More stories

  • in

    ¿Biden ha cumplido con las promesas que hizo en su campaña de 2020?

    Detener la construcción del muro fronterizo, permitir que Medicare negocie el precio de los medicamentos y acabar con la pena de muerte fueron algunos de sus compromisos para llegar a la Casa Blanca.En plena campaña de reelección del presidente Joe Biden, los demócratas han proclamado una serie de logros durante su mandato. En ocasiones, Biden ha recordado que su predecesor, Donald Trump, no cumplió del todo sus promesas.Pero, como todos los políticos, se ha enfrentado a la realidad de que hacer campaña y gobernar son dos cosas muy distintas, sobre todo en un gobierno dividido. Aunque Biden ha cumplido algunas de las promesas que hizo en 2020, no todas se han materializado a tres años de su elección.Por un lado, Biden ratificó el compromiso de Estados Unidos con el Acuerdo de París, un pacto internacional destinado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; revocó el permiso para el oleoducto Keystone XL, que habría transportado petróleo de Canadá a Nebraska, y aumentó los subsidios federales para las personas que compran planes conforme a la Ley de Atención Médica Accesible. Por otra parte, ha sido incapaz de impulsar en el Congreso estadounidense una legislación sobre el derecho al voto o la prohibición de las armas de asalto y su ambicioso plan de condonar la deuda a los estudiantes fue rechazado por completo por la Corte Suprema.A continuación, una muestra de algunos de los compromisos de la campaña presidencial de Biden de 2020 y en qué punto se encuentran.Algunas de las promesas de Biden en 2020:InmigraciónImpuestosAtención médicaEducaciónCambio climáticoJusticia penalPolítica exteriorInmigraciónLO QUE SE DIJO“No se construirá ni un metro más de muro en mi gobierno”.—En una entrevista de 2020 en NPRAl postularse a la presidencia, Biden hizo del muro fronterizo de Trump una parte central de su campaña. En su primer día en el cargo, anunció que ponía fin a la declaración de emergencia nacional que se había utilizado para destinar recursos a la construcción del muro.Pero en las últimas semanas, el gobierno de Biden ha manejado con ligereza una serie de leyes para permitir la construcción de nuevas barreras en Texas, a lo largo de la frontera suroeste. La medida se produce en el contexto de un aumento en el número de migrantes que cruzan la frontera sin autorización, lo que altera de manera drástica las presiones políticas sobre Biden.Biden ha sostenido la postura de que un muro fronterizo es ineficaz. Pero declaró que el financiamiento se consignó para el muro fronterizo en 2019 y que el Congreso no reasignaría esos fondos —a pesar de los pedidos públicos del gobierno para que lo hiciera— lo cual quiere decir que el financiamiento tenía que usarse para ese propósito. Una ley de 1974 obliga al presidente a gastar el dinero según las instrucciones del Congreso, y los funcionarios de la Casa Blanca han dicho que la única manera de evitarlo era presentar una demanda, algo que el gobierno de Biden decidió no hacer.Antes del anuncio reciente, el gobierno autorizó que se completen algunas brechas pequeñas en el muro.LO QUE SE DIJO“Poner fin a las políticas de asilo perjudiciales de Trump”.—Sitio web de la campaña de 2020.Durante su campaña de 2020, Biden criticó en público la estrategia migratoria del gobierno de Trump y argumentó que había desafiado la tradición estadounidense al tratar de “restringir drásticamente el acceso al asilo en Estados Unidos”. Pero su gobierno también ha intentado limitar el proceso de asilo para disminuir la migración no autorizada.En mayo, el gobierno promulgó una norma que presume que la mayoría de los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera desde México entre los puertos de entrada no son elegibles para el asilo. La norma descalifica a la mayoría de los solicitantes si entraron a Estados Unidos sin cita previa en un punto de entrada oficial o no pueden demostrar que buscaron protección legal en otro país por el que cruzaron.Al igual que el gobierno de Trump, Biden ha tratado de limitar el proceso de asilo para desalentar la migración no autorizada.Verónica G. Cárdenas para The New York TimesLa norma tiene sus excepciones: no aplica a los menores no acompañados ni a migrantes que puedan demostrar que su vida estaba en peligro inminente, por ejemplo, pero los críticos dicen que el criterio es similar al de Trump.Respecto a la cuestión de la inmigración en general, los aliados de Biden en el Congreso propusieron un proyecto de ley en 2021 que habría transformado el sistema migratorio, pero en última instancia fracasó. Hasta principios de este año, también se mantuvo en vigor el Título 42, una regla sanitaria de la época de la pandemia que promulgó el gobierno de Trump para expulsar con rapidez a los inmigrantes que cruzaran ilegalmente al país.ImpuestosLO QUE SE DIJO“Les garantizo, palabra de un Biden, que ninguna persona que gane menos de 400.000 dólares pagará un solo centavo de impuestos. Ni un centavo”.—Durante un mitin de campaña en octubre de 2020Biden no les ha aumentado los impuestos a los contribuyentes dentro de ese umbral, como prometió. Pero sí se ha centrado en aumentar los impuestos a las empresas y a quienes ganan más de 400.000 dólares. Por ejemplo, el presupuesto que propuso para el año fiscal 2024, incluye un aumento a la tasa de impuesto para Medicare del 3,8 al 5 por ciento para los ingresos superiores a 400.000 dólares.No obstante, esa “no es la historia completa”, afirmó William McBride, vicepresidente de política fiscal federal de la Tax Foundation, un laboratorio de ideas derechista.McBride señaló que algunos análisis estiman que los aumentos de impuestos a las empresas podrían tener un efecto indirecto en toda la escala de ingresos, ya que la carga suele repercutir, al menos en parte, en los consumidores y los trabajadores, por ejemplo, a través de salarios o valores bursátiles más bajos. Aunque los cálculos difieren, un análisis de la Tax Foundation de 2022 llegó a la conclusión de que, a largo plazo, la Ley de Reducción de la Inflación podría reducir los ingresos después de impuestos en torno a un 0,2 por ciento para la mayoría de los grupos de ingresos, incluidos los que ganan menos de 400.000 dólares.Atención médicaLO QUE SE DIJO“El plan de Biden derogará la legislación existente que le prohíbe de manera explícita a Medicare negociar precios más bajos con las corporaciones farmacéuticas”.—Sitio web de la campaña de 2020Como presidente, Biden sí promulgó una ley que autorizaba al gobierno federal a negociar precios más bajos de algunos medicamentos para los beneficiarios de Medicare, pero sin derogar la ley vigente, sino añadiendo una excepción.Esa medida formaba parte de la Ley de Reducción de la Inflación aprobada en 2022. La Oficina Presupuestaria del Congreso ha calculado que el programa podría ahorrarle al gobierno unos 100.000 millones de dólares en una década. Los fabricantes de medicamentos han presentado múltiples demandas en un intento por detener el programa de fijación de precios de medicamentos.LO QUE SE DIJO“Lo que voy a hacer es aprobar Obamacare con una opción pública, para convertirla en Bidencare”.—Durante un debate de octubre de 2020Desde que asumió el cargo, Biden no ha tomado medidas formales para hacer realidad esta propuesta. De hecho, desde entonces, ha mencionado muy pocas veces su promesa de una opción pública, lo cual le daría a los estadounidenses la posibilidad de inscribirse a un plan de salud administrado por el gobierno.“Es justo decir que el presidente Biden no ha impulsado con fuerza la idea de una opción pública desde que llegó al cargo”, comentó Larry Levitt, vicepresidente ejecutivo de política sanitaria de KFF, un grupo sin fines de lucro centrado en política sanitaria.La primera propuesta presupuestaria de Biden, para el año fiscal 2022, abordaba su deseo de una opción pública, aunque con pocos detalles. Conseguir que el Congreso apruebe una opción pública sería, como sucede con algunas otras propuestas de campaña, un gran desafío.EducaciónLO QUE SE DIJO“Invertir en nuestras escuelas para eliminar la brecha de financiamiento entre distritos blancos y no blancos, y distritos ricos y pobres”.