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      Protestas en Perú: Aumenta a 47 el número de muertos

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      En un solo día se registraron al menos 17 muertes en el sur del país. “Lo que ocurrió ayer realmente fue una masacre”, dijo una activista de derechos humanos.LIMA — Un joven estudiante de medicina con su uniforme de trabajo, desesperado, cuenta su familia, por ayudar a los manifestantes heridos. Un hombre de 22 años que finalmente había ahorrado lo suficiente para estudiar mecánica. Un vendedor de helados que volvía a casa tras un largo día de trabajo.Ninguno participó en las manifestaciones que han consumido a Perú durante un mes. Pero todos murieron el lunes en el sur del país, víctimas de lo que se convirtió en el día más mortífero de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas gubernamentales desde que el país estalló en violencia el mes pasado.En cuestión de horas, al menos 17 civiles y un policía fallecieron en el caos de las manifestaciones, según la Defensoría del Pueblo del país, una oleada de violencia extraordinaria que complicó el intento de la nueva presidenta de estabilizar el país.Las muertes, en la ciudad de Juliaca, cerca de la frontera con Bolivia, provocaron un repudio generalizado hacia las fuerzas de seguridad peruanas, que parecen ser responsables de la mayoría de los fallecimientos, y han sido acusadas por manifestantes y grupos de derechos humanos de usar la fuerza letal de forma indiscriminada contra civiles.“Él estaba con la ropa uniformada, como todos los médicos, para que sean reconocidos y no los ataquen”, dijo Milagros Samillan, de 27 años, hermana del residente médico muerto, un aspirante a neurocirujano llamado Marco Samillan, de 31 años. “Pero aun así la policía los ha atacado a matar”.Marco Samillan, de 31 años, estudiante de medicina asesinado en las protestas de Juliaca, Perú.Milagros SamillanEl martes, Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, un grupo de rendición de cuentas, responsabilizó de las muertes del lunes al “uso indiscriminado de la fuerza” por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.“Lo que ocurrió ayer realmente fue una masacre”, comentó. “Fueron asesinatos extrajudiciales”.Perú, el quinto país más poblado de América Latina, ha sido escenario de manifestaciones violentas desde mediados de diciembre, cuando el entonces presidente de izquierda del país, Pedro Castillo, quien había prometido atender los viejos problemas de la pobreza y la desigualdad, intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. La medida fue condenada de manera generalizada como una acción inconstitucional, Castillo fue detenido y su vicepresidenta fue juramentada en su lugar.Los partidarios de Castillo, muchos de ellos provenientes de regiones rurales desfavorecidas, rápidamente tomaron las calles para pedir nuevas elecciones generales y varios de ellos afirmaron que se les había arrebatado el derecho a ser gobernados por el hombre que habían elegido para el cargo solamente un año antes.La violencia del lunes en la ciudad de Juliaca, al sur del país, marcó el enfrentamiento más mortífero entre civiles y actores armados en Perú en al menos dos décadas, cuando el país salió de una dictadura y de una lucha prolongada y brutal contra una guerrilla violenta, un conflicto que dejó al menos 70.000 personas muertas, muchas de ellas civiles.Las convulsiones violentas en Perú se producen en un momento en el que Sudamérica enfrenta amenazas importantes en muchas de sus democracias , y cuando las encuestas muestran niveles excepcionalmente bajos de confianza en las instituciones gubernamentales, los políticos y los medios de comunicación.El domingo, simpatizantes de Jair Bolsonaro, el expresidente de extrema derecha de Brasil, asaltaron el Congreso y otros edificios de la capital, impulsados por la creencia de que las elecciones que Bolsonaro perdió en octubre habían estado amañadas. En la vecina Bolivia, estallaron protestas en Santa Cruz, centro económico del país, tras la detención del gobernador de la oposición, cuyos partidarios afirman que está siendo perseguido por el gobierno en el poder.El ministro del Interior de Perú, Víctor Rojas, dijo que las protestas en Juliaca habían comenzado de manera pacífica pero que se volvieron violentas alrededor de las 3 p. m., cuando aunos 9000 manifestantes intentaron tomar el control del aeropuerto y personas con armas improvisadas y explosivos atacaron a la policía.La policía antidisturbios se enfrentaba el lunes a los manifestantes en Puno.Juan Carlos Cisneros/Agence France-Presse — Getty ImagesEn medio de los disturbios, las imágenes de la televisión local mostraron a personas destruyendo las oficinas de los fiscales y un supermercado en Juliaca e incendiando la casa de un legislador de un partido de la oposición.Rojas aseguró que las fuerzas de seguridad habían actuado dentro de los límites legales para defenderse. Fue “imposible controlar a la turba”, dijo.Los enfrentamientos en Juliaca elevan el número de fallecidos a nivel nacional desde la destitución de Castillo a al menos 47 personas, según la Defensoría del Pueblo de Perú. Casi todos los muertos han sido civiles, aseguró el organismo: 39 personas que murieron en medio de las protestas, junto a un oficial de policía y siete que fallecieron en accidentes de tránsito relacionados con el caos o como resultado de los bloqueos de los manifestantes.Las manifestaciones comenzaron en el país poco después de que, el 7 de diciembre, las autoridades detuvieran a Castillo por cargos de rebelión. Algunas protestas en el último mes han sido pacíficas; en otros casos, los manifestantes han usado hondas para arrojar piedras, bloqueado carreteras en vías cruciales, quemado edificios gubernamentales y tomado aeropuertos.Cuando la nueva presidenta, Dina Boluarte, exaliada de