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    Elecciones en Ecuador y Guatemala en 4 conclusiones

    A los “outsiders” les fue mejor de lo esperado, lo que subraya la volatilidad de la política latinoamericana. A los candidatos que llamaron a emular las medidas enérgicas contra el crimen de El Salvador no les fue bien.El domingo, Ecuador y Guatemala celebraron elecciones que dejaron en evidencia algunas tendencias cruciales en América Latina como los esfuerzos anticorrupción, la creciente importancia de los votantes jóvenes y los llamados a emular las medidas enérgicas contra el crimen de El Salvador.En Ecuador, donde el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio este mes ensombreció la campaña, una política de la izquierda tradicional, Luisa González, se enfrentará en una segunda vuelta a Daniel Noboa, el heredero de una familia adinerada conocida por su imperio bananero.Y en Guatemala, el activista progresista y anticorrupción Bernardo Arévalo ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de manera aplastante contra una ex primera dama, Sandra Torres, asestando así un golpe al establishment político conservador del país.Debido a las preocupaciones latentes sobre la erosión del Estado de derecho y la influencia cada vez mayor de las bandas narcotraficantes en diferentes partes de América Latina, la votación fue observada de cerca en busca de señales de lo que podrían significar los resultados.A continuación, presentamos algunas conclusiones clave.El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha tomado medidas enérgicas contra la violencia de las pandillas mediante arrestos masivos que perjudicaron a miles de personas inocentes.Brittainy Newman para The New York TimesLa delincuencia no fue el único tema en la mente de los votantesEcuador y Guatemala enfrentan una variedad de retos diferentes, y aunque las dificultades para gobernar de manera efectiva en ambos países son bien conocidas, los nuevos líderes tendrán que lidiar con tener bajo control el crimen organizado y crear oportunidades económicas para mantener a sus ciudadanos en casa y evitar que emigren.La estrella del momento en la escena política de América Latina es el presidente populista conservador de El Salvador, Nayib Bukele, debido a su éxito en el uso de tácticas de línea dura para sofocar la violencia de las pandillas, incluidos arrestos masivos que afectaron a miles de personas inocentes y erosionaron las libertades civiles. Pero las expectativas de que los entusiastas de las tácticas de Bukele sobre el crimen tendrían un camino fácil hacia la victoria se desvanecieron tanto en Ecuador como en Guatemala.“Es notable que en ninguno de los dos casos les haya ido bien a los admiradores descarados de las políticas severas de Nayib Bukele contra las bandas criminales en El Salvador”, dijo Michael Shifter, miembro principal de Diálogo Intermericano, una organización de investigación con sede en Washington.A pesar de la conmoción generada por el asesinato de Villavicencio, los candidatos explícitamente anticrimen en Ecuador dividieron su porción de los votos. A Jan Topic, quien se alineó estrechamente con Bukele, le fue mal a pesar de haber subido en las encuestas tras el asesinato.“Hizo una campaña de un solo tema que, en su mayoría, se enfocó en la seguridad”, dijo Risa Grais-Targow, directora para América Latina de Eurasia Group, sobre Topic. “Pero los votantes tienen otras preocupaciones, como las relacionadas con la economía”.De manera similar, en Guatemala —donde crecían los temores de un descenso hacia el autoritarismo— la promesa de Torres de implementar políticas al estilo de Bukele no logró ganar mucho impulso. En cambio, su rival la puso a la defensiva debido a que había pasado un tiempo bajo arresto domiciliario en relación con cargos de financiamiento ilícito de campañas.También influyeron en el resultado las maniobras de la autoridad electoral de Guatemala para simplemente descalificar a los candidatos que se consideraron amenazas al orden establecido.Uno de los candidatos expulsados de la contienda antes de la primera vuelta en junio fue Carlos Pineda, un outsider que buscaba replicar las medidas enérgicas contra el crimen de Bukele. La descalificación de Pineda y otros le abrió un camino a Arévalo, otro candidato independiente cuyas propuestas para combatir el delito son más matizadas.Los candidatos guatemaltecos intentaron capitalizar el apoyo de los jóvenes.Daniele Volpe para The New York TimesLos votantes jóvenes influyen en las eleccionesEn un grado notable, los resultados electorales en Ecuador y Guatemala dependieron de las decisiones de los votantes jóvenes. En Ecuador, Noboa, un empresario de 35 años, neófito de la política, estaba en los últimos lugares de las encuestas hasta hace apenas unas semanas.Pero aprovechando el apoyo de los jóvenes mientras se presentaba como un candidato independiente, Noboa se abrió camino inesperadamente hacia la segunda vuelta con cerca del 24 por ciento de los votos. (El reconocimiento de su apellido también podría haber ayudado; su padre, Álvaro Noboa, uno de los hombres más ricos de Ecuador, se postuló a la presidencia en cinco oportunidades).En Guatemala, el país más poblado de América Central, Arévalo, de 64 años, también se benefició del apoyo de los jóvenes, especialmente en las ciudades, quienes se sintieron atraídos por sus llamados a poner fin a la persecución política de activistas de derechos humanos, ambientalistas, periodistas, fiscales y jueces.Arévalo también mostró una postura más moderada sobre temas sociales. Aunque dijo que no buscaría legalizar el aborto o el matrimonio igualitario, dejó claro que su gobierno no permitiría la discriminación contra las personas por su orientación sexual.Esa postura, algo novedosa en Guatemala, contrastó en gran manera con la de Torres, quien seleccionó a un pastor evangélico como su compañero de fórmula y empleó un insulto contra personas homosexuales en la campaña electoral para referirse a los simpatizantes de Arévalo.Luisa González enfrentará a Daniel Noboa en la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador.Johanna Alarcón para The New York TimesLa izquierda va en diferentes direccionesGuatemala y Ecuador ofrecieron visiones contrastantes de la izquierda en América Latina.Dentro del panorama político tradicionalmente conservador de Guatemala, Arévalo, quien critica gobiernos de izquierda como el de Nicaragua, a menudo es descrito como un progresista. En ese sentido se parece más a Gabriel Boric, el presidente joven y moderado de Chile, que a los agitadores de otras zonas de la región.El partido de Arévalo, Movimiento Semilla, el cual se formó tras las protestas anticorrupción en 2015, también es diferente a cualquier otro movimiento surgido en Guatemala durante las últimas décadas. Semilla llamó la atención por realizar una campaña austera y de principios, dejando claras sus fuentes de financiamiento, a diferencia del financiamiento opaco que prevalece en otros partidos. Otra fuente de inspiración para Semilla es el Frente Amplio de Uruguay, un partido de centro izquierda moderado y democrático.