—Sitio web de la campaña de 2020Para lograr este objetivo, Biden propuso triplicar la financiación del Título I, que proporciona ayuda a las escuelas locales para beneficiar a los estudiantes de bajos ingresos. Durante la presidencia de Biden, el financiamiento de las subvenciones del Título I ha aumentado, pero de manera más modesta: en torno a un 11 por ciento, aunque sus defensores afirman que el impulso se ha visto atenuado por la inflación y el aumento de las inscripciones. Las propuestas del gobierno de aumentos mucho mayores han fracasado en el Congreso.Dado el tamaño del programa Título I —18.400 millones de dólares en el año fiscal 2023— triplicar el financiamiento en tres años mediante el proceso de asignaciones “no es realista”, dijo Sarah Abernathy, directora ejecutiva de Committee for Education Funding.Mientras que la Casa Blanca ha propuesto un aumento adicional en la financiación del Título I, un plan de los republicanos de la Cámara de Representantes ha pedido recortes severos.Biden propuso triplicar la financiación del Título I, que proporciona ayuda a las escuelas locales para beneficiar a los estudiantes de bajos ingresos.Logan R. Cyrus para The New York TimesEn su promesa de subsanar las diferencias entre los distritos, la campaña de Biden para 2020 citó a un grupo educativo ya desaparecido, que había evaluado las discrepancias en ese momento. Los expertos no conocían ningún análisis actual que ofreciera una comparación directa.Pero la financiación del Título I por sí sola no puede resolver estas carencias, porque los distritos escolares se financian mayoritariamente a nivel estatal y local, según Noelle Ellerson Ng, directora ejecutiva adjunta de defensa y gobernanza de AASA, la Asociación de Superintendentes de Distritos Escolares.LO QUE SE DIJO“Como presidente, Biden tratará de avanzar en este tema con la promulgación de leyes que garanticen que todas las personas trabajadoras, incluidos los que asisten a la escuela medio tiempo y los ‘dreamers’ (los adultos jóvenes que llegaron a Estados Unidos en la infancia), puedan ir a la universidad comunitaria durante un máximo de dos años de manera gratuita”.“Hacer que los colegios y las universidades públicas sean gratuitas para todas las familias cuyos ingresos son inferiores a 125.000 dólares anuales”, sitio web de la campaña de 2020El gobierno de Biden no ha conseguido hacer realidad estas promesas, aunque sí ha propuesto dedicarles fondos.Por ejemplo, en su plan de presupuesto para el año fiscal 2024, el gobierno solicitó 90.000 millones de dólares a lo largo de 10 años para que los dos primeros años de la universidad comunitaria fueran gratuitos.Además, el gobierno pidió dos años de “matrícula subsidiada” para los estudiantes de familias con ingresos inferiores a 125.000 dólares y, en específico, para los estudiantes que asisten a universidades históricamente negras u otras universidades que reciben a estudiantes de minorías.Cambio climáticoLO QUE SE DIJO“Ya no se perforarán las tierras federales, punto”.—Durante febrero de 2020 en un evento municipalContrario al compromiso de Biden en campaña, su gobierno aprobó formalmente en marzo un proyecto de perforación petrolera en Alaska conocido como Willow. El gobierno hizo hincapié en que limitó el proyecto, ya que rechazó dos de los cinco lugares de perforación propuestos e hizo que la empresa que lo promovía devolviera al gobierno unas 27.518 hectáreas de arrendamientos existentes.Desde entonces, Biden anunció una prohibición a la perforación de más de 5 millones de hectáreas de zonas naturales en la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska y canceló los arrendamientos de perforación en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico.En cuanto a otras medidas relacionadas con el cambio climático, la Ley de Reducción de la Inflación supuso una gran inversión en energías limpias, incluso mediante lucrativos incentivos fiscales que, según algunos datos, contribuyeron a estimular la inversión privada. Y el gobierno propuso normativas para limitar la contaminación de gases de efecto invernadero de las centrales eléctricas existentes.LO QUE SE DIJO“Como presidente, Biden trabajará con los gobernadores y alcaldes del país para apoyar el despliegue de más de 500.000 nuevos puntos de recarga públicos para finales de 2030”.—Sitio web de la campaña de 2020Con determinación, Biden ha presionado para ayudar a acelerar el cambio del país al uso de vehículos eléctricos, incluso mediante la propuesta de normas ambientales. También firmó leyes para invertir en estaciones de carga. Las leyes bipartidistas de infraestructura del 2021 incluyeron 7500 millones de dólares para construir esas estaciones.La Casa Blanca ha declarado que Estados Unidos está en vías de alcanzar 500.000 cargadores para 2030, aunque no especificó si esa estimación se refiere al total de cargadores públicos o a nuevos cargadores públicos, como decía el objetivo de la campaña.Con determinación, Biden ha presionado para ayudar a acelerar el cambio del país a los vehículos eléctricos.Gabby Jones para The New York TimesAlgunos expertos afirmaron que incluso alcanzar la meta de 500.000 estaciones de carga públicas será un desafío, aunque no imposible. “Es técnicamente factible alcanzar el objetivo, pero no será fácil”, comentó Kenneth Gillingham, profesor de Economía Medioambiental y Energética de la Universidad de Yale.Sin embargo, según algunas estimaciones, alcanzar los 500.000 cargadores públicos en 2030 no es suficiente. Un informe reciente de Alliance for Automotive Innovation, un grupo comercial, afirma que hoy se necesitan más de 530.000 cargadores, antes de que se produzca el aumento previsto en la adopción de vehículos eléctricos.Justicia penalLO QUE SE DIJO“Como no podemos tener la certeza que decidamos correctamente siempre en estos casos, debemos eliminar la pena de muerte”.—En X, plataforma antes conocida como Twitter, en julio de 2019Biden no ha eliminado la pena de muerte, para lo cual sería necesaria una ley. Su gobierno ha tomado algunas medidas para reducir el uso de la pena capital, pero algunos que se oponen a ella han dicho que Biden no ha actuado con suficiente agresividad.En 2021, el procurador general Merrick Garland impuso una moratoria a las ejecuciones federales después de que el gobierno de Trump reanudó la práctica tras un lapso de casi dos décadas sin ejecuciones. Durante la gestión de Garland, el Departamento de Justicia no ha solicitado la pena de muerte en nuevos casos.Dicho esto, los fiscales federales también se negaron a cambiar de rumbo en un caso iniciado en el gobierno de Trump que buscaba la pena de muerte para un hombre que mató a ocho personas en un ataque con camión en Manhattan en 2017. El sospechoso, Sayfullo Saipov, fue finalmente sentenciado este año a cadena perpetua después de que un jurado no se pusiera de acuerdo sobre si imponer la pena de muerte.El departamento también ha trabajado para mantener las penas de muerte existentes, como la impuesta a Dzhokhar Tsarnaev, condenado a muerte por su participación en los atentados del maratón de Boston de 2013.LO QUE SE DIJO“Usar el poder de clemencia del presidente para asegurar la liberación de individuos que enfrentan sentencias indebidamente largas por ciertos delitos no violentos y de drogas”, sitio web de la campaña de 2020Biden ha cumplido este compromiso, utilizando por primera vez el poder de clemencia en 2022, ya que conmutó las penas de 75 infractores por delitos de drogas y concedió tres indultos. Meses después, indultó a miles de personas condenadas por posesión de marihuana, según la ley federal.Política exteriorLO QUE SE DIJO“Regresaré a los soldados de combate en Afganistán a casa durante mi primer mandato”.—En respuesta a un cuestionario de 2020 de The New York TimesBiden cumplió este compromiso, ya que retiró a Estados Unidos de Afganistán en agosto de 2021 y dio por concluida la guerra más larga de la historia estadounidense, aunque el final fue caótico y mortal. La retirada ya se estaba gestando desde el gobierno de Trump.LO QUE SE DIJO“Si Teherán regresa al cumplimiento del acuerdo, el presidente Biden volverá a ratificar el acuerdo y utilizará una diplomacia dura y el apoyo de nuestros aliados para fortalecerlo y ampliarlo, al tiempo que presionaría con mayor eficacia contra las otras actividades desestabilizadoras de Irán”, sitio web de la campaña de 2020Biden se refería al acuerdo nuclear iraní de 2015, un acuerdo destinado a limitar el programa nuclear de Irán a cambio de la reducción de las sanciones. El gobierno de Trump se retiró del acuerdo en 2018. A pesar de más de un año de negociaciones tras la elección de Biden, Estados Unidos e Irán no lograron reincorporarse al acuerdo.Hace poco, el gobierno de Biden anunció nuevas sanciones contra Irán. La decisión se produjo al expirar una medida de las Naciones Unidas asociada al acuerdo nuclear, y también tras el ataque sorpresa del 7 de octubre contra Israel por parte de Hamás, que recibe apoyo de Irán. More

