Political Prisoners

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      El temor se apodera de Nicaragua mientras el país vira hacia una dictadura

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      Una ofensiva contra la oposición por parte del presidente Daniel Ortega ha dejado a los nicaragüenses con una duda: ¿quién sigue?MANAGUA — Las noches eran lo más difícil.Desde el momento en que Medardo Mairena decidió postularse a la presidencia, un desafío directo al líder autoritario de Nicaragua, él tuvo la certeza de que el aparato de seguridad en algún momento lo alcanzaría.A lo largo del verano, Mairena observó cómo desaparecían otros líderes de la oposición. Uno por uno, fueron sacados a rastras de sus casas en medio de una represión nacional orquestada por el presidente Daniel Ortega en contra de la disidencia. La cruzada de este último por asegurarse un cuarto periodo sumergió a la nación centroamericana en un estado de temor generalizado.Desde junio, la policía ha encarcelado o puesto en arresto domiciliario a siete candidatos a las elecciones presidenciales de noviembre, así como a decenas de activistas políticos y líderes de la sociedad civil, lo cual ha dejado a Ortega desprovisto de un contendiente creíble en la boleta y ha convertido a Nicaragua en un Estado policial.A Mairena mismo se le prohibió salir de Managua. Las patrullas de la policía apostadas afuera de su casa ahuyentaron a casi todas las visitas, incluso a su familia.Durante el día, Mairena se mantenía ocupado, haciendo campaña por Zoom y monitoreando anuncios en la radio oficial en busca de pistas de la creciente represión. Sin embargo, de noche se quedaba despierto, con el oído atento a las sirenas, seguro de que tarde o temprano la policía iba a llegar y él desaparecería en una celda.“Lo primero que me pregunto en la mañana es ¿cuándo van a venir por mí?”, comentó Mairena, un activista defensor de los derechos de los agricultores, en una entrevista telefónica realizada a finales de junio. “Es una vida en zozobra constante”.Su turno llegó días después de la llamada. Unos agentes fuertemente armados allanaron su casa y se lo llevaron la noche del 5 de julio.No se supo nada de él hasta el miércoles, cuando se les permitió una visita breve a sus familiares, quienes comentaron que lo encontraron demacrado y enfermo, completamente desconectado del mundo exterior.Parientes de los candidatos presidenciales visitaron este verano la cárcel de Managua en donde se les retenía.Inti Ocón para The New York TimesQuienes critican el gobierno aseguran que la imprevisibilidad y rapidez de la ola de arrestos han convertido a Nicaragua en un Estado más represivo del que fue durante los primeros años de la dictadura de Anastasio Somoza, quien fue derrocado en 1979 por el Frente Sandinista de Liberación Nacional que encabezaban Ortega y varios otros comandantes. Los sandinistas gobernaron el país hasta que en 1990 perdieron en unas elecciones democráticas y cedieron el poder. En 2007, Ortega regresó a la presidencia.Tras 14 años en el poder, Ortega, impopular y cada vez más aislado de la sociedad nicaragüense en su residencia privada, parece determinado a evitar toda competencia electoral verdadera. Los cinco candidatos presidenciales que siguen en la boleta con él son políticos poco conocidos que tienen una historia de colaboración con el gobierno. Pocas personas en Nicaragua los consideran desafíos genuinos para Ortega.La represión, la cual se ha extendido hacia los críticos de todos los ámbitos sociales, no ha perdonado a ningún disidente político, sin importar sus circunstancias personales o vínculos históricos con Ortega.Entre las víctimas de persecución se encuentran un banquero millonario y un guerrillero marxista, un general condecorado y una activista poco conocida de la provincia, líderes estudiantiles e intelectuales septuagenarios. Ningún detractor del gobierno se siente a salvo de las repentinas redadas nocturnas, de las cuales su constancia ha sido la única certeza, comentaron en entrevistas más de 30 nicaragüenses afectados por la represión.“Todos están en la lista”, mencionó un empresario nicaragüense, cuyo hogar fue registrado por la policía; habló bajo la condición de permanecer en el anonimato por temor a las represalias. “Nada más estás intentando saber qué tan alto o tan abajo está tu nombre, basándote en la última detención”.La ola de represión y temores de violencia política ha empujado a miles de nicaragüenses a huir del país, lo cual amenaza con empeorar una crisis de migración masiva en una época en la que el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, ya tiene dificultades al enfrentar cifras récord de inmigrantes que intentan cruzar la frontera sur.La cantidad de nicaragüenses que han detenido los guardias fronterizos de Estados Unidos ha estallado desde la represión: un total de casi 21.000 personas cruzaron en junio y julio, en comparación con menos de 300 en los mismos meses del año pasado, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional. Durante esos meses, otros 10.000 nicaragüenses han cruzado al sur hacia el país vecino de Costa Rica, según la agencia migratoria costarricense.Una iglesia en Masaya, en la que periodistas y civiles fueron atacados por