la oposición han sido detenidos. Las protestas se han prohibido. Y los partidos políticos han sido descalificados.A meses de postular a la reelección, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, deja al país a un paso de convertirse en un Estado de partido único, al tomar medidas drásticas contra la oposición a un grado que no se ha visto desde la brutal represión de las protestas antigubernamentales de 2018, dicen los expertos.Las medidas agresivas de Ortega son un inesperado desafío para la gestión de Biden, que ha hecho del fortalecimiento a las democracias centroamericanas un pilar de su política exterior en la región.La mano dura de Ortega alcanzó un punto de inflexión el miércoles, luego de que su gobierno acusó a Cristiana Chamorro, una de las principales candidatas de oposición, de lavado de dinero y “falsedad ideológica” y la puso bajo arresto domiciliario horas después de anunciar sus planes de postular a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre. Otro candidato, Arturo Cruz, fue detenido el sábado por la policía por supuestamente “conspirar contra la sociedad nicaragüense”.La policía ha confinado a sus hogares a otros tres aspirantes presidenciales, que no han sido acusados formalmente de ningún cargo, lo que en la práctica impide que realicen campañas electorales.“Ortega está a punto de acabar con toda la competencia política en el país”, comentó Eliseo Núñez, un analista político y activista opositor nicaragüense. “Estamos muy cerca de llamar a esto de una dictadura”.La velocidad con que Nicaragua se ha precipitado hacia el autoritarismo ha tomado por sorpresa incluso a muchos de los oponentes de Ortega.Ortega, otrora líder de la junta revolucionaria de Nicaragua, ha desmantelado gradualmente las instituciones democráticas del país y sofocado la disidencia desde que regresó al poder en 2007 tras ganar unas elecciones democráticas. Más de 320 personas, en su mayoría manifestantes, murieron en protestas contra su gobierno en 2018, lo que la convierte en la peor ola de violencia política en América Latina en tres décadas.Las protestas ayudaron a sumir a uno de los países más pobres de la región en una recesión económica prolongada y condujeron a la imposición de sanciones estadounidenses contra los principales funcionarios de Ortega, incluida su esposa, Rosario Murillo, quien es la vicepresidenta y su portavoz.Ortega, intentando aliviar la presión económica e internacional, inició un diálogo con la oposición tras las protestas y estableció un plazo con la Organización de Estados Americanos el año pasado para lograr que el sistema electoral nicaragüense sea más justo.Pero al acercarse el plazo para la reforma, Ortega viró radicalmente hacia la represión. Ha nombrado a sus partidarios al consejo supremo electoral. Introdujo una serie de leyes que permiten a sus funcionarios detener o descalificar a cualquier ciudadano que haya expresado críticas al presidente, incluidos periodistas y políticos.“Ortega hizo todo lo contrario de lo que se esperaba”, observó Carlos Tünnerman, un ex alto funcionario del gobierno revolucionario de Ortega en los años ochenta. “Ha demostrado que está listo para hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder”.La medida más audaz del gobierno hasta ahora ha sido el arresto sorpresivo de Cristiana Chamorro, heredera de una de las familias más ricas e influyentes de Nicaragua y cuya madre derrotó a Ortega en las elecciones de 1990. Hasta hace poco, Chamorro dirigía una fundación que capacitaba a periodistas independientes de Nicaragua con fondos recibidos parcialmente de Estados Unidos, lo que llevó al gobierno a acusarla de lavado de dinero y subversión.Cristiana Chamorro, al centro, candidata líder de la oposición, en Managua la semana pasada.Inti Ocon/Agence France-Presse — Getty ImagesEn la actualidad solo un grupo creíble de la oposición tiene la posibilidad legal de participar en las elecciones de noviembre y representa la última esperanza para los opositores de Ortega. La agrupación, llamada Ciudadanos por la Libertad, está en el proceso de elegir a su candidato presidencial, quien se convertiría de hecho en estandarte de una oposición por lo general indisciplinada.Los analistas políticos indican que un candidato serio de Ciudadanos por la Libertad tendría buenas oportunidades de movilizar al grueso de los votantes nicaragüenses que no apoyan al gobierno y presentar una amenaza electoral de importancia al partido gobernante.Ortega parece no estar dispuesto a permitirlo. El viernes, la junta electoral, aliada del gobierno, hizo una amenaza velada de prohibir a cualquier candidato que no cumpla con las nuevas leyes que criminalizan la disidencia política.Los líderes opositores comentaron que la nueva directriz permite que los funcionarios electorales tengan el poder de suspender a cualquier candidato que represente una amenaza seria para Ortega o el candidato de su elección para que en la práctica no enfrente oposición.