  • in

    Ohio Voted to Protect Abortion Rights. Could Florida Be Next?

    A coalition of groups collecting petition signatures for a ballot protecting abortion rights says its fund-raising got a boost after the Ohio results.Since the U.S. Supreme Court overturned Roe v. Wade last year, campaigns to protect abortion rights have galvanized voters in state after state. It has become Democrats’ most successful issue ahead of an uncertain 2024 election cycle — and their biggest hope, especially after voters in Ohio approved on Tuesday a measure to enshrine abortion rights in the State Constitution.That triumphant streak has propelled campaigns for similar abortion measures in swing, or potentially swing, states, including Arizona, Florida, Nevada and Pennsylvania. But none might be as tantalizing a prize as Florida, which has moved increasingly out of Democrats’ grasp in electoral contests.But getting a question on next year’s ballot in the state is hardly guaranteed.Like in Ohio, Florida’s government is controlled by Republicans. Also like Ohio, Florida has put in place a six-week abortion ban, with its enactment pending approval by the state’s Supreme Court. (That case centers on Florida’s existing 15-week ban, but affirming that restriction would then trigger the six-week ban approved by Gov. Ron DeSantis in April.)Abortion rights supporters reacted after the ballot measure in Ohio passed. Maddie McGarvey for The New York TimesThe parallels between the two states give Florida organizers hope for success, despite steep obstacles that include a court review of the proposed ballot measure and a costly petition-gathering process. If voters in Florida get to weigh in on the abortion question, organizers say, they too are likely to want to protect their rights.“Florida has always been a deeply libertarian state,” said Anna Hochkammer, executive director of the Florida Women’s Freedom Coalition. “‘Find your tribe, find your people, live your life — we’ll leave you alone.’ It’s part of Floridian culture. And Floridians reject outright that the government should be involved in these decisions. It is deeply offensive to Floridians’ sense of independence and freedom.”Since June 2022, when Roe was overturned, states have given voters a direct say on abortion access, either to protect abortion rights, weaken them or explicitly exclude them from state constitutions. Kansas, Kentucky and Michigan all voted to expand or maintain abortion rights.In Florida, a coalition of groups under the umbrella organization of Floridians Protecting Freedom, including Planned Parenthood and the American Civil Liberties Union, has collected a little more than half of the nearly 900,000 petition signatures it needs for a ballot measure that aims to limit “government interference with abortion” before a fetus is considered viable, which is often around 24 weeks of pregnancy. Abortion was legal up to 24 weeks in Florida until last year.The coalition had collected about $9 million by the end of September but says its next report will show that more than $12 million has been raised. Most donations have come from Florida, with limited interest so far from the out-of-state donors who propelled campaigns in Ohio and elsewhere.The coalition raised more than $300,000 on Wednesday after the Ohio victory, Ms. Hochkammer said, with more people clicking through the group’s fund-raising emails or taking calls.State Senator Lori Berman of Florida speaking at a news conference in March to voice her opposition to the state’s near total abortion ban.Alicia Devine/Tallahassee Democrat, via Associated Press“The phones started ringing, and pledges started coming in,” she said. “I think that there were a lot of people that were sitting on their money, waiting to see what happened in Ohio. And we had a great day.”Among the places where volunteers and paid petition-gatherers have found eager supporters are screenings of the “Barbie” movie and the Taylor Swift Eras Tour movie, both of which have feminism as a key theme and strong female leads, said Laura Goodhue, executive director of the Florida Alliance of Planned Parenthood Affiliates.The coalition still needs to collect — and the state must validate — about 400,000 more signatures by Feb. 1, a difficult and expensive task.The ballot language must also be approved by the conservative-leaning Florida Supreme Court. The state’s Republican attorney general, Ashley Moody, announced a challenge to the measure last month.She and several groups that oppose abortion have argued that the measure is too broad, vague and misleading. Florida requires that ballot questions be clear and limited to a single subject.“This effort to hoodwink the Florida electorate should be rebuffed,” Ms. Moody wrote in a legal brief filed Oct. 31.The ballot question, which would include a summary of the amendment that would be added to the State Constitution if the initiative passes, would read in part, “No law shall prohibit, penalize, delay or restrict abortion before viability or when necessary to protect the patient’s health, as determined by the patient’s health care provider.” The question does not adequately define “viability”; whether “the patient’s health” would include mental health; and who would be considered a “health care provider,” Ms. Moody argued.“It’s abortion on demand for any reason,” said John Stemberger, president of the Florida Family Policy Council, a conservative Christian group. “It’s not only extreme, but it’s deceptive — and that’s a problem.”Mr. Stemberger said there was “a very good chance” that the State Supreme Court, whose ideological balance has shifted from liberal to conservative, could strike down the amendment. If not, his organization and others have already formed a political committee, Florida Voters Against Extremism, to prepare for a campaign.“Ohio is just a reminder that we still have a lot of work to do,” he said. “We have to go back to the drawing board and explain to people why unborn children are valuable, why adoption is always the better option.”Unlike in Ohio, where protecting abortion rights passed with about 57 percent of the vote, Florida requires citizen-led ballot initiatives to obtain more than 60 percent of the vote to pass. A University of North Florida poll found last year that 60 percent of residents opposed the 15-week ban after they were told that it does not include exceptions for rape or incest.Ms. Hochkammer said the coalition’s polling suggested that more than 70 percent of Floridians supported the abortion rights measure, including 64 percent of Republicans and 57 percent of voters who supported former President Donald J. Trump.Florida voters have tended to support ballot measures championing liberal causes, even while also electing Republican leaders who in many cases later watered down or undermined the implementation of those measures once in office.Until recently, Florida was considered the nation’s largest presidential battleground, with elections decided by tiny margins and former President Barack Obama winning the state twice. But Republicans have been making gains: Mr. Trump won by more than three percentage points in 2020, and Governor DeSantis by 19 points, a landslide, last year.Still, significant citizen-led constitutional measures have done well once they have overcome the hurdles to make it onto the ballot.In 2020, voters backed a $15 hourly minimum wage — and Mr. Trump. In 2018, they voted to restore felons’ voting rights — and for Mr. DeSantis. In 2016, they voted to legalize medical marijuana — and for Mr. Trump.“We are not a deeply conservative, extremist state,” Ms. Hochkammer said. “We are a deeply gerrymandered state, and the fact that our divided election results have been skewing a certain way should not mislead people about what the political appetite is in Florida.” More

