Peace Process

BOGOTÁ — El mes pasado, una organización criminal armada paralizó casi un tercio del norte de Colombia, en buena medida sin resistencia. “A partir de esta fecha se decreta cuatro días de paro armado”, decía un panfleto del 5 de mayo que ordenaba a la gente a que permaneciera en sus casas, cerrara los negocios y vaciara las calles.El Clan del Golfo, un grupo del narcotráfico de corte paramilitar, inició el paro contra el gobierno colombiano en represalia por la captura y extradición a Estados Unidos de su líder, Dairo Antonio Úsuga, conocido como Otoniel. “No nos hacemos responsables de aquellos que no acaten las órdenes”, advertía ominosamente el grupo.Para enfatizar su mensaje, los miembros del Clan del Golfo marcaron paredes con sus iniciales en los centros urbanos, quemaron vehículos y camiones para bloquear carreteras, instalaron puestos de control ilegales y patrullaron los campos en motocicletas. Con poca policía estatal o presencia militar para proteger las zonas rurales, los colombianos en 11 de los 32 departamentos del país acataron las órdenes del grupo y se impuso una quietud fantasmal.Al final de los cuatro días, al menos ocho personas habían muerto, casi 200 vehículos habían sido incinerados y muchos de los tres millones de personas afectadas se estaban quedando sin comida y otros productos básicos.El Clan del Golfo también parece estar incidiendo en la elección presidencial. El grupo emitió amenazas por escrito a los partidarios del candidato de izquierda, Gustavo Petro, y en las zonas rurales donde el recuerdo del paro seguía presente, los líderes comunitarios dijeron que el miedo limitó la participación de los votantes.Pero tal vez porque hay mucho en juego, un porcentaje alto de votantes acudió el 29 de mayo a las urnas para la primera vuelta electoral. Petro obtuvo poco más del 40 por ciento de los 21 millones de votos totales y se enfrentará en la segunda vuelta del 19 de junio a Rodolfo Hernández, un controversial empresario inmobiliario de derecha que hizo una fuerte campaña en TikTok.Aunque ambos candidatos difieren de manera significativa en todos los temas —desde la movilidad social hasta la política exterior— comparten una debilidad: ninguno ha articulado un plan claro para detener el aumento de la amenaza armada y la violencia que afecta a la Colombia rural, como revelan las acciones del Clan del Golfo. Los números de personas desplazadas, la acumulación de asesinatos de líderes sociales y comunitarios y el reclutamiento forzoso de niños, son indicios de que la seguridad se está deteriorando con rapidez.Ni Petro ni Hernández parecen estar preparados para enfrentar los desafíos de las zonas rurales en conflicto. Además de la violencia organizada del Clan del Golfo, alrededor de una decena de otros grupos armados recorren las áreas más vulnerables del país, buscando controlar territorios para establecer rutas lucrativas de tráfico de drogas y otros mercados ilegales.El próximo presidente de Colombia debe alejarse del enfoque actual del gobierno de priorizar las capturas y extradiciones de líderes de organizaciones ilegales, como la que causó el paro armado. Esta estrategia no ha logrado desmantelar a los grupos criminales pero sí ha generado consecuencias profundas para los civiles.En cambio, el nuevo presidente debería centrarse en una política que reoriente a las fuerzas de seguridad de Colombia para proteger a los civiles de los grupos armados, que hoy ejercen una autoridad de facto en muchas partes del país. Esto, sumado a la implementación de programas sociales y una inversión sustancial en el campo, puede ayudar a cambiar el rumbo y pavimentar el camino hacia la paz.La policía colombiana escoltó a Dairo Antonio Úsuga, líder del Clan del Golfo, cuando fue extraditado a Estados Unidos en mayo.Prensa Presidencial/Agence France-Presse vía Getty ImagesEl acuerdo de paz, firmado en 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ha logrado reducir en buena medida la violencia rural. Pero algunas regiones, como Montes de María, donde los grupos armados están tomando el control de enormes territorios —incluidas grandes áreas que las FARC solían controlar—, son un buen anticipo de la situación que enfrentará el candidato que gane la elección.Cuando visité Montes de María en marzo, me quedó claro que esta región agrícola, rica en recursos, estaba en crisis. El Clan del Golfo ha expandido agresivamente su presencia desde la firma del acuerdo de paz, reclamando rutas de tráfico e imponiendo el cobro de pagos