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      ¿Qué prometió Gustavo Petro?

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      Durante su campaña, el candiato de izquierda Gustavo Petro propuso importantes reformas. Después de ganar las elecciones del domingo tendrá que demostrar que es capaz de implementar esos cambios.BOGOTÁ — En un estadio repleto de Bogotá, en medio de una explosión de confeti y debajo de un cartel que decía “Colombia ganó”, Gustavo Petro celebró el domingo su victoria como el primer presidente de izquierda que ha sido elegido en Colombia.“Llegó el gobierno de la esperanza”, dijo el exguerrillero y veterano senador, en medio de una cascada de aplausos y vítores.Durante décadas, Colombia ha sido uno de los países más conservadores de América Latina, donde la izquierda se ha asociado con una insurgencia violenta y algunos candidatos presidenciales de izquierda anteriores fueron asesinados durante sus campañas electorales.En ese contexto, la victoria de Petro fue histórica, una señal de la frustración de los votantes con el establecimiento político de derecha que, según muchos, no logró atender los problemas de generaciones que vivieron en condiciones de pobreza y desigualdad que solo empeoraron durante la pandemia.El hecho de que Petro eligiera como compañera de fórmula a Francia Márquez, una activista ambiental que será la primera vicepresidenta negra del país, hizo que la victoria fuese aún más excepcional. Algunas de las tasas de participación electoral más altas se registraron en varias zonas de las regiones más pobres y abandonadas del país, lo que sugiere que muchas personas se identificaron con los llamados repetidos de Márquez a la inclusión, la justicia social y la protección del medioambiente.Como candidato, Petro prometió cambiar algunos de los sectores más importantes de la sociedad colombiana en una nación que se encuentra entre las más desiguales de América Latina.Pero ahora que ocupará el palacio presidencial, pronto tendrá que convertir esas promesas, algunas de las cuales los críticos califican como radicales, en acciones.“Hay un programa de transformaciones muy profundas”, dijo Yann Basset, profesor de ciencias políticas en la Universidad del Rosario en Bogotá. “En todos esos temas va a necesitar de un apoyo importante del Congreso, lo que promete ser bastante difícil”.Simpatizantes de Petro en Bucaramanga, Colombia, el domingo.Nathalia Angarita para The New York TimesPetro ha prometido ampliar los programas sociales, proporcionar un subsidio significativo para las madres solteras, garantizar trabajo y un ingreso para las personas desempleadas, reforzar el acceso a la educación superior, aumentar la ayuda alimentaria, cambiar el país a un sistema de salud controlado públicamente y rehacer el sistema de pensiones.Dice que los fondos para esos cambios, en parte, se obtendrán de aumentar los impuestos a las 4000 familias más ricas del país, eliminando algunos beneficios fiscales corporativos, aumentando algunos aranceles de importación y atacando a los evasores de impuestos.Una parte central de su plataforma es un plan para pasar de lo que él define como la “vieja economía extractivista” de Colombia, basada en el petróleo y el carbón, a una enfocada en otras industrias, en parte para luchar contra el cambio climático.Algunas de las políticas de Petro podrían causar tensión con Estados Unidos que ha invertido durante las últimas dos décadas miles de millones de dólares en Colombia para ayudar a sus gobiernos a detener la producción y exportación de cocaína, con poco éxito. Petro ha prometido rehacer la estrategia del país contra las drogas, alejándose de la erradicación de los cultivos de coca, el producto base de la cocaína, para enfatizar el desarrollo rural.Washington ya ha comenzado a moverse en la dirección de priorizar el desarrollo, pero Petro podría chocar con los funcionarios estadounidenses por su visión precisa sobre ese tema.Petro también se ha comprometido a implementar por completo el acuerdo de paz de 2016 con el grupo rebelde más grande del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, y a frenar la destrucción de la Amazonía colombiana, donde la deforestación ha alcanzado nuevos máximos en los últimos años.Uno de los mayores desafíos de Petro será financiar su ambiciosa agenda, especialmente encontrar nuevos ingresos para compensar la pérdida de dinero del petróleo y el carbón mientras se expanden los programas sociales.Recientemente, otros dos políticos de izquierda, Gabriel Boric en Chile y Pedro Castillo en Perú, asumieron la presidencia con promesas de extender los programas sociales, pero su popularidad se desplomó, entre otros factores, en medio de la creciente inflación.Colombia recauda menos impuestos en proporción de su producto interno bruto en comparación con casi todos los demás países de la región.El país ya tiene un déficit elevado, y el año pasado, cuando el presidente actual, Iván Duque, intentó impulsar un plan fiscal para ayudar a bajarlo, cientos de miles de personas salieron a las calles a protestar.“Las cifras presupuestarias simplemente no cuadran”, escribió James Bosworth, fundador de Hxagon, una firma de consultoría de riesgo político en Bogotá, en un boletín enviado el lunes. “Es probable que los costos de los programas sociales propuestos por Petro consuman el presupuesto y dejen un déficit que crecerá con rapidez”.“Para el segundo o tercer año de su gobierno”, continuó Bosworth, “tendrá que tomar decisiones difíciles debido a las restricciones financieras y eso terminará molestando a una parte de la coalición que lo eligió”.Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, dijo que el primer paso que debe dar Petro es anunciar un ministro de Hacienda con experiencia que pueda sosegar los temores del mercado y de los inversionistas al asegurarle a la gente que no incentivará un gasto descontrolado o una intervención gubernamental excesiva.Otro reto importante podría ser trabajar con el Congreso. La coalición de Petro, Pacto Histórico, tiene la mayor cantidad de integrantes en la legislatura. Pero no tiene una mayoría, que necesitará para impulsar su agenda. Ya se ha acercado a líderes políticos fuera de su coalición, pero no está claro cuánto apoyo obtendrá y si la formación de nuevas alianzas lo obligará a renunciar a algunas de sus propuestas.“Yo creo que tendrá que abandonar ciertas partes de este programa”, dijo Basset. “De todos modos, yo creo que no tiene una mayoría para implementar todo lo que ha prometido”.Petro también heredará una sociedad profundamente polarizada, dividida por clase, raza, región y etnicidad y marcada por años de violencia y conflicto.Durante décadas, el gobierno de Colombia luchó contra las FARC, y el conflicto armado se convirtió en un enfrentamiento intrincado entre grupos guerrilleros de izquierda, paramilitares de derecha y militares, todos los cuales han sido acusados de abusos contra los derechos humanos.A pesar del acuerdo de paz de 2016 con las FARC, muchas de las líneas divisorias del conflicto continúan, y han sido amplificadas por las redes sociales, que permitieron que los rumores y la desinformación circularan.Las encuestas previas a las elecciones mostraban una desconfianza en aumento en casi todas las instituciones importantes.“En mi opinión, esta elección es, por mucho, la más polarizada que hemos visto en Colombia en muchos años”, dijo Arlene B. Tickner, politóloga de la Universidad de Rosario. “Creo que será un desafío clave el solo hecho de calmar las aguas y hablarle en particular a los votantes y sectores de la sociedad colombiana que no votaron por él y que tienen temores considerables sobre la presidencia de Petro”.Una de las tareas más difíciles de Petro podría ser abordar la violencia en el campo.A pesar del acuerdo de paz, los grupos armados han seguido creciendo, especialmente en áreas rurales, alimentándose del narcotráfico, la industria ganadera, el tráfico de personas y otras actividades.Los homicidios, las masacres y los asesinatos de líderes sociales aumentaron en los últimos años, y el desplazamiento interno sigue siendo alto: 147.000 personas fueron obligadas a huir de sus hogares el año pasado, según datos del gobierno.Muchas personas afectadas por esta violencia votaron por Petro y Márquez, quien nació en el Cauca, una de las zonas más afectadas de Colombia.El plan de Petro para enfrentar la violencia incluye una reforma agraria que desalentaría con impuestos la propiedad de grandes parcelas de tierra y otorgaría títulos de propiedad a los pobres, cuya falta de recursos a menudo los obliga a unirse a grupos armados.Pero, presidencia tras presidencia, los intentos de emprender una reforma agraria han sido obstaculizados, y Petro admitió en una entrevista de este año que puede ser “lo más duro” de cumplir de sus promesas de campaña.“Es alrededor del tema en el que en Colombia se han hecho las guerras”, dijo.Megan Janetsky More