“Arévalo es un demócrata de pies a cabeza”, aseveró Will Freeman, miembro de estudios latinoamericanos del Consejo de Relaciones Exteriores.González, en contraste, proviene de un sector diferente de la izquierda latinoamericana, caracterizado en el caso de Ecuador por poner a prueba los controles y equilibrios democráticos, dijo Freeman. Es partidaria de Rafael Correa, un expresidente ecuatoriano que sigue siendo una fuerza dominante en la política del país a pesar de tener seis años fuera del poder.Correa, quien vive en Bélgica tras huir de una sentencia de prisión de ocho años por violaciones en el financiamiento de campañas, conserva una base sólida que oscila entre el 20 y el 30 por ciento del electorado.En gran medida, ese apoyo es resultado de la “nostalgia de ese momento de bienestar que hubo durante la era de Correa”, dijo Caroline Ávila, analista política en Ecuador.Arévalo obtuvo más votos que cualquier otro candidato en Guatemala desde que se restableció la democracia en el país en 1985.Daniele Volpe para The New York TimesLa imprevisibilidad marcó las contiendasLas elecciones tanto en Ecuador como en Guatemala destacaron una tendencia regional más general: la incertidumbre y volatilidad de la política latinoamericana.En ambos países, las encuestas fallaron en captar desarrollos cruciales. En Ecuador, donde Topic capitalizó las consecuencias del asesinato de Villavicencio, Noboa se abrió camino para pasar a la segunda vuelta.Y en Guatemala, Arévalo, un candidato académico que a veces lee sus discursos y carece de las habilidades oratorias de sus rivales, no fue visto como una amenaza por el establishment hasta que logró pasar a la segunda vuelta.Hoy, con su aplastante victoria, Arévalo obtuvo más votos que cualquier otro candidato desde que se restauró la democracia en Guatemala en 1985.Ese es un escenario que incluso muchos miembros del propio partido de Arévalo no vieron venir.Simon Romero More

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    Elections in Ecuador and Guatemala: Four Takeaways

    Outsiders overperformed, underscoring the volatility of Latin American politics. Candidates calling to emulate El Salvador’s crackdown on crime did not do well.Ecuador and Guatemala held elections on Sunday that shed light on crucial trends throughout Latin America, including anticorruption drives, the growing importance of young voters and calls to emulate El Salvador’s crackdown on crime.In Ecuador, where the assassination this month of the presidential candidate Fernando Villavicencio cast a pall over campaigning, an establishment leftist, Luisa González, will head into a runoff against Daniel Noboa, the scion of a well-heeled family known for its banana empire.And in Guatemala, the progressive anti-graft crusader Bernardo Arévalo won in a landslide over a former first lady, Sandra Torres, dealing a blow to the country’s conservative political establishment.As concerns simmer over the erosion of the rule of law and the expanding sway of drug gangs in different parts of Latin America, the voting was watched closely for signs of what the outcomes could mean.Here are key takeaways.President Nayib Bukele of El Salvador has cracked down on gang violence, using mass arrests that swept up thousands of innocent people. Brittainy Newman for The New York TimesCrime wasn’t the only issue on voters’ minds.Ecuador and Guatemala each face an array of different challenges, and while it is hard to overstate the difficulty of governing effectively in both countries, new leaders will grapple with getting organized crime under control and creating economic opportunities to keep their citizens at home instead of emigrating.The star of the moment in Latin America’s political scene is El Salvador’s conservative populist president, Nayib Bukele, for his success in using hard-line tactics to quell gang violence, including mass arrests that swept up thousands of innocent people and the erosion of civil liberties. But expectations that enthusiasts for the Bukele gospel on crime would sail to victory fizzled in Ecuador and Guatemala.“It is notable that in neither case did unabashed admirers of Nayib Bukele’s hard-line policies against criminal gangs in El Salvador fare well,” said Michael Shifter, a senior fellow at the Inter-American Dialogue, a Washington-based research organization.Despite the shock over the assassination of Mr. Villavicencio, explicitly anti-crime candidates in Ecuador split their share of the votes. Jan Topic, who aligned himself closely with Mr. Bukele, fared poorly despite climbing in the polls after the assassination.“He did run a single-issue campaign that was very much focused around security,” Risa Grais-Targow, the Latin America director for Eurasia Group, said of Mr. Topic. “But voters have other concerns, including on the economy.”Similarly, in Guatemala — where fears were growing of a slide toward authoritarian rule — Ms. Torres’s pledge to put in place Bukele-style policies failed to gain much traction. Instead, the former first lady was put on the defensive by her rival because she had spent time under house arrest in connection to charges of illicit campaign financing.Also influencing the outcome: moves by Guatemala’s electoral authority to simply disqualify candidates who were viewed as threatening the established order.One of the candidates pushed out of the race ahead of the first round in June was Carlos Pineda, an outsider seeking to replicate Mr. Bukele’s crackdown on crime. When Mr. Pineda and others were disqualified, that provided an opening for Mr. Arévalo, another outsider, even though his proposals to fight crime are more nuanced.Guatemalan candidates tried to capitalize on the support of young people.Daniele Volpe for The New York TimesYoung voters shape elections.To a notable degree, the electoral outcomes in Ecuador and Guatemala hinged on the choices of young voters. In Ecuador, Mr. Noboa, 35, a businessman and newcomer to politics, was polling in the doldrums just a few weeks ago.But seizing on youth support while casting himself as an outsider, Mr. Noboa unexpectedly surged into the runoff with about 24 percent of the vote. (Name recognition may also have helped; his father, Álvaro Noboa, one of Ecuador’s richest men, ran unsuccessfully for president five times.)In Guatemala, Central America’s most populous country, Mr. Arévalo, 64, also capitalized on the support of young people, especially in cities, who were drawn to his calls to end the political persecution of human rights activists, environmentalists, journalists, prosecutors and judges.Mr. Arévalo also offered a more moderate stance on social issues. While saying he would not seek to legalize abortion or gay marriage, he made it clear that his government would not permit discrimination against people because of their sexual orientation.That position, which is somewhat novel in Guatemala, stood in sharp contrast to that of Ms. Torres, who drafted an evangelical pastor as her running mate and used an anti-gay slur on the campaign trail to refer to Mr. Arévalo’s supporters.Luisa González will head into a runoff against Daniel Noboa in Ecuador.Johanna Alarcón for The New York TimesThe left is going in different directions.Guatemala and Ecuador offered sharply contrasting visions for the left in Latin America.Indeed, within Guatemala’s traditionally conservative political landscape, Mr. Arévalo, who criticizes leftist governments like Nicaragua’s, is often described as a progressive. In that sense, he is more like Gabriel Boric, Chile’s moderate young president, than firebrands elsewhere in the region.Mr. Arévalo’s party, Movimiento Semilla (Seed Movement), which coalesced after anticorruption protests in 2015, is also unlike any other party in Guatemala in recent decades. Semilla gained attention for running a principled and austere campaign, making its funding sources clear, in contrast to the opaque financing prevailing in other parties. Another source of inspiration for Semilla is Uruguay’s Frente Amplio (Broad Front), a moderate, democratic left-of-center party.