integrantes del partido gobernante en julioInti Ocón para The New York TimesEl éxodo ha incluido a ricos y pobres por igual, provocado tanto por los temores de la escalada de violencia como por la preocupación de la acechante crisis económica en un país que se dirige a paso constante hacia el aislamiento internacional.En los últimos meses, decenas de destacados empresarios nicaragüenses han huido con sigilo hacia Miami y paralizado sus inversiones en el país, según entrevistas con varios empresarios que no quisieron ser citados por temor a represalias. Y se espera que la mayoría de los bancos internacionales de desarrollo, cuyos préstamos han apoyado la economía nicaragüense en años recientes, dejen de entregar nuevos fondos después de las elecciones, las cuales Estados Unidos ha señalado que es poco probable que reconozca en su forma actual.Algunos nicaragüenses se han marchado por temor a un regreso a la violencia callejera que traumatizó al país en 2018, cuando paramilitares favorables al gobierno y fuerzas policiales interrumpieron las protestas de la oposición y mataron a más de 300 personas.“Tengo miedo de que venga otra masacre”, dijo Jeaneth Herrera, quien vende pan de elote tradicional en las calles de Managua. Sus ventas se han desplomado en meses recientes pues, dijo, la incertidumbre política ha elevado los precios de alimentos. “Yo no veo futuro aquí”.Los hombres y mujeres detenidos, algunos de los cuales ocuparon altos cargos sandinistas, han sido acusados de crímenes que van desde la conspiración hasta el lavado de dinero y el homicidio, imputaciones que, según familiares y asociados, son falsas. La mayoría pasó semanas o meses en la cárcel antes de tener contacto alguno con sus parientes o abogados.Varias de las personas arrestadas son septuagenarias y tienen problemas de salud. Según los familiares, compartieron la cárcel con otros presos y no tuvieron acceso a doctores independientes ni a que sus parientes les entregaran medicamentos.Un general sandinista retirado, Hugo Torres, fue arrestado a pesar de que había dirigido un ataque que le ayudó a Ortega a escapar de la cárcel de Somoza en la década de 1970, con el cual es probable que le haya salvado la vida. El exministro sandinista Víctor Hugo Tinoco fue detenido y la policía registró su casa durante horas enfrente de su hija, Cristian Tinoco, quien tiene cáncer terminal.Cristian Tinoco, hija de Hugo Tinoco, exviceministro de Exteriores, en la habitación de su padre, tras un operativo policial en junioInti Ocón para The New York TimesLa policía también irrumpió de noche en la casa del candidato presidencial Miguel Mora y lo sacó a rastras frente a su hijo Miguel, quien tiene parálisis cerebral, dijo la esposa de Mora, Verónica Chávez.“Esa noche repetía ‘¿Dónde está papá?’”, mencionó Chávez. “Parecía que estábamos en un corto de terror”.Los casos en contra de los prisioneros políticos se llevan en cortes cerradas sin la participación de asesores legales. Esto ha significado que los parientes y la ciudadanía desconocen qué evidencia se ha presentado, lo que agrava el clima de temor.Quienes intentaron documentar el proceso legal —familiares, abogados, periodistas— dicen que fueron amenazados o enfrentaron acusaciones similares y, en algunos casos, se vieron obligados a huir del país o esconderse. Un abogado de uno de los candidatos encarcelados fue arrestado a fines del mes pasado por ser miembro de un partido de oposición.“Nadie de nadie sabe de qué les están acusando, qué exactamente está en los casos”, dijo Boanerges Fornos, abogado nicaragüense que representaba a algunos de los políticos detenidos antes de huir del país en junio. “Hay una destrucción sistemática del aparato de información no oficial. Al régimen le gusta operar en la oscuridad”.Luego de desmantelar a los partidos de oposición y encarcelar a sus candidatos, el gobierno dirigió sus ataques a otros con puntos de vista independientes: el clero, los periodistas, abogados e incluso los médicos. En las últimas semanas, el gobierno ha dicho que los obispos católicos de Nicaragua son “hijos del demonio”, amenazaron a los médicos que dieron la alarma sobre una nueva ola de COVID-19 y tomaron las instalaciones del mayor diario del país, La Prensa.La incertidumbre detrás de los arrestos aparentemente arbitrarios ha hecho que la situación sea más difícil de soportar para los familiares de las víctimas.Verónica Chávez, periodista y esposa del candidato detenido Miguel Mora, en su casa de Managua.Inti Ocón para The New York Times“Ya tienen listo su tablero de ajedrez y uno solo es un peón”, dijo Uriel Quintanilla, un músico nicaragüense cuyo hermano, Alex Hernández, es un activista de oposición que fue detenido recientemente.Desde entonces, dijo Quintanilla, no ha tenido noticias de su hermano ni de los cargos que se le imputan.“El jaque mate en tu contra ya está planeado, nada más no sabes cuándo te va a llegar”.Alex Villegas colaboró con este reportaje desde San José, Costa Rica.Anatoly Kurmanaev es un corresponsal con sede en Ciudad de México desde donde cubre México, Centroamérica y el Caribe. Antes de integrarse a la corresponsalía de México en 2021, pasó ocho años reportando desde Caracas sobre Venezuela y la región vecina. @akurmanaev More

