Elections

Man caught with ‘small armory’ ahead of Capitol riot sentenced to nearly four years in prisonJudge said Lonnie Coffman’s weaponry showed he had come to Washington ‘to do battle’ An Alabama man found with a “small armory” of guns, ammunition and molotov cocktails in his pickup truck ahead of the 6 January 2021 US Capitol riot was sentenced to almost four years in prison, one of the stiffest sentences so far handed down.US district judge Colleen Kollar-Kotelly said the 46-month sentence reflected the seriousness of the charges against Lonnie Coffman, 72, who had pleaded guilty to possessing unregistered firearms.Coffman’s sentence is the third-longest for a Capitol riot defendant, after sentences of 63 months and 51 months to people who attacked police officers during the assault on Congress by former President Donald Trump’s supporters.Of the more than 100 defendants who have been sentenced so far, most have received probationary sentences or short jail sentences of less than two months.“He had a small armory in his truck, ready to do battle,” Kollar-Kotelly said during a sentencing hearing. “I still can’t get over why he had this.”Coffman has been in custody since his arrest on 6 January and will get credit for time served.Coffman’s lawyer argued that further incarceration was not warranted in light of his age, health, Vietnam war veteran status, remorse and acceptance of responsibility.Police officers arrested Coffman near the Capitol after noticing the handle of a gun in his pickup truck while they were responding to pipe bombs left outside the headquarters of the Democratic National Committee and Republican National Committee, both of which are near the Capitol.Inside Coffman’s truck, officers found an AR-15-style rifle, a shotgun, a crossbow, several machetes, smoke grenades and 11 molotov cocktails. They also found a note with the name of at least one member of Congress and a judge, with the notation “bad guy”.Prosecutors said at the time that the combination of weapons and political messages “suggest that these weapons were intended to be used in an effort to violently attack our elected representatives”.About 800 people face criminal charges relating to the storming of the Capitol by Trump supporters, which forced lawmakers to go into hiding during the certification over President Joe Biden’s election victory.TopicsUS Capitol attacknewsReuse this content More

En la segunda vuelta, programada para el domingo, los votantes decidirán entre un candidato acusado de acoso sexual en el Banco Mundial y un expresidente que una vez fue acusado de corrupción.SAN JOSÉ, Costa Rica — Fue degradado de un alto cargo a uno menor en el Banco Mundial por acoso sexual. Ahora, el economista Rodrigo Chaves —quien ha hecho campaña como un populista al margen del sistema político en unas elecciones empañadas por la ira contra los políticos tradicionales— lidera las encuestas para convertirse en el próximo presidente de Costa Rica el domingo.Es un ascenso inesperado a la prominencia en un país que ha asumido un papel de liderazgo en el avance de los derechos sociales en Centroamérica, lo que subraya cómo el deseo de castigar a las élites políticas por lo que consideran respuestas gubernamentales inadecuadas a los desafíos de la región opaca la mayoría de los otros asuntos.En 2019, el Banco Mundial reprendió a Chaves por lo que se demostró que era un patrón de conducta sexual inapropiada contra subalternas, aunque los detalles de su comportamiento solo se hicieron públicos en agosto en un periódico de Costa Rica, información que el candidato presidencial ha refutado en diversas ocasiones.La negación de Chaves y la minimización de un historial documentado de acoso sexual se producen dos años después de que otro político costarricense, el expresidente y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, evitara por poco ser procesado por abuso sexual, en un escándalo que sacudió al país.Arias fue acusado en 2019 de agresión sexual o conducta inapropiada por al menos nueve mujeres, emergiendo como uno de los casos más significativos del #MeToo en América Latina. Sin embargo, en diciembre de 2020, se retiraron los cargos presentados contra él por dos de las mujeres.Una protesta contra Óscar Arias Sánchez, premio Nobel de la Paz y expresidente de Costa Rica, quien fue acusado de agresión sexual en 2019.Juan Carlos Ulate/ReutersLos grupos de derechos de género dicen ahora que la apuesta de Chaves por el poder amenaza con socavar el progreso en la nación más liberal e igualitaria de Centroamérica.“El mensaje que están mandando a la sociedad es que el abuso sexual es algo menor, no es algo grave”, dijo Larissa Arroyo, una abogada de derechos humanos costarricense. “Esta campaña está normalizando y legitimando el abuso”.Chaves y su oficina de prensa no respondieron a una solicitud de entrevista.Chaves languidecía en la oscuridad hasta su alianza con Pilar Cisneros, una prominente periodista costarricense, que lo presentó a los votantes costarricenses como un gerente experimentado que le haría frente a la corrupción.Justo un día después de que Cisneros se uniera a la campaña de Chaves en agosto, el periódico local La Nación hizo pública la investigación del Banco Mundial que descubrió que había demostrado un patrón de acoso sexual contra empleadas júnior entre 2008 y 2013.Chaves respondió restando importancia a los hallazgos: “Ya están demostrando el miedo de la candidatura de Rodrigo Chaves los que tienen secuestrado a este país”, dijo en un mensaje en video publicado en las redes sociales horas después de la publicación del artículo.Las revelaciones apenas perjudicaron la campaña de Chaves. Cuando se reveló la investigación, Chaves solo contaba con un dos por ciento en las encuestas. En la primera vuelta de las elecciones nacionales, celebrada en febrero, había obtenido suficientes votos para pasar a la segunda vuelta presidencial.Candidatos presidenciales costarricenses durante un debate televisado previo a las elecciones de primera vuelta, que se celebraron en febrero.Mayela Lopez/ReutersCisneros salió en defensa de Chaves, ayudándolo a protegerse de los plenos efectos de las revelaciones. “¿Ustedes creen que Pilar Cisneros hubiera apoyado a un acosador sexual?”, dijo a los medios locales en enero. Al mes siguiente, ganó un escaño en el Congreso por el partido de Chaves.En vísperas de la votación final del domingo, la Universidad de Costa Rica encontró que Chaves tenía una estrecha ventaja sobre su oponente, el expresidente José María Figueres. En una encuesta realizada con 1000 votantes llevada a cabo por la universidad del 24 al 28 de marzo, Chaves lideró por 3,4 puntos porcentuales, ligeramente por arriba del margen de error de la encuesta de 3,1 por ciento.Otra encuesta publicada el 1 de marzo por la universidad reveló que solo el 13 por ciento de los votantes pensaba que las acusaciones de acoso contra Chaves eran falsas. Pero el 45 por ciento dijo que las acusaciones no influirían en su voto.Chaves se ha beneficiado