“Arévalo is a democrat through and through,” said Will Freeman, a fellow in Latin America studies at the Council on Foreign Relations.Ms. González, by contrast, hails from a different part of the Latin American left, characterized in Ecuador’s case by testing democratic checks and balances, Mr. Freeman said. She is a supporter of Rafael Correa, a former Ecuadorean president who remains a dominant force in the country’s politics despite being out of power for six years.Mr. Correa, who lives in Belgium after fleeing an eight-year prison sentence for campaign-finance violations, retains a strong base that oscillates between 20 percent and 30 percent of the electorate.That support is largely a result of the “nostalgia for that moment of well-being that existed during the Correa era,” said Caroline Ávila, a political analyst in Ecuador.Mr. Arévalo got more votes than any other candidate in Guatemala since democracy was restored in the country in 1985.Daniele Volpe for The New York TimesUnpredictability underlined the races.The races in both Ecuador and Guatemala highlighted a wider regional trend: the uncertainty and volatility of Latin America’s politics.Polls in both countries failed to capture crucial developments. In Ecuador, where Mr. Topic was seen capitalizing on the aftermath of the Villavicencio assassination, Mr. Noboa swooped in to make it to the runoff.And in Guatemala, Mr. Arévalo, a professorial candidate who sometimes reads his speeches and lacks the oratory skills of his rivals, was viewed as nonthreatening by the establishment — until he squeaked into the runoff.Now, with his landslide win, Mr. Arévalo got more votes than any other candidate since democracy was restored in Guatemala in 1985.That’s a scenario that even many within Mr. Arévalo’s own party did not see coming.Simon Romero More

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    Georgia Case Against Young Thug Hints at How Trump Case Could Unfold

    The racketeering case against Young Thug has been marked by a plodding pace, an avalanche of pretrial defense motions and pressure on lower-level defendants to plead guilty.On its face, the criminal case accusing former President Donald J. Trump and 18 of his allies of conspiring to overturn his 2020 election loss in Georgia has little in common with the other high-profile racketeering case now underway in the same Atlanta courthouse: that of the superstar rapper Young Thug and his associates.But the 15-month-old gang case against Young Thug — which, like the Trump case, is being prosecuted by Fani T. Willis, the Fulton County district attorney — offers glimpses of how State of Georgia v. Donald John Trump et al. may unfold: with a plodding pace, an avalanche of pretrial defense motions, extraordinary security measures, pressure on lower-level defendants to plead guilty, and a fracturing into separate trials, to name a few.Young Thug, whose real name is Jeffery Williams, was indicted in May 2022 along with 27 others under Georgia’s Racketeer Influenced and Corrupt Organizations statute, known as RICO. Like Mr. Trump’s RICO indictment, the charging papers described a corrupt “enterprise” whose members shared common illegal goals.Prosecutors claim that Mr. Williams is a founder of Young Slime Life, or YSL, a criminal street gang whose members were responsible for murders and other violence, drug dealing and property crimes, with the purpose of illegally obtaining “money and property.” (The defendants say YSL is simply a record label.)But the case against Mr. Williams has been whittled to eight defendants, from an initial 28. Some defendants have had their cases severed because they struggled to find lawyers or were fugitives from justice, among other reasons. As is common in big racketeering cases, others have accepted plea deals, making admissions along the way that could help prosecutors in their effort to convict the remaining defendants.After raucous courtroom outbursts from fans and a number of bizarre incidents — including alleged efforts to smuggle drugs into court — security has been ratcheted up, with members of the public and the news media barred from the courtroom.And remarkably, the case has been stuck in the jury selection phase since January, with many potential jurors claiming they would suffer hardships if forced to participate in a trial that was originally estimated to last six to 12 months. On Thursday morning, a young woman — one of more than 2,000 potential jurors to come through the courthouse doors — was grilled about her life, her future plans to pursue medical training and whether serving would present a hardship.Young Thug, whose real name is Jeffery Williams, was indicted in May 2022 along with 27 others under the state’s RICO law.Steve Schaefer/Atlanta Journal-Constitution via A.P.She said it would not. When asked if she knew of Young Thug, she said she did, and that she liked his music — which, she added, would make hearing the case “surreal,” although she also said she could be fair-minded.The YSL indictment is significantly more complex than the Trump case, describing nearly 200 criminal acts as part of a bloody gang war that played out for at least eight years in a city considered to be a hotbed of music industry innovation. The authorities have said that a crosstown rivalry between YSL and a gang called YFN was exacerbated in 2015 with the murder of Donovan Thomas, a behind-the-scenes connector instrumental in several rap careers.In the aftermath of the killing, the authorities say, many in the city picked sides as retaliatory shootings spilled across Atlanta.It is a world far removed from White House meetings and voting software. But experts say the Trump case, with its own famous lead defendant and sprawling nature, could encounter some similar complications.In Mr. Trump’s indictment, prosecutors also outlined a “criminal organization,” made up of power players like Mark Meadows, the former White House chief of staff, and Rudolph W. Giuliani, Mr. Trump’s former personal lawyer, and obscure Trump supporters like Scott Hall, an Atlanta bail bondsman who was charged with helping to carry out a data breach at a rural Georgia elections office.The Trump team’s shared goal, according to the indictment, was “to unlawfully change the outcome” of Georgia’s 2020 presidential election in Mr. Trump’s favor.Ms. Willis, a veteran prosecutor, has said she appreciates the way that RICO indictments allow for the telling of big, broad, easily digestible stories. Both the YSL and Trump indictments paint pictures of multifaceted “organizations,” showing how the defendants are connected and what they are accused of, which are described across dozens of pages as “acts in furtherance of the conspiracy.”These acts include both discernible criminal activity — like murder and aggravated assault in the YSL case and “false statements and writings” and “conspiracy to defraud