Al menos seis personas han muerto a causa de la violencia que se ha extendido por todo el país tras la destitución la semana pasada de Pedro Castillo después de que intentara disolver el Congreso.
[El miércoles, el gobierno de Perú anunció un estado de emergencia nacional. Aquí puedes leer más, en inglés, sobre la medida].
LIMA — El traspaso relativamente pacífico, aunque abrupto, del poder presidencial en Perú la semana pasada ha derivado en violencia y disturbios, ya que los partidarios del expresidente han intensificado las denuncias de que su destitución fue ilegítima y han protagonizado ataques contra comisarías, juzgados, fábricas, aeropuertos y una base militar.
Los manifestantes, respaldados por organizaciones que representan a sindicatos, grupos indígenas y agricultores pobres, exigen nuevas elecciones lo antes posible.
Al mismo tiempo, los líderes izquierdistas de varios países latinoamericanos han dado su apoyo al anterior mandatario de Perú, Pedro Castillo, destituido el miércoles pasado y detenido tras intentar disolver el Congreso.
Los disturbios de esta semana crecieron y se extendieron a distintas partes del país, mientras el gobierno, al tiempo que denunciaba la violencia, se esforzaba por estabilizar la situación y responder a las demandas de los manifestantes.
El martes por la noche, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció que las fuerzas armadas asumirían la responsabilidad de proteger infraestructuras estratégicas como aeropuertos y centrales hidroeléctricas, y que el gobierno declararía en breve el estado de emergencia en la red de carreteras del país. “No vamos a negar que la situación del país es en este momento grave y preocupante”, declaró.
Al menos seis personas han muerto en los enfrentamientos, según la Defensoría del Pueblo de Perú, y todos los fallecidos parecen ser manifestantes, entre ellos cinco adolescentes. Amnistía Internacional y grupos locales de derechos humanos han acusado a la policía de responder, en algunos casos, con fuerza excesiva.
Anteriormente, el martes, la oficina de la Defensoría del Pueblo había dicho que siete manifestantes habían muerto, pero rectificó después de decir que un hombre identificado ante la oficina como muerto no podía encontrarse en el registro civil del país.
El martes, la nueva presidenta del país, Dina Boluarte, hizo un llamamiento a la “calma”.
“Esta situación que está enlutando al país nos congoja a toda la familia peruana”, dijo a la salida de un hospital de Lima, la capital, tras haber declarado el estado de emergencia en algunas zonas del país.
“Yo soy madre de dos hijos y no quisiera estar pasando por esta situación donde nuestros seres queridos están falleciendo”, afirmó.
Boluarte hizo campaña junto a Castillo, pero más tarde calificó sus acciones de intento de golpe de Estado. También es de izquierda y nació en el departamento andino de Apurímac, en su mayoría pobre, donde estallaron las primeras protestas.
La nueva presidenta dijo que se reuniría con los líderes de las fuerzas armadas de Perú y que tenía la opción de declarar el estado de emergencia nacional, una medida que suspende algunas libertades civiles.
Las autoridades peruanas cerraron al menos dos aeropuertos en medio de las protestas, incluido el de Cuzco, utilizado por los turistas que visitan Machu Picchu y la región circundante conocida como el Valle Sagrado, una importante fuente de ingresos para el país.
La policía y el ejército también dijeron que una base conjunta había sido destruida en el departamento de Cusco, mientras que unos 1000 manifestantes habían ocupado una planta de gas en la misma zona.
También se suspendió el servicio de trenes desde y hacia Cusco y Machu Picchu, según una alerta de viaje de la Embajada de EE. UU. en Lima.
El nuevo ministro de Economía y Finanzas del país, Alex Contreras, declaró a un canal de noticias local, RPP, que las protestas podrían costar a diversos sectores de Perú entre 15 y 26 millones de dólares al día.
Un general de la policía, Óscar Arriola, dijo que 119 agentes de policía resultaron heridos en los recientes enfrentamientos, mientras que Amnistía Internacional aseguró que había verificado imágenes de agentes de policía disparando gas lacrimógeno a corta distancia directamente contra los manifestantes en la plaza principal de Lima.
En su discurso del martes, Boluarte dijo que “había dado las indicaciones a la policía de no usar ningún arma letal, ni siquiera perdigones de goma”, y añadió que había pedido al ministro del Interior “individualizar a las personas que hayan hecho uso de estas armas que están dañando a nuestras hermanas y a nuestros hermanos”.
Castillo, exmaestro de escuela y activista sindical de izquierda que ganó las elecciones presidenciales por un estrecho margen el año pasado, ha tenido problemas para gobernar, enfrentándose a acusaciones de corrupción, incompetencia y mala gestión, mientras los legisladores parecían empeñados en echarlo.
La semana pasada, enfrentado a un tercer intento de destitución, anunció que disolvería el Congreso y crearía un nuevo gobierno que gobernaría por decreto.