Castillo, declaró en diciembre el estado de emergencia, los militares salieron a las calles para mantener el orden.Cientos de policías y civiles han resultado heridosManifestantes ayudaban a un hombre herido durante un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad el lunes en Juliaca.Hugo Courotto/ReutersEl derramamiento de sangre más reciente en Perú ocurrió en la región de Puno, una zona predominantemente indígena del país, luego de que miles de personas de comunidades aimaras alejadas llegaran masivamente a la ciudad de Juliaca.Muchas exigen que Castillo regrese a la presidencia, un reclamo que resulta políticamente inviable en la capital, Lima, y una medida que sería ilegal.La petición principal es que se celebren nuevas elecciones generales, que según las autoridades electorales podrían realizarse tan pronto como a fines de este año. El Congreso, integrado por muchos representantes reacios a ceder sus escaños, rechazó un lapso tan ajustado, pero apoyó una propuesta para una votación en abril de 2024.Hasta la tarde del martes, Boluarte aún no había hecho comentarios sobre los disturbios desde que confirmó la muerte del primer civil un día antes, cuando pareció exasperada con las demandas de los manifestantes.“Lo único que estaba en mi mano era el adelanto de elecciones, y ya lo propusimos”, dijo Boluarte el lunes en un evento. “En paz y orden todo se puede lograr, en mitad de la violencia y el caos se complica más, se hace difícil”.El primer ministro Alberto Otárola, en rueda de prensa, culpó a Castillo y a sus aliados de la muerte de los manifestantes, al afirmar que habían incitado a ataques violentos destinados a desestabilizar al gobierno de Boluarte.“Ellos son los responsables”, dijo, “y no nuestros policías”. Ni tampoco “los ciudadanos que aterrorizados ven cómo estas hordas de delincuentes pretenden soliviantar el estado de derecho”.El martes, Otárola dijo que la región de Puno estaría sujeta a tres días de toque de queda a partir de las 8 p. m.Manifestantes se enfrentan a las fuerzas de seguridad el lunes en Juliaca, Perú.Hugo Courotto/ReutersA raíz de la violencia, las Naciones Unidas, el embajador británico en Perú y otros actores internacionales emitieron declaraciones en las que pedían explícitamente a las fuerzas de seguridad peruanas que respetaran los derechos humanos.Estados Unidos, que ha expresado en repetidas ocasiones su apoyo al gobierno de Boluarte y anunció la semana pasada una nueva financiación de ocho millones de dólares para Perú destinada a apoyar los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, fue menos directo.“Es urgente que se tomen medidas para detener esta dolorosa situación de violencia y evitar la pérdida de más vidas humanas”, escribió en Twitter la embajadora estadounidense en Perú, Lisa Kenna.Tras la llegada de los primeros nueve cadáveres a un hospital de Juliaca el lunes por la tarde, Enrique Sotomayor, médico funcionario del hospital, dijo a los medios de comunicación locales que todos habían recibido disparos de proyectiles de armas de fuego lo suficientemente potentes como para dañar gravemente los órganos internos.Samillan, el aspirante a neurocirujano, esperaba abrir algún día un hospital que atendiera a personas de escasos recursos económicos, dijo su hermana. Estaba haciendo su internado en un hospital de Juliaca y el lunes, junto con otros voluntarios, había salido a la calle para ayudar a los manifestantes heridos.Hablando por teléfono mientras se encontraba en un patio frente a la morgue del hospital, Samillan dijo que su hermano había recibido dos disparos.“Todo fue tan rápido, tan sangriento que hasta ahorita estoy sin creer todo lo que está pasando”, dijo.Una foto familiar de Samillan, en el centroMilagros SamillanSamillan dijo que su hermano era “una persona que le gusta ayudar a la gente, que muchas veces él ha venido diciendo: ‘Yo voy a apoyar a la gente. No importa que pierda la vida’. Lamentablemente, se hizo real eso, ¿no?”.Pidió la renuncia de Boluarte.“El pueblo no la quiere”, dijo.Roger Cayo, de 22 años, siempre quiso estudiar mecánica, pero no podía costearlo, dijo su único hermano, Mauro Cayo. Este año por fin había ahorrado suficiente para hacerlo. Esos planes se truncaron cuando el lunes recibió un disparo en la cabeza mientras pasaba junto a las protestas.“Aquí nos encontramos todos los dolientes”, dijo Cayo, que esperaba para recoger el cuerpo de su hermano. Por teléfono, se oía de fondo el sonido de un llanto.Gabriel Omar López, de 35 años, fue la primera persona muerta a manos de la policía el lunes. Su esposa declaró al diario La República que le habían disparado en medio del caos tras un día vendiendo helados en la calle.El martes, la policía identificó al suboficial muerto como José Luis Soncco, y el Ministerio del Interior dijo que había muerto después de que los manifestantes atacaran un vehículo policial, se apoderaran de armas e incendiaran el auto.Los manifestantes han asegurado que marcharán a Lima en los próximos días, mientras que el gobierno ha prometido introducir nuevas medidas para restablecer el orden. Muchos peruanos temen una nueva ola de violencia.El gobierno ha anunciado el envío de una delegación de altos funcionarios a Puno para entablar un diálogo. Pero no está claro con quién hablarán. El lunes, el ministro del Interior, Rojas, dijo que no había encontrado a nadie en Puno dispuesto a hablar con él.“En el Ejecutivo tenemos todas las ganas de hacer las cosas bien, queremos enmendar errores”, pero los manifestantes “cerraron la puerta” al diálogo, dijo.“Hay compatriotas muertos, ese es el objetivo de ellos. Crear caos sobre el caos”, dijo Rojas.Julie Turkewitz es la jefa de la oficina de los Andes y da cobertura a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de trasladarse a Sudamérica, fue corresponsal nacional en el oeste de Estados Unidos. @julieturkewitz More