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      Las democracias no siempre se comportan de manera democrática

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      Cuando los líderes políticos se enfrentan a una crisis constitucional, como la del 6 de enero en EE. UU., el proceso de decidir colectivamente cómo responder puede ser desordenado, arbitrario y, a veces, cambiar la naturaleza del propio sistema.Cuando buscamos casos similares en el mundo al momento del año pasado en el que el entonces vicepresidente Mike Pence se negó a ceder ante la presión del presidente Donald Trump para ayudarlo a revertir su derrota electoral, algo queda claro casi de inmediato.Este tipo de crisis, en las que el destino de la democracia queda en manos de un puñado de funcionarios, rara vez se resuelven únicamente sobre la base de principios legales o constitucionales, aunque luego sean citados como justificación.En su lugar, por lo general la resolución está determinada por las élites políticas que logran formar rápidamente una masa crítica a favor de un resultado. Y esos funcionarios pueden seguir cualquier motivación —principios, antipatía partidista, interés propio— que los movilice.En conjunto, la historia de las crisis constitucionales modernas destaca algunas duras verdades sobre la democracia. Las normas supuestamente fundamentales, como elecciones libres o el Estado de derecho, aunque se presenten como si estuvieran cimentadas de manera irreversible en las bases de la nación, en realidad solo son tan sólidas como el compromiso de quienes estén en el poder. Y si bien una crisis puede ser una oportunidad para que los líderes refuercen las normas democráticas, también puede ser una oportunidad para revisarlas o revocarlas por completo.Por ejemplo, en medio de las elecciones de Yugoslavia de 2000, la oposición declaró que había obtenido suficientes votos para destronar al presidente Slobodan Milosevic, cuyo gobierno aseguró falsamente que la oposición se había quedado corta.Ambas partes apelaron a los principios constitucionales, los procedimientos legales y, con furiosas protestas, a la voluntad del pueblo. Al final, una masa crítica de funcionarios del gobierno y de la policía, incluidos algunos en puestos necesarios para certificar el resultado, señalaron que, por razones que variaban de persona a persona, tratarían a Milosevic como el perdedor de las elecciones. Posteriormente, el nuevo gobierno lo extraditó para enfrentar cargos por crímenes de guerra en La Haya, en los Países Bajos.Slobodan Milosevic, expresidente de Yugoslavia, aplaudiendo durante una ceremonia en la academia militar de Belgrado, en 2000. Milosevic fue declarado perdedor de unas disputadas elecciones y posteriormente extraditado para ser acusado de crímenes de guerra en La Haya.Agence France-PresseLos estadounidenses parecieran tener más cosas en común con Perú. Allí, en 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso controlado por la oposición, que estaba haciendo gestiones para destituirlo. Los legisladores de todo el espectro votaron rápidamente para remplazar a Fujimori con su propio vicepresidente, quien se había opuesto al abuso de poder presidencial.Ambos bandos aseveraron estar defendiendo la democracia de la amenaza que representaba el otro. Ambos apelaron a las fuerzas militares de Perú, que tradicionalmente había desempeñado un rol de árbitro final, de forma casi similar al de una corte suprema. El pueblo, profundamente polarizado, se dividió. Los militares también se dividieron en dos bandos.En el momento más crítico, una cantidad suficiente de élites políticas y militares indicó su apoyo a Fujimori y logró que prevaleciera. Se juntaron de manera informal, cada uno reaccionando a los eventos de manera individual. Muchos apelaron a diferentes fines, como la agenda económica de Fujimori, la sensación de estabilidad o la posibilidad de que su partido prevaleciera bajo el nuevo orden.Perú cayó en un cuasi-autoritarismo, con derechos políticos restringidos y elecciones celebradas, pero bajo términos que favorecían a Fujimori, hasta que fue destituido de su cargo en 2000 por acusaciones de corrupción. El año pasado, su hija se postuló para la presidencia como una populista de derecha y perdió por menos de 50.000 votos.La América Latina moderna ha enfrentado repetidamente este tipo de crisis. Esto, según muchos académicos, no se debe tanto a rasgos culturales compartidos, sino más a una historia de intromisión de Guerra Fría que debilitó las normas democráticas. También surge de sistemas presidenciales de estilo estadounidense y de la profunda polarización social que allana el camino para el combate político extremo.Las democracias presidenciales, al dividir el poder entre ramas en competencia, crean más oportunidades para que cargos rivales se enfrenten, incluso hasta el punto de usurparse unos a otros los poderes. Dichos sistemas también enturbian las preguntas sobre quién está al mando, lo que obliga a sus ramas o poderes a resolver disputas de manera informal, sobre la marcha y, en ocasiones, por la fuerza.Venezuela, que solía ser la democracia más antigua de la región, sufrió una serie de crisis constitucionales cuando el entonces presidente Hugo Chávez se enfrentó con jueces y otros órganos gubernamentales que bloquearon su agenda. Cada vez, Chávez —y luego su sucesor, Nicolás Maduro— apeló a los principios legales y democráticos para justificar el debilitamiento de esas instituciones hasta que, con el tiempo, las acciones de los líderes, en apariencia para salvar la democracia, prácticamente las destriparon.Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, llegando a la Asamblea Nacional para su discurso anual sobre el estado de la nación en Caracas, en 2012. Él y su sucesor apelaron a los principios legales y democráticos para justificar su debilitamiento de las instituciones democráticas.Ariana Cubillos/Associated PressLas presidencias no son comunes en las democracias occidentales. Una de las pocas, en Francia, experimentó su propia crisis constitucional en 1958, año en el que se evitó un intento de golpe militar cuando el líder Charles de Gaulle se otorgó poderes de emergencia para establecer un gobierno de unidad que satisficiera a los líderes civiles y militares.Si bien otros tipos de sistemas pueden caer en grandes crisis, a menudo se debe a que, al igual que en una democracia presidencial, los centros de poder en rivalidad chocan hasta el punto de intentar invadir al otro.Aun así, algunos académicos argumentan que los estadounidenses que esperan comprender la trayectoria de su país no deberían mirar a Europa, sino a América Latina.Ecuador estuvo cerca del precipicio en 2018 debido al esfuerzo del entonces presidente Rafael Correa de extender sus propios límites de mandato. Pero cuando los votantes y la élite política se opusieron, Correa dejó el cargo de manera voluntaria.En 2019, Bolivia se sumió en el caos en medio de una elección disputada. Aunque la opinión pública estuvo dividida, las élites políticas y militares señalaron que creían que el líder de izquierda en funciones en aquel momento, Evo Morales, debía dejar el cargo y prácticamente lo obligaron a hacerlo.Sin embargo, cuando el remplazo de derecha de Morales no pudo evitar meses de inestabilidad y turbulencia y luego se dispuso a posponer las elecciones, muchas de esas mismas élites presionaron para que estas se realizaran rápidamente, lo que benefició al sucesor elegido por Morales.Evo Morales, expresidente de Bolivia, hablando con la prensa el día de las elecciones en La Paz, en octubre de 2019. El país se sumió en el caos tras las elecciones, que fueron objeto de controversia.Martin Alipaz/EPA vía ShutterstockLa frase “élites políticas” puede evocar imágenes de poderosos que fuman puros y se reúnen en secreto para mover los hilos de la sociedad. En realidad, los académicos usan el término para describir a legisladores, jueces, burócratas, autoridades policiales y militares, funcionarios locales, líderes empresariales y figuras culturales, la mayoría de los cuales nunca coordinarían directamente, muchos menos acordarían qué es lo mejor para el país.Aun así, son esas élites las que, en colectivo, preservan la democracia día a día. Del mismo modo en que el papel moneda solo tiene valor porque todos lo tratamos como valioso, las elecciones y las leyes solo tienen poder porque las élites se despiertan cada mañana y las consideran primordiales. Es una especie de pacto, en el que los poderosos se vinculan voluntariamente a un sistema que también los restringe.“Una democracia organizada y en buen funcionamiento no nos exige pensar activamente en qué la sostiene”, me dijo Tom Pepinsky, politólogo de la Universidad Cornell, poco después de los disturbios en el Capitolio, el 6 de enero de 2021. “Es un equilibrio; todos están motivados a participar como si continuara”.Pero en una enorme crisis constitucional, cuando las normas y reglas destinadas a guiar la democracia se ponen en duda o se dejan de lado por completo, esas élites, súbitamente, se enfrentan a la pregunta de cómo —o si se debe— mantener su pacto democrático.No siempre estarán de acuerdo sobre cuál es el mejor camino para la democracia, para el país o para ellos mismos. En ocasiones, el impacto de ver la vulnerabilidad de la democracia los llevará a redoblar su compromiso con ella. En otras, a deshacerse de ese sistema en parte o en su totalidad.El resultado, a menudo, es una lucha de élites que se presionan entre sí directamente, como lo hicieron muchos republicanos de alto rango y asesores de la Casa Blanca durante el 6 de enero, o mediante declaraciones públicas dirigidas a los miles de funcionarios que operan la maquinaria del gobierno.Los académicos denominan esto como un “juego de coordinación”, en el que todos esos actores intentan comprender o influir en la manera en que otros responderán, hasta que surja un consenso mínimamente viable. Puede no parecerse tanto a una trama bien definida, sino más bien a una manada de animales asustados, por lo que el resultado puede ser difícil de predecir.Antes del 6 de enero, no había muchas razones para cuestionar el compromiso de los legisladores con la democracia. “No se había cuestionado si apoyaban o no la democracia en un sentido interno real; eso nunca había estado en juego”, afirmó Pepinsky.Ahora, una crisis los había obligado a decidir si anular las elecciones, y eso demostró que no todos esos legisladores, de tener esa opción, votarían para defender la democracia. “Me ha sorprendido demasiado cuánto de esto en realidad depende de 535 personas”, confesó Pepinsky, refiriéndose a la cantidad de legisladores en el Congreso.Max Fisher es reportero y columnista de temas internacionales con sede en Nueva York. Ha reportado sobre conflictos, diplomacia y cambio social desde cinco continentes. Es autor de The Interpreter, una columna que explora las ideas y el contexto detrás de los principales eventos mundiales de actualidad. @Max_Fisher • Facebook More

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      in Elections

      He Promised to Transform Colombia as President. Can He Fulfill That Vow?