the state” in the Trump case. But they also include noncriminal “overt acts” meant to further the goal of the conspiracy.Ms. Willis’s office has proposed that the Trump trial begin in March.Amir Hamja/The New York TimesIn the YSL indictment, the “overt acts” include Mr. Williams’s performing rap songs with violent lyrics — a legal strategy that has set off a heated debate about free speech and whether hip-hop, a quintessentially Black art form, is the target of racist scapegoating. Last year, Mr. Williams’s defense team filed a motion seeking to exclude the lyrics from the case, but the judge has yet to rule on it.Chris Timmons, a trial lawyer and former Georgia prosecutor, said he expected a similar free speech fight to erupt, at least in court, over Mr. Trump’s Twitter posts. Mentions of tweets he posted in the months after the 2020 election pepper the 98-page indictment as it describes efforts in Washington to set up bogus pro-Trump electors in Georgia and other states, to cajole legislators in those states to accept them, and to pressure Mike Pence, then the vice president, to throw a wrench in the final Electoral College vote.Some of the tweets in the indictment might seem rather bland in a different context. “Georgia hearings now on @OANN. Amazing!” Mr. Trump tweeted on Dec. 3, 2020 — a month after Election Day — referring to a far-right TV network’s airing of a state legislative hearing in which his supporters made a number of untrue allegations about election fraud.In other instances, Mr. Trump tweeted outright lies about election fraud. “People in Georgia got caught cold bringing in massive numbers of ballots and putting them in ‘voting’ machines,” he posted in December 2020.Mr. Timmons said he expected Mr. Trump’s lawyers to try to throw out his Twitter posts, as well as a recording of a call that the former president made to Brad Raffensperger, Georgia’s secretary of state, on free speech grounds.“They’re going to try to suppress the recording of the phone call, and probably try to suppress any tweets that were sent, and any text messages, anything along those lines, as violative of the First Amendment of the United States Constitution,” he said.In another parallel with the YSL case, the Trump case is almost certain to see multiple pretrial motions from a bumper crop of defense lawyers. One defendant, Mr. Meadows, has already filed a motion to move the case to federal court.Both Mr. Trump and Jeffrey Clark, a former Justice Department official who is among the defendants, may also file for removal, which would broaden the jury pool beyond liberal Fulton County into more Trump-friendly areas.Harvey Silverglate, a lawyer representing John Eastman, a defendant in the Trump case charged with helping to plan the bogus elector scheme, said this week that he expected a number of defendants to try to sever their cases.“Bringing in that many defendants and that many counts is an unmanageable criminal case,” he said, referring to the fact that each defendant is charged with racketeering and at least one of 40 other criminal charges.Mr. Silverglate, who said his client was innocent, added, “This is a case that wouldn’t reach trial in two years.”Ms. Willis’s office has proposed that the Trump trial begin in March, but the chances of that happening seem vanishingly slim. Mr. Meadows’s removal effort alone is likely to trigger a federal appeal, a process that could take months to resolve.While dragging out a case can hurt the prosecution, as witnesses forget or even die, the mere prospect of a multiyear legal ordeal can help convince some defendants to take a plea, as probably happened in the YSL case.Mr. Timmons, who tried numerous RICO cases, said that prosecutors often hoped to secure pleas from the lower-level players and work up toward the defendant at the top of the list, who is often the most prominent or powerful among them.“Your goal is to roll that up like a carpet, working at the bottom and working your way to the top,” he said.The Trump case may prove different from the YSL case in that rappers’ careers might survive a guilty plea (unless they are deemed snitches), while lawyers convicted of felonies lose their licenses — and there are numerous lawyers on the Trump indictment. Those lawyers may choose to hang on and fight an epic legal battle with Ms. Willis, a formidable prosecutor who has been trying RICO cases for years.Mr. Trump is running for re-election while facing indictments in Florida, New York and Washington, D.C., as well as in Georgia. If he is concerned about how his legal troubles could affect his popularity, he might find hope in the fact that Mr. Williams released his latest album while in custody, and saw it debut at the top of a Billboard chart this summer. More

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    Ecuador está en crisis, pero hay maneras de salir

    Pedro Briones, candidato al Congreso y líder político en Ecuador, fue asesinado el lunes. El ataque se produjo a unos días de que Fernando Villavicencio, candidato presidencial y firme crítico de la corrupción, fuera asesinado al salir de un mitin de campaña en Quito, la capital del país. Las muertes, tan cercanas a las elecciones generales de Ecuador previstas para el domingo, han conmocionado a los ecuatorianos y han suscitado la condena mundial. La ola de violencia demuestra que nadie, ni siquiera un candidato presidencial, está a salvo en Ecuador.Christian Zurita, periodista de investigación, excolega y amigo cercano de Villavicencio, será su reemplazo en la contienda. Y aunque lo que sucederá el domingo es incierto, algo está claro: la intensa polarización política de Ecuador no ayudará a resolver esta crisis.El homicidio de Briones está siendo investigado y seis ciudadanos colombianos fueron detenidos en conexión con el homicidio de Villavicencio. La manera en que el sistema de justicia penal ecuatoriano gestione las investigaciones en curso será una prueba de fuego para el país.Los políticos ecuatorianos y sus aliados internacionales deberán reunir la voluntad política y los recursos necesarios para llevar a cabo una investigación seria e independiente de los asesinatos. Si las autoridades se limitan a procesar a unos cuantos sicarios y dejan las cosas como están, las organizaciones criminales se atreverán a más. Pero si toman el camino más largo y difícil —descubrir y llevar ante la justicia a los autores intelectuales de los homicidios y sacar a la luz los vínculos del crimen organizado con partes del Estado—, puede que el país tenga una vía para no caer en el abismo.Como politólogo especializado en América Latina, he vivido y trabajado en países como Colombia y Guatemala, donde hace décadas las pandillas y los grupos de delincuencia organizada empezaron a sembrar el caos a medida que se hacían más poderosos. Aunque Ecuador había logrado eludir la violencia impulsada por el narcotráfico y los conflictos armados internos que asolaron a sus vecinos sudamericanos durante la segunda mitad del siglo XX, tiene todas las características para convertirse en un paraíso para los narcotraficantes. El país se encuentra ubicado entre Perú y Colombia, los dos mayores productores de hoja de coca en el mundo. Además, desde el año 2000, la economía ecuatoriana usa dólares como moneda legal, lo que la hace atractiva para el lavado de dinero.La desmovilización en 2017 