de la impopularidad de Figueres, su oponente, quien se ha visto salpicado por acusaciones de corrupción durante su primer mandato en la década de 1990. Figueres, quien lidera el mayor y más antiguo partido político del país, el Partido Liberación Nacional, está acusado de recibir pagos a principios de la década de 2000 de una empresa de telecomunicaciones francesa a cambio de un trato preferente mientras era presidente.Figueres ha negado las acusaciones y los fiscales que investigaron los pagos, que se produjeron tras el fin de su mandato, no presentaron cargos.Sin embargo, a los ojos de muchos costarricenses, Figueres y su partido han llegado a representar la venalidad y el elitismo del sistema político nacional, que muchos creen que ya no es capaz de resolver los problemas económicos del país, dijo Ronald Alfaro, quien dirige el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica.José María Figueres, el candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional, celebra luego de avanzar a la segunda vuelta presidencial de Costa Rica en febrero.Arnoldo Robert/Getty ImagesLa economía costarricense, dependiente del turismo, se vio muy afectada por la pandemia: en 2020, su producto interior bruto experimentó la mayor caída en cuatro décadas. Aunque gran parte de la economía se recuperó, el país ahora tiene dificultades para frenar el aumento de los precios de los alimentos y el combustible.“Las acusaciones acaban anulándose mutuamente”, dijo. “Los votantes acaban votando no por el candidato que les gusta, sino contra el que creen que tiene más pulgas que el otro”, dijo.Decepcionados por los escándalos que rodean a ambos candidatos, la mayoría de los costarricenses parecen haber perdido el interés en las elecciones. Solo una cuarta parte de los electores registrados votaron por Chaves o Figueres en la primera ronda de las elecciones, que se vio empañada por la participación más baja de los últimos 70 años.Documentos del tribunal interno del Banco Mundial y del sindicato muestran que Chaves fue sancionado en 2019 después de que dos empleadas presentaran denuncias de acoso. En ese momento, era el jefe de país del banco para Indonesia, un puesto de nivel de director que supervisa miles de millones de dólares de préstamos a una de las mayores economías en desarrollo del mundo.Costarricenses rumbo a los centros de votación de San José en las elecciones generales que se realizaron en febrero.Ezequiel Becerra/Agence France-Presse — Getty ImagesLas mujeres afirmaron que Chaves intentó besar en la boca a las empleadas de menor rango, hizo comentarios sexuales sobre su apariencia y realizó repetidas invitaciones no deseadas a habitaciones de hotel y cenas. Las identidades de las mujeres no se han hecho públicas.Una de las mujeres, que estaba subordinada a Chaves, declaró al tribunal que este “comentó que le gustaba que ella se agachara, y luego procedió a dejar caer un objeto y a pedirle que lo recogiera para él”, petición que, dijo, rechazó.Chaves fue degradado y se le congeló el sueldo, pero el banco no llegó a calificar explícitamente su comportamiento de acoso sexual. Dejó la organización días después y regresó a su Costa Rica natal para convertirse en el ministro de Hacienda del presidente Carlos Alvarado.El Ministerio de Comunicación de Costa Rica dijo que el actual gobierno no había tenido conocimiento del caso de acoso y que Chaves le dijo a sus integrantes que volvió porque deseaba pasar su jubilación con su madre de edad avanzada.A los seis meses, Chaves dejó su puesto en el ministerio y anunció una candidatura presidencial con un partido político poco conocido, prometiendo “devolver el poder a los ciudadanos” mediante la celebración de consultas populares sobre temas políticos importantes.A pesar de la salida de Chaves del Banco Mundial, quienes lo acusaron presentaron un recurso ante el tribunal interno para que revisara la investigación de mala conducta del banco.Mujeres se manifestaron en el Día Internacional de la Mujer en San José, en marzoMayela Lopez/Reuters“Los hechos del presente caso indican que la conducta del señor C. era de naturaleza sexual y que sabía o debería haber sabido que su conducta no era bienvenida”, dijo el tribunal en su fallo de junio. Un funcionario del Banco Mundial dijo que el banco no discutía los hechos del caso tal y como se presentaban en la sentencia.Incluso antes de que se emitiera la sentencia, en enero de 2021, la organización prohibió a Chaves la entrada en sus instalaciones y le impuso una prohibición de recontratación. La organización hermana del banco, el Fondo Monetario Internacional, dijo que también restringió el acceso de Chaves a sus instalaciones.En los meses transcurridos, Chaves ha negado o tergiversado las conclusiones; en su lugar, ha afirmado que el Banco Mundial encontró poco más que una acusación contra él, refiriéndose a la decisión inicial del banco de no calificar sus malas acciones de acoso sexual.También ha dicho que puede visitar libremente las oficinas del Banco Mundial —contradiciendo la prohibición del banco de acceder a sus oficinas— y que como presidente seguirá haciendo negocios con el banco, que tiene 2300 millones de dólares en préstamos pendientes en Costa Rica.Chaves también prometió que “revisará” una reciente flexibilización de las restricciones a la fecundación in vitro y al aborto. El aborto es legal en Costa Rica cuando el embarazo pone en peligro la salud de la mujer.Estas medidas amenazan con desbaratar los lentos pero notables avances en los derechos reproductivos de las mujeres bajo los últimos gobiernos, dijo Arroyo, la abogada de derechos humanos. Dijo que las propuestas también dañan el papel de Costa Rica en el avance de los derechos sociales en una región profundamente conservadora desde el punto de vista social, donde el aborto está ampliamente prohibido y donde la violencia contra las mujeres queda mayormente impune.El Erizo, un barrio de bajos recursos, y el moderno vecindario de Ciruelas, en la provincia de Alajuela, Costa Rica.Luis Acosta/Agence France-Presse — Getty ImagesLa estabilidad política y la sólida democracia de Costa Rica han sido durante mucho tiempo una excepción en una región dominada por el autoritarismo y el crimen organizado, y el país ha alcanzado uno de los niveles más altos de inclusión social de América Latina, desde el acceso a la educación y la atención sanitaria hasta los derechos civiles.“Si Costa Rica cae en los derechos de las mujeres, lo más probable es que todos los demás vecinos también no tengan este referente para poder seguir avanzando”, dijo Arroyo.Anatoly Kurmanaev es un corresponsal radicado en Ciudad de México desde donde cubre México, Centroamérica y el Caribe. Antes de integrarse a la corresponsalía de México en 2021, pasó ocho años reportando desde Caracas sobre Venezuela y la región vecina. @akurmanaev More

