Politics and Government

Subterms

    More stories

    • 100 Shares149 Views

      in Elections

      Dos mujeres competirán por la presidencia en México

      by

      México votará por su primera presidenta el próximo año después de que el partido gobernante eligiera a Claudia Sheinbaum para enfrentarse a la candidata de la coalición opositora, Xóchitl Gálvez.El partido gobernante de México, Morena, eligió el martes a Claudia Sheinbaum, quien fue jefa de gobierno de Ciudad de México, como su candidata presidencial para las elecciones de 2024. Se trata de un momento crucial en el mayor país de habla hispana del mundo, pues se espera que los votantes elijan por primera vez entre dos mujeres como principales candidatas.Sheinbaum, de 61 años, es física, tiene un doctorado en ingeniería ambiental y cuenta con el respaldo del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Se enfrentará con la principal contendiente de la oposición, Xóchitl Gálvez, una ingeniera franca y de ascendencia indígena que creció en un ambiente de pobreza y luego se convirtió en empresaria tecnológica.“Ya podemos decir hoy: México, a finales del año que viene, va a estar gobernado por una mujer”, dijo Jesús Silva-Herzog Márquez, un politólogo en el Tec de Monterrey, y agregó que era un “cambio extraordinario” para el país.Sheinbaum ha hecho su carrera política en buena medida a la sombra de López Obrador y muy pronto surgió como la candidata preferida del partido para suceder al presidente. Se considera que ese vínculo con López Obrador le ha brindado una ventaja clave de cara a las elecciones del próximo año gracias a los altos índices de aprobación con los que cuenta el mandatario, que está limitado constitucionalmente a un solo periodo sexenal.López Obrador ha insistido en los últimos meses que no tendrá influencia cuando concluya su mandato. “Me voy a retirar por completo”, dijo en marzo. “No soy cacique, mucho menos me siento insustituible; no soy caudillo, no soy mesías”.El presidente Andrés Manuel López Obrador solo puede gobernar durante un sexenio según la ConstituciónAlejandro Cegarra para The New York TimesPero algunos analistas consideran que su influencia se extenderá sin importar cuál sea el aspirante que gane la presidencia en 2024. Si Sheinbaum fuera electa, “podría haber cambios en ciertas políticas, aunque los esbozos generales de su agenda seguirán intactos”, según un reporte reciente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.Si fuera derrotada, López Obrador “no se retirará discretamente a segundo plano”, decía el informe. “Su base de seguidores es suficientemente grande y leal como para permitirle ejercer influencia significativa”. Gálvez podría enfrentar obstáculos con el legado de la actual gestión si buscara revertir sus políticas, como las medidas de austeridad o la participación del ejército en labores sociales, de seguridad e infraestructura.Aunque las dos candidatas identifican mutuamente las debilidades de sus campañas, comparten algunas similitudes. Ambas son progresistas en temas sociales, aunque ninguna de las dos se identifica explícitamente como feminista; ambas tienen grados universitarios en ingeniería y han dicho que van a mantener los programas de combate a la pobreza de esta gestión, que son ampliamente populares.Ambas mujeres apoyan la despenalización del aborto. En el caso de Gálvez, esa postura contrasta con la de su partido conservador. La Suprema Corte de Justicia de México despenalizó el aborto a nivel federal el miércoles, una decisión que se sustenta en un fallo anterior que le da autoridad a los funcionarios para permitir el procedimiento en todos los estados.De ganar la elección, Sheinbaum, hija de padres judíos en Ciudad de México, se convertiría en la primera persona judía en gobernar México. En las redes sociales ha enfrentado una campaña de desinformación que asegura que nació en Bulgaria, el país del que emigró su madre; los seguidores de Sheinbaum han calificado esos señalamientos como antisemitas.En caso de ganar la elección, Sheinbaum se convertiría en la primera persona judía en gobernar México.Meghan Dhaliwal para The New York TimesSheinbaum estudió física e ingeniería energética en México antes de hacer su investigación de doctorado en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en California. Luego de incursionar en la política se convirtió en la principal funcionaria de medioambiente de la gestión de López Obrador cuando él fue jefe de gobierno de Ciudad de México.Luego, cuando ella fue electa para ese mismo cargo en 2018, puso entre sus prioridades el transporte público y medioambiente, pero también fue blanco de críticas por los percances mortales sucedidos en los sistemas de transporte público de la ciudad, entre ellos el colapso de una línea del metro en el que 26 personas perdieron la vida.Al posicionarse como la favorita en los sondeos, los vínculos de Sheinbaum con López Obrador le exigieron disciplina para conservar el apoyo presidencial incluso cuando pudo haber estado en desacuerdo con sus decisiones. Por ejemplo, se quedó callada cuando López Obrador minimizó la pandemia de coronavirus y los funcionarios federales manipularon los datos para evitar un confinamiento en Ciudad de México.