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      ‘Everyone Is on the List’: Fear Grips Nicaragua as It Veers to Dictatorship

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      A crackdown on opposition by President Daniel Ortega leaves Nicaraguans to wonder: Who is next?MANAGUA, Nicaragua — The nights were the hardest.From the moment Medardo Mairena decided to run for president, in direct challenge to Nicaragua’s authoritarian leader, he was certain the security apparatus would eventually come for him.Over the summer, he watched as other opposition leaders disappeared. One by one, they were dragged from their homes amid a nationwide crackdown on dissent by the president, Daniel Ortega, whose quest to secure a fourth term had plunged the Central American nation into a state of pervasive fear.Since June, the police have jailed or put under house arrest seven candidates for November’s presidential election and dozens of political activists and civil society leaders, leaving Mr. Ortega running on a ballot devoid of any credible challenger and turning Nicaragua into a police state.Mr. Mairena himself was banned from leaving Managua. Police patrols outside his house had scared away nearly all visitors, even his family.During the day, Mr. Mairena kept busy, campaigning over Zoom and scanning official radio announcements for clues to the growing repression. But at night he lay awake, listening for sirens, certain that sooner or later the police would come and he would disappear into a prison cell.“The first thing I ask myself in the morning is, when are they coming for me?” Mr. Mairena, a farmers’ rights activist, said in a telephone interview in late June. “It’s a life in constant dread.”His turn came just days after the call. Heavily armed officers raided his home and took him away late on July 5.He had not been heard from until last Wednesday, when relatives were allowed one brief visit. They said they found him emaciated and sick, completely disconnected from the outside world.Relatives of arrested presidential candidates visiting the jail in Managua where they were being held earlier this summer.Inti Ocón for The New York TimesGovernment critics say the unpredictability and speed of the wave of arrests have turned Nicaragua into a more repressive state than it was during the early years of the dictatorship of Anastasio Somoza, who was overthrown in 1979 by the Sandinista Revolutionary Movement led by Mr. Ortega and several other commanders. The Sandinistas governed the country until losing democratic elections and ceding power in 1990. In 2007, Mr. Ortega returned as president.After 14 years in power, unpopular and increasingly isolated from Nicaraguan society in his gated compound, Mr. Ortega appears intent on avoiding any real electoral competition. The five presidential candidates still on the ballot with him are little-known politicians with a history of collaboration with the government. Few in Nicaragua consider them genuine challenges to Mr. Ortega.The crackdown, which has extended to critics from any social realm, has spared no political dissidents, no matter their personal circumstances or historical ties to Mr. Ortega.The victims of persecution have included a millionaire banker and a Marxist guerrilla, a decorated general and a little-known provincial activist, student leaders and septuagenarian intellectuals. No government detractors feel safe from the sudden night raids, whose only certainty has been their constancy, more than 30 Nicaraguans affected by the crackdown said in interviews.“Everyone is on the list,” said one Nicaraguan businessman, whose family home was raided by the police and who spoke on condition of anonymity for fear of reprisal. “You’re just trying to figure out how high or low your name is on it, based on the latest arrest.”The wave of repression and fears of political violence have pushed thousands of Nicaraguans to flee the country in recent months, threatening to worsen a mass migration crisis at a time when the Biden administration is already struggling with record numbers of immigrants trying to cross the southern border.The number of Nicaraguans encountered by U.S. border guards has exploded since the crackdown, with a total of almost 21,000 crossing in June and July, compared with fewer than 300 in the same months last year, according to the Department of Homeland Security. About 10,000 more Nicaraguans have crossed south into neighboring Costa Rica in the same months, according to the country’s migration agency.A church in Masaya, where journalists and civilians were attacked by members of the governing party in July.Inti Ocón for The New York TimesThe exodus has included the rich as well as the poor and is driven as much by fears of escalating violence as by concerns over a looming economic crisis in a country heading steadily toward international isolation.Dozens of prominent Nicaraguan businessmen have quietly left for Miami in recent months, halting their investments in the country, according to interviews with several entrepreneurs who did not want to be quoted for fear of reprisals. And most international development banks, whose loans have propped up the Nicaraguan economy in recent years, are expected to stop disbursing new funds following the elections, which the United States has said it is unlikely to recognize in their current form.Some Nicaraguans have left out of fear of a return of the street violence that traumatized the country in 2018, when pro-government paramilitaries and police forces broke up opposition protests, killing more than 300.“I’m scared that another massacre is coming,” said Jeaneth Herrera, who sells traditional cornbread on the streets of Managua. Her sales have fallen sharply in recent months, she said, as political uncertainty has pushed up food prices. “I don’t see a future here.”The detained men and women, some of them top former Sandinistas, have been charged with crimes ranging from conspiracy to money laundering and murder, accusations their families and associates say are trumped up. Most spent weeks, or months, in jail before any communication with relatives or lawyers.Several of those arrested are in their 70s and have health problems. They were put in the same jail as other prisoners, relatives said, and denied access to independent doctors or to medicines delivered by relatives.A retired Sandinista general, Hugo Torres, was arrested despite having staged a raid that helped Mr. Ortega break out of Mr. Somoza’s jail in the 1970s, potentially saving his life. The former Sandinista minister Víctor Hugo Tinoco was detained and his house ransacked for hours by the police in front of his daughter, Cristian Tinoco, who has terminal cancer.Cristian Tinoco, the daughter of Hugo Tinoco, a former vice foreign minister,  in his room after a police raid in June. Inti Ocón for The New York TimesThe police also smashed into the presidential candidate Miguel Mora’s home at night and dragged him out in the presence of his son Miguel, who has cerebral palsy, said Mr. Mora’s wife, Verónica Chávez.“He kept repeating that night, ‘Where is Papa?’” Ms. Chávez said. “It felt like living in a horror movie.”The cases against the political prisoners are being heard in closed courts without the presence of legal counsel. This has left their relatives and the public in the dark about the evidence presented, adding to the climate of fear.Those who tried documenting the legal process — relatives, lawyers, journalists — say they were threatened or faced with similar accusations, and in some cases forced to flee the country or go into hiding. A lawyer for one of the jailed candidates was himself arrested late last month for being a member of an opposition party.“Absolutely no one has any idea what they are accused of, or what’s in their cases,” said Boanerges Fornos, a Nicaraguan lawyer who represented some of the detained politicians before fleeing the country in June. “There’s a systematic destruction of all nonofficial sources of information. The regime likes to operate in the dark.”After dismantling opposition parties and jailing their candidates, the government shifted its attacks to others with independent views: the clergy, journalists, lawyers, even doctors. In the past few weeks, the government has called Nicaragua’s Catholic bishops “children of demons,” threatened the medics who raised alarm about a new Covid-19 wave and taken over the installations of the country’s biggest newspaper, La Prensa.The uncertainty behind the seemingly arbitrary arrests has made the situation harder to bear for the victims’ families.Verónica Chávez, a journalist and the wife of the detained candidate Miguel Mora, at her home in Managua.Inti Ocón for The New York Times“They have their chess board already set up, and you’re just a pawn on it,” said Uriel Quintanilla, a Nicaraguan musician whose brother Alex Hernández, an opposition activist, was recently detained.Since then, Mr. Quintanilla said, he has not heard news of his brother or the charges against him.“The check and mate against you have already been planned out,” he said. “We merely don’t know at what moment it will come.”Alex Villegas contributed reporting from San José, Costa Rica. More

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      Pulling Levers in Exile, Belarus Opposition Leader Works to Keep Her Influence Alive