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      Death Toll in Peru Rises to 47 Amid Extraordinary Violence

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      “What happened yesterday was really a massacre,” said one human rights activist.LIMA, Peru — A young medical student in his work uniform, desperate, his family said, to help injured protesters. A 22-year old man who had finally saved up enough to study mechanics. An ice cream vendor returning home after a long day of work.None took part in the demonstrations that have consumed Peru for a month. But all were killed in southern Peru on Monday, casualties in what became the deadliest day of clashes between protesters and government forces since the country erupted in violence last month.In a matter of hours, at least 17 civilians and one police officer were killed in the chaos of demonstrations, according to the country’s ombudsman office, an extraordinary spasm of violence that complicated the new president’s attempt to stabilize the country.The killings, in the city of Juliaca, near the border with Bolivia, drew widespread condemnation of Peruvian security forces, which appear to be responsible for most of the deaths, and have been accused by protesters and human rights groups of using lethal force indiscriminately against civilians.“He was in uniform, like all the doctors, so that they would be recognized and not attacked,” said Milagros Samillan, 27, the sister of the dead medical resident, an aspiring neurosurgeon named Marco Samillan, 31. “But the police still attacked them to kill.”Marco Samillan, 31, a medical student killed in the protests in Juliaca, Peru.Milagros SamillanOn Tuesday, Jennie Dador, executive secretary of the National Human Rights Coordinator of Peru, an accountability group, blamed “indiscriminate use of force” by state security forces for Monday’s deaths.“What happened yesterday was really a massacre,’’ she said. “These were extrajudicial killings.”Peru, the fifth-most-populous nation in Latin America, has been the scene of violent demonstrations since early December, when the country’s leftist president, Pedro Castillo, who had promised to address longstanding issues of poverty and inequality, attempted to dissolve Congress and rule by decree. The move was widely condemned as unconstitutional and Mr. Castillo was arrested and replaced by his vice president.Supporters of Mr. Castillo, many of them living in impoverished rural regions, quickly took to the streets to demand new general elections, with many claiming they had been stripped of the right to be governed by the man they had voted into office just one year earlier.The violence in Juliaca on Monday marked the deadliest single clash between civilians and armed actors in Peru in at least two decades, when the country emerged from a dictatorship as well as from a long and brutal fight with a violent guerrilla group, a conflict that left at least 70,000 people dead, many of them civilians.The political convulsion in Peru come as South America faces significant threats to many of its young democracies, with polls showing exceptionally low levels of trust in government institutions, politicians and the media.On Sunday, supporters of Brazil’s former far-right president, Jair Bolsonaro, stormed Congress and other buildings in the capital, fueled by a belief that the election Mr. Bolsonaro lost in October had been rigged. And in nearby Bolivia, protests have erupted in the economic hub of Santa Cruz following the arrest of the opposition governor, whose supporters claim he is being persecuted by the ruling government.Peru’s interior minister, Victor Rojas, said that the protests in Juliaca had begun peacefully on Monday but turned violent around 3 p.m., when about 9,000 protesters tried to take control of the local airport and people armed with makeshift guns and explosives attacked police officers.The riot police clashing with protesters in Puno on Monday.Juan Carlos Cisneros/Agence France-Presse — Getty ImagesAmid the unrest, local television images showed people vandalizing the offices of public prosecutors and a supermarket in Juliaca and setting fire to the house of a lawmaker from an opposition party.Mr. Rojas claimed that security forces had acted within legal limits to defend themselves. “It became impossible to control the mob,” he said.The clashes in Juliaca raise the death toll since Mr. Castillo’s ouster to at least 47 people, according to the nation’s ombudsman. Nearly all of the dead have been civilians, the office said, with 39 killed, along with one police officer, amid protests and seven killed in traffic accidents related to the unrest or as a result of protesters’ blockades.The country’s demonstrations began shortly after authorities arrested Mr. Castillo on charges of rebellion on Dec. 7. Over the last month, some protests have been peaceful; in other cases marchers have used slingshots to fling rocks, set up roadblocks on vital highways, burned government buildings and taken over airports.When the new president, Dina Boluarte, a former ally of Mr. Castillo’s, declared a state of emergency in December, the military took to the streets to maintain order.Hundreds of police officers and civilians have been injured.Demonstrators assisting a man injured during a clash with security forces on Monday in Juliaca.Hugo Courotto/ReutersThe most recent bloodshed occurred in the region of Puno, a heavily Indigenous part of Peru, after villagers from remote Aymara communities arrived by the thousands in the city of Juliaca.Many were calling for Mr. Castillo to be returned to office, a political nonstarter in the capital of Lima, and a move that would be illegal.The chief demand is new general elections, which the electoral authorities said could happen as early as late this year. Congress has rejected such a tight time frame, with many representatives reluctant to give up their seats, but has backed a proposal for a vote in April 2024.By Tuesday afternoon, Ms. Boluarte still had not commented on the unrest since confirming the first civilian killed a day earlier, when she sounded exasperated with protesters’ demands.“The only thing in my hands is bringing forward elections — and we’ve already proposed it,” Ms. Boluarte said at an event on Monday. “During peace, anything can be achieved, but amid violence and chaos it gets harder.”Prime Minister Alberto Otárola, at a news conference, blamed Mr. Castillo and his allies for the deaths of the protesters, saying that they had incited violent attacks meant to destabilize Ms. Boluarte’s government.“They are who is responsible,” he said, “not our police, and not citizens who have been terrorized to see how these hordes of criminals try to undermine our rights.”On Tuesday, Mr. Otárola said the region of Puno would be subject to three days of curfew beginning at 8 p.m.Demonstrators clashing with security forces on Monday in Juliaca, Peru.Hugo Courotto/ReutersIn the wake of the violence, the United Nations, the British ambassador in Peru and other international players issued statements explicitly calling on Peruvian security forces to respect human rights.The United States, which has repeatedly expressed support for Ms. Boluarte’s government and last week announced $8 million in new funding for Peru to support efforts to fight drug trafficking, was less direct.“It is urgent that measures are taken to stop this painful situation of violence and avoid the loss of more human lives,” the U.S. ambassador to Peru, Lisa Kenna, wrote on Twitter.After the first nine bodies arrived at a hospital in Juliaca on Monday afternoon, Dr. Enrique Sotomayor, a hospital official, told local media that all had been shot with projectiles from firearms strong enough to seriously damage internal organs.Mr. Samillan, the aspiring neurosurgeon, hoped to one day open a hospital that would serve people with few economic resources, his sister said. He was completing an internship at a hospital in Juliaca, and on Monday, he and other volunteers had gone to the streets to help wounded protesters, she said.Speaking on the phone as she stood in a courtyard outside the hospital morgue, Ms. Samillan said her brother had been shot twice.“Everything was so fast, so bloody that even now I can’t believe everything that’s happening,” she said.A family photo of Mr. Samillan, center.Milagros SamillanMs. Samillan said her brother was “a person who likes to help people. And many times he has said: ‘I am going to support the people. It doesn’t matter if I lose my life.’ Unfortunately that became real, didn’t it?”She called for the resignation of Ms. Boluarte.“The people don’t want her,” she said.Roger Cayo, 22, always wanted to study mechanics, but he couldn’t afford it, said his only brother, Mauro Cayo. This year he had finally saved up enough money to go. Those plans were dashed when he was shot in the head on Monday while passing by the protests.“Right now we are all mourners here,” said Mr. Cayo, who was waiting to collect his brother’s body. On the phone, the sound of crying was audible in the background.Gabriel Omar López, 35, was the first person reported dead by the police on Monday. His wife told a newspaper, La República, that he had been shot amid the chaos after a day selling ice cream in the streets.On Tuesday, the police identified the dead officer as José Luis Soncco, and the Interior Ministry said he had died after protesters attacked a police vehicle, seized weapons and set the vehicle on fire.Protesters have vowed to march to Lima in the coming days, while the government has promised to introduce new measures to restore order. Many Peruvians fear a fresh wave of violence.The government said a delegation of high-ranking officials was being deployed to Puno to establish dialogue. But it was unclear whom they would speak with. On Monday, the interior minister, Mr. Rojas, said he was unable to find anyone in Puno willing to talk with him.“In the executive branch, we want to do things right, we want to fix our mistakes,” but the protesters have “closed the door” to dialogue, he said.“Their purpose is to create chaos,” Mr. Rojas said. “They were seeking these deaths.” More