“Lo que ha resaltado es su lealtad, yo creo que una lealtad ciega al presidente”, dijo Silva-Herzog Márquez, el politólogo.Sin embargo, al apegarse a las políticas de López Obrador, Sheinbaum también ha dado muestras de posibles cambios, expresamente al mostrar apoyo por las fuentes de energía renovable.En cambio su rival, Gálvez, una senadora que suele andar por la capital mexicana en una bicicleta eléctrica, se ha enfocado en resaltar su origen como hija de una madre mestiza y un padre indígena otomí.Xóchitl Gálvez, principal candidata opositora, tiene ascendencia indígena y surgió de un entorno de pobreza para convertirse en empresaria de tecnología.Claudio Cruz/Agence France-Presse — Getty ImagesGálvez creció en un pueblo pequeño ubicado a unas dos horas de Ciudad de México sin agua corriente y hablando la lengua hñähñu de su padre. Estudió ingeniería con una beca de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundó una empresa que diseña redes de comunicación y energía para edificios de oficinas.Después de que Vicente Fox ganó la presidencia en el año 2000 fue nombrada como encargada de la comisión presidencial de asuntos indígenas. En 2018 fue electa senadora por el conservador Partido Acción Nacional.López Obrador la ha convertido en la figura central de reiterados ataques verbales, lo que ha tenido el efecto de elevar su presencia en el país mientras que llama la atención hacia la influencia del presidente y su partido en todo México.López Obrador, un líder combativo que ha adoptado medidas de austeridad y ha incrementado la dependencia de México de los combustibles fósiles, influye en la campaña. Prometió erradicar una antigua tradición política, el dedazo, con la cual los presidentes mexicanos eligen a sus sucesores, y remplazar esa práctica con encuestas de electores a nivel federal.Históricamente los partidos políticos mexicanos elegían a sus candidatos en primarias opacas y con poca inclusión. La elección por dedazo era más común que una “competencia libre y justa por una candidatura”, dijo Flavia Freidenberg, politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México.El nuevo proceso de selección ha cambiado esa tradición, pero siguen existiendo preocupaciones por la falta de claridad y otras irregularidades señaladas por algunos analistas y aspirantes presidenciales. Tanto el partido gobernante, Morena, como la amplia coalición de la oposición, llamada Frente Amplio, usaron sondeos que “no necesariamente han sido transparentados en toda su magnitud”, dijo Freidenberg, “y que no necesariamente son procedimientos considerados como democráticos”.El nuevo proceso también ignoró las regulaciones federales a las campañas, y los responsables de los procesos, tanto en el partido gobernante como en la oposición, han adelantado la selección unos meses mencionando de manera críptica a Sheinbaum y Gálvez como “coordinadoras” de cada coalición en lugar de “candidatas”.“Estas actividades irregulares, en cualquier caso, se han dado bajo la mirada de la opinión pública, de la clase política y de las autoridades electorales”, dijo Freidenberg. “Esto no es una cuestión menor”.Las elecciones presidenciales del próximo año, en las que los votantes no solo elegirán al presidente, sino también a los miembros del Congreso, también podrían determinar si México se prepara para volver a un sistema de partido dominante similar al que el país experimentó con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), una agrupación que alguna vez fue hegemónica y gobernó durante 71 años ininterrumpidos hasta el año 2000.Hay indicios de que esto ya está sucediendo, aunque con algunos retrocesos. En junio, la candidata de Morena ganó la contienda por la gubernatura del Estado de México, el estado más poblado del país, donde derrotó a la candidata del PRI.Esa victoria puso en manos de Morena a 23 de un total de 32 entidades federativas de la república, un aumento de las siete que controlaba el partido gobernante al inicio del sexenio en 2018.La duda es “si Morena se reconfigura en un partido hegemónico como fue el viejo PRI”, dijo Ana Laura Magaloni, una profesora de derecho que asesoró la campaña de Sheinbaum a la jefatura de gobierno. “Y eso depende, para mí, de cuánta batalla pueda dar la oposición”.Simon Romero es corresponsal en Ciudad de México, desde donde cubre México, Centroamérica y el Caribe. Se ha desempeñado como jefe del buró del Times en Brasil, jefe del buró andino y corresponsal internacional de energía. Más sobre Simon RomeroEmiliano Rodríguez Mega es reportero-investigador del Times radicado en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe. Más sobre Emiliano Rodríguez Mega More