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      As a crackdown widens in her country, Svetlana Tikhanovskaya is trying to build a broad phalanx of Western opposition to a dictatorship that she says is on its “last breaths.”VILNIUS, Lithuania — She has met Chancellor Angela Merkel of Germany, and President Emmanuel Macron of France. Just this week, she was feted in Washington, where she was received by Secretary of State Antony Blinken.But while Svetlana Tikhanovskaya, the unlikely pro-democracy leader from Belarus, may have little trouble getting a meeting, her high-flying company only underscores her predicament.It’s been almost a year since Ms. Tikhanovskaya was forced to flee Belarus after claiming victory in presidential elections. Now the challenge she faces is how to maintain influence in Belarus from abroad. The support of Western leaders may help, but goes only so far.Still, the meetings are part Ms. Tikhanovskaya’s strategy to build a broad Western phalanx against the Belarus dictator, Alexander Lukashenko, who has limited her ability to challenge him inside the country, where her return would mean certain imprisonment.Only months ago, hundreds of thousands of protesters took to the streets to demand that Mr. Lukashenko resign. It was a rare democratic outburst in an eastern European country — outside the European Union and NATO — that has carefully tried to maneuver between Russia and the West, but has turned to Moscow as a primary source of support.But now opposition figures are disappearing into prisons, and protests are dwindling.“Now it’s impossible to fight openly,” Ms. Tikhanovskaya said. “It’s difficult to ask people to go out for demonstrations because of a sense of fear. They see the brutality of the regime, that the most outstanding leaders and prominent figures are in jail. It’s really scary.”An opposition rally protesting the official presidential election results in Minsk, Belarus, in October, 2020.Associated PressUnable to encourage protests inside Belarus, and with Moscow supporting Mr. Lukashenko, Ms. Tikhanovskaya is using the primary tool available to her in exile: Western support.This week, she had meetings at the State Department, the White House, the Senate and attended the launch of the Friends of Belarus Caucus in the House of Representatives.“I asked the U.S. to be the guarantors of our independence,” she told the Voice of America on Tuesday after meeting with Jake Sullivan, the national security adviser.In a series of meetings, she sought more comprehensive sanctions on Belarus’s elites and businesses, to show them that it was “becoming more costly for them to support Lukashenko.”Though there were statements of support and admiration from members of Congress and the Washington elite, no new measures were announced.She and her team also sought to postpone a nearly $1 billion planned disbursement by the International Monetary Fund to Belarus, but have so far been unable to convince the institution to cancel the payment.Ms. Tikhanovskaya’s trip will continue in New York, San Francisco and Los Angeles, underscoring the value of Western support — and its limits.Her task, she said in an interview in Vilnius, Lithuania, where she and her team have made their base, was to convince her international supporters that change can come to Belarus with their assistance.“We can’t postpone this aim because we postpone freedom of our prisoners and we have to convince other countries in this as well,” she said before leaving for the United States.Supporters of Ms. Tikhanovskaya rallied in June in Warsaw, Poland, where they held up posters of prominent opposition bloggers who are in detention.Omar Marques/Getty Images“And with these detentions, with this violence, they show that they don’t have other methods of persuading people that they are strong, except violence,” she said. “It can’t last long, really. This is like the last breaths before death, because you can’t tighten the screws endlessly.”Some who support Ms. Tikhanovskaya’s movement worry about how it can remain relevant inside Belarus with its leader abroad.“When you are abroad in a safe situation, then all your calls to action will be very skeptically accepted in Belarus,” said Pavel Slunkin, a visiting fellow at the European Council on Foreign Relations and a former Belarusian diplomat.Ms. Tikhanovskaya was clear that local actors make the decisions, and that when she sought funding, it was for supporters in Belarus. “When they are ready, it’s they who decide, not us,” she said.Mr. Slunkin acknowledged that Ms. Tikhanovskaya has been a tireless and effective advocate for her country internationally. Even so, the repression in Belarus is widening.This month, the Belarus Supreme Court sentenced Viktor Babariko, a former bank chief who was barred from running for president in elections last August, to 14 years in prison for bribery and money laundering in a verdict widely seen as politically motivated.On July 14, Belarusian law enforcement officers conducted what Amnesty International called an “unprecedented wave of searches and detentions,” raiding the offices of at least a dozen civil society and human rights organizations and opposition groups.In the past year, more than 35,000 people have been detained, according to the United Nations. Tens of thousands of Belarusians have fled abroad. The list of political prisoners kept by the human rights organization Viasna, itself raided recently, includes 577 individuals.In May, a European plane traveling through Belarus’ airspace was forced to land in Minsk, where Roman Protasevich, a prominent Belarusian dissident aboard, was seized.Belarus riot police detaining a demonstrator during an opposition rally in Minsk, Belarus, in 2020.Associated PressThe environment was “very dangerous,” Ms. Tikhanovskaya acknowledged, but she insisted she and her supporters could still be effective.“God bless the internet,” she said. “I am in constant dialogue with people who are on the ground. I don’t feel like I am in exile.”There are complications as she tries to coordinate the opposition from Lithuania, which borders Belarus and where she and her team were give special diplomatic status in early July.“The more time you spend abroad, the more time you are detached from the public you represent,” Artyom Shraibman, founder of Sense Analytics and a nonresident fellow at the Carnegie Moscow Center, said by phone from his self-imposed exile from Belarus in Ukraine.“If we are honest, spending a year outside of the country where the society is changing and you have not been observing it — you are only communicating with the part of society that is as engaged as you are.”Many experts, like Mr. Slunkin, believe the key way to resolve the crisis is to increase the price of Russian support for Belarus. Ms. Tikhanovskaya has been careful not to criticize Moscow openly, but neither have they succeeded in reaching out to Russian officials.“She is being perceived by many as being pro-Western, and unacceptable to Moscow, which is true,” Mr. Shraibman said. “And this is not her choice.”President Alexander Lukashenko of Belarus with his primary backer, President Vladimir V. Putin of Russia, in May.Pool photo by Sergei IlyinWith everything she does, Ms. Tikhanovskaya said, she is mindful of how her actions can affect people behind bars in Belarus, including her husband, Sergei Tikhanovsky, who ran a popular YouTube channel before announcing his own candidacy for president.He, like Mr. Babariko, and a prominent opposition politician, Valery Tsepkalo, was barred from running and jailed ahead of the ballot. Ms. Tikhanovskaya collected signatures for her candidacy and ran in the place of her husband.In detention since May 2020, he is currently on trial, accused of organizing riots and “inciting social hatred.”“I’m always keeping in mind that my husband is a hostage, the same as thousands of people,” Ms. Tikhanovskaya said.But she was adamant that she wants to keep the promise she campaigned on last August: new elections in which she is not necessarily on the ballot.“I’m the same woman, already with experience, already with more braveness than I had before. But look, I’m not I’m not making my career here. After elections, I will step away from all this with ease.” More

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      Daniel Ortega está destrozando el sueño nicaragüense