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      Protesters in Peru Demand Justice for Ousted President Pedro Castillo

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      Eight days after Pedro Castillo’s removal from office and arrest, thousands of his supporters have joined protests demanding his reinstatement. To them, he is the voice of the marginalized.LIMA, Peru — Outside a detention center at the foot of the Andes Mountains, a camp has formed in recent days, with as many as 1,000 people traveling hundreds of miles to demand freedom for the highest-profile detainee: their former president, Pedro Castillo.They will stay until he is reinstated, said one supporter, Milagros Rodriguez, 37, or until “civil war begins.”Mr. Castillo, a former schoolteacher and union activist who promised to fight for the poor, is the man at the center of Peru’s dizzying political drama, having been removed from office last week after he tried to dissolve Congress and create a government that would rule by decree. Within hours he was under arrest, accused of rebellion, and his vice president was sworn into office.Now, Dina Boluarte is the sixth president in five years in a country reeling from a long history of high-level scandals and deep divisions between its rural poor and urban elite.During a virtual court hearing televised live on Thursday, a judge ordered Mr. Castillo be kept in pretrial detention for 18 months while his case proceeds. Mr. Castillo refused to appear at the hearing.What started out as a relatively peaceful transfer of power has quickly erupted into widespread violence that has left at least 16 dead, many of them teenagers, and led to attacks against police stations, courthouses, factories, airports and a military base.Protesters outside the detention center on Thursday.Marco Garro for The New York TimesAt least 197 civilians and more than 200 police officers have been injured in clashes, according to the country’s ombudsman’s office, which in a statement Thursday called on security forces to “immediately cease the use of firearms and tear gas bombs dropped from helicopters.”The government has responded to the unrest by imposing a national state of emergency, suspending the guarantee of many civil liberties, including the freedom of assembly. In an effort to quell the unrest, the new president has called for early elections, for as soon as December 2023, a move that Congress is debating.Ms. Boluarte, a former ally of Mr. Castillo, has found herself increasingly at odds with the rural Peruvians who voted the two of them into office last year. On Thursday, her government expanded the state of emergency, imposing a curfew in 15 provinces.What to Know About the Ousting of Peru’s PresidentCard 1 of 4Who is Pedro Castillo? More

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      Perú en estado de emergencia

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      La medida suspenderá algunos derechos civiles, como la libertad de reunión, y profundiza una crisis que se desató cuando el Congreso destituyó al presidente electo la semana pasada.LIMA — El gobierno de Perú declaró un estado de emergencia en todo el país el miércoles, una medida que intenta controlar la violencia generalizada tras la destitución del presidente electo del país, quien había intentado disolver el Congreso, la semana pasada.Se trató de un inesperado giro de los acontecimientos, incluso en un país habituado a la agitación política y las protestas.La medida de emergencia, anunciada por Alberto Otárola, ministro de Defensa del país, significaría la suspensión de la libertad de reunión y de tránsito, entre otros derechos civiles, por 30 días. Fue promulgada el miércoles por la noche por la nueva presidenta del país, Dina Boluarte, y especificó que sería aplicada por la policía nacional con el apoyo de las fuerzas armadas. El decreto no impuso toque de queda.La medida es la respuesta más significativa del gobierno a una crisis que estalló el miércoles pasado, cuando el entonces presidente, Pedro Castillo, intentó disolver el Congreso, con el que había estado enfrentado desde que asumió el cargo el año pasado.En cuestión de horas, el Congreso de Perú lo acusó y Castillo fue detenido, lo que desencadenó oleadas de protestas de partidarios enfadados que creen que su destitución fue ilegítima.Diversos analistas políticos aseguraron que, aunque gobiernos anteriores han declarado estados de emergencia en algunas partes del país, la medida no se había utilizado de manera tan amplia desde la década de 1990, cuando el país fue aterrorizado por el grupo terrorista marxista Sendero Luminoso.En declaraciones a los periodistas afuera del palacio presidencial el miércoles, Boluarte, quien asumió el cargo hace apenas una semana, pidió mantener la calma.Dina Boluarte, la nueva presidenta de Perú, asumió el cargo hace apenas una semana e hizo un llamado a mantener la calma. Desde entonces, la violencia ha estallado en varias partes del país.Cris Bouroncle/Agence France-Presse — Getty Images“El Perú no puede desbordarse en sangre”, dijo antes de mencionar los días de Sendero Luminoso. “Ya esa experiencia la hemos vivido en los ochenta, en los noventa, y creo que no queremos volver a esa historia dolorosa que nos ha marcado la vida y el rostro a miles y miles de peruanos”.El intento de Castillo de disolver el Congreso e instalar un gobierno que gobernaría por decreto fue denunciado por sus opositores y muchos de sus aliados como un intento de golpe de Estado. Boluarte, exvicepresidenta, fue juramentada como presidenta ese mismo día.Al inicio, la reacción de la gente a la rápida transición de poder fue relativamente discreta. Pero en los últimos días han surgido manifestantes en masa, principalmente en áreas rurales, que han participado en ataques contra comisarías, juzgados, fábricas y aeropuertos, entre otros objetivos.Al menos seis personas han muerto, la mayoría manifestantes jóvenes, y más de 100 policías han resultado heridos, según las autoridades peruanas.Recientemente, la policía de Perú anunció que desde el pasado miércoles 71 personas, acusadas de perturbar la tranquilidad pública, han sido detenidas en los departamentos de Lima, Apurímac, Arequipa, Ica y La Libertad.Las manifestaciones están respaldadas por la mayor federación de sindicatos, la asociación más grande de pueblos indígenas de la Amazonía peruana y muchas organizaciones que representan a los agricultores pobres, entre otros grupos.Hasta ahora, no ha surgido ningún líder que busque unificar a los distintos grupos. Perú ha sido afectado por la agitación política y los escándalos de corrupción de alto nivel que han derivado en seis presidentes desde 2016.Al menos seis personas han muerto en las protestas, la mayoría manifestantes jóvenes, y más de 100 policías han resultado heridos, según las autoridades peruanas.Franklin Briceño/Associated PressEn Cusco, las protestas han bloqueado carreteras de la región, impidiendo el suministro a las minas de cobre y los mercados de alimentos y cerrando Machu Picchu y otras ciudades turísticas, dijo el gobernador regional, Jean Paul Benavente. Calculó que unos 3000 turistas —entre ellos, ciudadanos estadounidenses— están varados en la capital regional o en el Valle Sagrado y otras zonas cercanas a Machu Picchu.En una entrevista telefónica el miércoles, Benavente dijo que el ejército aún no se había desplegado para apoyar a la policía en la protección de la infraestructura clave. Mientras hablaba, los manifestantes se replegaban tras un nuevo intento de ocupar el aeropuerto de la ciudad de Cusco.Benavente dijo que había ayudado a apaciguar la situación al recordarle a los líderes de la protesta que el aeropuerto ya no estaba operativo.“Son dirigentes que dan la cara, que dan diálogo”, dijo. “Lamentablemente, hay turbas, hay grupos muy focalizados que a veces se desbordan e intentan hacer este tipo de actos vandálicos”.Benavente es uno de los pocos funcionarios electos que parecía tener la esperanza de que el diálogo pudiera generar una salida pacífica y legal a la crisis. La demanda principal que une a todos los manifestantes, dijo, son nuevas elecciones generales. Si el Congreso y el gobierno pueden ejecutar con rapidez una reforma a la Constitución para permitir elecciones anticipadas, pronto se podría alcanzar una “tregua”. De otro modo, lo más probable es que las demandas se vuelvan más radicales, dijo.Castillo, quien antes fue maestro y era activista sindical proveniente de una familia rural pobre, animó a muchos peruanos como él con su plataforma de izquierda en las elecciones del año pasado. Hizo campaña con la promesa de abordar la pobreza y la desigualdad. Su eslogan, “No más pobres en un país rico”, y su llamado a reescribir la Constitución convenció a muchos agricultores rurales en una nación profundamente desigual donde la élite urbana se opuso con vehemencia a su candidatura.Muchos de sus seguidores dijeron que estaban frustrados por un sistema diseñado para ayudar a las élites.Pero después de asumir el cargo, tuvo dificultades para gobernar, y su gobierno resultó empañado por acusaciones de corrupción, incompetencia y mala gestión.Después de la detención de Castillo la semana pasada, sus partidarios acusaron a la élite política de llevarlo al suicidio político y aseguraron que la clase dominante política nunca le dio la oportunidad de gobernar plenamente. En entrevistas, algunas personas dijeron que sentían que les habían robado el voto, llevándolos a las calles.José Godoy, politólogo peruano, se mostró crítico con la decisión de declarar el estado de emergencia.Significa “la constatación de que se privilegian medidas de fuerza antes que un diálogo con la ciudadanía”, dijo. “Esto disminuye la credibilidad de Boluarte”.Godoy agregó que esa decisión también afectará a la economía.“Me parece desproporcionado”, dijo. “Creo que debió darse solo en los lugares donde hay realmente convulsión”.Castillo es uno de los varios presidentes de izquierda que llegaron al poder en Latinoamérica en los últimos años mientras prevalecía un enfado profundo contra los políticos de la clase dominante. Muchos de estos líderes han buscado unirse a partir de una promesa común que busca zanjar la profundización de la desigualdad y quitarle el control a la élite política.El lunes por la noche, varias de esos países alineados emitieron un comunicado conjunto en la que llamaban al presidente destituido “víctima de un antidemocrático hostigamiento” e instando a los líderes políticos de Perú a respetar la “voluntad popular” de los ciudadanos que votaron por él.El comunicado, emitido por los gobiernos de Colombia, Bolivia, Argentina y México, se refiere a Castillo como “presidente” y no menciona a Boluarte.Mitra Taj More