  • in

    Sweeping Raids and Mass Deportations: Inside Trump’s 2025 Immigration Plans

    Former President Donald J. Trump is planning an extreme expansion of his first-term crackdown on immigration if he returns to power in 2025 — including preparing to round up undocumented people already in the United States on a vast scale and detain them in sprawling camps while they wait to be expelled.The plans would sharply restrict both legal and illegal immigration in a multitude of ways.Mr. Trump wants to revive his first-term border policies, including banning entry by people from certain Muslim-majority nations and reimposing a Covid 19-era policy of refusing asylum claims — though this time he would base that refusal on assertions that migrants carry other infectious diseases like tuberculosis.He plans to scour the country for unauthorized immigrants and deport people by the millions per year.To help speed mass deportations, Mr. Trump is preparing an enormous expansion of a form of removal that does not require due process hearings. To help Immigration and Customs Enforcement carry out sweeping raids, he plans to reassign other federal agents and deputize local police officers and National Guard soldiers voluntarily contributed by Republican-run states.To ease the strain on ICE detention facilities, Mr. Trump wants to build huge camps to detain people while their cases are processed and they await deportation flights. And to get around any refusal by Congress to appropriate the necessary funds, Mr. Trump would redirect money in the military budget, as he did in his first term to spend more on a border wall than Congress had authorized.“Trump will unleash the vast arsenal of federal powers to implement the most spectacular migration crackdown,” said Stephen Miller, Mr. Trump’s former White House aide who was the chief architect of his border control efforts.Cooper Neill for The New York TimesIn a public reference to his plans, Mr. Trump told a crowd in Iowa in September: “Following the Eisenhower model, we will carry out the largest domestic deportation operation in American history.” The reference was to a 1954 campaign to round up and expel Mexican immigrants that was named for an ethnic slur — “Operation Wetback.”The constellation of Mr. Trump’s 2025 plans amounts to an assault on immigration on a scale unseen in modern American history. Millions of undocumented immigrants would be barred from the country or uprooted from it years or even decades after settling here.Such a scale of planned removals would raise logistical, financial and diplomatic challenges and would be vigorously challenged in court. But there is no mistaking the breadth and ambition of the shift Mr. Trump is eyeing.In a second Trump presidency, the visas of foreign students who participated in anti-Israel or pro-Palestinian protests would be canceled. U.S. consular officials abroad will be directed to expand ideological screening of visa applicants to block people the Trump administration considers to have undesirable attitudes. People who were granted temporary protected status because they are from certain countries deemed unsafe, allowing them to lawfully live and work in the United States, would have that status revoked.Similarly, numerous people who have been allowed to live in the country temporarily for humanitarian reasons would also lose that status and be kicked out, including tens of thousands of the Afghans who were evacuated amid the 2021 Taliban takeover and allowed to enter the United States. Afghans holding special visas granted to people who helped U.S. forces would be revetted to see if they really did.And Mr. Trump would try to end birthright citizenship for babies born in the United States to undocumented parents — by proclaiming that policy to be the new position of the government and by ordering agencies to cease issuing citizenship-affirming documents like Social Security cards and passports to them. That policy’s legal legitimacy, like nearly all of Mr. Trump’s plans, would be virtually certain to end up before the Supreme Court.In interviews with The New York Times, several Trump advisers gave the most expansive and detailed description yet of Mr. Trump’s immigration agenda in a potential second term. In particular, Mr. Trump’s campaign referred questions for this article to Stephen Miller, an architect of Mr. Trump’s first-term immigration policies who remains close to him and is expected to serve in a senior role in a second administration.All of the steps Trump advisers are preparing, Mr. Miller contended in a wide-ranging interview, rely on existing statutes; while the Trump team would likely seek a revamp of immigration laws, the plan was crafted to need no new substantive legislation. And while acknowledging that lawsuits would arise to challenge nearly every one of them, he portrayed the Trump team’s daunting array of tactics as a “blitz” designed to overwhelm immigrant-rights lawyers.“Any activists who doubt President Trump’s resolve in the slightest are making a drastic error: Trump will unleash the vast arsenal of federal powers to implement the most spectacular migration crackdown,” Mr. Miller said, adding, “The immigration legal activists won’t know what’s happening.”Todd Schulte, the president of FWD.us, an immigration and criminal justice advocacy group that repeatedly fought the Trump administration, said the Trump team’s plans relied on “xenophobic demagoguery” that appeals to his hardest-core political base.“Americans should understand these policy proposals are an authoritarian, often illegal, agenda that would rip apart nearly every aspect of American life — tanking the economy, violating the basic civil rights of millions of immigrants and native-born Americans alike,” Mr. Schulte said.‘Poisoning the Blood’Migrants gather outside the Roosevelt Hotel in Midtown Manhattan in August, waiting to be processed.Jeenah Moon for The New York TimesSince Mr. Trump left office, the political environment on immigration has moved in his direction. He is also more capable now of exploiting that environment if he is re-elected than he was when he first won election as an outsider.The ebbing of the Covid-19 pandemic and resumption of travel flows have helped stir a global migrant crisis, with millions of Venezuelans and Central Americans fleeing turmoil and Africans arriving in Latin American countries before continuing their journey north. Amid the record numbers of migrants at the southern border and beyond it in cities like New York and Chicago, voters are frustrated and even some Democrats are calling for tougher action against immigrants and pressuring the White House to better manage the crisis.Mr. Trump and his advisers see the opening, and now know better how to seize it. The aides Mr. Trump relied upon in the chaotic early days of his first term were sometimes at odds and lacked experience in how to manipulate the levers of federal power. By the end of his first term, cabinet officials and lawyers who sought to restrain some of his actions — like his Homeland Security secretary and chief of staff, John F. Kelly — had been fired, and those who stuck with him had learned much.In a second term, Mr. Trump plans to install a team that will not restrain him.Since much of Mr. Trump’s first-term immigration crackdown was tied up in the courts, the legal environment has tilted in his favor: His four years of judicial appointments left behind federal appellate courts and a Supreme Court that are far more conservative than the courts that heard challenges to his first-term policies.The fight over Deferred Action for Childhood Arrivals provides an illustration.DACA is an Obama-era program that shields from deportation and grants work permits to people who were brought unlawfully to the United States as children. Mr. Trump tried to end it, but the Supreme Court blocked him on procedural grounds in June 2020.Mr. Miller said Mr. Trump would try again to end DACA. And the 5-4 majority of the Supreme Court that blocked the last attempt no longer exists: A few months after the DACA ruling, Justice Ruth Bader Ginsburg died and Mr. Trump replaced her with a sixth conservative, Justice Amy Coney Barrett.Mr. Trump’s rhetoric has more than kept up with his increasingly extreme agenda on immigration.His stoking of fear and anger toward immigrants — pushing for a border wall and calling Mexicans rapists — fueled his 2016 takeover of the Republican Party. As president, he privately mused about developing a militarized border like Israel’s, asked whether migrants crossing the border could be shot in the legs and wanted a proposed border wall topped with flesh-piercing spikes and painted black to burn migrants’ skin.As he has campaigned for the party’s third straight presidential nomination, his anti-immigrant tone has only grown harsher. In a recent interview with a right-wing website, Mr. Trump claimed without evidence that foreign leaders were deliberately emptying their “insane asylums” to send the patients across America’s southern border as migrants. He said migrants were “poisoning the blood of our country.” And at a rally on Wednesday in Florida, he