    • 100 Shares199 Views

      in Elections

      Nigerian Court Rejects Challenges to Contested Presidential Election

      by

      The tribunal confirmed the election of President Bola Tinubu, who has faced growing discontent amid unpopular economic policies and lingering allegations of irregularities in the election.A judicial tribunal in Nigeria confirmed on Wednesday the results of a contested February presidential election that kept Africa’s most populous country on edge amid allegations of voting irregularities and tainted the first months in power for the declared winner, President Bola Tinubu.In their petitions, opponents of Mr. Tinubu argued that he should have been disqualified from running in the first place because of irregularities with his candidacy, and that Nigeria’s electoral commission had failed to release the results on time, opening the way for potential fraud.But judges in Abuja, the capital, rejected all three petitions for lack of credible evidence, they said.Nigerian television channels broadcast the court decision live on television amid high tensions in the capital, Abuja, and hints by the opposition that a validation of the results could prompt Nigerians to take to the streets. There were no immediate reports of unrest.The plaintiffs have 60 days to file an appeal to Nigeria’s Supreme Court.Since he was sworn in last May, Mr. Tinubu has rocked Nigeria’s economy with what analysts and foreign investors say was the long overdue scrapping of an oil subsidy. But the soaring transportation, food and electricity prices that ensued have hurt tens of millions of Nigerians and taken a toll on Mr. Tinubu’s popularity.Mr. Tinubu has also faced stiff challenges abroad. In neighboring Niger, mutinous soldiers seized power in a coup just two weeks after Mr. Tinubu took the helm of an economic bloc of West African countries and vowed to put an end to an epidemic of military takeovers in the region — by force, if necessary.Supporters of Atiku Abubakar protesting the election results in Abuja, Nigeria, in March.Gbemiga Olamikan/Associated PressThe generals in Niger haven’t budged. They have refused to release the president they ousted and ignored Mr. Tinubu’s threat of a military intervention. After weeks of stalemate, and a backlash at home about a potential war with a neighboring country, Mr. Tinubu appears to have taken a back seat in the negotiations with Niger’s junta, at least publicly.In March, Nigeria’s electoral commission declared Mr. Tinubu the winner of a single-round presidential election with 37 percent of the vote, ahead of the main opposition candidate, Atiku Abubakar, who won 29 percent, and Peter Obi, who finished a surprising third with 25 percent of the vote.Both Mr. Obi’s and Mr. Abubakar’s parties disputed the results in court. They argued that Mr. Tinubu wasn’t qualified to be president, citing what they said were forged academic records and an indictment for drug trafficking in the United States. He was not indicted, but the U.S. government did file a complaint of forfeiture under which Mr. Tinubu paid $460,000 in settlements in 1993.For months, Nigerians questioned the credibility of the country’s judiciary ahead of Wednesday’s ruling, with the hashtag All Eyes On The Judiciary a trending topic on X, the platform formerly known as Twitter.Mr. Tinubu, who was attending the G20 summit in India on Wednesday, had denied all allegations of wrongdoing. Since Nigeria returned to democracy in 1999 after decades of military rule, all but one of its elections have been contested in court, but none have been overruled.Pius Adeleye contributed reporting from Ilorin, Nigeria. More