In Sunday’s runoff, voters will decide between a candidate found to have sexually harassed junior employees at the World Bank and a former president once accused of corruption.SAN JOSÉ, Costa Rica — He was demoted from a senior position at the World Bank because of sexual harassment. Now, the economist Rodrigo Chaves — who has campaigned as a populist outsider in an election marked by anger at traditional politicians — leads the polls to become Costa Rica’s next president on Sunday.It’s an unexpected rise to prominence in a country that has taken a lead role in the advancement of progressive policies in Central America, underlining how the desire to punish political elites for economic stagnation is overshadowing most other issues.In 2019, Mr. Chaves was reprimanded by the World Bank for what was shown to be a pattern of sexual misconduct against junior employees, though the details of his behavior were made public by a Costa Rica newspaper only in August — details the presidential candidate has repeatedly rebutted.Mr. Chaves’s denial and downplaying of a documented history of sexual harassment come two years after another Costa Rican politician, the former president and a Nobel Peace Prize laureate, Óscar Arias Sánchez, narrowly avoided prosecution for sexual abuse, in a scandal that shook the country.Mr. Arias was accused in 2019 of sexual assault or misconduct by at least nine women, emerging as one of the most significant #MeToo cases in Latin America. However, in December 2020, the charges brought against him by two of the women were dropped.A protest against Óscar Arias Sánchez, a Nobel Peace Prize winner and former president of Costa Rica, who was accused of sexual assault in 2019.Juan Carlos Ulate/ReutersHuman rights activists now say that Mr. Chaves’s bid for power threatens to undermine progress in Central America’s most liberal and egalitarian nation.“The message that this is sending to society is that sexual abuse is something minor, something not serious,” said Larissa Arroyo, a Costa Rican human rights lawyer. “This campaign is normalizing and legitimizing the abuse.”Mr. Chaves and his press office didn’t respond to an interview request.Mr. Chaves languished in obscurity until his alliance with Pilar Cisneros, a prominent female Costa Rican journalist, who presented him to Costa Rican voters as an experienced administrator who would tackle corruption.Just a day after Ms. Cisneros joined Mr. Chaves’s campaign in August, the local newspaper La Nación made public the World Bank’s investigation that found he demonstrated a pattern of sexual harassment against junior female employees between 2008 and 2013.Mr. Chaves responded by downplaying the findings: “Those who have kidnapped the nation are already showing their fear of the candidacy of Rodrigo Chaves.” he said in a video address posted on social media hours after the article’s publication.The revelations did little to damage Mr. Chaves’s campaign. When the investigation was revealed, he was polling at just 2 percent. By the first round of national elections, held in February, he had earned enough votes to move onto the presidential runoff.Costa Rican presidential candidates during a televised debate ahead of the general election, which was held in February.Mayela Lopez/ReutersMs. Cisneros came to Mr. Chaves’s defense, helping to shield him from the full impact of the revelations. “Do you think that Pilar Cisneros would have supported a sexual harasser?” she told the local media in January. The next month, she won a congressional seat for Mr. Chaves’ party.Ahead of the final vote on Sunday, the state-run University of Costa Rica found Mr. Chaves narrowly leading against his opponent: a former Costa Rican president, José María Figueres. In a poll of 1,000 voters conducted by the university on March 24-28, Mr. Chaves led by 3.4 percentage points, slightly above the survey’s margin of error of 3.1 percent.A separate poll published by the University of Costa Rica on March 1 found that only 13 percent of voters thought that harassment accusations against Mr. Chaves were false. But 45 percent said that the accusations would not influence their vote.Mr. Chaves has benefited from the unpopularity of his opponent, Mr. Figueres, who has been marred by accusations of corruption during his first term in office in the 1990s. Mr. Figueres, who leads the country’s oldest and largest political party, the National Liberation Party, is accused of receiving payments in the early 2000s from a French telecommunications company in return for preferential treatment while he was president.Mr. Figueres has denied the accusations, and prosecutors who investigated the payments, which occurred after he stepped down, did not press charges.However, in the eyes of many Costa Ricans, Mr. Figueres and his party have come to represent the venality and elitism of the country’s political system, which many believe is no longer able to solve the country’s economic problems, said Ronald Alfaro, who leads the University of Costa Rica’s Center of Political Studies and Investigation.José María Figueres, the presidential candidate for the National Liberation Party, after advancing to the Costa Rican presidential runoff in February.Arnoldo Robert/Getty ImagesCosta Rica’s tourism-reliant economy suffered greatly from the pandemic — in 2020, its gross domestic product saw its greatest drop in four decades. While parts of the economy bounced back, the country is struggling to rein in rising food and fuel costs.“The accusations end up canceling each other,” Mr. Alfaro said. “Voters end up casting their ballots not for the candidate they like but against the candidate they believe has more fleas than the other,” he said.Turned off by the scandals around both candidates, most Costa Ricans appear to have lost interest in the election. Only a quarter of all registered voters cast their ballots for either Mr. Chaves or Mr. Figueres in the first round of elections, which had the lowest turnout in 70 years.Documents from the World Bank’s internal tribunal and labor union show that Mr. Chaves was punished in 2019 after two female employees filed harassment complaints. At the time, he was the bank’s country head for Indonesia, a director-level position overseeing billions of dollars of lending to one of the world’s largest developing economies.Costa Ricans heading to polling stations in San José in the general elections that took place in February.Ezequiel Becerra/Agence France-Presse — Getty ImagesThe women said Mr. Chaves made attempts to kiss junior employees on the mouth, made sexual comments about their appearances and repeatedly made unwelcome invitations to hotel rooms and dinners. The identities of the women have not been made public.One woman, who reported to Mr. Chaves, told the tribunal that he “commented that he liked it when she bent over, then proceeded to drop an item and ask her to pick it up for him,” a request she said she refused.Mr. Chaves was demoted and his salary was frozen, but the bank stopped short of explicitly calling his behavior sexual harassment. He left the organization days later and returned to his native Costa Rica to become