compared them to the fictional serial killer and cannibal Hannibal Lecter, saying, “That’s what’s coming into our country right now.”Mr. Trump had similarly vowed to carry out mass deportations when running for office in 2016, but the government only managed several hundred thousand removals per year under his presidency, on par with other recent administrations. If they get another opportunity, Mr. Trump and his team are determined to achieve annual numbers in the millions.Keeping People OutMigrants wait to be escorted by Border Patrol agents to a processing area in September. Mr. Trump’s stoking of fear and anger toward immigrants fueled his 2016 takeover of the Republican Party. Mark Abramson for The New York TimesMr. Trump’s immigration plan is to pick up where he left off and then go much farther. He would not only revive some of the policies that were criticized as draconian during his presidency, many of which the Biden White House ended, but also expand and toughen them.One example centers on expanding first-term policies aimed at keeping people out of the country. Mr. Trump plans to suspend the nation’s refugee program and once again categorically bar visitors from troubled countries, reinstating a version of his ban on travel from several mostly Muslim-majority countries, which President Biden called discriminatory and ended on his first day in office.Mr. Trump would also use coercive diplomacy to induce other nations to help, including by making cooperation a condition of any other bilateral engagement, Mr. Miller said. For example, a second Trump administration would seek to re-establish an agreement with Mexico that asylum seekers remain there while their claims are processed. (It is not clear that Mexico would agree; a Mexican court has said that deal violated human rights.)Mr. Trump would also push to revive “safe third country” agreements with several nations in Central America, and try to expand them to Africa, Asia and South America. Under such deals, countries agree to take would-be asylum seekers from specific other nations and let them apply for asylum there instead.While such arrangements have traditionally only covered migrants who had previously passed through a third country, federal law does not require that limit and a second Trump administration would seek to make those deals without it, in part as a deterrent to migrants making what the Trump team views as illegitimate asylum claims.At the same time, Mr. Miller said, the Centers for Disease Control and Prevention would invoke the public health emergency powers law known as Title 42 to again refuse to hear any asylum claims by people arriving at the southern border. The Trump administration had internally discussed that idea early in Mr. Trump’s term, but some cabinet secretaries pushed back, arguing that there was no public health emergency that would legally justify it. The administration ultimately implemented it during the coronavirus pandemic.Saying the idea has since gained acceptance in practice — Mr. Biden initially kept the policy — Mr. Miller said Mr. Trump would invoke Title 42, citing “severe strains of the flu, tuberculosis, scabies, other respiratory illnesses like R.S.V. and so on, or just a general issue of mass migration being a public health threat and conveying a variety of communicable diseases.”Mr. Trump and his aides have not yet said whether they would re-enact one of the most contentious deterrents to unauthorized immigration that he pursued as president: separating children from their parents, which led to trauma among migrants and difficulties in reuniting families. When pressed, Mr. Trump has repeatedly declined to rule out reviving the policy. After an outcry over the practice, Mr. Trump ended it in 2018 and a judge later blocked the government from putting it back into effect.Mass DeportationsFederal immigration-enforcement officers gathered for an arrest operation in May in Pompano Beach, Fla.Saul Martinez for The New York TimesSoon after Mr. Trump announced his 2024 campaign for president last November, he met with Tom Homan, who ran ICE for the first year and a half of the Trump administration and was an early proponent of separating families to deter migrants.In an interview, Mr. Homan recalled that in that meeting, he “agreed to come back” in a second term and would “help to organize and run the largest deportation operation this country’s ever seen.”Trump advisers’ vision of abrupt mass deportations would be a recipe for social and economic turmoil, disrupting the housing market and major industries including agriculture and the service sector.Mr. Miller cast such disruption in a favorable light.“Mass deportation will be a labor-market disruption celebrated by American workers, who will now be offered higher wages with better benefits to fill these jobs,” he said. “Americans will also celebrate the fact that our nation’s laws are now being applied equally, and that one select group is no longer magically exempt.”One planned step to overcome the legal and logistical hurdles would be to significantly expand a form of fast-track deportations known as “expedited removal.” It denies undocumented immigrants the opportunity to seek asylum hearings and file appeals, which can take months or years — especially when people are not in custody — and has led to a large backlog. A 1996 law says people can be subject to expedited removal for up to two years after arriving, but to date the executive branch has used it more cautiously, swiftly expelling people picked up near the border soon after crossing.The Trump administration tried to expand the use of expedited removal, but a court blocked it and then the Biden team canceled the expansion. It remains unclear whether the Supreme Court will rule that it is constitutional to use the law against people who have been living for a significant period in the United States and express fear of persecution if sent home.Mr. Trump has also said he would invoke an archaic law, the Alien Enemies Act of 1798, to expel suspected members of drug cartels and criminal gangs without due process. That law allows for summary deportation of people from countries with which the United States is at war, that have invaded the United States or that have engaged in “predatory incursions.”Tom Homan, who ran ICE for the first year and a half of the Trump administration, said he told Mr. Trump he would “help to organize and run the largest deportation operation this country’s ever seen.”Rebecca Noble for The New York TimesThe Supreme Court has upheld past uses of that law in wartime. But its text seems to require a link to the actions of a foreign government, so it is not clear whether the justices will allow a president to stretch it to encompass drug cartel activity.More broadly, Mr. Miller said a new Trump administration would shift from the ICE practice of arresting specific people to carrying out workplace raids and other sweeps in public places aimed at arresting scores of unauthorized immigrants at once. While every administration has used detention facilities, because of the magnitude of deportations being contemplated, the Trump team plans to build “vast holding facilities that would function as staging centers” for migrants waiting to be flown to other countries, Mr. Miller said. Such an undertaking would be fast-tracked, he said, “by bringing in the right kinds of attorneys and the right kinds of policy thinkers” — taking what is typically a methodical process “and making it radically more quick and efficient.”Mr. Miller said the new camps would likely be built “on open land in Texas near the border.” He said the military would construct them under the authority and control of the Department of Homeland Security. While he cautioned that there were no specific blueprints yet, he said the camps would look professional and similar to other facilities for migrants that have been built near the border.The use of these camps, he said, would likely be focused more on single adults because the government cannot indefinitely hold children under a longstanding court order known as the Flores settlement. So any families brought to the facilities would have to be moved in and out more quickly, Mr. Miller said.The Trump administration tried to overturn the Flores settlement, but the Supreme Court did not resolve the matter before Mr. Trump’s term ended. Mr. Miller said the Trump team would try again.To increase the number of agents available for ICE sweeps, Mr. Miller said, officials from other federal law enforcement agencies would be temporarily reassigned, and state National Guard troops and local police officers, at least from willing Republican-led states, would be deputized for immigration control efforts.While a law known as the Posse Comitatus Act generally forbids the use of the armed forces for law enforcement purposes, another law called the Insurrection Act creates an exception. Mr. Trump would invoke the Insurrection Act at the border, enabling the use of federal troops to apprehend migrants, Mr. Miller said.“Bottom line,” he said, “President Trump will do whatever it takes.”Zolan Kanno-Youngs More