    • 125 Shares189 Views

      in Elections

      How 100,000 Migrants Became a Political Crisis in New York

      by

      Carlos Prieto, Mary Wilson, Michael Simon Johnson and Rachel Quester and Will Reid and Listen and follow The DailyApple Podcasts | Spotify | Stitcher | Amazon MusicIn New York, the arrival of more than 100,000 migrants seeking asylum over the past year has become a crisis for the city’s shelter system, schools and budget.As another critical election season begins to take shape, Nicholas Fandos, who covers New York State politics for The Times, explains why the situation has also become a political crisis for the state’s Democratic leaders.On today’s episodeNicholas Fandos, a correspondent covering New York State politics for The New York Times Metro desk.New York City is struggling to accommodate more than 100,000 migrants who have arrived after crossing the border, more than 58,000 of whom remain in city shelters.Jeenah Moon for The New York TimesBackground readingNew York’s migrant crisis is growing. So are Democrats’ anxieties.A scathing letter revealed tension among New York Democrats over the city’s migrant crisis.There are a lot of ways to listen to The Daily. Here’s how.We aim to make transcripts available the next workday after an episode’s publication. You can find them at the top of the page.Nicholas Fandos More

    • 75 Shares99 Views

      in Elections

      How America Made James Bond ‘Woke’

      by

      After so many decades fighting evil masterminds bent on Britannia’s destruction, the 21st-century version of James Bond has found a very 21st-century antagonist. In the newest Bond novel, “On His Majesty’s Secret Service,” 007 is charged with protecting King Charles III from a dastardly plot hatched by a supervillain whose nom de guerre is Athelstan of Wessex — in other words, a Little Englander, a Brexiteer, a right-wing populist, apparently the true and natural heir to Goldfinger and Blofeld.The novel’s Bond, who carries on a “situationship” with “a busy lawyer specializing in immigration law” (not to worry, he’s not taking advantage, “he wasn’t the only man she was seeing”), must travel to Viktor Orban’s Hungary to infiltrate the vast right-wing conspiracy and avert a terrorist attack at Charles’s coronation; along the way the secret agent muses on the superiority of the metric system and the deplorable dog whistles of populism.The book’s mere existence seems designed to agitate conservatives; I wouldn’t have read it without the spur of hostile reviews from right-of-center British scribblers. But the progressive Bond also usefully illustrates an interesting feature of contemporary politics in the English-speaking world. It isn’t just that American progressivism supplies an ideological lingua franca that extends across the Anglosphere, such that what we call “wokeness” naturally influences the fictional MI6 no less than the real C.I.A. It’s that forms of progressivism that originated in the United States, under specific American conditions, can seem more potent among our English-speaking friends and neighbors than they do in America itself.This is not a fully provable assertion, but it’s something that I felt strongly on recent visits to Canada and Britain. Politically, Canadian Conservatives and Britain’s Tories seem to be in very different positions. In Canada, the Conservative leader, Pierre Poilievre, looks poised for a major victory in the next election, which would end Justin Trudeau’s three-term reign as prime minister. In Britain, the Tories are poised for a drubbing in the next election, which would push them into the opposition for the first time since 2010.But in power or out of power, both groups seemed culturally beleaguered, resigned to progressive power and a touch envious of the position of American conservatives (if not of our political captivity to Donald Trump). In Canadian conversations there were laments for what was lost when Trudeau defeated Stephen Harper in 2015 — how elections have consequences, and the consequences in Canada were a sharp left-wing turn that no Conservative government is likely to reverse. In British conversations, the talk was all about how elections don’t have consequences, and how notional conservative rule has done nothing to halt the resilience of progressive biases in government and the advance of American-style wokeness in the culture.These complaints encompass a lot of different realities. In Canada, they cover the rapid advance of social liberalism in drug and euthanasia policy — with nationwide marijuana decriminalization followed by British Columbia’s new experiment in decriminalizing some harder drugs, while assisted suicide expands more rapidly than in even the most liberal U.S. state. In Britain, they cover the increasing enforcement of progressive speech codes against cultural conservatives — like the Tory councilor recently arrested by the police for retweeting a video criticizing how police officers dealt with a Christian street preacher.In both countries the complaints cover rising immigration rates — the conscious policy of the Trudeau government, which is presiding over an extraordinary surge in new Canadians, and the sleepwalking policy of the British Tories, who despite Brexit and repeated populist revolts find themselves presiding over record net migration rates. (By contrast, when America elected the immigration restrictionist Trump, immigration rates did actually decline.)And in both countries, conservatives feel that their national elites are desperately searching for their own versions of the “racial reckoning” that convulsed the United States in the summer of 2020, notwithstanding the absence of an American-style experience with either slavery or Jim Crow.Thus the spate of national apologies, canceled patriotic celebrations and church burnings in Canada in 2021, following claims about the discovery of a mass grave in British Columbia near one of the residential schools for Indigenous children that the Canadian government sponsored, often through religious institutions, in the 19th and 20th century. (The cruelty and neglect at these schools was real but the specific claims about graves at the B.C. school have outrun the so-far scanty evidence.) Or thus the attempted retcon of England’s deeply homogeneous history — well, since 1066, at least — into an American-style “nation of immigrants” narrative, and the sense, as the British writer Ed West wrote in 2020, that in English schools “America’s history is swallowing our own.”To the extent that these complaints capture an Anglosphere reality, I think you can identify several different points that might explain what Canadian and British conservatives are seeing.The first is a general tendency of provincial leaders to go overboard in establishing their solidarity and identification with the elites of the imperial core. Both Ottawa and London can feel like provincial capitals within the American imperium, so it’s not surprising that their leaders and tastemakers would sometimes rush to embrace ideas that seem to be in the American vanguard — behaving, as the British writer Aris Roussinos puts it, like “Gaulish or Dacian chieftains donning togas and trading clumsy Latin epithets” to establish their identification with Rome. By contrast in continental Europe, in countries that are under the American security umbrella but don’t share as much of our language and culture, the zeal for imitation feels a bit weaker, and “anti-woke” politics that double as anti-Americanism feel more influential.The second point is the role of secularization and de-Christianization, which are further advanced in the British Isles and Canada than in the United States. The new progressivism is not simply a new or semi-Christian substitute for the former Western faith, but the rhetoric of diversity-equity-inclusion and antiracism clearly fills part of the void left by Christianity’s and especially Protestantism’s retreat. So it would not be surprising for an ideology that originates in the post-Protestant precincts of the United States to carry all before it in post-Protestant Canada or Britain, while meeting more resistance in the more religious regions of America — and not just in the white-Christian Bible Belt but among the religious-conservative minorities whose rightward trend may be keeping the Republican coalition afloat.Then the third point is that smaller countries with smaller elites can find it easier to enforce ideological conformity than countries that are more sprawling and diverse. Once a set of ideas take hold among the cognoscenti — progressive ideas in this case, though it could apply to other worldviews as well — it’s more natural to conform, and more difficult to dissent, in the cozier precincts of Westminster or among Canada’s Laurentian elite than it is in the American meritocracy, which spins off more competing power centers and dissenting factions.An extreme example of this tendency is visible in Ireland, which shifted incredibly rapidly from being the West’s conservative-Catholic outlier to being close to uniformly progressive, a swing that the Irish writer Conor Fitzgerald attributes to a fundamental reality of small-island life: “Because of Ireland’s size, it is much more socially costly for an Irish person to appear to go against a consensus than it is for other people in other countries.”A recent essay by the Cardiff academic Thomas Prosser makes a related point about other small Celtic polities, noting that Scotland and Wales as well as Ireland have governments that are more progressive than their voters, a pattern he attributes to the way that ascendant ideologies (neoliberalism in the 1990s, or woke progressivism now) can sometimes achieve a kind of full elite “capture” more easily in smaller countries.Bucking consensus is presumably easier in Britain and in Canada. But not as easy, perhaps, as in the vast and teeming United States — which in its First Amendment-protected multitidinousness can be both the incubator of a potent new progressivism and also the place where resistance to that ideology runs strong, indeed stronger even than among 007 and other servants of His Majesty the King.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTOpinion) and Instagram. More