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      ¿Vendrán por mí? ¿Qué se sentirá ser encarcelada por la misma gente con la que peleé hombro a hombro para derrocar la dictadura de 45 años de los Somoza en Nicaragua, mi país?En 1970, me uní a la resistencia urbana clandestina del Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocido como FSLN. Tenía 20 años. La larga y sangrienta lucha para librarnos de Anastasio Somoza Debayle ahora es un recuerdo que produce un orgullo agridulce. Alguna vez fui parte de una generación joven y valiente dispuesta a morir por la libertad. De los diez compañeros que estaban en mi célula clandestina, tan solo sobrevivimos dos. El 20 de julio de 1979, tres días después de que Somoza fue expulsado gracias a una insurrección popular, entré caminando a su búnker en una colina desde donde se veía Managua, llena del sentimiento de haber logrado lo imposible.Ninguna de esas ilusiones sobrevive el día de hoy. En retrospectiva, para mí está claro que Nicaragua también pagó un costo demasiado alto por esa revolución. Sus jóvenes líderes se enamoraron demasiado de sí mismos; pensaron que podíamos superar todos los obstáculos y crear una utopía socialista.Miles murieron para derrocar a Anastasio Somoza y muchos más perdieron la vida en la guerra de los contras que le siguió. Ahora, el hombre que alguna vez fue elegido para representar nuestra esperanza de cambio, Daniel Ortega, se ha convertido en otro tirano. Junto con su excéntrica esposa, Rosario Murillo, gobiernan Nicaragua con puño de hierro.Ahora que las elecciones de noviembre se acercan cada vez más, la pareja parece poseída por el miedo de perder el poder. Atacan y encarcelan a quien consideren un obstáculo para ellos. En las últimas semanas, encarcelaron a seis candidatos presidenciales y arrestaron a muchas personas más, entre ellas a figuras revolucionarias prominentes que alguna vez fueron sus aliadas. El mes pasado, incluso fueron tras mi hermano. Para evitar ser capturado, huyó de Nicaragua. No estaba paranoico: tan solo unos días más tarde, el 17 de junio, más de una veintena de policías armados hicieron una redada en su casa; lo estaban buscando. Su esposa estaba sola. Buscaron en cada rincón y se fueron después de cinco horas.La noche siguiente varios hombres enmascarados y armados con cuchillos y un rifle entraron a robar a su casa. Se escuchó a uno de ellos decir que era un “segundo operativo”. Otro amenazó con matar a su esposa y violar a mi sobrina, que había llegado para pasar la noche con su madre. Ortega y Murillo parecen estar usando la forma más cruda de terror para intimidar a sus opositores políticos.En lo personal, nunca admiré a Ortega. A mí siempre me pareció un hombre mediocre e hipócrita, pero su experiencia en la calle le permitió aventajar a muchos de sus compañeros.En 1979, fue la cabeza del primer gobierno sandinista y el presidente de 1984 a 1990. La derrota frente a Violeta Chamorro en las elecciones de 1990 dejó una cicatriz en la psique de Ortega. Regresar al poder se volvió su única ambición. Después del fracaso electoral, muchos de nosotros quisimos modernizar el movimiento sandinista. Ortega no aceptó nada de eso. Consideró nuestros intentos de democratizar el partido como una amenaza a su control. A quienes no estuvimos de acuerdo con él nos acusó de venderle el alma a Estados Unidos, y se rodeó de aduladores. Su esposa se puso de su lado aun después de que su hija acusó a Ortega, su padrastro, de haber abusado sexualmente de ella a la edad de 11 años, un escándalo que habría sido el fin de la carrera de otro político.De hecho, Murillo, a quien se le ha caracterizado como una Lady Macbeth tropical, renovó la imagen de Ortega con astucia luego de que este perdió dos elecciones más. Sus ideas New Age aparecieron en símbolos de amor y paz y pancartas pintadas con colores psicodélicos. De manera muy conveniente, Ortega y su esposa se metamorfosearon en católicos devotos tras décadas de ateísmo revolucionario. Para tener a la Iglesia católica más de su lado, su némesis en la década de 1980, Ortega accedió a respaldar una prohibición total al aborto. También firmó en 1999 un pacto con el presidente Arnoldo Alemán, quien luego fue declarado culpable de corrupción, para llenar puestos de gobierno con cantidades iguales de partidarios. A cambio, el Partido Liberal Constitucionalista de Alemán accedió a reducir el porcentaje de votos necesarios para ganar la presidencia.Funcionó. En 2006, Ortega ganó con tan solo el 38 por ciento de los votos. En cuanto asumió el cargo, comenzó a desmantelar instituciones estatales ya de por sí debilitadas. Obtuvo el apoyo del sector privado al permitirle tener voz y voto en las decisiones económicas a cambio de que aceptara sus políticas. Modificó la Constitución, la cual prohibía expresamente la reelección, para que se permitiera una cantidad indefinida de reelecciones. Luego, en 2016, en la campaña para su tercer periodo, Ortega eligió a su esposa para la vicepresidencia.Ortega y Murillo parecían haber asegurado su poder hasta abril de 2018, cuando un grupo de esbirros sandinistas reprimió con violencia una pequeña manifestación en contra de una reforma que iba a reducir las pensiones de seguridad social. Varias protestas pacíficas arrasaron todo el país. Ortega y Murillo reaccionaron con furia y combatieron la revuelta con balas: 328 personas fueron asesinadas, 2000 lesionadas y 100.000 exiliadas, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Paramilitares armados deambularon por las calles matando a diestra y siniestra, y los hospitales tenían la orden de negar la asistencia médica a los manifestantes heridos. Los doctores que desobedecieron fueron despedidos. El régimen impuso un estado de emergencia de facto y suspendió los derechos constitucionales. Se prohibieron las manifestaciones públicas de cualquier índole. Nuestras ciudades fueron militarizadas. Ortega y Murillo justificaron estas acciones con una gran mentira: el levantamiento era un golpe de Estado planeado y financiado por Estados Unidos.Las siguientes elecciones de Nicaragua están programadas para el 7 de noviembre. A finales de la primavera, los dos principales grupos de oposición acordaron elegir a un candidato bajo el cobijo de Alianza Ciudadana. Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Chamorro, tuvo un sólido respaldo en las encuestas. Poco después de que anunció su intención de contender por la presidencia, le impusieron un arresto domiciliario. El gobierno parece haber fabricado un caso de lavado de dinero con la noción equivocada de que eso iba a legitimar su arresto. Le siguieron más detenciones: otros cinco candidatos a la presidencia, periodistas, un banquero, un representante del sector privado, dos contadores que trabajaban para la fundación de Cristiana Chamorro y hasta su hermano, todos ellos acusados bajo leyes nuevas y de una ambigüedad conveniente que en esencia hacen que cualquier tipo de oposición a la pareja en el poder sea un delito de traición. Ortega insistió en que todos los detenidos eran parte de una inmensa conspiración apoyada por Estados Unidos para derrocarlo.Ahora, los nicaragüenses nos encontramos sin ningún recurso, ninguna ley, ninguna policía que nos proteja. Una ley que le permite al Estado encarcelar hasta por 90 días a las personas que estén bajo investigación ha remplazado el habeas corpus. La mayoría de los presos no ha podido ver a sus abogados ni a sus familiares. Ni siquiera estamos seguros de dónde los tienen detenidos. Por las noches, muchos nicaragüenses se van a la cama con el temor de que su puerta sea la siguiente que derribe la policía.Soy poeta, soy escritora. Soy una crítica manifiesta de Ortega. Tuiteo, doy entrevistas. Con Somoza, me juzgaron por traición. Tuve que exiliarme. ¿Ahora enfrentaré la cárcel o de nuevo el exilio?¿Por quién irán después?Gioconda Belli es una poeta y novelista nicaragüense. Fue presidenta del centro nicaragüense de PEN International. More