de protección a la población. Este grupo armado —como casi todos los que hoy operan en el país— evita los enfrentamientos con los militares. Su objetivo no es tomar poder en Bogotá, sino sacar ganancias de las tierras y de su gente.Se suponía que esto no debería suceder. El acuerdo de paz con las FARC eliminaría las desigualdades que habían empoderado a las guerrillas y a los narcotraficantes. Prometía ayudar a los agricultores pobres que cultivaban coca, la materia prima de la cocaína, a abandonar un medio de vida que los exponía a la violencia. Cerca de 100.000 familias se apuntaron y arrancaron voluntariamente sus cultivos de coca.No obstante, el gobierno actual, encabezado por el presidente Iván Duque, llegó al poder en 2018 argumentando que el acuerdo de paz era demasiado indulgente con las FARC, y se ha enfocado en las partes del acuerdo afines a sus intereses políticos —como la desmovilización de excombatientes y el gasto en infraestructura— mientras que otras promesas, como abordar la desigualdad en la posesión de tierras y el respaldo a la sustitución de cultivos de coca, quedaron en el olvido.Al mismo tiempo, decenas de grupos armados, como el Clan del Golfo, han mostrado ser más ágiles, tenaces y económicamente habilidosos para aprovechar las oportunidades que ofreció el desmantelamiento de las FARC.Al interior del país, hombres armados reclutan a la fuerza a niños para engrosar sus filas, sacándolos de sus hogares y escuelas. Otros adultos jóvenes se unen por su cuenta porque, sin posibilidades de educación o trabajo, el conflicto es el único empleo disponible. En el sur de Córdoba, el Clan del Golfo se promueve como “la única empresa que tiene las puertas siempre abiertas”.La élite política colombiana considera, erróneamente, que estas amenazas están desvinculadas de la desesperación social y económica que viven muchos colombianos. Es más fácil culpar de los disturbios a otros enemigos, ya sea Venezuela, las guerrillas de izquierda o los rivales políticos. Y, de hecho, en lugar de solucionar esta situación, la respuesta más común del gobierno ha sido desplegar el ejército.Los soldados enviados para acabar con la inestabilidad saben que este enfoque no está funcionando. “Aquí no hay una solución militar”, me dijo un comandante de una brigada militar en una de las zonas de conflicto más ríspidas de Colombia, sugiriendo que lo que se necesitaba era inversión social.Por ahora, muchas de las fuerzas del gobierno están enfocadas en la erradicación forzosa de la coca, eliminando los cultivos que luego se vuelven a sembrar en tasas que, se calcula, llegan al 50 y 67 por ciento. La estrategia de las fuerzas armadas de matar y capturar a miembros de los grupos armados deriva en el reemplazo inmediato de esas bajas con nuevos reclutas.En pocas palabras, la estrategia inadecuada del gobierno colombiano en las zonas remotas es parcialmente culpable del resurgimiento de la violencia. Los candidatos presidenciales tienen la oportunidad de cambiar de rumbo.Es alentador que tanto Petro como Hernández han dicho que implementarán el acuerdo de paz de 2016, que el gobierno de Duque ha descuidado en muchos puntos. Sin embargo, ninguno de los dos ha presentado un plan claro sobre cómo gestionar el deterioro de la situación de seguridad de los ciudadanos de a pie.Petro, quien en el pasado fue parte de una organización guerrillera, se comprometió a iniciar un diálogo con los grupos armados e implementar la desmovilización de grupos del crimen organizado, como el Clan del Golfo. Hernández, por su parte, ha sugerido agregar al Ejército de Liberación Nacional (ELN) al acuerdo firmado con las FARC.Aunque en estas ideas hay algunos elementos que podrían funcionar, la mejor manera de abordar la crisis es proteger a los colombianos que viven en el epicentro del conflicto, con mejores servicios policiales, oportunidades económicas y razones concretas que les permita confiar en el gobierno.Una presión puntual de Washington puede ayudar. La reciente declaración del gobierno de Biden que destaca al acuerdo de paz es importante pero ha sido socavada por sus acciones. Los dólares estadounidenses se gastan de manera desproporcionada en enfoques de mano dura, como la erradicación forzosa de la coca, que no contribuyen mucho a resolver el problema y exacerban la desconfianza en el gobierno.La zozobra que aún acecha en las calles del norte de Colombia está avanzando demasiado rápido y lejos como para ignorarla. Los candidatos y los votantes urbanos que ignoran estos desafíos lo hacen bajo su propio riesgo. Lo que está en juego en las elecciones se extiende al futuro de un conflicto que se suponía que había terminado pero que, más bien, se está reavivando.Colombia, que ya había empezado a acabar con un conflicto armado, no debería permitir que vuelva a estallar.Elizabeth Dickinson (@dickinsonbeth) es analista sénior del International Crisis Group para Colombia, con sede en Bogotá. Antes de unirse a la organización en 2017, trabajó durante una década como periodista. More