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      During his campaign, Gustavo Petro proposed major reforms if he was elected. After winning Sunday’s presidential election, he’ll now have to prove he can carry out those changes.BOGOTÁ, Colombia — In a packed arena in Bogotá on Sunday, amid a burst of confetti and below a sign that read “Colombia won,” Gustavo Petro celebrated his victory as the first leftist ever elected president of Colombia.“The government of hope has arrived,” said the former rebel and longtime legislator, to a cascade of cheers.For decades, Colombia has been one of the most conservative countries in Latin America, where the left has long been associated with a violent insurgency and past leftist presidential candidates have been assassinated on the campaign trail.Against that backdrop, Mr. Petro’s win was historic, signaling voters’ frustration with a right-wing establishment that many said had failed to address generations of poverty and inequality that have only worsened during the pandemic.Mr. Petro’s choice for running mate, Francia Márquez, an environmental activist who will be the country’s first Black vice president, made the victory all the more exceptional. Some of the highest voter turnout rates were recorded in some of the poorest and most neglected parts of the country, suggesting that many people identified with her prominent and repeated calls for inclusion, social justice and environmental protection.As a candidate, Mr. Petro promised to reshape some of the most important sectors of Colombian society in a nation that is among the most unequal in Latin America.But now that he will occupy the presidential palace, he will soon have to turn those pledges — some of which critics call radical — into action.“This is a program of very deep transformations,” said Yann Basset, a political science professor at Rosario University in Bogotá. “On all these issues he is going to need significant support from Congress, which promises to be quite difficult.”Supporters of Mr. Petro on Sunday in Bucaramanga, Colombia.Nathalia Angarita for The New York TimesMr. Petro has vowed to vastly expand social programs, providing a significant subsidy to single mothers, guaranteeing work and a wage to unemployed people, bolstering access to higher education, increasing food aid, shifting the country to a publicly controlled health care system and remaking the pension system.He will pay for this, in part, he says, by raising taxes on the 4,000 wealthiest families, removing some corporate tax benefits, raising some import tariffs and targeting tax evaders.A core part of his platform is a plan to shift from what he calls Colombia’s “old extractive economy,” based on oil and coal, to one focused on other industries, in part to fight climate change.Some of Mr. Petro’s policies could cause tension with the United States, which has poured billions of dollars into Colombia in the last two decades to help its governments halt the production and export of cocaine, to little effect. Mr. Petro has promised to remake the country’s strategy on drugs, shifting away from the eradication of the coca crop, the base product in cocaine, to emphasizing rural development.Washington has already begun moving in the direction of prioritizing development, but Mr. Petro could clash with U.S. officials on precisely what this looks like.Mr. Petro has also pledged to fully implement the 2016 peace deal with the country’s largest rebel group, the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC, and to slow the destruction of the Colombian Amazon, where deforestation has risen to new highs in recent years.One of Mr. Petro’s biggest challenges will be paying for his ambitious agenda, in particular finding new revenue to compensate for lost oil and coal money while expanding social programs.Two other leftists, Gabriel Boric in Chile and Pedro Castillo in Peru, have taken office recently with ambitious promises to expand social programs, only to have their popularity plummet amid rising inflation, among other issues.Colombia collects less in taxes as a proportion of its gross domestic product compared with almost every other country in the region.The country already has a high deficit, and last year, when the current president, Iván Duque, attempted to pursue a tax plan to help lower it, hundreds of thousands of people took to the street in protest.“The budget numbers just don’t add up,” James Bosworth, the founder of Hxagon, a political risk consulting firm in Bogotá, wrote in a newsletter on Monday. “The costs on Petro’s proposed social programs are likely to burn through the budget and leave a rapidly widening deficit.”“By year two or three of his administration,” Mr. Bosworth continued, “he’s going to have to make tough choices due to financial restrictions and that will end up angering some portion of the coalition that elected him.”Mauricio Cárdenas, a former finance minister, said that the first step Mr. Petro should take is to announce an experienced finance minister who can calm market and investor fears by assuring the public that he will not be engaging in runaway spending or excessive government intervention.Another major challenge could be working with Congress. Mr. Petro’s coalition, called the Historic Pact, has the largest number of lawmakers in the legislature. But he does not have a majority, which he will need to push through his agenda. He has already reached out to political leaders outside his coalition, but it’s unclear how much support he will gain — and whether forming new alliances will force him to give up some of his proposals. “I think he is going to have to abandon certain parts of this program,” Mr. Basset said. “In any case, I believe that he does not have a majority to implement everything he has promised.”Mr. Petro will also inherit a deeply polarized society, divided by class, race, region and ethnicity and scarred by years of violence and war.For decades, Colombia’s government fought the FARC, and the war grew into a complex battle among left-wing guerrilla groups, right-wing paramilitaries and the military, all of which have been accused of human rights abuses.Despite the 2016 peace accord with the FARC, many of the fault lines of the conflict remain, which has been supercharged by social media, allowing rumor and misinformation to fly.Polls before the election showed growing distrust in almost all major institutions.“This election in my mind is by far the most polarized that we’ve seen in Colombia in many years,” said Arlene B. Tickner, a political scientist at Rosario University. “So simply calming the waters and speaking to in particular those voters and those sectors of Colombian society that did not choose him, and that have significant fears about a Petro presidency, I think is going to be a key challenge.”One of Mr. Petro’s most difficult tasks could be addressing violence in the countryside.Despite the peace deal, armed groups have continued to flourish, mostly in rural areas, feeding off the drug trade, the cattle industry, human trafficking and other activities.Homicides, massacres and the killings of social leaders are all up in recent years, and internal displacement remains high, with 147,000 people forced to flee their homes last year, according to government data.Many people affected by this violence voted for Mr. Petro and Ms. Márquez, who was born in Cauca, one of the hardest hit parts of Colombia.Mr. Petro’s plan to address the violence includes a land reform that would discourage the ownership of large land parcels through taxation and give land titles to poor people whose lack of resources often indentures them to armed groups.But land reform has stymied president after president, and Mr. Petro admitted in an interview this year that it may be “the hardest” part of his campaign pledges to fulfill.“Because it’s this topic that has caused Colombia’s wars,” he said.Megan Janetsky contributed reporting. 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      Before He Ran for President, Gustavo Petro Was a Guerrilla Fighter