“Están claramente abiertos a dar ese último paso”, dijo Félix Maradiaga, uno de los finalistas en la carrera por la nominación de Ciudadanos por la Libertad a candidato presidencial.El mismo Maradiaga ha estado periódicamente en arresto domiciliario desde noviembre sin que se le hayan presentado cargos.La vocera de Ortega, Murillo, no respondió a un pedido de comentarios sobre las detenciones de los candidatos de la oposición.El rápido deterioro de las protecciones democráticas de Nicaragua ha presentado un desafío para la gestión de Biden, que ya estaba teniendo dificultades para detener el creciente autoritarismo en Centroamérica.Funcionarios y congresistas estadounidenses respondieron a la detención de Chamorro con amenazas de imponer nuevas sanciones contra Ortega.“Definitivamente estamos viendo qué acciones vamos a tomar para responder” a la represión política, dijo el sábado a la Voice of America el principal asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González.La fuerte dependencia de Nicaragua de las exportaciones preferentes a Estados Unidos y los créditos de prestamistas internacionales financiados por Estados Unidos significa que las sanciones son una seria amenaza económica para Ortega, dijo Tiziano Breda, analista centroamericano de International Crisis Group.Pero la introducción de sanciones de importancia podrían conducir a la ya contraída economía de Nicaragua a una crisis, impulsando un nuevo éxodo de migrantes de la región hacia Estados Unidos.“Ortega ya ha presidido una economía de guerra; está demostrando que está dispuesto a repetir la historia”, comentó Breda. “La pregunta es: ¿Estados Unidos está dispuesto a afrontar las consecuencias de sus acciones?”Yubelka Mendoza More

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    Daniel Ortega impedirá elecciones libres en Nicaragua

    MANAGUA — Los procesos electorales en América Latina se dan de manera más o menos imperfecta, pero se dan; y, salvo pocas excepciones, los votos de los ciudadanos se cuentan de manera transparente. Son sistemas democráticos que aún no logran resolver problemas de fondo en nuestras sociedades, y en algunos países la credibilidad de las instituciones se ha deteriorado, pero los electores pueden corregir el rumbo. No es el caso de Nicaragua.En noviembre de este año se celebran elecciones para presidente y vicepresidente, y para renovar el total de los asientos de la Asamblea Nacional. La decisión cerrada de Daniel Ortega, quien llegó por segunda vez a la presidencia en 2007, es reelegirse una vez más, junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Así alcanzaría veinte años consecutivos de mando, sin contar los diez que gobernó en el periodo de la revolución en los años ochenta, con lo que superaría con creces a cualquier miembro de la familia Somoza, que gobernó el país directa o indirectamente entre 1937 y 1979.En las últimas semanas, el plan maestro fraguado para impedir unas elecciones democráticas se ha echado a andar, y sus resultados empiezan a ser palpables.¿Se puede hablar de elecciones justas, libres y transparentes en Nicaragua? Los hechos lo niegan.La rebelión cívica iniciada en abril de 2018, con un saldo de al menos 328 asesinados, principalmente jóvenes, fue dominada por medio de la represión violenta, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora toca el turno de actuar a la maquinaria política. Estas elecciones están orquestadas para anular la participación de las fuerzas que representen un riesgo real de cambio político, apartar a los candidatos que verdaderamente sean un desafío a la continuidad de Ortega e impedir el derecho de la ciudadanía al voto libre y secreto.La Asamblea Nacional, dominada por la aplanadora orteguista, aprobó en enero una reforma a la Constitución que impone la cadena perpetua por “delitos de odio”. Pero no busca castigar el odio racial o contra las minorías, sino a quienes adversan al régimen. También una ley de ciberdelitos, destinada a mantener bajo control a las redes sociales, y otra que impide presentarse como candidatos a cargos públicos a quienes caigan bajo la calificación de “agentes extranjeros”. Las causales son tantas, que resulta imposible librarse de algunas de ellas.La Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, pena con cárcel y despoja del derecho de ejercer cargos públicos a quienes, entre