  • in

    Judge Puts Off Decision on Whether to Delay Trump Documents Trial

    Judge Aileen M. Cannon said she would meet with prosecutors and defense lawyers in March to settle on a schedule for the former president’s trial in federal court in Florida.A federal judge on Friday put off until at least March the fraught and consequential decision of whether to delay the start of former President Donald J. Trump’s trial on charges of illegally holding on to a trove of highly classified national security secrets after he left office.But acknowledging “the evolving complexities” in the proceeding, the judge, Aileen M. Cannon, also said it would be “prudent” to push back several deadlines she had set for pretrial motions to be filed, especially those involving the classified materials at the heart of the case.While Judge Cannon’s ruling left the question of the trial’s timing unresolved, it staked out a temporary middle ground between Mr. Trump’s lawyers and federal prosecutors in the office of the special counsel, Jack Smith.Mr. Trump’s legal team, pursuing a persistent strategy of delay, has repeatedly asked the judge to postpone the trial until after the 2024 election. Prosecutors under Mr. Smith have admitted that the case is complicated, but have asked Judge Cannon to hold the line and stick to the current trial date of May 20.At a hearing last week in Federal District Court in Fort Pierce, Fla., Judge Cannon, who was appointed by Mr. Trump, signaled that she was ready to make some “reasonable adjustments” to the timing of the case. She expressed concern in particular that her trial in Florida might “collide” with Mr. Trump’s other federal trial, a Washington-based proceeding on charges of plotting to overturn the 2020 election that is set to begin in early March.In an order on Friday explaining her decision, Judge Cannon reiterated her concern that the schedules for the two federal trials “as they currently stand overlap substantially.” That, she noted, could make it difficult to ensure that Mr. Trump had “adequate time to prepare for trial and to assist in his defense.”But Judge Cannon also said that Mr. Trump’s legal calendar — he is facing a total of four criminal cases — was “less important at this stage” than the challenges presented by the large volume of discovery evidence that the defense needs to digest. It was also less significant, she said, than the various difficulties involved in handling the sensitive materials at the center of the case under a law known as the Classified Information Procedures Act, or CIPA.Judge Cannon’s ruling left open the chance that the very sort of collision she has worried about might eventually take place. As part of her decision, she set a hearing on March 1 to determine the schedule for her case in Fort Pierce. That is only three days before Mr. Trump’s election subversion case is supposed to begin in Washington.Her ruling also did not foreclose the possibility that she might at some point delay the trial until after the election — a move that would be a major victory for Mr. Trump. Were that to happen, and were Mr. Trump to win the race, he could have the case thrown out entirely simply by ordering his attorney general to drop the charges.Notably absent from Judge Cannon’s ruling was any mention of how the trial calendar might intersect with Mr. Trump’s increasingly busy campaign schedule. It has been a challenge to find ample time for each of Mr. Trump’s four trials not merely in relation to one another, but also against the backdrop of a rapidly approaching set of primary elections and the Republican Party’s nominating convention in July.Judge Cannon chose to ignore Mr. Trump’s political calendar and to focus instead on logistical matters related to the nuts and bolts of the case. She pushed back several of her initial filing deadlines because of delays in constructing a secure facility in which she could review classified materials and because at least one lawyer in the case only recently obtained a full security clearance.She also said she was anticipating that the legal battles between the defense and the prosecution over how many — and precisely which — classified materials should be handed over as part of the discovery process would be “more robust than initially forecasted.”These fights, conducted under CIPA, she said, would require her to conduct a review of a “significant volume of information,” conduct more hearings and consider motions by the defense for additional disclosures. More