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      Long before Gustavo Petro emerged as the apparently victorious leftist candidate for president, he was part of the M-19, an urban guerrilla group that sought to seize power through violence in the name of promoting social justice.For some Colombian voters, his past was a source of concern after decades of armed conflict. For others, it offered a sign of hope for one of most inequitable countries in Latin America.The M-19 was born in 1970 as a response to alleged fraud in that year’s presidential elections. It was far smaller than the country’s main guerrilla force, the Revolutionary Armed Forces of Colombia, or FARC, which was Marxist and sought haven in Colombia’s jungles and rural areas.The M-19 was an urban military group formed by university students, activists and artists who wanted to topple a governing system they believed failed to bridge a chronic divide between the rich and the poor.“The M-19 was born in arms to build a democracy,” Mr. Petro told The New York Times in an interview.It originally tried to promote a Robin Hood image, robbing milk from supermarket trucks to distribute in poor neighborhoods and, in a symbolic act of rebellion, stole a sword from a museum that Simón Bolívar used in Colombia’s war for independence.Mr. Petro, 62, joined the group when he was 17 and an economics student, dismayed by the poverty he witnessed in the town where has living, outside Bogotá, the capital.While the M-19 was less brutal than other rebel groups, it did orchestrate what is considered one of the bloodiest acts in the country’s recent history: the 1985 siege of Colombia’s national judicial building that led to a battle with the police and the military, leaving 94 people dead.The group also stole 5,000 weapons from the Colombian military and used kidnapping as a tactic to try to wrest concessions from the government.Mr. Petro, who spent 10 years in the M-19, largely stockpiled stolen weapons, said Sandra Borda, a political science professor at the University of the Andes in Bogotá.“What’s key is that he wasn’t part of the main circle who made the decisions in M-19. He was very young at that moment,” she said. “He didn’t participate in the most important operations of the M-19, the military operations.”At the time of the justice building takeover, Mr. Petro was in prison for his involvement with the group and he has described being beaten and electrocuted by the authorities.The group eventually demobilized in 1990, which was considered one of the most successful peace processes in the country’s long history of conflict. It turned into a political party that helped rewrite the country’s constitution to focus more on equality and human rights.Mr. Petro ran for Senate as a member of the party, launching his political career.Sofía Villamil More

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      Jan. 6 Hearings Underscore Hard Truths About Democracy