BOGOTÁ, Colombia — Last month a criminal armed group shut down much of the northern third of Colombia — largely uncontested. “We decree four days of Armed Strike from this moment,” read the May 5 pamphlet ordering the population to stay indoors, the shops to close and the roads to be empty. The Gulf Clan, a paramilitary-style drug trafficking group, initiated the strike against the Colombian government in retaliation for the capture and extradition of its leader, Dairo Antonio Úsuga, known as Otoniel, to the United States. “We are not responsible for what happens to those who do not comply,” the group warned ominously.To emphasize their point, Gulf Clan members tagged walls in the urban centers with their initials, burned cars and buses to block roads, set up illegal checkpoints and patrolled rural areas by motorcycle. With little state police or military presence to protect the countryside, Colombians in 11 of the country’s 32 departments (similar to U.S. states) obeyed the illegal group’s orders, and a ghostly calm descended.After four days, at least eight people had been killed, nearly 200 vehicles were burned, and many of the three million people affected were running short on food and other basic supplies. The Gulf Clan also appears to be effecting the presidential election. The group issued direct written threats to supporters of the left-wing candidate Gustavo Petro, and in rural areas where the memory of the strike lingered, community leaders said fear did suppress some voter turnout.But perhaps because the stakes are so high, voters nationwide came to the polls at high levels for the first round of elections on May 29. Mr. Petro secured just over 40 percent of the 21 million total votes and will face off with Rodolfo Hernández, an outspoken, right-leaning real estate magnate who campaigned heavily on TikTok, in the runoff on June 19.Though the winning candidates differ significantly on everything from social mobility to foreign policy, they share one weakness: Neither has articulated a clear plan to contain rising levels of conflict and armed violence in the countryside, like the Gulf Clan actions. As seen in higher levels of displacement, assassinations of social and community leaders, and child recruitment, security is deteriorating rapidly.Neither Mr. Petro nor Mr. Hernández seems prepared to address the challenges of Colombia’s rural war zones. In addition to organized criminal violence from the Gulf Clan, about a dozen other armed groups prowl the country’s most vulnerable areas, seeking to control territories that provide lucrative drug trafficking routes. Colombia’s next president must move away from the state’s current approach of narrowly prioritizing captures and extraditions like the one that sparked the armed strike — that strategy fails to dismantle criminal groups but carries deep consequences for civilians.Instead, the new president should focus on a policy that empowers Colombia’s security forces to protect civilians from the armed groups who wield de facto authority in substantial parts of the country. This, coupled with social programs and investment in the countryside, can start to turn the tide definitively toward peace.Colombian National Police escorted Dairo Antonio Úsuga, a drug lord and head of the Gulf Clan, as he was extradited to the United States in May.Prensa Presidencial/Agence France-Presse, via Getty ImagesThe signing of a 2016 peace agreement between the state and the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC, has greatly reduced rural violence nationwide. But regions like Montes de María, where armed groups are taking control of parts of the country’s vast hinterland, including large areas that the FARC used to control, offer a foretaste of the reality the winning candidate will face.When I visited Montes de María in March, it was clear that this resource-rich agricultural region was in a crisis. The Gulf Clan has aggressively expanded its presence since the peace accord, claiming lucrative