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      Daniel Ortega and the Crushing of the Nicaraguan Dream

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      Will they come for me? What will it be like to be jailed by the same people I fought alongside to topple the 45-year Somoza dictatorship in Nicaragua, my country?I joined the clandestine urban resistance of the Sandinista National Liberation Front, known as the FSLN, in 1970. I was 20. The long and bloody struggle to get rid of Anastasio Somoza Debayle is now a bittersweet memory of pride. I was once part of a brave young generation willing to die for freedom. Of the 10 “compañeros” who were in my clandestine cell, only two of us survived. On July 20, 1979, three days after Mr. Somoza was forced out by a popular insurrection, I walked into his office bunker on a hill overlooking Managua, filled with the empowering feeling that the impossible had been made possible.None of those illusions survive today. It is clear to me, looking back, that Nicaragua paid too high a cost for that revolution. Its young leadership became too enamored of itself; it thought we could defy the odds and create a socialist utopia.Thousands died to topple that dictator, and many more lost their lives in the Contra war that followed. Now, the man once chosen to represent our hope for change, Daniel Ortega, has become another tyrant. Along with his eccentric wife, Rosario Murillo, they rule Nicaragua with an iron fist.As the November elections approach, the couple seem possessed by the fear of losing power. They lash out and imprison whoever they think might stand in their way. In the past month, they have jailed five presidential candidates and arrested many others, including iconic revolutionary figures who were once their allies. Last month they even came for my brother. To avoid capture, he left Nicaragua. He wasn’t paranoid: Just a few days later, on June 17, over two dozen armed police officers raided his house looking for him. His wife was alone. They searched every corner and left after five hours. The next night several masked men armed with knives and a rifle robbed his house. One of them was heard to say it was a “second operation.” Another threatened to kill his wife and rape my niece who had arrived to spend the night with her mother. Mr. Ortega and Ms. Murillo appear to be using the crudest form of terror to intimidate their political opponents.I never admired Mr. Ortega personally. To me, he always seemed like a duplicitous, mediocre man, but his street smarts allowed him to outwit many of his companions. He was the head of the first Sandinista government in 1979 and president from 1984 to 1990. Losing the election to Violeta Chamorro in 1990 scarred Mr. Ortega’s psyche. Returning to power became his sole ambition. After the electoral defeat many of us wanted to modernize the Sandinista movement. Mr. Ortega would have none of it. He viewed our attempts to democratize the party as a threat to his control. He accused those who disagreed with him of selling our souls to the United States, and he surrounded himself with sycophants. His wife sided with him even after her daughter accused Mr. Ortega, her stepfather, of sexually abusing her from the age of 11, a scandal that might have ended another politician’s career.In fact, Ms. Murillo, who has been characterized as a tropical Lady Macbeth, cleverly reshaped his image after he ran in two more elections and lost. Her New Age ideas appeared in symbols of peace and love and banners painted with psychedelic colors. Rather conveniently, Mr. Ortega and his wife metamorphosed into devout Catholics after decades of revolutionary atheism. To further win over the Catholic Church, Mr. Ortega’s nemesis in the ’80s, he agreed to back a complete ban on abortion. He had also signed a pact in 1999 with President Arnoldo Alemán, who would later be found guilty of corruption, to stack government posts with equal shares of loyalists. In exchange, Alemán’s Liberal Party agreed to lower the percentage of votes needed to win the presidency.It worked. In 2006, Mr. Ortega won with only 38 percent of the vote. No sooner did he take office than he set about dismantling already weak state institutions. He obtained the support of the private sector by giving it a say in economic decisions in exchange for acquiescence to his politics. He trampled on the Constitution, which expressly forbade re-election, to allow for indefinite re-elections. Then, in his run for his third term in 2016, he chose his wife to be vice president.Mr. Ortega and Ms. Murillo seemed securely in power until April 2018, when a small demonstration against a reform that would have lowered social security pensions was violently repressed by Sandinista thugs. The entire country was swept by peaceful protests. Mr. Ortega and Ms. Murillo reacted with fury and crushed the revolt with firepower: 328 people were killed, 2,000 were wounded, and 100,000 went into exile, according to the Inter-American Commission on Human Rights. Armed paramilitaries roamed the streets in a killing spree, and hospitals were ordered to deny assistance to wounded protesters. Doctors who disobeyed were fired. The regime imposed a de facto state of emergency and suspended constitutional rights. Public demonstrations of any sort were banned. Our cities were militarized. Mr. Ortega and Ms. Murillo justified their actions by fabricating a big lie: The uprising was a coup planned and financed by the United States.Nicaragua’s next elections are scheduled for Nov. 7. In late spring, the two major opposition groups agreed to choose one candidate under the umbrella of the Citizens Alliance. Cristiana Chamorro, daughter of former President Chamorro, had strong showings in the polls. Soon after she announced her intent to run for president she was placed under house arrest. The government appears to have fabricated a case of money laundering in its deluded notion that this would legitimize her detention. More arrests followed: four more presidential candidates, journalists, a banker, a private sector representative, two accountants who worked for Cristiana Chamorro’s foundation and even her brother, all of them accused under new and conveniently ambiguous laws that essentially make any opposition to the ruling couple a treasonous crime. Mr. Ortega insisted that all the detainees are part of a vast U.S.-sponsored conspiracy to overthrow him.Nicaraguans now find ourselves with no recourse, no law, no police to protect us. Habeas corpus has been replaced by a law that allows the state to imprison people who are under investigation for up to 90 days. Most of the prisoners have not been allowed to see their lawyers or members of their families. We are not even sure where they are being held. Every night, too many Nicaraguans go to bed afraid that their doors will be the next that the police will break down.I am a poet, a writer. I am an outspoken critic of Mr. Ortega. I tweet, I give interviews. Under Mr. Somoza, I was tried for treason. I had to go into exile. Will I now face jail or exile again?Who will they come for next?Gioconda Belli is a Nicaraguan poet and novelist. She is the former president of the Nicaraguan PEN center.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

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      in Elections

      Iran Activists Urge Election Boycott. Raisi Likely Winner.