La medida fue ampliamente denunciada tanto por opositores como por antiguos aliados como un intento de golpe de estado. En cuestión de horas, Castillo fue detenido, el Congreso votó por su destitución y la vicepresidenta, Boluarte, una antigua aliada, asumió el cargo.
Los acontecimientos se desarrollaron a una velocidad tan vertiginosa que a muchos peruanos les costó entender lo que estaba ocurriendo. Ahora, muchos de los partidarios de Castillo, sobre todo en las zonas rurales que forman su base, dicen que sienten que les han robado su voto.
Algunos manifestantes esperan que su movimiento crezca a medida que la policía responda a las manifestaciones con lo que califican de mano dura. Han presentado varios argumentos jurídicos para justificar la ilegalidad de la destitución de Castillo, y piden a Boluarte que convoque nuevas elecciones.
Boluarte ya ha dicho que intentará adelantar las próximas elecciones presidenciales dos años, para 2024, un esfuerzo que requerirá la aprobación del Congreso.
Castillo es uno de los varios presidentes de izquierda que han llegado al poder en América Latina en los últimos años en medio de un profundo enfado con los políticos de la clase dirigente. Muchos de estos líderes han tratado de unirse en torno a un propósito común que busca hacer frente a la creciente desigualdad y arrebatar el control a la élite política.
El lunes por la noche, varios de esos países alineados emitieron una declaración conjunta en la que calificaban al presidente destituido de “víctima de un antidemocrático hostigamiento” e instaban a los líderes políticos de Perú a respetar la “voluntad ciudadana” en las urnas.
La declaración, emitida por los gobiernos de Colombia, Bolivia, Argentina y México, se refiere a Castillo como “presidente” y no menciona a Boluarte.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del martes, dijo que su gobierno seguirá considerando a Castillo el líder de Perú “hasta que allá lo resuelvan en términos de legalidad”.
La relación entre las dos naciones, dijo, estaba “en pausa”.
El año pasado, Castillo hizo campaña electoral prometiendo hacer frente a la pobreza y la desigualdad. Su lema —“no más pobres en un país rico”— y su llamamiento a reformar la Constitución animaron a muchos campesinos en un país profundamente desigual donde la élite urbana se opuso con vehemencia a su candidatura.
Las protestas cuentan con el respaldo de la mayor federación de sindicatos, la mayor asociación de indígenas de la Amazonia peruana y muchas organizaciones que representan a agricultores pobres, entre otros grupos.
Jaime Borda, quien dirige Red Muqui, una red de organizaciones ecologistas y de derechos humanos que trabajan en las zonas rurales de Perú, dijo que la ira en las calles no se debía solamente a la frustración por la destitución de Castillo, sino a un “descontento de la población por todo el acumulado de las cosas de estos últimos años”, a saber, un sistema político que para muchos parecía fomentar la corrupción y servir a las élites.
Muchos manifestantes, dijo, creían que Castillo había sido llevado a la autodestrucción política por esa misma élite política.
La gente que sigue a Castillo “es muy consciente de que, al final, esa no era la forma de irse, de intentar un golpe de Estado”, dijo. “Pero la gente también te dice pero lo hemos elegido a él como nuestro representante, lo hemos elegido a él como nuestro presidente”.
Cunarc, una asociación de patrullas de seguridad rural, se encuentra entre los grupos que lideran las protestas.
Santos Saavedra, presidente de Cunarc, dijo que el llamamiento de Boluarte al diálogo “va a ser imposible porque la población no reconoce el gobierno de facto”.
Victoriano Laura, de 48 años, un minero de la ciudad de La Rinconada, en lo alto de la cordillera de los Andes, dijo el martes que muchas personas estaban viajando desde La Rinconada a la ciudad de Juliaca, a unos 160 kilómetros de distancia, para protestar.
“La gente está furiosa” por la destitución del presidente, dijo. “La violencia está empezando por la provocación de la policía, y la gente no se va a quedar callada”.
Hasta ahora, no ha surgido ningún líder que intente unificar a los distintos grupos. Perú se ha visto lastrado por la agitación política y los escándalos de corrupción de alto nivel que han llevado que desfilaran seis presidentes desde 2016.
En sus escasas apariciones públicas desde su detención por rebelión, Castillo ha defendido sus acciones y no ha mostrado arrepentimiento.
Durante su segunda comparecencia ante el tribunal el martes, Castillo dijo que había sido detenido injustamente y que nunca renunciaría.
“Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular. Desde aquí quiero exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, en referencia a los manifestantes.
Cuando un juez le interrumpió para preguntarle si quería decir algo en su defensa, Castillo respondió: “Nunca cometí un delito de conspiración ni rebelión”.
Mitra Taj reporteó desde Lima, Perú, y Julie Turkewitz y Genevieve Glatsky desde Bogotá, Colombia.
Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, que abarca Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de mudarse a América del Sur, fue corresponsal de temas nacionales y cubrió el oeste de Estados Unidos. @julieturkewitz
Source: Elections - nytimes.com