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      Peru Declares National State of Emergency Amid Deadly Protests

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      The measure suspended some civil rights, including the freedom of assembly, and deepens a crisis set off when the elected president was impeached by Congress last week.LIMA, Peru — The government of Peru declared a nationwide state of emergency on Wednesday as it sought to control widespread violence following the ouster last week of the country’s elected president, who had tried to dissolve Congress.It was an extraordinary turn of events even in a country accustomed to political upheaval and protest.The emergency measure, which was announced by Alberto Otárola, the country’s defense minister, suspended the rights of assembly and freedom of transit, among other civil liberties, for 30 days. It was signed into law Wednesday evening by the country’s new president, Dina Boluarte, and specified it would be enforced by the national police force with the support of the military. The decree did not impose a curfew.The move is the most significant government response to a crisis that erupted last Wednesday when the president, Pedro Castillo, tried to disband Congress, which he had been feuding with since taking office last year.Within hours, Peru’s Congress impeached him and Mr. Castillo was arrested, setting off waves of angry protests by supporters who believe his removal was illegitimate.Several political analysts said that while past governments have declared states of emergency in certain parts of the country, the measure had not been used this widely since the 1990s, when the country was brutalized by a Marxist terrorist group called the Shining Path.Speaking to reporters outside the presidential palace on Wednesday, Ms. Boluarte, who took office a week ago, called for calm.Dina Boluarte, Peru’s new president, took office just a week ago, and called for calm. Since then violence has erupted across parts of the country.Cris Bouroncle/Agence France-Presse — Getty Images“Peru cannot overflow with blood,” she said, and then referred to the Shining Path days. “We have already gone through that experience in the 1980s and ’90s, and we do not want to return to that painful story that has marked the lives of thousands of Peruvians.”Mr. Castillo’s attempt to dissolve Congress and install a government that would rule by decree was denounced by both opponents and many of his allies as a coup attempt. Ms. Boluarte, the former vice president, was sworn in that same day.What to Know About the Ousting of Peru’s PresidentCard 1 of 4Who is Pedro Castillo? More

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      La violencia continúa en Perú tras la destitución de Pedro Castillo