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      In a soft pleading voice, the white-haired woman in the video implores, “For the sake of my son, Pouya Bakhtiari, don’t vote.” She holds the young man’s photo, and continues, “Because of the bullet they shot at his head and shattered his dreams, don’t vote.” In a second video, another mother, sitting next to a gravestone, echoed the same message: “At 30, my son lies under a huge pile of dirt.” A third woman described her 18-year-old son as full of hope, until Nov. 17, 2019, when a bullet pierced his heart.“Voting means betrayal,” she added.Videos like these, circulating on Iranian activists’ social media accounts with the hashtag that in Persian means #notovoting, have been appearing in increasing numbers in the weeks and months leading up to Iran’s presidential election on Friday. Some of the videos have been made by parents who say their children were shot dead during antigovernment protests over the last few years. Others are by the parents of political prisoners who were executed by the regime in the 1980s, as well as by the families of those who died in the Ukrainian passenger plane that crashed last year shortly after takeoff from Tehran. (Iran’s military said it mistakenly shot down the plane).What’s remarkable about the videos is their audacity: that Iranians are speaking up, seemingly without fear, about boycotting an election in an authoritarian country whose leaders rarely tolerate open displays of dissent. Iranians have had enough. And besides, what’s the point of voting when the result is predetermined?The call for an election boycott seems to be resonating: a recent poll by the state-run Iranian Student Polling Agency predicts that turnout will be as low as 40 percent — the lowest since the 1979 revolution.A low turnout in Friday’s election would certainly signal a rejection of the Islamic regime. But not voting will also give the regime exactly what it wants: a near-certain assurance that its handpicked candidate, Ebrahim Raisi, a cleric who is close to Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps, will win.Of course, the regime has done its part as well for Mr. Raisi. Last month, the Guardian Council, the body that vets election candidates, rejected all the potential candidates except for Mr. Raisi and six relatively unknown figures.Even insiders to the regime were reportedly stunned that the council had gone so far as to bar a current vice president, Eshaq Jahangiri, and a former speaker of Parliament, Ali Larijani.To be sure, the Guardian Council has rejected other presidential hopefuls over the past four decades. But this time it’s especially significant because the supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, is 82, which raises the issue of succession. Hard-liners within the Revolutionary Guards are grooming Mr. Raisi to take his place, making his election into office even more important. The ayatollah’s support for Mr. Raisi is no secret. After Mr. Raisi failed a bid for the presidency in 2017, Ayatollah Khamenei made him head of the judiciary two years later.The tightly controlled process has led many Iranians to question the entire exercise. And institutions such as the Guardian Council, which is controlled by Ayatollah Khamenei, have stymied any democratic change and crippled the efforts of presidents who have tried to introduce political and social freedoms. (Two presidential candidates during the 2009 race, Mehdi Karroubi and the former Prime Minister Mir Hossein Mousavi, who campaigned on a platform of delivering democratic reforms, remain under house arrest. The regime at the time suppressed massive protests in the aftermath of what was seen as a widely disputed election.)The campaign to boycott the election highlights the rising levels of both anger and apathy toward the regime, at a time when the economy has been suffering under the weight of U.S. sanctions, as well as mismanagement and corruption by Iranian officials. The government also badly botched the Covid-19 pandemic, leaving more than 82,000dead so far. In addition, the regime has brutally cracked down on protests that have erupted since 2009, mostly over worsening economic conditions.Those boycotting the vote include a wide group of people inside and outside Iran, including many who formerly used to be sympathetic to the regime, such as the former President Mahmoud Ahmadinejad, Mr. Mousavi and Faezeh Hashemi, the daughter of former President Akbar Hashemi Rafsanjani. Last month, over 230 prominent activists signed an open letter calling for an election boycott and stated that their goal is to bring “nonviolent transition from the Islamic Republic to the rule of the people.”Unsurprisingly, Ayatollah Khamenei has branded those pushing for a boycott as enemies and has urged Iranians to go to the polls. Here lies the regime’s dilemma: Iran’s leadership wants just enough turnout to legitimize Mr. Raisi’s victory, but not so much that the result might demonstrate how unpopular he really is.During his campaign trips in recent weeks, Mr. Raisi has sought to cast himself as a man of the people and has promised to fight corruption. He talked to people who approached him about pending court cases, depicting himself as an accessible man. But his past as head of the judiciary is testament to what may lie ahead under his rule. Young activists were tried behind closed doors and executed. As a young cleric, he signed off on the executions of thousands of political prisoners in 1988.Boycotting the elections, for a population that is deeply scarred, is understandable. But sadly, a boycott this time may cement the hard-liners’ grip on power for many years to come.Nazila Fathi is the author of “The Lonely War: One Woman’s Account of the Struggle for Modern Iran.” She is a fellow at the Washington-based Middle East Institute. She lives in Maryland.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