    • 125 Shares149 Views

      in Elections

      Slovakia Election Could Shift Sentiment in a Fierce Ukraine Ally

      by

      The vote in Slovakia this month will be a test of European unity on Ukraine, and of Russia’s efforts to undermine it. The front-runner wants to halt arms shipments to Kyiv.When Ukraine discovered civilian mass graves in an area recaptured from Russian troops, Russia’s ambassador in neighboring Slovakia countered with his own discovery.The mayor of a remote Slovak village, as the ambassador announced last September, had bulldozed Russian graves from World War I. Ambassador Igor Bratchikov demanded that the Slovak government, a robust supporter of Ukraine, take action to punish the “blasphemous act.”The Slovak police responded swiftly, dismissing the ambassador’s claims as a “hoax,” but his fabrication took flight, amplified by vociferous pro-Russian groups in Slovakia and news outlets notorious for recycling Russian propaganda.A month later, the mayor of the village, Vladislav Cuper, lost an election to a rival candidate from a populist party opposed to helping Ukraine.Today, the same forces that helped unseat Mr. Cuper have mobilized for a general election in Slovakia on Sept. 30 with much bigger stakes.The vote will not only decide who governs a small Central European nation with fewer than six million people, but will also indicate whether opposition to helping Ukraine, a position now mostly confined to the political fringes across Europe, could take hold in the mainstream.Vladislav Cuper, the former mayor of Ladomirova, Slovakia, at his home in the village. Mr. Cuper says he was smeared by pro-Russian forces in Slovakia.Akos Stiller for The New York TimesThe front-runner, according to opinion polls, is a party headed by Robert Fico, a pugnacious former prime minister who has vowed to halt Slovak arms deliveries to Ukraine, denounced sanctions against Russia and railed against NATO, despite his country’s membership in the alliance.A strong showing in the election by Mr. Fico and far-right parties hostile to the government in Kyiv would likely turn one of Ukraine’s most stalwart backers — Slovakia was the first country to send it air-defense missiles and fighter jets — into a neutral bystander more sympathetic to Moscow. It would also end the isolation of Prime Minister Viktor Orban of Hungary as the only leader in the European Union and NATO speaking out strongly against helping Ukraine.“Russia is rejoicing,” Rastislav Kacer, a former foreign minister and outspoken supporter of Ukraine, said in Bratislava, the Slovak capital. “Slovakia is a great success story for its propaganda. It has worked hard and very successfully to exploit my country as a wedge to divide Europe.”Thanks to widespread public discontent with the infighting between pro-Western Slovak politicians who came to power in 2020, and deep pools of genuine pro-Russian sentiment dating back to the 19th century, Russia has been pushing on an open door.A survey of public opinion across Eastern and Central Europe in March by Globsec, a Bratislava-based research group, found that only 40 percent of Slovaks blame Russia for the war in Ukraine, while 51 percent believe that either Ukraine or the West is “primarily responsible.” In Poland, 85 percent blame Russia. In the Czech Republic, 71 percent think Russia is responsible.The World War I cemetery in Ladomirova that the Russian ambassador to Slovakia falsely said had been destroyed.Akos Stiller for The New York TimesDaniel Milo, director of an Interior Ministry department aimed at countering disinformation and other nonmilitary threats, acknowledged that “there is fertile ground here for pro-Russian sentiment.” But he added that genuine sympathy rooted in history had been exploited by Russia and its local helpers to sow division and sour public opinion on Ukraine.Those helpers include Hlavne Spravy, a popular anti-American news site, and a bikers group called Brat za Brata, or Brother for Brother, which is affiliated with the Kremlin-sponsored Night Wolves motorcycle gang in Russia.A freelance writer for Hlavne Spravy, Bohus Garbar, was convicted of espionage this year after being caught on camera taking money from Russia’s military attaché, who has since been expelled.Brat za Brata, which has a large following on social media and close ties to the Russian embassy, has meanwhile worked to intimidate Russia’s critics.Peter Kalmus, a 70-year-old Slovak artist, said he was beaten up by members of the biker group last month after he defaced a Soviet war memorial in the eastern city of Kosice to protest Russian atrocities in Ukraine. In March, the bikers reduced to pandemonium a government-sponsored public debate about the war in a town near the Ukrainian border attended by Mr. Kacer, who was then still a minister. Fiercely pro-Russian protesters bused in by the bikers, recalled Mr. Kacer, “jumped on the stage screaming and spitting at us.”Many Slovaks, said Grigorij Meseznikov, the Russian-born president of the Institute for Public Affairs, a Bratislava research group, “have an invented romantic vision of Russia in their heads that does not really exist” and are easily swayed by “lies and propaganda” about the West.The Church of St. Michael the Archangel in Ladomirova. The former mayor said that in his view, Russia did not care who won the election in the village, but had spotted a good opportunity to “present itself as a victim.”Akos Stiller for The New York TimesThat, he added, has made the country vulnerable to efforts by Moscow to rally pro-Russian sentiment in the hope of undermining European unity over Ukraine. Slovakia is a small country, Mr. Meseznikov said, but “if you take even a small brick out of a wall it can crumble.”That is certainly the hope of Lubos Blaha, a former member of a heavy metal band and the author of books on Lenin and Che Guevara who is now the deputy leader of Mr. Fico’s surging political party, SMER. He is also one of Slovakia’s loudest and most influential Kremlin-friendly voices on social media and regularly denounces his country’s liberal woman president, Zuzana Caputova, as a “fascist” and pro-Ukrainian ministers as “American puppets.”“The mood in Europe is changing,” Mr. Blaha said in an interview, describing the conflict in Ukraine as “a war of the American empire against the Russian empire” that cannot be won because Russia is a nuclear power.Insisting he was “not pro-Russia, just pro my country’s national interests,” Mr. Blaha predicted that countries hostile to arming Ukraine would soon “be in the majority while supporters of Ukraine will be in a small minority,” especially if Donald J. Trump wins the next presidential election in the United States.In the run-up to Slovakia’s own election, the usually placid country has been swamped by heated accusations on all sides of foreign interference. Mr. Fico has accused NATO of meddling in the campaign, while his foes have pointed a finger at Russia.Describing Mr. Fico’s SMER party as a “Trojan horse” for Russia, Jaroslav Nad, a former defense minister who led a push to send arms to Ukraine, claimed this summer that, according to intelligence reports, a Slovak citizen he didn’t identify had visited Russia “to receive financial resources to benefit SMER.” But, citing confidentiality, he produced no evidence, and his claim has been widely dismissed as a pre-election smear.Still, the Russian ambassador’s fabricated story of desecrated war graves highlighted Russia’s skill at fishing in Slovakia’s troubled waters. It also provided what Mr. Milo, the interior ministry official, called “a very rare smoking gun” directly implicating Moscow in scripting a fake scandal. “They usually act more cleverly and try not to get caught red-handed,” he said.Children climbing on Soviet and German tanks at a World War II monument outside Ladomirova. In the run-up to a general election, Slovakia has been swamped by heated accusations of foreign interference.Akos Stiller for The New York TimesDuring a visit last week to the still-intact graveyard in Ladomirova, Mr. Cuper said that in his view Russia did not care who won the mayoral vote there, but had spotted a good opportunity “to distract attention from mass graves in Ukraine” and “present itself as a victim.”When the ambassador visited Ladomirova, he met with Mr. Cuper’s bitter rival, a former mayor whom Mr. Cuper had accused of embezzling village funds and who was convicted of fraud in 2019. The former mayor’s wife, Olga Bojcikova, who declined to be interviewed, was at the time running against Mr. Cuper, who was backed by pro-Ukrainian parties, in the local election last October. She won.The ambassador’s story of “razed” Russian graves, though debunked by the police, was, Mr. Cuper recalled, “blown out of all proportion” by Kremlin-friendly Slovaks, particularly the Brat za Brata bikers.The bikers posted incendiary statements on Facebook denouncing the mayor’s “blasphemous act” and rallied its members to respond. This set off calls for Mr. Cuper to be “executed,” “buried alive” and “flogged like a dog.”Slovakia’s prosecutor general, Maros Zilinka, who has a long history of sympathy for Russia and hostility to the United States, added fuel to the fire by announcing that the mayor could be liable for criminal prosecution for a “morally reprehensible act” that needed to be investigated.Mr. Cuper said he never touched the graves but had removed stone border markers because they were falling apart. Nor did he touch a notice board put up as part of renovation work financed by Russia in 2014: It falsely described the cemetery as the resting place of 270 Russian war dead. The cemetery contains the unidentified bodies of soldiers from various countries, including Russia, killed in a World War I battle.The ambassador’s story, he said, was “entirely untrue” but still “created a national uproar.” More