the finance minister for the president, Carlos Alvarado.The Costa Rican Communication Ministry said the current government had been unaware of the harassment case, and that Mr. Chaves told its members at the time that he returned because he wanted to spend his retirement with his elderly mother. Within six months, Mr. Chaves left his ministry position and announced a presidential bid with a little-known political party, promising to “return power to citizens” by holding referendums on important policy topics.Despite Mr. Chaves’s departure from the World Bank, his accusers brought an appeal to the internal tribunal to review the bank’s misconduct investigation.Women demonstrating on International Women’s Day in San José, in March.Mayela Lopez/Reuters“The facts of the present case indicate that Mr. C’s conduct was sexual in nature and that he knew or should have known that his conduct was unwelcome,” the tribunal said in its June ruling. A World Bank official said the bank did not dispute the facts of the case as presented in the ruling.Even before the ruling was issued, in January 2021, the organization banned Mr. Chaves from its premises and imposed a rehiring ban. The bank’s sister organization, the International Monetary Fund, said it also restricted Mr. Chaves’s access to its premises.In the months since, Mr. Chaves has denied or misrepresented the findings; instead, he’s said that the World Bank found little more than an allegation against him, referring to the bank’s initial decision not to call his wrongdoings sexual harassment.He has also said that he can freely visit the World Bank’s offices — contradicting the bank’s ban on his access — and that as president he will continue doing business with the bank, which has $2.3 billion in outstanding loans in Costa Rica.Mr. Chaves has also promised to “revise” the laws on in vitro fertilization and abortion, which have been made more accessible by recent presidential decrees. Abortion is legal in Costa Rica when the pregnancy threatens a woman’s health.These measures threaten to derail the slow but noticeable advances in women’s reproductive rights under the recent governments, said Ms. Arroyo, the human rights lawyer. She said the proposals also would damage Costa Rica’s role in the advancement of social rights in a deeply socially conservative region where abortion is largely banned and where violence against women goes mostly unpunished.El Erizo, a low-income neighborhood, and the modern neighborhood of Ciruelas, in the province of Alajuela, Costa Rica.Luis Acosta/Agence France-Presse — Getty ImagesCosta Rica’s political stability and strong democracy have long made it an outlier in a region dominated by authoritarians and organized crime, and the country has achieved one of Latin America’s highest levels of social inclusion, in areas ranging from access to education and health care to civil rights.“If Costa Rica declines in its protection of women’s rights,” Ms. Arroyo said, “it’s most likely that the rest of the neighboring countries will not have this example to keep moving forward.” More

The state will help determine Senate control in this year’s midterm elections. Nevada, perhaps more than any other state, has showcased the potential for a more diverse America to move the country’s politics to the left. Rising numbers of Asian American and Latino residents have helped Democrats win the state in the past four presidential elections. The party also holds both of Nevada’s Senate seats.How Nevada’s population has changed More

LAS VEGAS — Scars from the coronavirus pandemic are still visible here. Housing prices skyrocketed, with rents rising faster than almost anywhere else in the country. Roughly 10,000 casino workers remain out of work. Gas prices, now more than $5 a gallon, are higher than in every other state except California.Amid a flagging economy, the state Democrats held up as a national model for more than a decade — registering and turning out first-time voters — has become the epitome of the party’s difficulties going into the 2022 midterm elections.Democrats have long relied on working-class and Latino voters to win Nevada, but the loyalty of both groups is now in question. Young voters who fueled Senator Bernie Sanders’ biggest victory in the 2020 Democratic presidential primary remain skeptical about President Biden. And Senator Catherine Cortez Masto, a Nevada Democrat and the country’s first Latina senator, is one of the party’s most endangered incumbents.She must overcome the president’s sagging approval ratings, dissatisfaction with the economy and her own relative anonymity. And she lacks the popularity and deep ties with Latino voters that Senator Harry M. Reid, who died in December, harnessed to help build the state’s powerful Democratic machine. The state has long been a symbol of the Democratic Party’s future by relying on a racially diverse coalition to win elections, but those past gains are now at risk.“There’s a lot of frustration on the ground that no one is listening,” said Leo Murrieta, the director of Make the Road Nevada, a liberal advocacy group. “They are not wrong. It’s hard to talk about the possibility of tomorrow when your todays are still torn apart.”Nevada, which Mr. Biden carried in 2020, has been a linchpin for Democrats in presidential elections since 2008. But an election-cycle pattern that has alarmed Democrats has emerged. The party dominates in presidential elections but struggles during the midterms when a Democrat is in the White House. Democratic turnout takes a steep drop, largely because of the state’s highly transient population, and Republicans gain ground.Itzel Hernandez, an organizer with the advocacy group Make the Road Nevada, spoke with Francisco Lozano, 56, in North Las Vegas. Bridget Bennett for The New York TimesIn 2014, the last midterm election with a Democrat in the White House, the state’s turnout dropped 46 percent compared to the previous presidential election, ushering in Republican control of the state legislature. This year, Republican victories could unseat the Democratic governor, Steve Sisolak, and the state’s three Democratic members of Congress while also replacing Ms. Cortez Masto with a 2020 election denier in the Senate.Beyond turnout, a deeper problem for Democrats is that the state has been turning, ever so slightly, less blue. The state’s share of registered Democrats has fallen — from 39.4 percent in 2016 to 33.6 percent in February, according to figures from the Nevada secretary of state. At the same time, more than 28 percent of registered voters are now unaffiliated with any party, an increase from 20 percent in 2016. Officials said the spike in unaffiliated voters stems from an automatic voter registration system Nevada voters adopted in 2018.The state’s economy has shown some signs of improvement. Joblessness in Reno is down to some of the lowest numbers in a century. Democrats are counting on the region, which has attracted new residents, many from California, and