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      Al menos seis personas han muerto a causa de la violencia que se ha extendido por todo el país tras la destitución la semana pasada de Pedro Castillo después de que intentara disolver el Congreso.[El miércoles, el gobierno de Perú anunció un estado de emergencia nacional. Aquí puedes leer más, en inglés, sobre la medida].LIMA — El traspaso relativamente pacífico, aunque abrupto, del poder presidencial en Perú la semana pasada ha derivado en violencia y disturbios, ya que los partidarios del expresidente han intensificado las denuncias de que su destitución fue ilegítima y han protagonizado ataques contra comisarías, juzgados, fábricas, aeropuertos y una base militar.Los manifestantes, respaldados por organizaciones que representan a sindicatos, grupos indígenas y agricultores pobres, exigen nuevas elecciones lo antes posible.Al mismo tiempo, los líderes izquierdistas de varios países latinoamericanos han dado su apoyo al anterior mandatario de Perú, Pedro Castillo, destituido el miércoles pasado y detenido tras intentar disolver el Congreso.Los disturbios de esta semana crecieron y se extendieron a distintas partes del país, mientras el gobierno, al tiempo que denunciaba la violencia, se esforzaba por estabilizar la situación y responder a las demandas de los manifestantes.El martes por la noche, el ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció que las fuerzas armadas asumirían la responsabilidad de proteger infraestructuras estratégicas como aeropuertos y centrales hidroeléctricas, y que el gobierno declararía en breve el estado de emergencia en la red de carreteras del país. “No vamos a negar que la situación del país es en este momento grave y preocupante”, declaró.Al menos seis personas han muerto en los enfrentamientos, según la Defensoría del Pueblo de Perú, y todos los fallecidos parecen ser manifestantes, entre ellos cinco adolescentes. Amnistía Internacional y grupos locales de derechos humanos han acusado a la policía de responder, en algunos casos, con fuerza excesiva.Anteriormente, el martes, la oficina de la Defensoría del Pueblo había dicho que siete manifestantes habían muerto, pero rectificó después de decir que un hombre identificado ante la oficina como muerto no podía encontrarse en el registro civil del país.El martes, la nueva presidenta del país, Dina Boluarte, hizo un llamamiento a la “calma”.“Esta situación que está enlutando al país nos congoja a toda la familia peruana”, dijo a la salida de un hospital de Lima, la capital, tras haber declarado el estado de emergencia en algunas zonas del país.“Yo soy madre de dos hijos y no quisiera estar pasando por esta situación donde nuestros seres queridos están falleciendo”, afirmó.Boluarte hizo campaña junto a Castillo, pero más tarde calificó sus acciones de intento de golpe de Estado. También es de izquierda y nació en el departamento andino de Apurímac, en su mayoría pobre, donde estallaron las primeras protestas.La nueva presidenta dijo que se reuniría con los líderes de las fuerzas armadas de Perú y que tenía la opción de declarar el estado de emergencia nacional, una medida que suspende algunas libertades civiles.Castillo fue destituido tras intentar disolver el Congreso la semana pasada.Victor Gonzales/Consejo de Ministros de Perú vía Agence France-PresseLas autoridades peruanas cerraron al menos dos aeropuertos en medio de las protestas, incluido el de Cuzco, utilizado por los turistas que visitan Machu Picchu y la región circundante conocida como el Valle Sagrado, una importante fuente de ingresos para el país.La policía y el ejército también dijeron que una base conjunta había sido destruida en el departamento de Cusco, mientras que unos 1000 manifestantes habían ocupado una planta de gas en la misma zona.También se suspendió el servicio de trenes desde y hacia Cusco y Machu Picchu, según una alerta de viaje de la Embajada de EE. UU. en Lima.El nuevo ministro de Economía y Finanzas del país, Alex Contreras, declaró a un canal de noticias local, RPP, que las protestas podrían costar a diversos sectores de Perú entre 15 y 26 millones de dólares al día.Un general de la policía, Óscar Arriola, dijo que 119 agentes de policía resultaron heridos en los recientes enfrentamientos, mientras que Amnistía Internacional aseguró que había verificado imágenes de agentes de policía disparando gas lacrimógeno a corta distancia directamente contra los manifestantes en la plaza principal de Lima.En su discurso del martes, Boluarte dijo que “había dado las indicaciones a la policía de no usar ningún arma letal, ni siquiera perdigones de goma”, y añadió que había pedido al ministro del Interior “individualizar a las personas que hayan hecho uso de estas armas que están dañando a nuestras hermanas y a nuestros hermanos”.Castillo, exmaestro de escuela y activista sindical de izquierda que ganó las elecciones presidenciales por un estrecho margen el año pasado, ha tenido problemas para gobernar, enfrentándose a acusaciones de corrupción, incompetencia y mala gestión, mientras los legisladores parecían empeñados en echarlo.La semana pasada, enfrentado a un tercer intento de destitución, anunció que disolvería el Congreso y crearía un nuevo gobierno que gobernaría por decreto.La medida fue ampliamente denunciada tanto por opositores como por antiguos aliados como un intento de golpe de estado. En cuestión de horas, Castillo fue detenido, el Congreso votó por su destitución y la vicepresidenta, Boluarte, una antigua aliada, asumió el cargo.Los acontecimientos se desarrollaron a una velocidad tan vertiginosa que a muchos peruanos les costó entender lo que estaba ocurriendo. Ahora, muchos de los partidarios de Castillo, sobre todo en las zonas rurales que forman su base, dicen que sienten que les han robado su voto.Algunos manifestantes esperan que su movimiento crezca a medida que la policía responda a las manifestaciones con lo que califican de mano dura. Han presentado varios argumentos jurídicos para justificar la ilegalidad de la destitución de Castillo, y piden a Boluarte que convoque nuevas elecciones.Boluarte ya ha dicho que intentará adelantar las próximas elecciones presidenciales dos años, para 2024, un esfuerzo que requerirá la aprobación del Congreso.La presidenta Dina Boluarte hizo un llamamiento a la unidad nacional durante su toma de posesión la semana pasada. Ya ha dicho que intentará adelantar las próximas elecciones presidenciales dos años, hasta 2024.Martin Mejia/Associated PressCastillo es uno de los varios presidentes de izquierda que han llegado al poder en América Latina en los últimos años en medio de un profundo enfado con los políticos de la clase dirigente. Muchos de estos líderes han tratado de unirse en torno a un propósito común que busca hacer frente a la creciente desigualdad y arrebatar el control a la élite política.El lunes por la noche, varios de esos países alineados emitieron una declaración conjunta en la que calificaban al presidente destituido de “víctima de un antidemocrático hostigamiento” e instaban a los líderes políticos de Perú a respetar la “voluntad ciudadana” en las urnas.La declaración, emitida por los gobiernos de Colombia, Bolivia, Argentina y México, se refiere a Castillo como “presidente” y no menciona a Boluarte.El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del martes, dijo que su gobierno seguirá considerando a Castillo el líder de Perú “hasta que allá lo resuelvan en términos de legalidad”.La relación entre las dos naciones, dijo, estaba “en pausa”.El año pasado, Castillo hizo campaña electoral prometiendo hacer frente a la pobreza y la desigualdad. Su lema —“no más pobres en un país rico”— y su llamamiento a reformar la Constitución animaron a muchos campesinos en un país profundamente desigual donde la élite urbana se opuso con vehemencia a su candidatura.Las protestas cuentan con el respaldo de la mayor federación de sindicatos, la mayor asociación de indígenas de la Amazonia peruana y muchas organizaciones que representan a agricultores pobres, entre otros grupos.Jaime Borda, quien dirige Red Muqui, una red de organizaciones ecologistas y de derechos humanos que trabajan en las zonas rurales de Perú, dijo que la ira en las calles no se debía solamente a la frustración por la destitución de Castillo, sino a un “descontento de la población por todo el acumulado de las cosas de estos últimos años”, a saber, un sistema político que para muchos parecía fomentar la corrupción y servir a las élites.Muchos manifestantes, dijo, creían que Castillo había sido llevado a la autodestrucción política por esa misma élite política.La gente que sigue a Castillo “es muy consciente de que, al final, esa no era la forma de irse, de intentar un golpe de Estado”, dijo. “Pero la gente también te dice pero lo hemos elegido a él como nuestro representante, lo hemos elegido a él como nuestro presidente”.Cunarc, una asociación de patrullas de seguridad rural, se encuentra entre los grupos que lideran las protestas.Santos Saavedra, presidente de Cunarc, dijo que el llamamiento de Boluarte al diálogo “va a ser imposible porque la población no reconoce el gobierno de facto”.Victoriano Laura, de 48 años, un minero de la ciudad de La Rinconada, en lo alto de la cordillera de los Andes, dijo el martes que muchas personas estaban viajando desde La Rinconada a la ciudad de Juliaca, a unos 160 kilómetros de distancia, para protestar.“La gente está furiosa” por la destitución del presidente, dijo. “La violencia está empezando por la provocación de la policía, y la gente no se va a quedar callada”.Hasta ahora, no ha surgido ningún líder que intente unificar a los distintos grupos. Perú se ha visto lastrado por la agitación política y los escándalos de corrupción de alto nivel que han llevado que desfilaran seis presidentes desde 2016.Partidarios de Castillo bloquean la carretera Panamericana Sur en Ica, Perú, el martes.Martin Mejia/Associated PressEn sus escasas apariciones públicas desde su detención por rebelión, Castillo ha defendido sus acciones y no ha mostrado arrepentimiento.Durante su segunda comparecencia ante el tribunal el martes, Castillo dijo que había sido detenido injustamente y que nunca renunciaría.“Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular. Desde aquí quiero exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, en referencia a los manifestantes.Cuando un juez le interrumpió para preguntarle si quería decir algo en su defensa, Castillo respondió: “Nunca cometí un delito de conspiración ni rebelión”.Mitra Taj More