    • 113 Shares199 Views

      in Elections

      Los guatemaltecos defienden su democracia. No los dejemos solos

      by

      Cuando visité Guatemala en mayo de 2022, el sentimiento de desesperanza era palpable. El gobierno del presidente Alejandro Giammattei había desatado una feroz persecución contra los funcionarios de la justicia anticorrupción. En febrero de ese año, Virginia Laparra, fiscala de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, fue detenida junto con otros cuatro abogados anticorrupción; todos fueron recluidos en la misma celda de la cárcel militar Mariscal Zavala de Guatemala.En 2017, Laparra presentó una denuncia administrativa contra Lesther Castellanos, juez del que sospechaba que había filtrado detalles confidenciales de un caso a un colega. Ahora Castellanos la había denunciado por abuso de autoridad.Cuando llegué, todos menos Laparra habían sido puestos en libertad, a la espera del juicio. Durante nuestra conversación en la cárcel, recitó varios argumentos jurídicos: “los funcionarios que tengan conocimiento de alguna irregularidad están obligados a presentar una denuncia”. Fue una desgarradora muestra de erudición. No la estaban reteniendo porque alguien creyera en serio que había cometido un delito. Estaba encarcelada en represalia por sus intentos de combatir la corrupción; en diciembre, fue sentenciada a cuatro años de prisión.Lilian Virginia Laparra Rivas, exfiscala de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en custodia el año pasadoJosue Decavele/Reuters, via ReduxEl mes pasado, los votantes guatemaltecos abrieron de manera inesperada una brecha en la permanencia en el poder de la élite corrupta del país al votar por alguien ajeno a ese grupo. Hasta ahora, el enfoque del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido en su mayor parte el de mantenerse al margen respecto a la corrupción en Guatemala, y no ha llegado a imponer sanciones económicas ni, por lo demás, condenar enérgicamente al gobierno de Giammattei. Biden debería aprovechar esta oportunidad para contribuir al éxito de la verdadera democracia y apoyar al nuevo presidente electo, Bernardo Arévalo.En 1944, una revolución encabezada por los estudiantes, de la que formaron parte mi madre y mi tío, ayudó a abrirle el paso a la década de democracia en Guatemala tras un siglo de dictaduras. Poco después de aquello, emigró a Estados Unidos.Nací en Boston en 1954, el año en que un golpe de Estado dirigido por la CIA derrocó al gobierno electo de Guatemala. La guerra civil de tres décadas que siguió estuvo marcada por masacres genocidas contra los colectivos mayas en las áreas rurales y acabó con los acuerdos de paz en 1996. Las esperanzas de un futuro pacífico y democrático parecieron quedar frustradas en 1998, cuando el obispo Juan Gerardi, defensor de los derechos humanos, fue asesinado por agentes de la inteligencia militar. Sin embargo, en 2001, tres militares fueron condenados por participar en su ejecución extrajudicial, auspiciada por el Estado, un veredicto histórico que parecía anunciar una nueva era de justicia.Construir una democracia funcional mediante la defensa del Estado de derecho y el combate de la corrupción ha sido la lucha central de la política guatemalteca en el siglo XXI. Entre 2007 y 2019, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que, con el respaldo de las Naciones Unidas, actuaba en conjunto con el Ministerio Público guatemalteco, dirigió una de las luchas anticorrupción más eficaces de América Latina. La comisión desmanteló 70 estructuras de crimen organizado y corrupción e imputó a unas 680 personas, entre ellas dos expresidentes. Esa lucha duró hasta 2019, cuando el entonces presidente, Jimmy Morales, quien estaba siendo investigado por corrupción, expulsó a la CICIG con el apoyo de los republicanos en Estados Unidos, dejando así el país a la deriva.Bajo el mandato de Morales y su sucesor, Giammattei, una alianza de políticos, militares, élites económicas y miembros del crimen organizado, que los guatemaltecos llaman el “pacto de corruptos”, se hizo rápidamente con el control del poder judicial y otras instituciones. La fiscala general, Consuelo Porras, junto con otros fiscales y jueces, fue incluida en la lista oficial del Departamento de Estado estadounidense de actores antidemócratas y corruptos.Se castigó a muchos de los fiscales y jueces que habían combatido la corrupción. José Rubén Zamora, periodista de investigación y fundador de elPeriódico, detenido en julio de 2022 por acusaciones falsas que la comunidad internacional denunció y calificó de intento de silenciarlo, ocupa ahora la antigua celda de Laparra en Mariscal Zavala.En junio fue acusado de lavado de dinero y sentenciado a seis años de cárcel; su periódico cerró en mayo. En febrero del año pasado, otras dos mujeres retenidas al principio con Laparra —Siomara Sosa, fiscala, y Leyli Santizo, abogada de la CICIG— cruzaron el río Suchiate en balsas neumáticas hasta México.Se encuentran entre los al menos 39 fiscales y jueces guatemaltecos que se han exiliado; la mayoría se marchó en los últimos tres años. En conjunto representan a una generación que alcanzó la mayoría de edad en las décadas posteriores a los acuerdos de paz, que cree en el Estado de derecho como base de la gobernanza democrática.Sosa me dijo una vez que su trabajo en la oficina anticorrupción le hacía sentir que el país tenía una forma de asegurar que los impuestos se destinasen al sistema sanitario y las escuelas, en vez de que se desvíe por medio de chanchullos. “Me gustaba desenmascarar a los que robaban descaradamente millones, porque, mientras ellos se hacían ricos, los niños morían de hambre”, dijo.Una manifestación exigiendo la dimisión de la fiscala general, Consuelo Porras, y del fiscal Rafael Curruchiche, acusados de generar una crisis electoral antes de la segunda vuelta electoral en agosto.Johan Ordonez/Agence France-Presse — Getty ImagesMi guía en aquella visita a la cárcel en 2022 fue Jennifer Torres, voluntaria de una organización de defensa de los derechos humanos y brillante estudiante maya de derecho en la Universidad de San Carlos. Faltaba un año para las elecciones presidenciales, y todos mis interlocutores se mostraban pesimistas.Torres me dijo que ella y sus amigos iban a votar por Arévalo, profesor de 64 años y candidato del partido Movimiento Semilla. Aunque es hijo de Juan José Arévalo —el querido primer presidente elegido democráticamente de Guatemala, que gobernó entre 1945 y 1951—, pocos sabían de él o de su partido. Cuando les mencionaba su nombre a los expertos en política guatemalteca, se reían. “Le falta carisma”, me dijo uno de ellos.En el periodo previo a las elecciones, los jueces guatemaltecos expulsaron del proceso electoral a cuatro candidatos considerados poco proclives a apoyar al pacto de corruptos. A Arévalo, quien prometió resucitar la batalla contra la corrupción, se le permitió mantenerse en la contienda porque nadie pensaba que podía ganar. Las encuestas le daban solo el 3 por ciento, pero los sondeos no tuvieron en cuenta a los votantes jóvenes e indígenas como Torres.En un resultado sorprendente, Arévalo pudo pasar a la segunda vuelta del 20 de agosto, en la que arrasó. Muchos guatemaltecos no se habían sentido tan optimistas desde 1944. Mi madre, que por entonces era adolescente, repartía panfletos de la campaña del padre de Arévalo en la acera de delante de nuestra juguetería familiar. La victoria de Arévalo hijo une los recuerdos históricos de los mayores con las esperanzas de los jóvenes de hoy.La semana pasada, el Tribunal Supremo Electoral confirmó la victoria de Arévalo. Pero, también, a instancias de Porras, suspendió temporalmente su partido para, poco después, desandar esa decisión. Lo que parece cierto es que Semilla seguirá siendo asechado y se enfrentará a unos poderes legislativo y judicial repletos de miembros del establishment corrupto: los complots de magnicidio contra el presidente electo son una amenaza constante. El viernes, Arévalo denunció a Porras por orquestar un golpe para impedir que su gobierno tome posesión. En todo el país, los manifestantes están exigiendo la dimisión de Porras.La comunidad internacional, incluido el gobierno de Biden, debe estar alerta y dispuesta a prestar todo el apoyo que pueda a este nuevo gobierno. Pero los guatemaltecos han creado, por sí mismos, esta extraordinaria oportunidad democrática y, hasta ahora, parecen decididos a protegerla.Francisco Goldman es novelista y periodista, cuyo libro más reciente es Monkey Boy, obra finalista del Premio Pulitzer. More