become something of a tech hub. But with more than 70 percent of the state’s population living in Clark County, which is home to Las Vegas, the election is likely to be decided on the outcome there. In interviews with Las Vegas voters, the economy overshadowed all other issues. There was a sense of optimism among some, but they worried that they would not have enough money for the basics — rent, food, gas.A Guide to the 2022 Midterm ElectionsMidterms Begin: The Texas primaries officially opened the 2022 election season. See the full primary calendar.In the Senate: Democrats have a razor-thin margin that could be upended with a single loss. Here are the four incumbents most at risk.In the House: Republicans and Democrats are seeking to gain an edge through redistricting and gerrymandering, though this year’s map is poised to be surprisingly fairGovernors’ Races: Georgia’s contest will be at the center of the political universe, but there are several important races across the country.Key Issues: Inflation, the pandemic, abortion and voting rights are expected to be among this election cycle’s defining topics.“What I care about is opportunity and the economy,” said Angel Clavijo, 23, who voted for the first time in 2020. Though he cast his ballot for Mr. Biden, Mr. Clavijo said he was not registered with either party.Angel Clavijo, 23, was able to maintain his job at a resort through the pandemic, but roughly 10,000 casino employees are still out of work.Bridget Bennett for The New York TimesThough he was able to keep his job as a housekeeper at The Venetian Resort through the pandemic, Mr. Clavijo watched anxiously as his parents’ bills stacked up. “I really can’t say I’m paying a lot of attention to politics right now,” he said. “I’m not just going to vote by party.”Margarita Mejia, 68, a retired hotel worker, said she has voted for most of her life for Democrats but sat out the 2020 election as she helped her family and friends deal with the pandemic.“It was depressing, being alone, struggling for everything,” said Ms. Mejia, who was selling clothing, stuffed animals and art from her front yard last week. “I don’t know what the government does for us, even when they say they want to help.”Margarita Mejia, 68, a retired hotel worker, said one of her biggest concerns was paying the rent.Bridget Bennett for The New York TimesMr. Clavijo and Ms. Mejia could not name Nevada’s incumbent senator up for re-election — Ms. Cortez Masto, whose seat is critical if the Democrats want to maintain control of the Senate.Despite five years in the Senate and eight years as Nevada’s attorney general, Ms. Cortez Masto remains unknown by a broad swath of the Nevada electorate, as a result of her longtime aversion to publicity, cautious political demeanor and Nevada’s transient voters.Almost half the voters on Nevada’s rolls have registered since Ms. Cortez Masto was last on the ballot in 2016, according to an analysis by TargetSmart, a Democratic data firm. Her own internal polling found that nearly a quarter of Latinos didn’t have an opinion on the race between her and Adam Laxalt, a former Nevada attorney general who is likely to be her Republican opponent in the general election.The Cortez Masto campaign began reintroducing her to Latino audiences earlier this month with a Spanish-language television advertisement that leaned heavily on telling her life story as a political pioneer and her family’s history in the military.Senator Catherine Cortez Masto of Nevada at the U.S. Capitol last year.Sarahbeth Maney/The New York TimesIt gave a generous interpretation of her biography: Her father, Manny Cortez, was one of the most powerful figures in Las Vegas during stints on the Clark County Commission and later as the head of the Las Vegas Convention and Visitors Authority. In that role, he approved the ubiquitous Las Vegas marketing phrase, “What happens here, stays here.”“He didn’t start at the top,” Mr. Reid said from the Senate floor after Mr. Cortez died in 2006, “but he ended up there.”Mr. Cortez, who maintained a close friendship with Mr. Reid, operated as a behind-the-scenes player. While that served him as a political operator, it may not help his daughter in this year’s high-profile race that will help determine control of the Senate.“He was never a guy who went out and sought attention from the media,” said Jon Ralston, the longtime Nevada journalist. “She is kind of an exaggerated version of him in many ways.”Gas prices in Nevada are more than $5 a gallon, higher than in every other state except California.Bridget Bennett for The New York TimesThe Texas Station hotel and casino in Las Vegas has remained closed.Bridget Bennett for The New York TimesThat aversion to seeking the spotlight has left Ms. Cortez Masto as essentially a generic Democrat in a midterm year when being yoked to Mr. Biden is a political hazard. A January poll from The Nevada Independent showed Mr. Biden’s approval rating in the state at just 41 percent.Ms. Cortez Masto declined to be interviewed.“No state was hit harder than Nevada, and we’re recovering quickly because Catherine fought to get the relief our hospitality industry needed, supporting the tens of thousands of workers who rely on our tourism economy,” a spokesman, Josh Marcus-Blank, said in a statement.Jeremy Hughes, a Republican who was a campaign adviser to Dean Heller, the former Republican senator, said Ms. Cortez Masto would have difficultly separating herself from Mr. Biden and the national party’s diminished brand.“Every data point I’ve seen points to Hispanic voters being more open to supporting a Republican this cycle than any in recent memory,” Mr. Hughes said. “If the economy is the No. 1 issue on voters’ minds across the country, in Nevada and especially among Hispanic voters, it’s the No. 1, 2 and 3 issue.”But Democrats say that her likely Republican opponent, Mr. Laxalt, is unlikely to win over moderate voters. Mr. Laxalt, whose father and grandfather both served in the Senate, ran the Trump campaign’s effort to overturn Nevada’s 2020 election results.Democrats are also counting on more economic improvement in Las Vegas, where the economy took a hit with the abrupt shutdown of the Strip but has started to be revived with crowded casinos.Paul Madrid, who calls himself a “lifelong working-class Democrat,” cutting a client’s hair at the Eastside Cutters barbershop in Las Vegas.Bridget Bennett for The New York TimesOn a recent sunny afternoon in east Las Vegas, Paul Madrid and Daniel Trujillo took a break in front of the barbershop they’ve run for the last 20 years. Business has been brisk lately, and the pair described themselves as relieved that the worst was behind them. Still, they have winced while watching the price of gas tick up at the station across the street.Mr. Madrid, 52, called himself a “lifelong working-class Democrat” and said he had tried to pay less attention to politics since former President Donald J. Trump left office. As frustrated as he’s been, he is likely to vote for Democrats in November. But he said he felt less loyal than he once did.“Something’s got to change,” he said. “We’ve got to put the country before party. I’ve got to stay positive. My business is back, customers are back and I just want this all to be over with.” More