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      Violence Grows in Peru After President Pedro Castillo Is Ousted

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      At least six people have been killed in violence that has spread across the country following last week’s impeachment of Pedro Castillo after he tried to dissolve Congress.LIMA, Peru — A relatively peaceful, if abrupt, transfer of presidential power in Peru last week has shifted into violence and unrest as supporters of the former president intensified claims that his ouster was illegitimate and have staged attacks against police stations, courthouses, factories, airports and a military base.The protesters, backed by organizations that represent unions, Indigenous groups and poor farmers, are demanding new elections as quickly as possible.At the same time, the leftist leaders of several Latin American countries have thrown their support behind Peru’s former leader, Pedro Castillo, who was removed from office last Wednesday and arrested after he tried to dissolve Congress.The resulting unrest this week has grown and spread to different parts of the country as the government, while denouncing the violence, has struggled to stabilize the situation and respond to protesters’ demands.On Tuesday night the defense minister, Alberto Otárola, announced that the armed forces would take responsibility for protecting strategic infrastructure such as airports and hydroelectric plants, and that the government would soon declare a state of emergency for the nation’s highway system. “We are not going to deny that the situation in this country is currently serious and worrying,” he said.At least six people have died in the clashes, according to Peru’s ombudsman’s office, with all of the dead appearing to be protesters, among them five teenagers. Amnesty International and local human rights groups have accused the police of responding, in some cases, with excessive force.Earlier Tuesday, the ombudsman’s office had said that seven protesters died, but corrected itself after it said that a man identified to the office as dead could not be found in the country’s civil registry.On Tuesday, the country’s new president, Dina Boluarte, called for “calm.’’“This situation that has cast a shadow over the country is causing anguish to the entire Peruvian family,” she said, speaking outside a hospital in Lima, the capital, having declared parts of the country under a state of emergency.“I am a mother of two children, and I do not want to be going through this situation where our loved ones are dying,” she said.Ms. Boluarte once campaigned alongside Mr. Castillo, but later called his actions a coup attempt. She is also a leftist, and comes from the largely poor Andean department of Apurímac, where the protests first erupted.What to Know About the Ousting of Peru’s PresidentCard 1 of 4Who is Pedro Castillo? More

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      As Latin America Shifts Left, Leaders Face a Bleak Reality.