    • 113 Shares159 Views

      in Elections

      Why So Many Americans Are So Down on Biden

      by

      Unemployment is near historic lows, and inflation has come way down. We are inflicting a strategic humiliation on Russia by arming Ukraine without putting American forces at risk. The homicide rate fell by about 10 percent across 30 cities compared with last year. Democrats defied electoral trends by holding the Senate, scoring major legislative victories and easily confirming a Supreme Court nominee.Why, then, do only 20 percent of voters rate the economy as “excellent” or “good,” versus 49 percent who call it “poor,” according to a New York Times/Siena poll? Why are Americans overwhelmingly pessimistic about the country’s future, according to the Pew Research Center? Why does Gallup find a significantly smaller percentage of Americans have confidence in the presidency today than they did in the last, disastrous year of Donald Trump’s tenure? And why is President Biden polling dead even with his predecessor in multiple surveys despite the former president’s 91 felony charges?In short, with everything so great, why are people so down? That’s a question that, as The Times’s Reid Epstein wrote last week, stumps the White House and its political allies, who seem to think the problem is a failure to communicate all the good news.But there’s another explanation: The news isn’t all that good. Americans are unsettled by things that are not always visible in headlines or statistics but are easy enough to see.Easy to see is the average price of a dozen eggs: up 38 percent between January 2022 and May of this year. And white bread: up 25 percent. And a whole chicken: up 18 percent. As for the retail price of gasoline, it’s up 63 percent since January 2021, the month Biden became president.Yet none of these increases make it into what economists call the core rate of inflation, which excludes food and energy. The inflation ordinary people experience in everyday life is not the one the government prefers to highlight.Easy to see is the frequent collapse of public order on American streets. In April hundreds of teenagers wreaked havoc in the Chicago Loop. Two boys were shot. A young couple was beaten by the doorway of a building on North Wabash. Yet only 16 people were arrested. Similar scenes unfolded last month in New York’s Union Square and again in Boston, where police officers were assaulted in two separate riots largely by juveniles.In New York, there were at least 66 arrests. In Boston, just 13.Easy to see is that the kids are not alright. The causes are many; social media companies have a lot to answer for. But so do teachers’ unions, handmaids of the Democratic Party, who pushed to keep school doors closed during the pandemic, helping themselves while doing lasting harm to children. The Biden administration spent much of its early months saying it wanted more than half of schools open at least one day per week by the 100th day of his presidency.“It is a goal so modest and lacking in ambition as to be almost meaningless,” Politico’s Playbook newsletter noted at the time.Easy to see is that the border crisis has become a national one. In May the administration boasted that new policies had contributed to a sharp decline in the “number of encounters” between border patrols and migrants crossing the southwestern border illegally. By August, arrests of migrants who crossed the border with family members had hit a monthly record of 91,000. In New York City alone, more than 57,000 migrants seek food and shelter from the city’s social services on an average night.Nobody can say for certain how many migrants who crossed the border during Biden’s presidency remain in the U.S., but it’s almost certainly in the millions. In 2021 the president dismissed the initial surge of migrants as merely seasonal. “Happens every year,” he said.Easy to see is that the world has gotten more dangerous under Biden’s watch. The president deserves credit for arming Ukraine, as he does for brokering a strategic rapprochement between Japan and South Korea. But he also deserves the blame for a humiliating Afghanistan withdrawal that almost surely played a part in enticing Vladimir Putin into launching his invasion of Ukraine and whetted Beijing’s appetite for Taiwan.How large a part is unquantifiable. Yet it was predictable — and predicted.Easy to see is that the president is not young for his age. The stiff gait and the occasional falls. The apparent dozing off. The times he draws a blank or struggles to complete a thought. Yet the same people yelling #ResignFeinstein or #ResignMcConnell don’t appear to be especially vocal when it comes to the president’s fitness, as if noting the obvious risks repeating a Republican talking point.But people notice, and they vote.Easy to see are tents under overpasses, from the Brooklyn-Queens Expressway in New York to the I-5 in Seattle. And the zombified addicts passed out on sidewalks in practically every city and town. And the pharmacies with everyday items under lock and key to prevent shoplifting. And women with infants strapped to their backs, hawking candy or gum at busy intersections. And news reports of brazen car thefts, which have skyrocketed this year.“There is a great deal of ruin in a nation,” Adam Smith said. Not all the ruin mentioned above is Biden’s fault, and none of it is irreversible. But there’s much more ruin than his apologists — blinkered by selective statistics and too confident about the president’s chances next year — care to admit.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