The ruling puts the state’s June primary elections in doubt, but Democrats said they would appeal.Good morning. It’s Friday. We’ll look at the latest twist in redistricting in New York. We’ll also catch up on the state budget in Albany, about to be officially late.Pool, Vaughn Golden/WSKGThe decision surprised even some Republicans: A judge declared New York’s new legislative maps unconstitutional, saying the map-drawing process led by Democrats had been irrevocably tainted.The ruling by Justice Patrick McAllister of Steuben County Supreme Court, above, blocked the maps from being used in this year’s elections, potentially throwing midterm congressional contests into turmoil. Candidates have already begun campaigning in the new districts for the primaries, scheduled for June 28. McAllister also invalidated the maps for the Assembly and the State Senate.The judge, a Republican, said the new congressional maps had broken New York’s new prohibition on partisan gerrymandering — essentially accusing Democrats of the same tactics they have complained about when Republicans used them in red states. “The court finds by clear evidence and beyond a reasonable doubt that the congressional map was unconstitutionally drawn with political bias,” McAllister wrote in his 18-page opinion. The New York congressional maps favor Democrats in 22 of 26 new districts.McAllister gave the Democrat-led Legislature until April 11 to prepare new “bipartisanly supported maps” for Congress, the State Senate and Assembly. He said that he would appoint an independent special master to draw the lines if lawmakers failed to do so, raising the possibility that June’s party primaries could be delayed.Gov. Kathy Hochul and Letitia James, the state attorney general, issued a statement together saying they intended to appeal. My colleague Nicholas Fandos writes that such a move would be likely to stay McAllister’s decision and could allow this year’s elections to go ahead using the districts adopted in February.“This is one step in the process,” said Michael Murphy, a spokesman for the State Senate Democrats. “We always knew this case would be decided by the appellate courts.”Democrats could challenge the ruling in either the Appellate Division of the Supreme Court or the State Court of Appeals — New York’s highest court. Both tribunals are expected to be more favorable to Democrats than Steuben County, which borders Pennsylvania. It is home to Corning Inc., the glass manufacturer.“The plaintiffs got what they wanted by going to court in Steuben County,” said Jeffrey Wice, an adjunct professor at New York Law School’s Census and Redistricting Institute. “Whether they carry their victory all the way to the State Court of Appeals is an uphill battle for them.”What to Know About RedistrictingRedistricting, Explained: Here are some answers to your most pressing questions about the process that is reshaping American politics.Understand Gerrymandering: Can you gerrymander your party to power? Try to draw your own districts in this imaginary state.Analysis: For years, the congressional map favored Republicans over Democrats. But in 2022, the map is poised to be surprisingly fair.Killing Competition: The number of competitive districts is dropping, as both parties use redistricting to draw themselves into safe seats.Republicans hailed the ruling and expressed confidence they would win on appeal. John Faso, a former congressman who is serving as a spokesman for the Republican plaintiffs, called it a “complete victory” for the petitioners, who were voters from across the state. But the lawsuit was financed and overseen by Republicans in Washington and Albany who filed it soon after Hochul had signed the new maps into law.WeatherPrepare for a chance of showers in the early afternoon, with steady temps in the mid-50s. The evening is partly cloudy with temps in the high 30s. alternate-side parkingIn effect until April 14 (Holy Thursday).Missing a deadline in AlbanyCindy Schultz for The New York TimesAs a reporter, I don’t like to think about blowing a deadline. But the State Legislature just blew a big one. The state budget was supposed to be signed, sealed and delivered by midnight — or at least agreed to and maybe voted on.But my colleagues Luis Ferré-Sadurni and Jesse McKinley write that the State Senate adjourned on Thursday until Monday. The Assembly — which tends to be the slower-moving chamber — also gaveled out.Gov. Kathy Hochul issued a statement offering a hopeful prognosis, even though her first budget is late. “We are getting closer to agreement, with consensus on major policy items,” she said. “New Yorkers should know that progress is being made.”While the April 1 deadline is in the State Constitution, the state comptroller’s office said no state checks would be delayed unless a deal is delayed past 4 p.m. on Monday.Hochul, a Democrat, had proposed a $216.3 billion budget with an eye to jump-starting the state’s recovery from the pandemic. The Legislature, controlled by fellow Democrats, wanted to spend at least $6 billion more. They proposed pumping more money into the State University of New York and the City University of New York — we’re unlikely to know how much until other issues have been settled.One of those issues is re-reforming the state’s bail law, which the Legislature revised in 2019. Hochul, responding to a pandemic-era rise in crime and perhaps to Republican success in attacking Democrats, called for making more categories of crimes eligible for bail. She also suggested allowing judges to consider how dangerous a defendant was in making bail decisions for those accused of serious felonies. Mayor Eric Adams supports those changes, but they have run into resistance from progressives in the Senate and the Assembly.Andrea Stewart-Cousins, who leads the State Senate, flatly rejected the dangerousness provision on Thursday. “We’ve always stood the same way,” she said. “We’re not introducing dangerousness.”Everybody into the poolMarian Carrasquero for The New York TimesIt’s a sign that summer is coming: The Department of Parks and Recreation is making a final push to recruit lifeguards for the city’s eight beaches and 53 outdoor pools.Iris Rodriguez-Rosa, the first deputy parks commissioner, said that finding enough qualified swimmers had been more difficult than before the pandemic. “It’s a national issue, trying to get lifeguards,” she said. “Because of Covid, there were fewer high schools that had swim teams competing. Swimmers missed out on training time because of closed pools. They’re not in as good shape.”How U.S. Redistricting WorksCard 1 of 8What is redistricting? More