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que durante mucho tiempo controlaron las rutas de narcotráfico ecuatorianas, creó un vacío que los nuevos cárteles y pandillas intentan llenar. A principios de este año, fui testigo de cómo la violencia está reescribiendo las reglas de la vida cotidiana ecuatoriana. La tasa de homicidios de Ecuador es ahora la cuarta más alta de América Latina y la extorsión ha aumentado a un ritmo alarmante. Como consecuencia, las calles, antes llenas de vida, lucen inquietantemente vacías y los comercios han empezado a cerrar más temprano. Un día, vi cómo un comerciante y sus clientes se agolpaban alrededor de un teléfono para ver y aplaudir videos de justicia por mano propia contra presuntos pandilleros. Muchas personas con las que hablé me contaron que planeaban migrar. Desde octubre, más de 77.000 ecuatorianos han llegado a la frontera entre México y Estados Unidos, un aumento de casi ocho veces desde 2020.Los desatinos políticos han dejado a Ecuador mal equipado para hacer frente a la espiral de violencia. Rafael Correa, presidente entre 2007 y 2017, cometió los primeros errores importantes. Es cierto que algunas medidas implementadas por su gobierno ayudaron a reducir los homicidios a niveles bajos. Pero Correa también eliminó la unidad policial de investigaciones especiales, cerró una base militar estadounidense que suministraba equipo para vigilar su espacio aéreo y sus vastas aguas territoriales y duplicó la población carcelaria, lo que creó un caldo de cultivo para las pandillas. Sus sucesores también cometieron errores garrafales.Durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno funcionarios en los poderes ejecutivo y judicial que habían sido nombrados por Correa fueron destituidos, y un referendo reinstauró los límites a los mandatos presidenciales eliminados por su predecesor. El poder judicial abrió investigaciones por corrupción durante los años de Correa y la polarización estalló entre los correístas, que afirmaban ser víctimas de una justicia politizada, y sus opositores, como Moreno, que sostenían que estaban reconstruyendo los pesos y contrapesos democráticos erosionados durante la presidencia de su antecesor. Mientras se gestaba esta lucha política, las pandillas convirtieron las cárceles sobrepobladas en sus centros de mando y empezaron a infiltrarse en las instituciones gubernamentales y las fuerzas armadas.Guillermo Lasso, el actual presidente, libra una batalla con los seguidores de Correa en la Asamblea Nacional, que Lasso disolvió por decreto en mayo. También ha decretado diversos estados de emergencia e incluso desplegó soldados en las calles para combatir a las pandillas y los carteles. Sin embargo, el control de los grupos criminales sobre el país solo ha aumentado. Resulta inquietante que el cuñado de Lasso, quien fue uno de sus asesores cercanos, esté siendo investigado por presuntos vínculos con la mafia albanesa. En marzo, un empresario implicado en el caso fue encontrado muerto.Un simpatizante mostrando un volante de Villavicencio durante una protesta un día después del asesinato del candidato.Carlos Noriega/Associated PressEl auge de la delincuencia en Ecuador es transnacional, pues los cárteles mexicanos, grupos colombianos y venezolanos, así como la mafia albanesa compiten por controlar el narcotráfico en el país y debilitar al Estado. Para frenar el poder de la delincuencia organizada y la violencia, las autoridades deben erradicar la corrupción, investigar los vínculos con los políticos locales y nacionales y perseguir a sus lavadores de dinero y contactos en el Estado.Esto es mucho pedir para un país cuyas instituciones están cada vez más cooptadas por la delincuencia. Requerirá la cooperación permanente y el valor de la policía, los fiscales, los jueces y los políticos del país. Pero ya se ha hecho antes. Colombia podría ser un ejemplo a seguir. A partir de 2006, el gobierno de ese país empezó a tomar medidas para investigar, procesar y condenar a más de 60 miembros del Congreso que ayudaron e instigaron a los paramilitares narcotraficantes.El presidente Lasso invitó al FBI y a la policía colombiana a colaborar en la investigación del asesinato de Villavicencio. Es un buen primer paso, pero para que la iniciativa de verdad sea eficaz, la cooperación en este caso y en otros debe continuar durante el próximo gobierno y más allá, independientemente de quién gane este domingo.Los líderes ecuatorianos deben resistir la tentación de dejar la lucha contra la delincuencia solo en manos del ejército o de solo usar las armas para derrotar a los cárteles y las pandillas. Este enfoque ha demostrado ser ineficaz en países como México y muchas veces ha empeorado la violencia. En cambio, los dirigentes ecuatorianos deben apoyar a fiscales, jueces y policías independientes.Las fuerzas armadas de Ecuador, una de las instituciones de mayor confianza en el país, no están diseñadas para dirigir investigaciones penales, seguir el rastro del lavado de dinero ni denunciar a los funcionarios corruptos. Esas tareas corresponden a las instituciones civiles, como la policía y el poder judicial. Aunque estas instituciones no son inmunes a la corrupción y la politización entre sus filas, todavía pueden reencauzarse.La polarización ha abierto profundas brechas entre los partidarios de Correa y sus opositores, incluido Villavicencio. En la última semana, los políticos de ambos bandos se han culpado unos a otros del deterioro de la seguridad. Para avanzar, deben unirse en torno a un objetivo común: investigar los vínculos de los grupos criminales con los servidores públicos sin tratar de proteger a los miembros de su propio bando. Quienquiera que gane las elecciones presidenciales debe mirar más allá de las divisiones políticas y poner al país por encima del partido.El asesinato de Villavicencio marca un punto de inflexión. Pero aún hay tiempo para actuar antes de que el país siga avanzando por el camino que han recorrido Colombia y México. Es lo que Villavicencio habría querido.Freeman es investigador de Estudios Latinoamericanos en el Consejo de Relaciones Exteriores. More

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    Ecuador’s Crime Surge Is Devastating, but There Is a Way Forward

    On Aug. 14, Pedro Briones, a congressional candidate and local political leader in Ecuador, was shot down. The assassination came less than a week after Fernando Villavicencio, a presidential candidate and vocal critic of corruption, was shot dead as he left a campaign rally in the country’s capital, Quito. The killings so close to Ecuador’s general election, scheduled for Sunday, have shocked Ecuadoreans and drawn global condemnation. The slayings show that no one — not even a presidential candidate — is safe in Ecuador.Christian Zurita, an investigative journalist and a former colleague and close friend of Mr. Villavicencio, was chosen by their political party to run in his place.What will happen next is uncertain, but it is clear that the nation’s intense political polarization will not help solve its crisis of violence.The shooting of Mr. Briones is under investigation, and six Colombian nationals are being held in connection with Mr. Villavicencio’s killing. How the country’s criminal justice system handles the ongoing inquiries will be a litmus test for the nation. Ecuadorean politicians and their international