    • 100 Shares189 Views

      in Elections

      Federal Court Again Strikes Down Alabama’s Congressional Map

      by

      Republicans failed to comply with a court order to create a second majority-Black district or something “close to it,” the judicial panel said.A panel of federal judges rejected Alabama’s latest congressional map on Tuesday, ruling that a new map needed to be drawn because Republican lawmakers had failed to comply with orders to create a second majority-Black district or something “close to it.”In a sharp rebuke, the judges ordered that the new map be independently drawn, taking the responsibility away from the Republican-controlled legislature while chastising state officials who “ultimately did not even nurture the ambition to provide the required remedy.”The legislature had hastily pushed through a revised map in July after a surprise Supreme Court ruling found that Alabama’s existing map violated a landmark civil rights law by undercutting the power of the state’s Black voters. The revised map, approved over the objections of Democrats, increased the percentage of Black voters in one of the state’s six majority-white congressional districts to about 40 percent, from about 30 percent.In its new ruling, the district court panel in Alabama found that the legislature had flouted its mandate.“We are not aware of any other case in which a state legislature — faced with a federal court order declaring that its electoral plan unlawfully dilutes minority votes and requiring a plan that provides an additional opportunity district — responded with a plan that the state concedes does not provide that district,” the judges wrote. Responsibility for a new map now falls to a special master, Richard Allen, a longtime Alabama lawyer who has worked under several Republican attorneys general, and a cartographer, David Ely, a demographer based in California. Both were appointed by the court. The decision — or the independent map to be produced — can be appealed. State officials have said that a new congressional map needs to be in place by early October, in order to prepare for the 2024 elections.The litigation has been closely watched in Washington and across the country, as several other states in the South face similar voting rights challenges, and control of the U.S. House of Representatives rests on a thin margin. Prominent lawmakers in Washington — including Speaker Kevin McCarthy of California and Democrats in the Congressional Black Caucus — have kept careful tabs on the redistricting effort.At least one nonpartisan political analysis has predicted that at least one Alabama district could become an election tossup with a new map, given that Black voters in Alabama tend to vote for Democratic candidates.The decision was joined by Judge Stanley Marcus, who was nominated by former President Bill Clinton; and by Judges Anna M. Manasco and Terry F. Moorer, both named to their posts by former President Donald J. Trump. (Judge Marcus typically sits on the U.S. Court of Appeals for the 11th Circuit, in Atlanta.)For Alabama, the ruling caps off nearly two years of litigation, marking yet another instance in the state’s tumultuous history where a court has forced officials to follow federal civil rights and voting laws.Two decades ago, a lawsuit forced the creation of the Seventh Congressional District, the state’s sole majority-Black district, in southwest Alabama. (Under the Republican-drawn map rejected on Tuesday, the share of Black voters in that district dropped to about 51 percent from about 55 percent.)“It’s really making sure that people who have consistently been kept at the margins or excluded as a matter of law from politics have a chance — not a guarantee — but a realistic chance of electing candidates of choice,” said Kareem Crayton, the senior director for voting and representation at the Brennan Center for Justice and a Montgomery, Ala., native. “The fact that we’re having to fight over that principle is really sad in 2023.”After the 2020 census, which began the process of setting district lines for the next decade across the country, the Alabama legislature maintained six congressional districts with a white Republican incumbent. A group of Black voters challenged the map under a landmark voting rights law, given that more than one in four residents of Alabama is Black.The Birmingham court said the map would need to be redrawn, but the Supreme Court intervened and said a new map could not be put in place so close to the primary races ahead of the 2022 election. In doing so, the Supreme Court unexpectedly affirmed the key remaining tenet of the Voting Rights Act of 1965, which bars any voting law that “results in a denial or abridgment of the right of any citizen of the United States to vote on account of race.” The court had gutted much of that landmark civil rights law a decade earlier, and many had expected a similar result with the Alabama case.But in a weeklong special session, Republicans refused to create a second majority-Black district, and shielded their six incumbents from a potentially brutal primary at a moment when the party has only a slim majority in the U.S. House of Representatives.Republicans defended their revised map, calling it a fair attempt to keep counties and communities with similar economic and geographic issues together, while adhering to the Constitution. Democrats and the Black voters who brought the challenge called it a squandered opportunity to provide equal representation to a historically disenfranchised bloc of voters.At a hearing in August, the panel of judges sharply pressed the state’s attorneys on whether the revised map had done enough to adhere to their guidance on how to address the voting rights violation, making their skepticism clear.“What I hear you saying is that the state of Alabama deliberately disregarded our instructions,” Judge Moorer said at one point. More