The ruling by a Republican judge would send New York back to the drawing board if upheld and could delay its primaries. Democrats vowed to appeal it.A New York State judge ruled on Thursday that Democrats had unconstitutionally drawn new congressional districts for partisan advantage, and he blocked their use in this year’s election, potentially throwing the midterm contests into turmoil.In a sweeping ruling, Justice Patrick F. McAllister of State Supreme Court concluded that Democrats who control Albany had drawn the congressional lines for partisan advantage, violating a new constitutional prohibition on partisan gerrymandering adopted by New York voters.Justice McAllister, a Republican in rural Steuben County, accused Democrats of embracing tactics they have denounced Republicans for using in order to create a map that gave them an advantage in 22 of 26 New York seats. He called such gerrymandering a “scourge” on democracy.“The court finds by clear evidence and beyond a reasonable doubt that the congressional map was unconstitutionally drawn with political bias,” he wrote in the opinion.The judge also tossed out fresh State Senate and Assembly districts that he said were the product of an irrevocably tainted mapmaking process. He ordered Democrats to come up with new “bipartisanly supported maps” by April 11.If they fail, Justice McAllister said he would appoint an independent special master to draw them, raising the possibility that candidates already campaigning could be left in limbo for weeks, and that primaries scheduled for June could be delayed.The ruling, which Democrats predicted would be overturned on appeal, was the latest setback for their party in what has become a high-stakes national redistricting battle that may help determine which party controls the House of Representatives next year.What to Know About RedistrictingRedistricting, Explained: Here are some answers to your most pressing questions about the process that is reshaping American politics.Understand Gerrymandering: Can you gerrymander your party to power? Try to draw your own districts in this imaginary state.Analysis: For years, the congressional map favored Republicans over Democrats. But in 2022, the map is poised to be surprisingly fair.Killing Competition: The number of competitive districts is dropping, as both parties use redistricting to draw themselves into safe seats.Last week, a judge in Maryland ruled that district lines that would have given Democrats an advantage in at least seven of eight districts were an “extreme gerrymander” and gave lawmakers just a few days to attempt a new configuration. Just days earlier, the United States Supreme Court struck down a Wisconsin legislative map that would have created a new majority Black district. And it now appears that a new Ohio House map that heavily favors Republicans will stand for 2022, despite a state court ruling that declared it a partisan gerrymander.Democrats view New York as perhaps the best opportunity for the party to use its unified control of a large blue state to flip a handful of congressional seats as it tries to stave off a Republican takeover of the House of Representatives this November.The ruling in New York came on the same day that a federal judge in Florida decreed that portions of a year-old election law championed by Republicans there were unconstitutional and racially motivated. A judge in North Carolina has also already ruled against maps where Republican-led legislatures drew lines that clearly favored their party’s candidates.For New Yorkers, the politically charged redistricting saga captured in Thursday’s ruling is what they had hoped to avoid when voters approved a constitutional amendment in 2014 to largely turn over the mapmaking process to a bipartisan outside commission like the ones used in some other states.Justice Patrick F. McAllister at the Steuben County Supreme Court on Thursday. Pool, Vaughn Golden/WSKGThe commission began its work for the first time last year with considerable promise. But instead of removing partisanship from the process, as many had hoped, it became mired in it: Democratic and Republican members this winter failed to agree on a single set of maps that they could formally recommend to state lawmakers in Albany for ratification.That left Democrats — who control the governorship and supermajorities in both the State Senate and Assembly for the first time in decades — more or less free to draw maps of their choosing.In February, they approved new congressional lines that could endanger as many as four current House Republicans, a greater shift than in any other state, by moving lines on Long Island, in New York City and upstate. The State Senate map promised similar Democratic advantages.Justice McAllister took issue with that process, saying that Democratic lawmakers had effectively tried to alter the State Constitution and subvert the will of the voters by drawing maps unilaterally after the commission gave up. He stipulated that any replacements must be approved by bipartisan majorities, despite Democratic control in the capitol, or the courts would step in to set the lines.Justice McAllister did not explicitly find the State Senate or Assembly maps to be unconstitutional gerrymanders. But he agreed with the plaintiffs that the congressional maps violated language in the 2014 amendment saying that districts “shall not be drawn to discourage competition” or to intentionally favor or hurt a particular candidate or political party.“Gerrymandering discrimination hurts everyone because it tends to silence minority voices,” Justice McAllister wrote. “When we choose to ignore the benefits of compromise we not only hurt others, we hurt ourselves as well.”How U.S. Redistricting WorksCard 1 of 8What is redistricting? More

The “Plan to Rescue America” is dividing the party and cheering Democrats, and its author, Senate Republicans’ top campaign official, won’t stop talking about it.WASHINGTON — Senator Rick Scott of Florida, the somewhat embattled head of the Senate Republicans’ campaign arm, said one utterly indisputable thing on Thursday when he stood before a packed auditorium of supporters at the conservative Heritage Foundation: His plan for a G.O.P. majority would make everyone angry at him, Republicans included.It was an odd admission for the chairman of the National Republican Senatorial Committee. His leader, Senator Mitch McConnell of Kentucky, has repeatedly told Mr. Scott to pipe down about his “11-Point Plan to Rescue America,” with its call to impose income taxes on more than half of Americans who pay none now, and to sunset all legislation after five years, presumably including Social Security and Medicare.It has divided his party, put Mr. Scott’s own candidates in awkward positions, and is already featured prominently in Democratic advertising. But after Thursday, it is clear the Republicans have not figured out how to address their Rick Scott problem.