otros delitos antipatrióticos, “exalten y aplaudan sanciones contra el Estado de Nicaragua”. Es la única ley en el mundo que castiga los aplausos.Una de las protestas de 2018, en ManaguaEsteban Biba/Epa-Efe vía RexEn diciembre de 2018, la policía allanó las oficinas de El ConfidencialMeridith Kohut para The New York TimesEn octubre del año pasado, una resolución votada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos advierte que deben darse negociaciones “incluyentes y oportunas” entre el gobierno y la oposición para acordar reformas electorales “significativas y coherentes con las normas internacionales”; modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de manera “totalmente independiente, transparente y responsable”; actualización del registro de votantes; y, entre otras medidas, observación electoral nacional e internacional.Hace pocas semanas, al abrirse formalmente el periodo electoral, Ortega hizo todo lo contrario: copó la totalidad de los cargos de magistrados del Consejo Supremo Electoral con leales partidarios suyos; e introdujo una serie de reformas a la Ley Electoral que establecen aún mayores restricciones a los partidos. En estas decisiones no hubo ninguna clase de negociación con las fuerzas de la oposición.Muy recientemente, fue despojado de su personería jurídica el Partido de Restauración Democrática, bajo cuya bandera participaría una amplia gama de organizaciones de oposición agrupadas en la Coalición Nacional, varias de ellas formadas a raíz de los sucesos de abril de 2018. Igual pasó con el Partido Conservador.Ahora mismo, el Ministerio Público, obediente también, levanta cargos de lavado de dinero, bienes y activos en contra de Cristiana Chamorro Barrios, hasta hace poco presidenta de la Fundación Violeta Barrios, que lleva el nombre de su madre, expresidenta de Nicaragua. A la cabeza de las encuestas entre los candidatos presidenciales, la acusación contra Chamorro Barrios busca inhabilitarla.Al mismo tiempo, esta semana los estudios de grabación de los programas de televisión de su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro, que se transmiten a través de las redes sociales, fueron allanados por segunda vez por la policía, y sus equipos y archivos confiscados. Nada parece indicar que la persecución contra los medios independientes de comunicación vaya a detenerse.En medio de estas condiciones adversas, que tienden a empeorar, permanece en la contienda la Alianza Ciudadanos por la Libertad, hasta ahora con su personería en regla. Aún debe escoger a sus candidatos, pero Ortega se ha arrogado, mediante diversos mecanismos y estratagemas, una especie de derecho de veto sobre quienes pueden competir contra él, y quienes no.El aparato electoral es fiel a Ortega en sus distintos niveles, y en las mesas de votación, las papeletas y las actas estarán bajo el control mayoritario de sus partidarios. No existe a la fecha ningún organismo independiente, nacional o internacional, involucrado en la observación electoral.En una protesta de 2018, una manifestante llevó una pancarta con los rostros de Daniel Ortega y Anastasio Somoza.ReutersBajo un estado policial como el presente, no es posible imaginar ninguna actividad proselitista electoral en plazas o calles. El régimen no las permitirá, porque teme un desborde popular como el de hace tres años. Y la policía impide a los candidatos, de manera arbitraria, salir de sus domicilios. Se tratará entonces de unas elecciones donde, por lo visto, la campaña electoral se haría desde la cárcel, o con la casa por cárcel.Una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo manda que se deje de acosar y asediar a los opositores y disidentes políticos en Nicaragua, y que cesen las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación como método para reprimir la crítica; y pide, además, “liberar a todos aquellos arrestados ilegal o arbitrariamente”. Pero todas las demandas y censuras de los organismos internaciones son papel mojado para Ortega. Más de cien prisioneros políticos permanecen en las cárceles.Mientras algún partido esté dispuesto a apañar el fraude, aceptando los escaños que le asignen como segunda fuerza en la Asamblea Nacional; y mientras su reelección sea reconocida diplomáticamente por los países occidentales una vez consumada, considerará que tiene la legitimidad que necesita.Y como en las viejas historias de los dictadores latinoamericanos, algún subalterno le preguntará antes de abrir las urnas: ¿Con cuántos votos quiere ganar, Su Excelencia?Sergio Ramírez es novelista y ensayista. Fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990. En 2017 fue galardonado con el premio Cervantes. More