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      When political leaders face a constitutional crisis, like that of Jan. 6, the process of collectively deciding how to respond can be messy, arbitrary, and sometimes change the nature of the system itself.If you look for international parallels to the moment last year when Vice President Mike Pence refused to bow to pressure from President Donald J. Trump to help overturn their election defeat, something quickly becomes clear.Such crises, with democracy’s fate left to a handful of officials, rarely resolve purely on legal or constitutional principles, even if those might later be cited as justification.Rather, their outcome is usually determined by whichever political elites happen to form a quick critical mass in favor of one result. And those officials are left to follow whatever motivation — principle, partisan antipathy, self-interest — happens to move them.Taken together, the history of modern constitutional crises underscores some hard truths about democracy. Supposedly bedrock norms, like free elections or rule of law, though portrayed as irreversibly cemented into the national foundation, are in truth only as solid as the commitment of those in power. And while a crisis can be an opportunity for leaders to reinforce democratic norms, it can also be an opportunity to revise or outright revoke them.Amid Yugoslavia’s 2000 election, for example, the opposition declared it had won enough votes to unseat President Slobodan Milosevic, whose government falsely claimed the opposition had fallen short.Both sides appealed to constitutional principles, legal procedures and, with protests raging, public will. Ultimately, a critical mass of government and police officials, including some in positions necessary to certify the outcome, signaled that, for reasons that varied individual to individual, they would treat Mr. Milosevic as the election’s loser. The new government later extradited him to face war crimes charges at The Hague.Slobodan Milosevic, the former president of Yugoslavia, applauding during a passing-out ceremony of recruits at the military academy in Belgrade, in 2000. Mr. Milosevic was declared the loser of a disputed election, and later extradited to face war crimes charges at The Hague. Agence France-PresseAmericans may see more in common with Peru. There, President Alberto Fujimori in 1992 dissolved the opposition-held Congress, which had been moving to impeach him. Lawmakers across the spectrum quickly voted to replace Mr. Fujimori with his own vice president, who had opposed the presidential power grab.Both sides claimed to be defending democracy from the other. Both appealed to Peru’s military, which had traditionally played a role of ultimate arbiter, almost akin to that of a supreme court. The public, deeply polarized, split. The military was also split.The Themes of the Jan. 6 House Committee HearingsMaking a Case Against Trump: The committee appears to be laying out a road map for prosecutors to indict former President Donald J. Trump. But the path to any trial is uncertain.Day One: During the first hearing, the panel presented a gripping story with a sprawling cast of characters, but only three main players: Mr. Trump, the Proud Boys and a Capitol Police officer.Day Two: In its second hearing, the committee showed how Mr. Trump ignored aides and advisers in declaring victory prematurely and relentlessly pressing claims of fraud he was told were wrong.Day Three: Mr. Trump pressured Vice President Mike Pence to go along with a plan to overturn his loss even after he was told it was illegal, according to testimony laid out by the panel during the third hearing.At the critical moment, enough political and military elites signaled support for Mr. Fujimori that he prevailed. They came together informally, each reacting to events individually, and many appealing to different ends, such as Mr. Fujimori’s economic agenda, notions of stability, or a chance for their party to prevail under the new order.Peru fell into quasi-authoritarianism, with political rights curtailed and elections still held but under terms that favored Mr. Fujimori, until he was removed from office in 2000 over corruption allegations. Last year, his daughter ran for the presidency as a right-wing populist, losing by less than 50,000 votes.Modern Latin America has repeatedly faced such crises. This is due less to any shared cultural traits, many scholars argue, than to a history of Cold War meddling that weakened democratic norms. It also stems from American-style presidential systems, and deep social polarization that paves the way for extreme political combat.Presidential democracies, by dividing power among competing branches, create more opportunities for rival offices to clash, even to the point of usurping one another’s powers. Such systems also blur questions of who is in charge, forcing their branches to resolve disputes informally, on the fly and at times by force.Venezuela, once the region’s oldest democracy, endured a series of constitutional crises as President Hugo Chávez clashed with judges and other government bodies that blocked his agenda. Each time, Mr. Chávez, and later his successor, Nicolás Maduro, appealed to legal and democratic principles to justify weakening those institutions until, over time, the leaders’ actions, ostensibly to save democracy, had all but gutted it.Hugo Chavez, the former president of Venezuela, arriving at the National Assembly for his annual state of the union address in Caracas, Venezuela, in 2012. He and his successor appealed to legal and democratic principles to justify their weakening of democratic institutions.Ariana Cubillos/Associated PressPresidencies are rare in Western democracies. One of the few, in France, saw its own constitutional crisis in 1958, when an attempted military coup was diverted only when the wartime leader Charles de Gaulle handed himself emergency powers to establish a unity government that satisfied both civilian and military leaders.While other systems can fall into major crisis, it is often because, as in a presidential democracy, competing power centers clash to the point of trying to overrun one another.Still, some scholars argue that Americans hoping to understand their country’s trajectory should look not to Europe but to Latin America.Ecuador came near the brink in 2018 over then-President Rafael Correa’s effort to extend his own term limits. But when voters and the political elite alike opposed this, Mr. Correa left office voluntarily.In 2019, Bolivia fell into chaos amid a disputed election. Though the public split, political and military elites signaled that they believed that the incumbent, the left-wing firebrand Evo Morales, should step down, all but forcing him to do so.Still, when Mr. Morales’s right-wing replacement oversaw months of turmoil and then moved to postpone elections, many of those same elites pushed for a quick vote instead, which elevated Mr. Morales’s handpicked successor.Evo Morales, the former president of Bolivia, speaking to the press on election day in La Paz, Bolivia, in October 2019. The country fell into chaos after the election, which was disputed.Martin Alipaz/EPA, via ShutterstockThe phrase “political elites” can conjure images of cigar-chomping power-brokers, meeting in secret to pull society’s strings. In reality, scholars use the term to describe lawmakers, judges, bureaucrats, police and military officers, local officials, business chiefs and cultural figures, most of whom will never coordinate directly, much less agree on what is best for the country.Still, it is those elites who collectively uphold democracy day-to-day. Much as paper money only has value because we all treat it as valuable, elections and laws only have power because elites wake up every morning and treat them as paramount. It is a kind of compact, in which the powerful voluntarily bind themselves to a system that also constrains them.“A well-functioning, orderly democracy does not require us to actively think about what sustains it,” Tom Pepinsky, a Cornell University political scientist, told me shortly after the Capitol riot on Jan. 6, 2021. “It’s an equilibrium; everybody is incentivized to participate as if it will continue.”But in a major constitutional crisis, when the norms and rules meant to guide democracy come under doubt, or fall by the wayside entirely, those elites suddenly face the question of how — or whether — to keep up their democratic compact.They will not always agree on what course is best for democracy, or for the country, or for themselves. Sometimes, the shock of seeing democracy’s vulnerability will lead them to redouble their commitment to it, and sometimes to jettison that system in part or whole.The result is often a scramble of elites pressuring one another directly, as many senior Republicans and White House aides did throughout Jan. 6, or through public statements aimed at the thousands of officials operating the machinery of government.Scholars call this a “coordination game,” with all those actors trying to understand and influence how the others will respond until a minimally viable consensus emerges. It can resemble less a well-defined plot than a herd of startled animals, which is why the outcome can be hard to predict.Before Jan. 6, there had been little reason to wonder over lawmakers’ commitment to democracy. “It had not been a question of whether or not they supported democracy in a real internal sense — that had never been the stakes,” Dr. Pepinsky said.Now, a crisis had forced them to decide whether to overturn the election, demonstrating that not all of those lawmakers, if given that choice, would vote to uphold democracy. “I’ve been floored by how much of this really does depend on 535 people,” Dr. Pepinsky said, referring to the number of lawmakers in Congress.. More

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      in World Politics

      Colombia Takes First Step in Joining Latin America’s Left Turn

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      Colombia, Latin America‘s third most populous country, held congressional and presidential primary elections on March 13. Citizens had a chance to vote for candidates to be elected to the two houses of Congress and in primary elections for presidential candidates of three political coalitions from the political left, center and right.

      The elections have provided a crucial first indication of which direction Colombia is heading ahead of the presidential elections in May and June. According to preliminary results, Colombia remains with a highly fragmented Congress; none of the parties has achieved more than 16%. Yet the results are historic. The big winner of the elections is the Pacto Historico, a group of several left-of-center parties campaigning on a platform of social equality. The group won 19 out of 108 seats in the Senate and 28 out of 172 in the House of Representatives, up from nine and seven in 2018.

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      Other parties performing well were Colombia‘s traditional liberal and conservative parties, which had lost influence in recent years after dominating the country until 1991 when a new constitution opened the political space for other political contenders.

      In Colombia, which many observers consider one of Latin America‘s most conservative societies, left-leaning politics never managed to gain much ground. Therefore, the results indicate a potentially historic shift since a party with a distinct leftist platform and identity performed strongest for the first time. 

      The Electoral Prospects of Gustavo Petro

      The results emphasize the chances of Gustavo Petro, the leader of the Pacto Historico, to become Colombia‘s next president since he won the group’s primary elections with 80.5%. Over the last two years, Petro has been the consistent front runner in all presidential election polls. He was a member of the urban revolutionary guerilla group M-19, which demobilized in the early 1990s, and later became a senator and mayor of Bogota, Colombia‘s capital, from 2012 to 2015. In 2018, Petro was a presidential candidate but lost in the second round to Ivan Duque from the right-wing Democratic Center party.