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      All six of the region’s largest economies could soon be run by presidents elected on leftist platforms. Their challenge? Inflation, war in Europe and growing poverty at home.BOGOTÁ, Colombia — In Chile, a tattooed former student activist won the presidency with a pledge to oversee the most profound transformation of Chilean society in decades, widening the social safety net and shifting the tax burden to the wealthy.In Peru, the son of poor farmers was propelled to victory on a vow to prioritize struggling families, feed the hungry and correct longstanding disparities in access to health care and education.In Colombia, a former rebel and longtime legislator was elected the country’s first leftist president, promising to champion the rights of Indigenous, Black and poor Colombians, while building an economy that works for everyone.“A new story for Colombia, for Latin America, for the world,” he said in his victory speech, to thunderous applause.After years of tilting rightward, Latin America is hurtling to the left, a watershed moment that began in 2018 with the election of Andrés Manuel López Obrador in Mexico and could culminate with a victory later this year by a leftist candidate in Brazil, leaving the region’s six largest economies run by leaders elected on leftist platforms.A combination of forces have thrust this new group into power, including an anti-incumbent fervor driven by anger over chronic poverty and inequality, which have only been exacerbated by the pandemic and have deepened frustration among voters who have taken out their indignation on establishment candidates.During the height of a coronavirus wave in Peru last year, people waited to refill oxygen tanks for loved ones on the outskirts of Lima. Marco Garro for The New York TimesBut just as new leaders settle into office, their campaign pledges have collided with a bleak reality, including a European war that has sent the cost of everyday goods, from fuel to food, soaring, making life more painful for already suffering constituents and evaporating much of the good will presidents once enjoyed.Chile’s Gabriel Boric, Peru’s Pedro Castillo and Colombia’s Gustavo Petro are among the leaders who rode to victory promising to help the poor and disenfranchised, but who find themselves facing enormous challenges in trying to meet the high expectations of voters.Unlike today, the last significant leftist shift in Latin America, in the first decade of the millennium, was propelled by a commodities boom that allowed leaders to expand social programs and move an extraordinary number of people into the middle class, raising expectations for millions of families.Now that middle class is sliding backward, and instead of a boom, governments face pandemic-battered budgets, galloping inflation fed by the war in Ukraine, rising migration and increasingly dire economic and social consequences of climate change.In Argentina, where the leftist Alberto Fernández took the reins from a right-wing president in late 2019, protesters have taken to the streets amid rising prices. Even larger protests erupted recently in Ecuador, threatening the government of one of the region’s few newly elected right-wing presidents, Guillermo Lasso.“I don’t want to be apocalyptic about it,” said Cynthia Arnson, a distinguished fellow at the Woodrow Wilson International Center for Scholars. “But there are times when you look at this that it feels like the perfect storm, the number of things hitting the region at once.”Protesters in Santiago, Chile, in 2019, demanding economic changes to address systemic inequality. The country’s new president, elected last year, has become deeply unpopular among Chileans angry over rising prices.Tomas Munita for The New York TimesThe rise of social media, with the potential to supercharge discontent and drive major protest movements, including in Chile and Colombia, has shown people the power of the streets.Beginning in August, when Mr. Petro takes over from his conservative predecessor, five of the six largest economies in the region will be run by leaders who campaigned from the left.The sixth, Brazil, the largest country in Latin America, could swing that way in a national election in October. Polls show that former president Luiz Inácio Lula da Silva, a fiery leftist, has a wide lead on the right-wing incumbent, President Jair Bolsonaro.New leaders in Colombia and Chile are far more socially progressive than leftists in the past, calling for a shift away from fossil fuels and advocating for abortion rights at a time when the United States Supreme Court is moving the country in the opposite direction.But taken together, this group is extremely mixed, differing on everything from economic policy to their commitment to democratic principles.Mr. Petro and Mr. Boric have vowed to vastly expand social programs for the poor, for example, while Mr. López Obrador, who is focused on austerity, is reducing spending.What does link these leaders, however, are promises for sweeping change that in many instances are running headlong into difficult and growing challenges.Gustavo Petro and his running mate, Francia Márquez, celebrated their victory in June in Colombia’s national election. They will lead a country where 40 percent of the people lives on less than half of the monthly minimum wage.Federico Rios for The New York TimesIn Chile late last year, Mr. Boric beat José Antonio Kast, a right-wing establishment politician associated with Chile’s former dictator, Augusto Pinochet, by pledging to jettison the neoliberal economic policies of the past.But just months into his term, with an inexperienced cabinet, divided Congress, rising consumer prices and unrest in the country’s south, Mr. Boric’s approval ratings have plummeted.Ninety percent of poll respondents told the polling firm Cadem this month that they believed the country’s economy was stuck or going backward.Like many neighbors in the region, Chile’s yearly inflation rate is the highest it has been in more than a generation, at 11.5 percent, spurring a cost-of-living crisis.In southern Chile, a land struggle between the Mapuche, the country’s largest Indigenous group, and the state has entered its deadliest phase in 20 years, leading Mr. Boric to reverse course on one of his campaign pledges and redeploy troops in the area.Catalina Becerra, 37, a human resources manager from Antofagasta, in northern Chile, said that “like many people of my generation” she voted for Mr. Boric because Mr. Kast “didn’t represent me in the slightest.”Students taking part in an anti-government protest in June in Santiago.Javier Torres/Agence France-Presse, via Getty Images“But I wasn’t convinced by what he could do for the country,’’ Ms. Becerra added. “He has not achieved what he said he would.”In September, Chileans will vote on a remarkably progressive constitution that enshrines gender equality, environmental protections and Indigenous rights and that is meant to replace a Pinochet-era document.The president has bound his success to the referendum, putting himself in a precarious position should the draft be rejected, which polls show is for now the more likely outcome.In neighboring Peru, Mr. Castillo rose last year from virtual anonymity to beat Keiko Fujimori, a right-wing career politician whose father, former President Alberto Fujimori, governed with an iron fist and introduced neoliberal policies similar to those rejected by Chilean voters.While some Peruvians supported Mr. Castillo solely as a rejection of Ms. Fujimori, he also represented real hopes for many, especially poor and rural voters.As a candidate, Mr. Castillo promised to empower farmers with more subsidies, access to credit and technical assistance.But today, he is barely managing to survive politically. He has governed erratically, pulled between his far-left party and the far-right opposition, reflecting the fractious politics that helped him win the presidency.Supporters of Peru’s leftist presidential candidate Pedro Castillo during a protest against his rival’s effort to annul votes in 2021. Mr. Castillo won the election but is barely managing to survive politically. Marco Garro for The New York TimesMr. Castillo — whose approval rating has sunk to 19 percent, according to the Institute of Peruvian Studies — is now subject to five criminal probes, has already faced two impeachment attempts and cycled through seven interior ministers.The agrarian reform he pledged has yet to translate into any concrete policies. Instead, price spikes for food, fuel and fertilizer are hitting his base the hardest.Farmers are struggling through one of the worst crises in decades, facing the biggest planting season of the year without widespread access to synthetic fertilizer. They normally get most of it from Russia, but it is difficult to obtain because of global supply disruptions related to the war.Eduardo Zegarra, an investigator at GRADE, a research institute, called the situation “unprecedented.”“I think this is going to unfold very dramatically, and usher in a lot of instability,” he said.In a poor, hillside neighborhood in Lima, the capital, many parents are skipping meals so their children have more to eat.“We voted for Castillo because we had the hope that his government would be different,” said Ruth Canchari, 29, a stay-at-home mother of three children. “But he’s not taking action.”In Colombia, Mr. Petro will take office facing many of the same headwinds.President Gabriel Boric of Chile flashed a victory sign after his swearing-in ceremony at Congress in Valparaiso in March.Esteban Felix/Associated PressPoverty has risen — 40 percent of households now live on less than $100 a month, less than half of the monthly minimum wage — while inflation has hit nearly 10 percent.Still, despite widespread financial anxiety, Mr. Petro’s actions as he prepares to assume office seem to have earned him some support.He has made repeated calls for national consensus, met with his biggest political foe, the right-wing former president Álvaro Uribe, and appointed a widely respected, relatively conservative and Yale-educated finance minister.The moves may allow Mr. Petro to govern more successfully than, say, Mr. Boric, said Daniel García-Peña, a political scientist, and have calmed down some fears about how he will try to revive the economy.But given how quickly the honeymoon period ended for others, Mr. Petro will have precious little time to start delivering relief.“Petro must come through for his voters,” said Hernan Morantes, 30, a Petro supporter and environmental activist. “Social movements must be ready, so that when the government does not come through, or does not want to come through, we’re ready.”Julie Turkewitz More