partners will need to summon the political will and resources to complete an independent and thorough investigation into the killings. If the authorities prosecute just a few hit men and leave it at that, criminal groups will only grow more brazen. But if they take the longer, tougher road — rooting out and bringing to justice the masterminds behind the killings and exposing organized crime’s ties to parts of the state — the country may have a path back from the brink.As a political scientist focused on Latin America, I have lived and worked in countries like Colombia and Guatemala, where decades ago gangs and organized criminal groups began sowing chaos as they grew more powerful. Although Ecuador historically dodged the narco-trafficking-fueled violence and internal armed conflicts that bedeviled its South American neighbors during the latter half of the 20th century, it has all the trappings of a drug traffickers’ paradise. It is sandwiched between Peru and Colombia, the world’s two largest producers of coca. And Ecuador’s economy has used dollars as the legal tender since 2000, making it attractive for money launderers.The demobilization in 2017 of Colombia’s Revolutionary Armed Forces, which had long controlled Ecuadorean trafficking routes, created a vacuum that new cartels and gangs are now battling to fill. Earlier this year, I witnessed how the violence is rewriting the rules of daily life. Ecuador’s homicide rate is now the fourth highest in Latin America and extortion has risen to a startling rate. As a result, once-lively streets are now eerily empty and businesses have begun to close at nightfall. One day, I watched as a storekeeper and his patrons crowded around a smartphone to view — and applaud — clips of vigilante justice against suspected gang members. Many people I spoke to told me they planned to migrate. Since October, more than 77,000 have reached the U.S.-Mexico border: a nearly eightfold increase from 2020.Policy blunders have left Ecuador ill-equipped to face the spiral of violence. Rafael Correa, a populist who served as the country’s president from 2007 to 2017, made the first serious missteps. It’s true that some measures put in place by his administration helped cut homicides to new lows. But Mr. Correa also eliminated the police unit for special investigations, closed a U.S. military base that supplied equipment to monitor its airspace and vast territorial waters and doubled the prison population, creating a breeding ground for gangs. His successors also made blunders.President Lenín Moreno purged many of Mr. Correa’s appointees to the executive and judiciary, and won a referendum that reinstated presidential term limits scrapped by his predecessor. The judiciary opened investigations into corruption during the Correa years. Polarization flared between Mr. Correa’s supporters, who claimed they were victims of politicized justice, while critics like Mr. Moreno argued that they were rebuilding democratic checks and balances eroded under Mr. Correa. As that political melee played out, gangs turned Ecuador’s crowded prisons into their own command centers and began to infiltrate government institutions and armed forces.Guillermo Lasso, Ecuador’s current president, has been locked in battle with Mr. Correa’s followers in the National Assembly, which Mr. Lasso dissolved by decree in May. Mr. Lasso has rolled out state emergencies and even put troops on the streets to fight the gangs and cartels. But criminal groups’ hold over the country has only grown. Alarmingly, Mr. Lasso’s brother-in-law — formerly one of his closest advisers — is under investigation for alleged ties to the Albanian mafia. In March, a businessman implicated in the case was found dead.A supporter showing a flyer of Mr. Villavicencio during a protest a day after the candidate was assassinated.Carlos Noriega/Associated PressEcuador’s crime surge is transnational, with Mexican cartels, Colombian and Venezuelan groups and the Albanian mafia all vying to control the nation’s drug trade and weaken the state. While charting a path forward may seem daunting, it’s not impossible. To curb the power of organized crime and violence, the authorities need to root out corruption, investigate ties to local and national politicians and pursue their money launderers and contacts in the state.This is a tall order for a country whose institutions are increasingly co-opted by crime. It will require ongoing cooperation and courage on the part of the country’s police, prosecutors, judges and politicians. But it has been done before. Colombia could be a model. Beginning in 2006, that nation’s government began taking steps to investigate, prosecute and sentence over 60 members of Congress who aided and abetted drug-trafficking paramilitaries.President Lasso has invited the United States Federal Bureau of Investigation and the Colombian police to assist in the investigation of Mr. Villavicencio’s killing. But for the effort to be truly effective, the cooperation on this case and others must continue into the next administration and beyond, regardless of who wins this Sunday.Ecuador’s leaders must resist the temptation to delegate the anti-crime fight entirely to the military, or to use firepower alone to beat back the cartels and gangs. That approach has proved ineffective in countries like Mexico, and has often made the violence worse. Instead, Ecuador’s leaders must support independent prosecutors, judges and the police.Ecuador’s armed forces, one of the nation’s most trusted institutions, is not designed to lead criminal investigations, track down money launderers or expose corrupt public servants. Those are jobs for civil institutions, like the police and judiciary. While these institutions are not immune to corruption and politicization among its ranks, they are not beyond saving.Polarization has carved deep rifts between Mr. Correa’s supporters and his opponents, including Mr. Villavicencio. In the last week, politicians on both sides have resorted to blaming one another for the deteriorating security situation. To move forward, they must unite behind a shared purpose — to investigate criminal groups’ ties to public officeholders without seeking to shield members of their own camp. Whoever wins the upcoming presidential election must look beyond political divisions and put country over party.Mr. Villavicencio’s killing marks an inflection point. But there is still time to act before the country progresses farther down the path Colombia and Mexico have traveled. It is what Mr. Villavicencio would have wanted.Will Freeman is a fellow for Latin America studies at the Council on Foreign Relations. He focuses on understanding why developing democracies succeed or fail to end impunity for grand corruption.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

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    Ecuador conmocionado por el asesinato de Fernando Villavicencio