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      However, the recent results and Pacto Historico’s strong performance show that a win of the left is more likely this time. Many Colombians feel it is time for political change after decades of right-leaning governments. Two waves of nationwide protests swept the country in 2019 and 2021, demanding, amongst others, wide-reaching social and economic reforms and intensified state protection against the killings of social activists. In the climate of national outrage, a president from the left suddenly seems not so out of place anymore. 

      While no one doubts that Petro will gain sufficient votes to reach the second round of presidential elections, the recent results show that he will need to convince Colombians from the center to vote for him too. Petro has already indicated after the election his move toward the center, claiming to “invite all the democratic forces that are not yet in the Pacto … we must give way to a large, broad and democratic front.”

      The primary elections have also revealed Petro’s contenders. Although some presidential candidates decided to remain outside of the primaries, Petro’s key rivals will be the winners of the rightist and, to a lesser extent, of the centrist primary elections. Both centrist Sergio Fajardo and right-leaning Federico “Fico” Gutierrez have been mayors of Medellin, Colombia‘s second-largest city in the past. While Fajardo draws support from the wealthy and well-educated urban middle and upper classes, Gutierrez relies on the votes from Colombia‘s large conservative sectors and its stronghold, the department of Antioquia.

      The End of Uribism?

      The elections also showed that the influence of Uribismo, a right-wing populist political movement named after Alvaro Uribe, Colombia‘s president from 2002 to 2010, is vanishing. Uribe’s presidency was most known for the military regaining ground against several leftist guerrilla groups and alliances between state and right-wing paramilitary forces resulting in severe human rights violations. Uribe was for the last decade seen as the most influential politician in Colombia, leading a campaign against the 2016 peace agreement between the government and the FARC guerrilla group, and a key mentor of President Duque.

      Uribe himself, who in 2018 received most votes of any elected senator, did not run again amidst a judicial process against him for bribing witnesses and procedural fraud. The political party associated with the movement, the Democratic Center, which in the previous Congress was the strongest, came fourth in the recent elections. The party suffered from the notorious unpopularity of the Duque administration, which has disapproval ratings of over 75%. “I am the main person responsible [for the loss of seats] due to my damage to [the party’s] reputation,” Uribe declared last week. 

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      The party’s presidential candidate, Oscar Ivan Zuluaga, who did not participate in the primary elections of the rightist coalition, has halted his campaign and is supporting Gutierrez instead.

      A Similar Trend Across Latin America

      Should Colombia vote for Petro, the result would confirm recent trends across Latin America. Since 2018, leftist presidential candidates have won elections in Argentina, Bolivia, Chile, Honduras, Mexico, Panama and Peru. Likewise, current polls for Brazil’s elections in October this year predict a landslide win of Luiz Inacio Lula da Silva, a former president from the Workers’ Party, over far-right incumbent Jair Bolsonaro.

      Over the following weeks, campaigning will become more intensified. In the highly polarized country, many participants in large-scale protests during recent years feel that with Petro, a politician addressing their needs could potentially assume power for the first time. Should their hopes amount to nothing and Colombia remain with a right-wing government, a reemergence of mass-scale protests is likely, which in the past resulted in severe police brutality and human rights violations. With the probable outcomes being Colombia‘s first leftist government or nationwide protests, the country faces some truly historic elections ahead.

      The views expressed in this article are the author’s own and do not necessarily reflect Fair Observer’s editorial policy. More

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      in Elections

      Elecciones presidenciales en Honduras: ¿qué está en juego?