  • in

    The Betting on the Presidential Election Has Begun

    While two leading prediction markets are fighting regulatory restrictions in court, wagers on politics and economics are still being made.Financial journalists love Wall Street aphorisms. I use them whenever I can.“Don’t fight the Fed” has been handy this year. “The stock market climbs a wall of worry” is useful whenever investors are fretting.Here’s one I’ve never been able to drop into an article — not yet, anyway: “It is an old axiom in the financial district that Wall Street betting odds are ‘never wrong.’”But nearly a century ago, on Sept. 28, 1924, one of my anonymous predecessors at The New York Times (bylines were uncommon then) used it. That hallowed saying could be repurposed today, except for a formidable problem. It refers to the betting on elections that took place on Wall Street, which was commonplace back then — and covered extensively in The Times and other major newspapers, as an important source of information about national, state and local political contests.Today, except for indirect and elaborate financial hedges on the policy implications of election outcomes, outright betting on elections is no longer a core part of American finance.Legal battles are underway to change that, however. And in the meantime, three prediction markets — PredictIt, Kalshi and the Iowa Electronic Markets — continue to operate and generate compelling insights. With any of them, it’s possible to make bets on who will win the 2024 presidential election and on a host of other consequential matters.Markets Versus PollsI’ve used prediction markets for years, especially during election season, much as my predecessors presumably used the Wall Street election betting markets — not to place bets but to obtain information.I don’t depend on these markets, and don’t buy the notion that they are superior to other means of obtaining information — or that they have the ability to reliably predict the future or change the world.Even so, they are illuminating. Some studies have found prediction markets to compare favorably with polls, especially when you are weeks or months away from voting. And when an issue or an election is important, one can never have enough data.Right now, for instance.The latest New York Times/Siena College poll shows that for the 2024 election, President Biden is trailing former President Donald J. Trump in five of six swing states. Both PredictIt and the Iowa market indicate, however, that most people placing wagers on those sites believe that in the end Mr. Biden will win.Which Question?John Aristotle Phillips, who runs the PredictIt market on behalf of Victoria University of Wellington, a New Zealand institution, said in an interview that there were frequently major differences between the findings of the polls and the prediction markets. That’s entirely normal, he said. “Polls and prediction markets ask different questions.”A poll asks who, right now, you would prefer as a candidate. But a functioning market that demands real money for a trade asks something else, he said, “not who you want to win but who you think will win.”As a sports fan, I understand the difference.If you asked me which baseball team I wanted to win, I’d always pick the Mets. But over many decades, they have usually disappointed me. So if I had to put money down, I’d never bet on them.What do I really think? It depends on which question you ask.The State of PlayKalshi, PredictIt and the Iowa market operate legally but function under specific limitations.One general problem is that “no states allow betting on political events and, if it was allowed, it would be on a state-by-state basis,” said Cait DeBaun, vice president of the American Gaming Association, which represents the gambling industry. You can’t avoid enticements for betting on sports if you watch a game on television in most major markets, but you won’t see ads for bets on politics. They aren’t permitted.But both PredictIt and the Iowa market offer overtly political wagers under academic exemptions granted by the Commodity Futures Trading Commission.The Iowa market, which started in 1988, is the most purely academic of the three. It is devoted entirely to research and teaching, but is open to anyone who wants to place a wager.PredictIt is operating under an academic exemption, too, but it has had to fight to retain it. The C.F.T.C. withdrew its permission in August 2022, and ordered the site to shut down, saying it had strayed from its academic mission. But PredictIt won a court injunction allowing it to continue operating, and it is suing the C.F.T.C., seeking permanent authority to run its market.It has 19 contracts running now, but Mr. Phillips said he expected to offer “hundreds” soon. “We aren’t going anywhere,” he said. “We’re going to keep operating.”Kalshi, the biggest of the three sites, is the most constrained at the moment in betting on politics. As a commercial derivatives market, it can accept trades amounting to scores of millions of dollars.It already runs prediction markets on inflation, unemployment, oil prices, Federal Reserve policy, government shutdowns, the temperature in Austin, who will win an Oscar and President Biden’s approval rating. The consensus forecasts are often on the mark and extremely useful.But what Kalshi has been unable to do is run a market predicting which political party will control Congress. The Commodity Futures Trading Commission has turned it down, saying that would violate prohibitions on election contracts implied by the Dodd-Frank Act of 2010. So Kalshi sued the C.F.T.C. this month.In an interview, Tarek Mansour, a founder of Kalshi, said that he would ultimately like to start markets on presidential elections and on a range of other contests. “Betting on elections is as old as the United States,” he said, adding that if that betting isn’t done through a careful marketplace like his, it will happen elsewhere anyway.Already, he pointed out, sophisticated and well-financed investors can hedge against the risks of election outcomes through bespoke derivative contracts arranged by investment banks. “Why limit these trades to the very rich?” he asked. “We want to make this kind of hedging available to the average investor.”I said that I would call these “trades” bets.He said, “I wouldn’t disagree.”Betting on U.S. elections takes place abroad. Betfair in Britain runs a robust market. And unregulated offshore betting is conducted on Polymarket, which uses cryptocurrency and was fined $1.4 million by the C.F.T.C. for running afoul of its rules. Then there’s FTX, the failed cryptocurrency exchange that was headed by Sam Bankman-Fried, who was convicted this month on seven counts of fraud and conspiracy. It ran an unregulated, offshore prediction market in the 2020 election cycle.“Driving these markets offshore doesn’t make sense to me,” Mr. Mansour said.I’ll leave these legal matters to the courts and the regulatory agencies to decide.But like my journalistic predecessors, I welcome the data trove that betting on elections provides. I’m hoping the entrepreneurs who run prediction markets will keep the information flowing, so we can really test the truth of the old saying, “Wall Street betting odds are never wrong.” More

  • in

    Israel Agrees to Short Pauses in Gaza Fighting, and More

    The New York Times Audio app is home to journalism and storytelling, and provides news, depth and serendipity. If you haven’t already, download it here — available to Times news subscribers on iOS — and sign up for our weekly newsletter.The Headlines brings you the biggest stories of the day from the Times journalists who are covering them, all in about 10 minutes.For a few hours daily, residents of northern Gaza have used pauses in the fighting by the Israeli military to make their way south.Samar Abu Elouf for The New York TimesOn Today’s Episode:Israel Has Agreed to Regular Daily Four-Hour Pauses for Civilians to Flee, The White House saidExplosion Rocks a Gaza HospitalJoe Manchin’s Retirement Adds Fuel to 2024 RumorsHouse Republicans Clash Over Spending Days Ahead of Shutdown DeadlineEmily Lang More

  • in

    The G.O.P.’s Culture War Shtick Is Wearing Thin With Voters

    The Republican Party has always leaned on culture war issues to win elections, but for the last three years, since Joe Biden won office in 2020, an aggressive and virulent form of culture war demagoguery has been at the center of Republican political strategy.If the results of Tuesday’s elections in Virginia, Kentucky and Ohio tell us anything, however, it’s that this post-Roe form of culture warring is an abject failure, an approach that repels and alienates voters far more than it appeals to or persuades them.To be fair to Republican strategists, there was a moment, in the fall of 2021, when it looked like the plan was working. Glenn Youngkin, the Republican nominee for governor in Virginia, ran on a campaign of “parents’ rights” against “critical race theory” and won a narrow victory against Terry McAuliffe, a former Democratic governor, sweeping Republicans into power statewide for the first time since 2009. Youngkin shot to national prominence and Republicans made immediate plans to take the strategy to every competitive race in the country.In 2022, with “parental rights” as their rallying cry, Republican lawmakers unleashed a barrage of legislation targeting transgender rights, and Republican candidates ran explicit campaigns against transgender and other gender nonconforming people. “They kicked God out of schools and welcomed the drag queens,” said Kari Lake, an Arizona Republican, during her 2022 campaign for governor. “They took down our flag and replaced it with a rainbow.”Republican candidates and political committees spent millions of dollars attacking gender-affirming care for minors and transgender participation in youth sports. Republican opponents of Michigan’s initiative to protect abortion access in the state warned voters that it would give transgender youth the right to obtain certain forms of care without parental consent. An ad aired in opposition to Abigail Spanberger, a Virginia Democrat running for re-election to the House that year, portrayed gender-affirming care as a way to “chemically castrate” children.Lake lost her race. Michigan voters successfully amended their state Constitution to protect the right to an abortion. Spanberger won re-election, too. Overall, election night 2022 was a serious disappointment for the Republican Party, which failed to win a Senate majority and barely won control of the House of Representatives. The hoped-for red wave was little more than a puddle. The culture war strategy had fallen flat on its face.Undaunted, Republicans stepped back up to the plate and took another swing at transgender rights. Attorney General Daniel Cameron of Kentucky, the Republican nominee for governor of that state, and his allies spent millions on anti-transgender right ads in his race against the Democratic incumbent Andy Beshear. In one television ad, a narrator warns viewers of a “radical transgender agenda” that’s “bombarding our children everywhere we turn.” Beshear won re-election.Youngkin was not on the ballot in Virginia, but he led the effort to win a Republican trifecta in the state, targeting Democrats once again on parents’ rights and endorsing candidates who ran hard against transgender inclusion in schools. “No more are we going to make parents stand outside of the room,” Youngkin said, to a crowd of Republicans on Monday at a rally in Leesburg. “We are going to put them at the head of the table in charge of our children’s lives.”One candidate for State Senate Youngkin endorsed, Juan Pablo Segura, told Fox News that he wants to revisit a failed bill that would have required schools to notify parents if there was any hint a child was interested in transgender identity.Segura lost his race and Youngkin and his fellow Republicans failed to either flip the State Senate or hold on to the House of Delegates. He’ll face a Democratic majority in both chambers of the General Assembly for the rest of his term in office.Some Ohio Republicans also tried to turn their fight against a reproductive rights initiative into a battle over transgender rights, falsely stating that the wording of the amendment would allow minors to obtain gender-affirming surgeries without parental consent. On Tuesday, Ohio voters backed the initiative, 56 percent to 43 percent.I can think of three reasons that voters — going back to the 2016 North Carolina governor’s race, fought over the state’s “bathroom bill” — have not responded to Republican efforts to make transgender rights a wedge issue.There’s the fact that transgender people represent a tiny fraction of the population — they just aren’t all that relevant to the everyday lives of most Americans. There’s also the fact that for all the talk of “parents’ rights,” the harshest anti-trans laws trample on the rights of parents who want to support their transgender children.Additionally — and ironically, given the Republican Party’s strategic decision to link the two — there’s the chance that when fused together with support for abortion bans, vocal opposition to the rights of transgender people becomes a clear signal for extremist views. The vibe is off, one might say, and voters have responded accordingly.If the Republican Party were a normal political party that was still capable of strategic adjustment, I’d say to expect some rhetorical moderation ahead of the presidential election. But consider the most recent Republican presidential debate — held on Wednesday — in which candidates continued to emphasize their opposition to the inclusion of transgender people in mainstream American life. “If God made you a man, you play sports against men,” declared Senator Tim Scott of South Carolina, at the conclusion of the debate.So I suppose that when the next election comes around, we should just expect more of the same.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More