trafficking routes and imposing protection taxes on the population. This armed group — like nearly all of those operating in the country today — avoids clashing with the military. Its goal is not to take over in Bogotá, but rather to suck rents out of the land and its people.This wasn’t supposed to happen. The 2016 peace accord with the FARC chipped away at the inequalities that had empowered guerrillas and drug traffickers alike. It promised to help poor farmers growing coca — the raw material for cocaine — leave behind a livelihood that exposed them to violence. Nearly 100,000 families signed up and voluntarily ripped up their coca crops.Yet the outgoing conservative government, led by President Iván Duque, entered office in 2018 alleging that the peace agreement was too lenient on the FARC and has focused on carrying out parts of the accord that serve its political interests — such as demobilizing the former FARC and infrastructure spending — while leaving others, like addressing land inequality and supporting coca crop substitution, to wither.At the same time, dozens of armed groups like the Gulf Clan have proved nimble, tenacious and economically adept at capturing the opportunities afforded by the FARC’s withdrawal.Across the countryside, armed men are forcibly recruiting children to their ranks, ripping them out of their homes and schools. Other young adults sign up willingly because, in the absence of education or jobs, fighting is the only employment on offer. “The only company whose doors are always open” is how the Gulf Clan describes itself in southern Córdoba.The ruling political elite erroneously views these threats as disconnected from the social and economic desperation experienced by many Colombians. It is easier to pin the blame for unrest on other enemies, whether it be Venezuela, leftist guerrillas or political rivals. And indeed, rather than redressing grievances, the government’s default response has been to deploy the military.The soldiers sent to stamp out instability know the approach isn’t working. “There is no military solution here,” a military brigade commander told me in one of Colombia’s fiercest conflict areas, suggesting that what was needed was social investment. For now, many of the government’s forces are tied down forcibly eradicating coca by ripping up the crops that are then replanted at rates estimated to reach between 50 percent and 67 percent. The military’s policy to kill and capture armed-group members only results in new recruits to immediately fill their shoes.Put simply, the Colombian government’s flawed strategy in the countryside is partly to blame for the resurgent violence. Presidential candidates have an opportunity to shift course.Encouragingly, both Mr. Petro and Mr. Hernández have said they will implement the 2016 peace accord, many parts of which the current government has neglected. However, neither has presented a clear plan for how to manage the deteriorating security situation for civilians. Mr. Petro, himself a former rebel, has pledged to begin a dialogue with armed groups and implement demobilization for organized crime groups like the Gulf Clan. Mr. Hernández has suggested adding the guerrilla group National Liberation Army, or ELN, to the existing accord with the FARC.While there are some elements of a solution here, the best way to avert conflict is to protect Colombians living at the heart of the conflict, with better policing, economic opportunities and concrete reasons to trust the government.The right kind of pressure from Washington can help. The Biden administration’s recent statement emphasizing the peace accord is important but undermined by its actions. U.S. dollars are disproportionately spent on strong-arm approaches, such as forced coca eradication, that do little to tackle the problem and exacerbate distrust of the government.The foreboding that still haunts the streets of the country’s north is spreading too fast and too far across Colombia to ignore. The candidates and urban voters ignore these challenges at their peril. The huge stakes of the elections extend to the future of a conflict that was supposed to be over but is instead reigniting. Having ended war here once, Colombia should not allow it to erupt again.Elizabeth Dickinson (@dickinsonbeth) is a Bogotá-based senior analyst for Colombia at the International Crisis Group. Before joining the organization in 2017, she worked for a decade as a journalist.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More