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      Los hondureños van a las urnas el domingo; la violencia política generalizada durante la campaña y los resultados cuestionados de 2017 ensombrecen el panorama.En las que podrían ser las elecciones más significativas del país en más de una década, los hondureños acudirán el domingo a votar para elegir un nuevo presidente. La contienda política ha sido manchada por la violencia y será seguida con mucha atención en Washington.Elecciones en Honduras: actualizaciones en vivo aquíLos candidatos ven la carrera como una forma de transformar el destino del país, en el que temas como los crímenes violentos y la pobreza obligan a una cantidad cada vez mayor de huir al norte.Pero los analistas políticos dicen que, dado que la corrupción parece incrustada en los más altos niveles del poder, las posibilidades de un cambio realmente transformador son muy pocas.Sin embargo, a pesar de sus muchas dificultades, una elección libre y justa en Honduras sería clave para Centroamérica y le ofrecería un remanso a una región que ha virado hacia el autoritarismo. Y el resultado podría tener consecuencias para la gestión de Joe Biden.Los sondeos muestran que la carrera será cerrada. Pero si la oposición triunfa, Honduras elegirá a su primera presidenta mujer.Aquí están las claves de la elección presidencial de Honduras.¿Qué está en juego para Honduras y para Estados Unidos?Personas cruzan la frontera entre México y Estados Unidos cerca de Del Río, Texas. El presidente Biden ha visto frustrados hasta ahora sus esfuerzos por controlar la migración desde Centroamérica y combatir la corrupción en la región.Verónica G. Cárdenas para The New York TimesDado que la pobreza y la violencia siguen azotando la vida cotidiana de la mayoría de hondureños, miles de los cuales se han ido a Estados Unidos, muchos en el país esperan desesperadamente un cambio.Después de casi ocho años de mandato del presidente Juan Orlando Hernández, cuya gestión ha sido afectada por denuncias de corrupción, los dos principales partidos prometen que cortarán por lo sano.Para la oposición, las elecciones del domingo son una oportunidad de recuperar el poder por primera vez desde 2009, cuando el presidente Manuel Zelaya fue depuesto por un golpe de Estado. La coalición izquierdista ha prometido detener el deterioro de las normas democráticas que ha sucedido en el mandato de Hernández.Para el gobernante Partido Nacional, las elecciones son una oportunidad para recuperar algo de legitimidad luego de años de gobernanza corrupta y de las irregularidades generalizadas de la última votación.Las elecciones podrían tener repercusiones de gran alcance en Washington, donde el presidente Biden hasta ahora ha visto obstaculizadas dos de sus prioridades de política exterior: controlar la migración procedente de Centroamérica y combatir la corrupción en la región.Una elección libre y justa podría crear un pequeño faro de esperanza democrática en la región, que vive bajo la sombra del autoritarismo en países como Nicaragua y El Salvador.¿Quiénes son los candidatos?La contienda del domingo enfrenta a un carismático alcalde de la capital, Tegucigalpa, con la esposa de un expresidente que aspira a convertirse en la primera mujer jefa de Estado del país.Gustavo Amador/EPA vía ShutterstockLa contienda del domingo enfrenta a un carismático alcalde de la capital, Tegucigalpa, con la esposa de un expresidente que compite para ser la primera jefa de Estado del país.Nasry Asfura, de 63 años, más popularmente conocido como Papi, es un ex empresario que ha gobernado Tegucigalpa desde 2014. También ha sido legislador por el Partido Nacional en el Congreso Nacional de Honduras.Bajo el lema “Papi es diferente”, Asfura intenta distanciarse del presidente Hernández, miembro de su partido. Pero Asfura también enfrentaba acusaciones de corrupción y ha sido denunciado por malversación de fondos públicos. Los cargos, que Asfura niega, se han atorado en los juzgados.Asfura ha prometido crear nuevos empleos y mejorar la agobiada economía hondureña y su partido acusa a la oposición de comunismo y de querer transformar radicalmente al país.Su oponente es Xiomara Castro, que está casada con Manuel Zelaya, el expresidente izquierdista que en 2009 fue retirado del cargo por un golpe militar. Castro, de 62 años, lideró un movimiento de protesta después del golpe y se convirtió en la principal candidata de oposición luego de que en octubre varios partidos políticos la respaldaron en una coalición.Castro ha prometido establecer relaciones diplomáticas con China, flexibilizar las restrictivas leyes de aborto de Honduras y mejorar la economía hondureña a través de, entre otras medidas, un mejor manejo de la deuda nacional, que asciende a 13.000 millones de dólares.A pesar de los esfuerzos del partido gobernante de presentarla como una comunista fervorosa, Castro ha conseguido el apoyo del sector empresarial hondureño al integrar a su equipo económico a tecnócratas respetados y al mismo tiempo apelar a los partidarios más de izquierda de Zelaya.¿Por qué ha sido tan mortífera la campaña?Un homenaje en Tegucigalpa, Honduras, para las víctimas de la violencia política, este mes. Los ataques mortales contra candidatos y sus partidarios se han duplicado en 2021 en comparación con hace cuatro años, según las Naciones Unidas.Orlando Sierra/Agence France-Presse — Getty ImagesLa violencia política ha sido durante mucho tiempo un elemento básico de las elecciones hondureñas, pero este año ha sido particularmente sangriento, con casi 30 candidatos, activistas y sus familiares asesinados en las semanas previas a las votaciones del domingo.Los ataques mortales a candidatos y sus seguidores han aumentado en más del doble en 2021, en comparación con el periodo electoral anterior hace cuatro años, según Naciones Unidas. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se han registrado más de 60 casos de violencia política este año. En un ejemplo particularmente atroz, varios hombres ingresaron a la casa de la congresista Olivia Marcela Zúniga Cáceres en octubre e intentaron asfixiarla, según reportaron los medios de comunicación locales.Los expertos en violencia electoral dicen que la proliferación de grupos de delincuencia organizada, la falta de acceso a la justicia y los ataques a rivales políticos durante el gobierno de Hernández son en parte culpables de la situación.Y aunque ninguno de los bandos políticos se ha librado de la violencia, los activistas dicen que es más probable que los ataques beneficien al partido en el poder al crear un clima de miedo que podría mantener a los votantes en casa.¿Participarán los hondureños en el extranjero?Impresión de papeletas electorales en Tegucigalpa este mes. Algunos hondureños que viven en Estados Unidos se han quejado de que los nuevos documentos de identidad exigidos por el gobierno hondureño para votar han sido difíciles de conseguir.Fredy Rodriguez/ReutersLos hondureños que viven en el exterior, de los cuales unos 740.000 residen en Estados Unidos, seguirán muy de cerca una elección cuyo resultado muy probablemente afecte a sus amigos y parientes en casa.Los hondureños en Estados Unidos son una fuerza económica importante, al enviar miles de millones de dólares en remesas que representan alrededor del 20 por ciento de la economía de Honduras. Muchos de los que viven en Estados Unidos culpan al gobierno actual de fomentar la violencia, la corrupción y el desempleo que ha obligado a miles a marcharse.Si bien los hondureños que viven en el extranjero son elegibles para votar, algunos en Estados Unidos se han quejado de que las nuevas tarjetas de identidad requeridas para votar por el gobierno hondureño han sido difíciles de conseguir.En Honduras también hay alrededor de 300.000 personas que aún no reclaman su nuevo documento de identidad, según informes de la prensa local.En Estados Unidos, menos de 13.000 hondureños se registraron para recibir el documento, que debía entregarse la semana pasada según un activista que habló con el Times. El embajador hondureño en Estados Unidos reconoció fallos en el proceso, pero negó cualquier sesgo político.¿Qué puede esperarse el domingo?Soldados patrullan Cantarranas, Honduras, el sábado. Con los recuerdos de la violencia durante las elecciones de 2017 aún frescos en la mente de muchos hondureños, existe un temor generalizado de que las elecciones del domingo traigan consigo disturbios.Moises Castillo/Associated PressLa votación empezó a las 7 a. m. y termina a las 5 p. m. El consejo electoral deberá anunciar resultados preliminares tres horas después del cierre de las mesas de votación, incluido un estimado de los resultados finales.En la mente de muchos hondureños están aún frescos los recuerdos de la violencia y las protestas políticas durante las elecciones de 2017 y existe un temor generalizado de disturbios y una mayor inestabilidad política después de las elecciones. Muchas empresas cerrarán este fin de semana.Las encuestas han mostrado que la contienda se fue cerrando y ambos bandos están seguros de que triunfarán. Eso hace poco probable que alguno de los candidatos conceda la victoria a hora temprana lo que azuza aún más los temores de violencia. El voto de 2017 también estuvo afectado por inconsistencias y los resultados siguen siendo muy ampliamente cuestionados.Desde aquella ocasión, el país llevó a cabo varias reformas electorales, pero los críticos dicen que los cambios han sido insuficientes. More