“Washington’s full of a bunch of do-nothing people who believe that no conservative idea can ever happen, nothing will change for the better as long as they’re in charge, and that’s why we’re going to get rid of them,” the senator said, ambiguous about who exactly “they” were. “So Republicans are going to complain about the plan. They’ll do it with anonymous quotes, some not so anonymous. They’ll argue that Democrats will use it against us in the election. I hope they do.”The senator insisted on the Heritage Foundation stage that his plan would raise taxes on no one, only to concede to reporters after the talk that it would — or that it wouldn’t, he couldn’t decide.“The people that are paying taxes right now — I’m not going to raise their rates; I’ve never done it,” he said, before adding: “I’m focused on the people that can go to work, and decided to be on a government program and not participate in this. I believe whether it’s just a dollar, we all are in this together.”But most adults who pay no income tax do work, and the plan makes no distinctions. “All Americans should pay some income tax to have skin in the game, even if a small amount. Currently over half of Americans pay no income tax,” it states.Last year, 57 percent of U.S. households paid no income tax, but that was by design. Successive Republican tax cuts, including President Donald J. Trump’s tax cut of 2017, which greatly expanded the standard deduction, took tens of millions of workers off the income tax rolls, though virtually all of them pay Social Security, Medicare and sales taxes.And for all of Mr. Scott’s evasions, the criticism is not coming just from the “militant left” that he denounced. The nonpartisan Tax Policy Center estimated that ensuring all households pay at least $100 in income taxes would leave families making about $54,000 or less with more than 80 percent of the tax increase. Those making less than about $100,000 would shoulder 97 percent of the cost.His leader, Senator Mitch McConnell of Kentucky, right, has repeatedly told Mr. Scott to pipe down about his plan.Stefani Reynolds for The New York Times“Let me tell you what would not be a part of our agenda,” Mr. McConnell told reporters in early March. “We will not have as part of our agenda a bill that raises taxes on half the American people, and sunsets Social Security and Medicare within five years.”For Democrats, Mr. Scott is a gift. The 2022 campaign is shaping up as a conventional midterm, focused on the economy under Democratic control. That means inflation, gas prices and candidate ties to an unpopular president.“If you’re in power and you’re presiding over inflation, sorry, it’s tough to be you,” Representative Patrick McHenry, Republican of North Carolina, told The Ripon Society, a conservative research group, this week.Mr. Scott’s plan has allowed Democrats to talk about the alternative: what Republicans would do with power. Mr. Scott’s plan is chock-full of language about making children say the Pledge of Allegiance, prohibiting the government from asking citizens their race, ethnicity or skin color, and declaring that “men are men, women are women and unborn babies are babies.”But its economic section has been the focus. Beyond taxing everyone, under the plan, all federal laws would sunset in five years. “If a law is worth keeping, Congress can pass it again,” the plan says. Taken literally, that would leave the fate of Medicare, Medicaid and Social Security to the whims of a Congress that rarely passes anything so expansive.Democrats are gleefully calling attention to it, even going so far as to promote the Republican senator’s speaking engagement on Thursday.“The chairman of the National Republican Senatorial Committee has put it on record in a document,” said David Bergstein, a spokesman for the Democratic Senatorial Campaign Committee, “and we are taking his word for it.”Mr. Scott’s ideas threaten to bring Republicans back to an economic argument they waged — and lost — before Mr. Trump won over wide swaths of white working-class voters with his pledges to leave entitlements alone and cut their taxes.In 2012, the Republican presidential nominee, Mitt Romney, committed a disastrous gaffe when he was caught on tape describing 47 percent of Americans as wealth takers, not wealth makers. In 2001, Jim DeMint, a House member from South Carolina at the time, who like Mr. Romney went on to the Senate, asserted that if more than half of Americans paid no taxes, they would vote to expand government largess for themselves and make others pay for it.“How can a free nation survive when a majority of its citizens, now dependent on government services, no longer have the incentive to restrain the growth of government?” he asked during a Heritage Foundation lecture, calling for all Americans to pay some income taxes.The vision of affluent Republicans counseling struggling workers to pay more taxes while they pay less was central to Mr. Trump’s critique of the party in the 2016 campaign.And Mr. Scott is an unlikely bearer of his revanchist message. He’s the richest man in Congress, worth around $260 million, according to the Center for Responsive Politics. In 2002, the sprawling hospital chain he ran agreed to pay more than $880 million to settle the Justice Department’s longest-running inquiry into health care fraud, including $250 million returned to Medicare to resolve charges contested by the government.Fellow Republicans are not rushing to embrace Mr. Scott’s plan.“I think it’s good that elected officials put out what they’re for, and so I support his effort to do it,” said Senator Ron Johnson of Wisconsin, among the most endangered Republicans up for re-election in November. “That’s what he’s for.”But for Republican candidates, the issue is getting awkward. In Arizona, Jim Lamon, a Republican seeking to challenge the Democratic incumbent, Senator Mark Kelly, first called the plan “pretty good stuff” only to have his campaign retreat from that embrace.Senator Marco Rubio, Republican of Florida, said of the plan, “It’s good that people offer ideas.” His Democratic challenger, Representative Val B. Demings, nevertheless ran an ad on social media accusing him of embracing it.At a Republican Senate debate in Ohio on Monday, the current front-runner, Mike Gibbons, called the plan “a great first draft in trying to set some things we all believe in,” adding, “The people that don’t believe them probably shouldn’t be Republicans.”J.D. Vance, a candidate aligned with Mr. Trump’s working-class appeal, fired back: “Why would we increase taxes on the middle class, especially when Apple, Google, Amazon and Facebook pay a lower tax rate than any middle-class American in this room or in this country? It’s ridiculous.”Even as he denied his plan would do that, Mr. Scott on Thursday was bold in the criticism of his fellow Republicans, who are relying on him to help them win elections this fall. Timidity is “the kind of old thinking that got us exactly where we are today, where we don’t control the House, the White House or the Senate,” he said, adding: “It’s time to have a plan. It’s time to execute on a plan.” More