    Los 12 disparos efectuados el miércoles por la tarde, que acabaron con la vida de un candidato presidencial ecuatoriano cuando salía de un acto de campaña, han marcado un punto de inflexión dramático para una nación que hasta hace apenas unos años parecía una isla de seguridad en una región violenta.Un video del instante previo al asesinato del candidato, Fernando Villavicencio, comenzó a circular en línea incluso antes de que se confirmara su muerte. Para muchos ecuatorianos, esos disparos resonaron con un mensaje sombrío: su país había cambiado para siempre.“Siento que representa una pérdida total de control para el gobierno”, dijo Ingrid Ríos, politóloga de la ciudad de Guayaquil, “y para los ciudadanos también”.Ecuador, un país con 18 millones de habitantes en la costa occidental de Sudamérica, ha sobrevivido a gobiernos autoritarios, crisis financieras, protestas masivas y al menos un secuestro presidencial. Sin embargo, nunca había sido sacudido por el tipo de conflicto relacionado con las drogas que ha plagado a la vecina Colombia, el cual ha desatado una violencia que ha matado a miles, erosionando la democracia y enfrentando a los ciudadanos entre sí.Hasta ahora.La sede del partido político de Villavicencio. El candidato fue asesinado frente a una escuela donde estaba realizando un evento de campaña.Johanna Alarcón para The New York TimesHoras después del asesinato del candidato, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de emergencia y suspendió algunas libertades civiles para ayudarlo a lidiar con la creciente delincuencia, según dijo.El jueves por la tarde, el ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata, afirmó que los seis sospechosos detenidos en relación con el asesinato de Villavicencio eran de nacionalidad colombiana, lo que le añade una nueva dimensión a una historia que ya parecía haber sido importada de otro lugar.En los últimos cinco años, el narcotráfico ha ganado un poder extraordinario en Ecuador, a medida que las mafias extranjeras de la droga se han aliado con las pandillas locales de las calles y las prisiones. En solo unos años han transformado regiones enteras del país, extorsionando negocios, reclutando jóvenes, infiltrándose en el gobierno y matando a quienes los investigan.Las similitudes con los problemas que afectaron a Colombia en las décadas de 1980 y 1990, cuando los grupos narcotraficantes asumieron el control de grandes zonas del país y se infiltraron en el gobierno, se han vuelto casi imposibles de ignorar para los ecuatorianos.El jueves, algunos comenzaron a comparar el asesinato de Villavicencio con el de Luis Carlos Galán, un candidato presidencial colombiano que fue asesinado a tiros durante la campaña en 1989. Al igual que Villavicencio, Galán fue un duro crítico de la actividad ilegal de las drogas.La muerte de Galán aún resuena en Colombia como símbolo de los peligros de denunciar al poder criminal y de la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.En términos más generales, Colombia sigue lidiando con los efectos del narcotráfico, que sigue influyendo en los procesos electorales y es responsable de la muerte y el desplazamiento de miles de personas cada año.El jueves, un grupo de personas se reunió frente a una morgue en la capital ecuatoriana, Quito, donde se encontraba el cuerpo de Villavicencio. El aire se llenó de llantos desesperados. Irina Tejada, una maestra de 48 años, habló entre lágrimas.“Nos arrebataron a nuestro héroe”, dijo. Luego, refiriéndose a los políticos corruptos, afirmó: “¿Por qué no se ponen de parte de nuestro pueblo, no de esos narcos criminales? ¡Qué dolor, indignación!”.Irina Tejada, maestra, de luto frente a la morgue donde se encontraba el cuerpo de Villavicencio.Johanna Alarcón para The New York TimesPoco después, el coche fúnebre plateado que transportaba el cuerpo de Villavicencio salió de la morgue y la multitud comenzó a aplaudir, primero con tristeza y luego con rabia frenética.La gente le gritó a la escolta policial que rodeaba el cuerpo.“¡Ahora lo protegen! ¡Cuando ya es demasiado tarde!”, gritó una mujer.Villavicencio, quien había trabajado como periodista, activista y asambleísta, figuraba en las encuestas en una posición intermedia en el grupo de ocho candidatos para las elecciones presidenciales que se celebrarán el 20 de agosto. Fue uno de los que más denunció abiertamente el vínculo entre el crimen organizado y los funcionarios gubernamentales.El miércoles por la tarde, Villavicencio llegó a una escuela en Quito, la capital, donde estuvo en un escenario frente a una multitud y se pronunció “en contra de las mafias que han sometido a esta patria”. Luego, cuando salía de la escuela bajo una enorme pancarta que mostraba su rostro junto a la palabra “presidente”, se realizaron los disparos.El presidente Lasso inmediatamente culpó de la muerte al “crimen organizado”. La Fiscalía General del Estado rápidamente dijo que un sospechoso había muerto y otros seis habían sido arrestados.Al día siguiente, Lasso informó que había solicitado la ayuda del FBI, órgano que accedió a ayudar en la investigación del caso.Con un chaleco antibalas, Andrea González, compañera de fórmula de Villavicencio, ofreció una conferencia de prensa el jueves.Johanna Alarcón para The New York TimesJusto después de la muerte de Villavicencio, Carlos Figueroa, un miembro de su campaña que presenció el tiroteo, habló con el Times, con voz temblorosa.“Las mafias son demasiado poderosas”, afirmó. “Se han tomado nuestro país, se han tomado el sistema económico, la policía, el sistema judicial”.“Estamos desesperados”, continuó. “No sabemos el futuro de nuestro país. En manos de quién, por quién va a ser asumido”.Villavicencio, de 59 años, ganó prominencia como opositor del correísmo, el movimiento de izquierda del expresidente Rafael Correa, quien gobernó desde 2007 hasta 2017 y aún tiene poder político en Ecuador.En los días previos al asesinato, Villavicencio había aparecido en televisión afirmando que había recibido tres amenazas específicas de miembros de un grupo criminal llamado Los Choneros.En una primera amenaza, dijo, representantes de un líder de Los Choneros llamado Fito visitaron a un miembro del equipo de Villavicencio “para decirle que si yo sigo mencionando el nombre de Fito, mencionando los Choneros, me van a quebrar. Efectivamente, eso fue. Y mi decisión fue continuar con la campaña”.Oficiales de policía custodiando la caravana que transportaba el cuerpo de Villavicencio, el jueves.Johanna Alarcón para The New York TimesEl asesinato de Villavicencio afecta una elección presidencial ya de por sí polémica, y que continuará según lo planeado. La candidata que cuenta con el respaldo de Correa, Luisa González, lidera las encuestas.Sin embargo, como Villavicencio fue un crítico tan duro de Correa, algunos ecuatorianos han comenzado a culpar a los candidatos correístas por la muerte de Villavicencio. No hay evidencia de su participación.“Ni un solo voto para el correísmo”, coreó una mujer afuera de la morgue.Otros votantes dijeron que iban a comenzar a apoyar a Jan Topic, un candidato y exsoldado de la Legión Extranjera Francesa cuyo enfoque ha sido adoptar una línea dura en materia de seguridad y quien se ha hecho eco de las promesas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. La línea dura de Bukele contra las pandillas, incluidos los encarcelamientos masivos, ha ayudado a reducir la violencia, pero también ha generado que lo acusen de violar las libertades civiles.Germán Martínez, un médico forense que estaba en la morgue donde estuvo el cuerpo de Villavicencio el jueves, dijo que después del asesinato había decidido cambiar su voto a Topic.“¿Dónde estamos como ecuatorianos?”, preguntó. “Ya tenemos que dejar de andar con la frente al sueño. Tenemos que enfrentar a los criminales. Necesitamos una mano firme”.Genevieve Glatsky More