  • in

    How Abortion Could Define the 2024 Presidential Race

    With two election cycles after the decision in Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization under our belts, it cannot be denied: Abortion rights are the dominant issue in American politics. And when supporters of abortion rights — a clear majority of Americans — see a connection between their votes and protecting what was once guaranteed by Roe v. Wade, they are more likely to vote.With a second Trump term possibly hanging in the balance in next November’s election, these are lessons Democrats must seize.Abortion rights won big on Tuesday night. In Ohio, a constitutional amendment enshrining protections for abortion rights was on the ballot, and in Virginia, control of both chambers of the state legislature was considered a tossup, and both parties made abortion rights the central issue of their campaigns. The pro-abortion-rights measure in Ohio passed by a wide margin. In Virginia, the Republican governor, Glenn Youngkin, made his proposal for a ban on abortions after 15 weeks of pregnancy the central argument for electing Republicans in the state legislature. Republicans failed to win back control in the Senate and lost their narrow majority in the House of Delegates as turnout surged to historically high levels in key swing districts.Before this week’s elections, most of the attention of the political class and the public was focused on national polls showing Donald Trump holding a lead over President Biden in the 2024 presidential contest. But it is now clearer than ever that the backlash against the Dobbs decision — and voters’ general distaste for strictly limiting abortion access — could play a crucial role in winning Mr. Biden a second term. Certainly, there will be many other major issues at play in this election, including war and voters’ perceptions of the economy. But abortion could plausibly be the deciding factor next November.Mr. Trump’s narrow lead in recent polls is largely due to Mr. Biden’s underperforming with younger voters and voters of color relative to his support levels in 2020. While there is evidence that these polls overstate the risk to the president’s coalition, perhaps more important, these voters have proved over the course of the past year that they are highly mobilized by abortion rights and will provide strong support to candidates who share their position on the issue. By analyzing the individual-level turnout data from post-Dobbs elections, we know that women and younger voters are most likely to be inspired to vote when they see an opportunity to defend abortion rights and that this coalition is broad and diverse, including a large segment of voters of color.To date, the post-Dobbs political battles have been fought almost exclusively at the state level. Republicans in Congress, with control of the House of Representatives, have shown little appetite for passing a federal ban, saying the issue is best left to the states to decide. The implausible path for such legislation through a Democratic majority in the Senate, not to mention a certain veto from Mr. Biden, has spared the Republican majority in the House from any substantial pressure to advance such legislation. That said, in the immediate aftermath of seeing his state overwhelmingly support abortion rights this week, the Republican senator J.D. Vance of Ohio is urging a national Republican position on abortion in the form of a 15-week ban.The base of the Republican Party clearly expects its candidates to prioritize abortion bans. To ignore these calls is to risk a demoralized base on Election Day next year, making the path to victory that much narrower for a party that has won the national popular vote for the presidency only once in the past 35 years. Yet at the same time, the 2022 and 2023 elections have proved that standing firm in support of abortion bans energizes progressive voters and swings independents toward Democratic candidates. Given that Mr. Trump faces the challenge of expanding his coalition beyond that of his 2020 shortfall, such a development could doom his hopes of returning to the White House.Mr. Biden and his team have no doubt grasped this dynamic and will presumably force Mr. Trump to pick one of the two daunting paths before him. Before the Virginia elections, national Republicans clearly hoped that Mr. Youngkin had found the consensus choice, with what they emphasized as limits on abortion, not bans. These hopes were dashed in polling places across Virginia on Tuesday, something that surely did not go unnoticed in the White House.Abortion rights have had the biggest impact on elections over the past year and a half where voters believe abortion rights to be threatened and when they plausibly see their votes as a means to protect or reinstate abortion rights, it is good news for Democrats and for expanding or protecting abortion access. States with abortion on the ballot in the form of ballot measures have seen the biggest effect, but similar effects have been felt in states like Pennsylvania, Nevada and Arizona, where the issue was at the forefront of campaign messaging.While Republicans find themselves boxed into a corner on the issue of abortion, in many ways Mr. Biden is the ideal messenger to connect the dots for moderates on this issue. His personal journey on abortion rights has been well documented and mirrors that of many Americans. This year Mr. Biden said: “I’m a practicing Catholic. I’m not big on abortion. But guess what? Roe v. Wade got it right.” Polling shows a sizable portion of moderates and even conservatives more or less agree with him: They may not consider themselves activists on the issue of abortion rights, but at the same time, they are deeply uncomfortable with the Dobbs decision and how it stripped so many Americans of individual freedoms.This presents both a challenge and an opportunity for Mr. Biden in 2024: Republicans are on the defensive when it comes to abortion rights, and are losing ground every day. Mr. Trump, in calling bans on abortion after about six weeks of pregnancy “a terrible thing and a terrible mistake,” has shown he is aware of the liability the issue represents for his presidential campaign. Yet he is left without a solution that will mollify his supporters while not alienating moderates or mobilizing progressives.Democrats exceeded expectations and precedent in key races in 2022 and 2023 by putting abortion rights and Republican extremism front and center. In 2024 all voters must understand that their votes will decide the future of abortion rights, everywhere.Tom Bonier is a Democratic political strategist and the senior adviser to TargetSmart, a data and polling firm.The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram. More