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      in Elections

      En Nicaragua se profundiza la represión y la democracia peligra

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      Durante la presidencia de Daniel Ortega, el país está a un paso de convertirse en un Estado de partido único. Las acusaciones de lavado de dinero contra su principal rival agudizan las preocupaciones.MANAGUA, Nicaragua — Los candidatos de la oposición han sido detenidos. Las protestas se han prohibido. Y los partidos políticos han sido descalificados.A meses de postular a la reelección, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, deja al país a un paso de convertirse en un Estado de partido único, al tomar medidas drásticas contra la oposición a un grado que no se ha visto desde la brutal represión de las protestas antigubernamentales de 2018, dicen los expertos.Las medidas agresivas de Ortega son un inesperado desafío para la gestión de Biden, que ha hecho del fortalecimiento a las democracias centroamericanas un pilar de su política exterior en la región.La mano dura de Ortega alcanzó un punto de inflexión el miércoles, luego de que su gobierno acusó a Cristiana Chamorro, una de las principales candidatas de oposición, de lavado de dinero y “falsedad ideológica” y la puso bajo arresto domiciliario horas después de anunciar sus planes de postular a la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre. Otro candidato, Arturo Cruz, fue detenido el sábado por la policía por supuestamente “conspirar contra la sociedad nicaragüense”.La policía ha confinado a sus hogares a otros tres aspirantes presidenciales, que no han sido acusados formalmente de ningún cargo, lo que en la práctica impide que realicen campañas electorales.“Ortega está a punto de acabar con toda la competencia política en el país”, comentó Eliseo Núñez, un analista político y activista opositor nicaragüense. “Estamos muy cerca de llamar a esto de una dictadura”.La velocidad con que Nicaragua se ha precipitado hacia el autoritarismo ha tomado por sorpresa incluso a muchos de los oponentes de Ortega.Ortega, otrora líder de la junta revolucionaria de Nicaragua, ha desmantelado gradualmente las instituciones democráticas del país y sofocado la disidencia desde que regresó al poder en 2007 tras ganar unas elecciones democráticas. Más de 320 personas, en su mayoría manifestantes, murieron en protestas contra su gobierno en 2018, lo que la convierte en la peor ola de violencia política en América Latina en tres décadas.Las protestas ayudaron a sumir a uno de los países más pobres de la región en una recesión económica prolongada y condujeron a la imposición de sanciones estadounidenses contra los principales funcionarios de Ortega, incluida su esposa, Rosario Murillo, quien es la vicepresidenta y su portavoz.Ortega, intentando aliviar la presión económica e internacional, inició un diálogo con la oposición tras las protestas y estableció un plazo con la Organización de Estados Americanos el año pasado para lograr que el sistema electoral nicaragüense sea más justo.Pero al acercarse el plazo para la reforma, Ortega viró radicalmente hacia la represión. Ha nombrado a sus partidarios al consejo supremo electoral. Introdujo una serie de leyes que permiten a sus funcionarios detener o descalificar a cualquier ciudadano que haya expresado críticas al presidente, incluidos periodistas y políticos.“Ortega hizo todo lo contrario de lo que se esperaba”, observó Carlos Tünnerman, un ex alto funcionario del gobierno revolucionario de Ortega en los años ochenta. “Ha demostrado que está listo para hacer cualquier cosa para mantenerse en el poder”.La medida más audaz del gobierno hasta ahora ha sido el arresto sorpresivo de Cristiana Chamorro, heredera de una de las familias más ricas e influyentes de Nicaragua y cuya madre derrotó a Ortega en las elecciones de 1990. Hasta hace poco, Chamorro dirigía una fundación que capacitaba a periodistas independientes de Nicaragua con fondos recibidos parcialmente de Estados Unidos, lo que llevó al gobierno a acusarla de lavado de dinero y subversión.Cristiana Chamorro, al centro, candidata líder de la oposición, en Managua la semana pasada.Inti Ocon/Agence France-Presse — Getty ImagesEn la actualidad solo un grupo creíble de la oposición tiene la posibilidad legal de participar en las elecciones de noviembre y representa la última esperanza para los opositores de Ortega. La agrupación, llamada Ciudadanos por la Libertad, está en el proceso de elegir a su candidato presidencial, quien se convertiría de hecho en estandarte de una oposición por lo general indisciplinada.Los analistas políticos indican que un candidato serio de Ciudadanos por la Libertad tendría buenas oportunidades de movilizar al grueso de los votantes nicaragüenses que no apoyan al gobierno y presentar una amenaza electoral de importancia al partido gobernante.Ortega parece no estar dispuesto a permitirlo. El viernes, la junta electoral, aliada del gobierno, hizo una amenaza velada de prohibir a cualquier candidato que no cumpla con las nuevas leyes que criminalizan la disidencia política.Los líderes opositores comentaron que la nueva directriz permite que los funcionarios electorales tengan el poder de suspender a cualquier candidato que represente una amenaza seria para Ortega o el candidato de su elección para que en la práctica no enfrente oposición.“Están claramente abiertos a dar ese último paso”, dijo Félix Maradiaga, uno de los finalistas en la carrera por la nominación de Ciudadanos por la Libertad a candidato presidencial.El mismo Maradiaga ha estado periódicamente en arresto domiciliario desde noviembre sin que se le hayan presentado cargos.La vocera de Ortega, Murillo, no respondió a un pedido de comentarios sobre las detenciones de los candidatos de la oposición.El rápido deterioro de las protecciones democráticas de Nicaragua ha presentado un desafío para la gestión de Biden, que ya estaba teniendo dificultades para detener el creciente autoritarismo en Centroamérica.Funcionarios y congresistas estadounidenses respondieron a la detención de Chamorro con amenazas de imponer nuevas sanciones contra Ortega.“Definitivamente estamos viendo qué acciones vamos a tomar para responder” a la represión política, dijo el sábado a la Voice of America el principal asesor de la Casa Blanca para América Latina, Juan González.La fuerte dependencia de Nicaragua de las exportaciones preferentes a Estados Unidos y los créditos de prestamistas internacionales financiados por Estados Unidos significa que las sanciones son una seria amenaza económica para Ortega, dijo Tiziano Breda, analista centroamericano de International Crisis Group.Pero la introducción de sanciones de importancia podrían conducir a la ya contraída economía de Nicaragua a una crisis, impulsando un nuevo éxodo de migrantes de la región hacia Estados Unidos.“Ortega ya ha presidido una economía de guerra; está demostrando que está dispuesto a repetir la historia”, comentó Breda. “La pregunta es: ¿Estados Unidos está dispuesto a afrontar las consecuencias de sus acciones?”Yubelka Mendoza More

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      ¿Qué pasa en Bielorrusia? Una guía básica

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      Un avión que no llegó a su destino planeado, un periodista disidente detenido y todo lo que pasó antes del “secuestro de Estado” del que todos hablan.El aterrizaje forzoso de un vuelo comercial el domingo, considerado por varios países como un secuestro de Estado, ha puesto a Bielorrusia y a su presidente, Alexander Lukashenko, de nuevo en primer plano a nivel mundial.Se produjo a menos de un año de que los bielorrusos se enfrentaron a una violenta represión policial al protestar por los resultados de unas elecciones que muchos gobiernos occidentales tacharon de farsa.Según los gobiernos occidentales, el vuelo de Ryanair procedente de Atenas y con destino a Vilna, Lituania, fue desviado a Minsk con la excusa de una amenaza de bomba, con el objetivo de detener a Roman Protasevich, un periodista disidente de 26 años. En un video publicado por el gobierno, confesó haber participado en la organización de “disturbios masivos” el año pasado, pero sus amigos dicen que la confesión se hizo bajo amenaza.Para quienes intentan ponerse al día, he aquí el contexto que los ayudará a seguir a la par de la historia en curso. More