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    Ecuador Reels From Assassination of Fernando Villavicencio

    The 12 shots fired on Wednesday evening, killing an Ecuadorean presidential candidate as he exited a campaign event, marked a dramatic turning point for a nation that a few years ago seemed an island of security in a violent region.A video of the moments just before the killing of the candidate, Fernando Villavicencio, began circulating online even before his death had been confirmed. And for many Ecuadoreans, those shots echoed with a bleak message: Their nation was forever changed.“I feel that it represents a total loss of control for the government,” said Ingrid Ríos, a political scientist in the city of Guayaquil, “and for the citizens, as well.”Ecuador, a country of 18 million on South America’s western coast, has survived authoritarian governments, financial crises, mass protests and at least one presidential kidnapping. It has never, however, been shaken by the kind of drug-related warfare that has plagued neighboring Colombia, unleashing violence that has killed thousands, corroded democracy and turned citizens against one another.Until now.The headquarters of Mr. Villavicencio’s political party. He was assassinated outside a school where he was holding a campaign event.Johanna Alarcón for The New York TimesHours after the candidate’s killing, President Guillermo Lasso declared a state of emergency, suspending some civil liberties, he said, to help him deal with growing crime.And on Thursday afternoon, Ecuador’s interior minister, Juan Zapata, said that six suspects arrested in connection with Mr. Villavicencio’s killing were all Colombian, adding a new dimension to a story line that already seemed to be imported from another place.In the past five years, the narco-trafficking industry has gained extraordinary power in Ecuador, as foreign drug mafias have joined forces with local prison and street gangs. In just a few years, they have transformed entire swaths of the country, extorting businesses, recruiting young people, infiltrating the government and killing those who investigate them.The similarities to the problems that plagued Colombia in the 1980s and ’90s, as narco-trafficking groups assumed control of broad parts of the country and infiltrated the government, have become almost impossible for Ecuadoreans to ignore.On Thursday, some began to compare Mr. Villavicencio’s killing to that of Luis Carlos Galán, a Colombian presidential candidate gunned down on the campaign trail in 1989. Like Mr. Villavicencio, Mr. Galán was a harsh critic of the illegal drug industry.Mr. Galán’s death still reverberates in Colombia as a symbol of the dangers of speaking out against criminal power and of the inability of the state to protect its citizens.More broadly, Colombia is still grappling with the effects of the drug-trafficking industry, which continues to hold sway over the electoral process and is responsible for the deaths and displacement of thousands of people each year.On Thursday, mourners gathered outside a morgue in the Ecuadorean capital, Quito, where Mr. Villavicencio’s body was being held. The air filled with desperate cries. Irina Tejada, 48, a teacher, wept as she spoke.“They’ve stolen our hero,” she said. Then, addressing corrupt politicians, she went on: “Why don’t they side with our people, not with those criminal narcos? The pain and outrage!”Irina Tejada, a teacher, mourning outside the morgue where Mr. Villavicencio’s body was being held.Johanna Alarcón for The New York TimesSoon, the silver hearse carrying Mr. Villavicencio’s body left the morgue, and the crowd began to clap, at first mournfully, then with a rapid anger.People screamed at the police escort surrounding the body.“Now you protect him, when it is too late!” a woman shouted.Mr. Villavicencio, who had worked as a journalist, activist and legislator, was polling near the middle of a group of eight candidates in a presidential election set for Aug. 20. He was among the most outspoken about the link between organized crime and government officials.On Wednesday evening, he arrived at a school in Quito, the capital, where he stood on a stage in front of a packed crowd and spoke out “against the mafias that have subjugated this homeland.” Then, as he exited the school under an enormous banner that bore his face and the words “presidente,” the shots were fired.Mr. Lasso, the president, immediately blamed the death on “organized crime.” The national prosecutor’s office quickly said that one suspect had been killed and six others arrested.The following day, Mr. Lasso said he had requested the help of the F.B.I., which agreed to assist in investigating the case.Wearing a bulletproof vest, Andrea González, Mr. Villavicencio’s running mate, held a news conference on Thursday.Johanna Alarcón for The New York TimesJust after Mr. Villavicencio’s death, Carlos Figueroa, a member of his campaign who had witnessed the shooting, spoke to The Times, his voice wobbly.“The mafias are too powerful,” he said. “They have taken over our country; they have taken over the economic system, the police, the judicial system.”“We are desperate,” he continued. “We don’t know our country’s future, in which hands, or by whom, it will be taken over.”Mr. Villavicencio, 59, gained prominence as an opponent of correísmo, the leftist movement of former President Rafael Correa, who served from 2007 to 2017 and still holds political power in Ecuador.In the days before the assassination, Mr. Villavicencio had appeared on television, saying that he had received three specific threats from members of a criminal group called Los Choneros.In an initial threat, he said, representatives of a Choneros leader named Fito visited a member of Mr. Villavicencio’s team “to tell them that if I keep mentioning Fito’s name, mentioning the Choneros, they’re going to break me. That’s how it was. And my decision was to continue with the electoral campaign.”Police officers guarding the motorcade carrying Mr. Villavicencio’s body on Thursday.Johanna Alarcón for The New York TimesMr. Villavicencio’s killing casts a pall on an already-contentious presidential election, which will go on as planned. A candidate who has Mr. Correa’s backing, Luisa González, is leading in the polls.Yet, because Mr. Villavicencio was such a harsh critic of Mr. Correa, some Ecuadoreans have begun to blame correísta candidates for Mr. Villavicencio’s death. There is no evidence of their involvement.“Not a single vote for correísmo,” one woman chanted outside the morgue.Other voters said they were turning toward Jan Topic, a candidate and former soldier in the French Foreign Legion whose focus has been taking a hard line on security, and who has been mirroring the promises of El Salvador’s president, Nayib Bukele. Mr. Bukele’s hard line on gangs, including mass imprisonments, has helped drive down violence, but he has also been accused of violating civil liberties.Germán Martínez, a coroner who happened to be at the morgue where Mr. Villavicencio’s body lay on Thursday, said that after the killing, he had decided to switch his vote to Mr. Topic.“Where are we, as Ecuadoreans?” he asked. “We can’t remain with our heads low. We need to fight criminals. We need a strong hand.”Genevieve Glatsky More